“La buena voluntad de la constituyente fue traicionada”: Nilson Pinilla

A propósito del cumpleaños de la expedición de la Constitución, la Javeriana promovió una reunión de expertos en la materia. Usted participó con un tema que se titulaba “Las promesas de la Constitución: mejor justicia”. ¿Esas promesas se cumplieron? ¿El país tiene mejor justicia que antes de 1991?

No. No se han cumplido con algunas excepciones como las que se derivan de la acción de tutela y, parcialmente, de la lucha contra la invasión de dineros provenientes del narcotráfico durante los torcidos desarrollos politiqueros. De manera deplorable, la justicia sigue siendo tan o más lenta e incierta que antes. El acceso a ella se ha complicado y la seguridad jurídica continúa alejándose, especialmente debido a los recursos nacionales e internacionales a que acuden los que están involucrados en conductas punibles, que les han generado alto rendimiento económico a ellos y a sus abogados mercenarios. Por contera, el desprestigio se ha extendido, y un país que no cree en su administración de justicia está expuesto a que se prohíje la ley del más fuerte.

¿A qué se refiere cuando habla de “torcidos desarrollos politiqueros”?

A que tenemos una democracia de mentiras, porque todo se mueve por la corrupción, por los intereses personales y por las apetencias de los que se dedican al ejercicio de la política.

Entonces, ¿cree que, después de todo, tenían razón los juristas que añoran la Constitución anterior (1886) y quienes todavía reniegan de esta Carta?

No tienen razón. La de 1991 es una buena Constitución, aunque no es perfecta porque ninguna obra humana lo es, y porque el constituyente secundario o derivado, esto es, el Congreso, la ha desmejorado con muchas de las 40 reformas que le ha introducido. En 1991 Colombia se acercó a los estándares internacionales en materia de enunciación y preservación de los derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, y mecanismos de participación ciudadana, desafortunadamente no bien desarrollados; en la defensa, al menos teórica, de los niños y de otras personas que requieren protección reforzada y también en banca central, respeto a la naturaleza, etc.

Lo cierto es que nadie opina hoy, que haya justicia pronta, eficiente, independiente o imparcial. ¿Exagero?

No exagera. Esa es la concepción generalizada, exacerbada por el negativismo común en nuestra sociedad y por la falta de divulgación de los aspectos favorables, reales y a veces heroicos en fiscalías, juzgados, tribunales y cortes.

Con la nueva Carta se crearon dos altos tribunales: el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional. El primero fue cooptado por el clientelismo. El segundo, después de una tarea admirable, cayó en el foso de la corrupción por uno de sus miembros, ¿la responsabilidad de estos resultados es del diseño constitucional o de unas cuantas personas?

El diseño constitucional no es responsable y es injusto que se le endilguen todos los males a la Rama Judicial, porque su conformación no depende sólo de ella misma. Por ejemplo, quien incluyó en las ternas, para ser elegidos, a personas como Jorge Ignacio Pretelt, para la Corte Constitucional, o a Henry Villarraga, Ovidio Claros, Julia Emma Garzón, Angelino Lizcano y Pedro Sanabria para la Sala Disciplinaria del “consejillo” Superior de la Judicatura, está en la obligación de explicarle a la opinión pública por qué lo hizo.

Entonces, ¿por qué cree que los políticos, entre ellos el expresidente Uribe, incluyeron esos nombres en las ternas: por partidismo, porque los candidatos representaban una ideología o porque ellos estaban dispuestos a defender los intereses de ciertos sectores por encima del derecho?

Por todo lo que usted dice y como retribución a generosos patrocinios de campañas políticas.

Usted se refiere al Consejo de la Judicatura como “el consejillo”. ¿Considera tan despreciable la tarea de las salas Administrativa y Disciplinaria estos años?

Ese es un viejo cuento. Desde cuando hacía parte de la Corte Suprema lo he llamado así: “consejillo”, porque su nivel ha sido deplorable.

En consecuencia, es cierto que el Consejo Superior tuvo, desde el inicio, problemas de clientelismo y mediocridad.

Como lo anoté, la mayor responsabilidad de lo sucedido en la Sala Disciplinaria reside en quienes postularon y designaron a sus malos integrantes. En cuanto a la Sala Administrativa, hubo fallas normativas, por ejemplo, la de exigir que sus integrantes fuesen abogados y no permitir que llegaran servidores de otras profesiones con capacidad gerencial. Y, una vez más, también hay responsabilidad de las cortes por designar para la Sala Administrativa al jurista que no había logrado llegar a otro alto tribunal, así no tuviera ningún conocimiento de administración. Por último, en la selección de los aspirantes, usualmente ha primado que fuesen amigos y, sobre todo, que estuvieran dispuestos a ser bien agradecidos.

¿Está de acuerdo en que los constituyentes se equivocaron cuando les asignaron a las cortes la tarea de elegir a unos funcionarios del Estado?

Como catedrático universitario elogié, entonces, la decisión de entregarles a las cortes la iniciativa para designar a los jefes de los órganos de control, pues parecía que esa era la vía expedita hacia el mérito, la probidad y la despolitización. No se concebía, en ese momento, que el problema fuera de personas y que la ambición y la pérdida de protección del interés general arrollarían esa esperanza. Muy rápidamente quedó claro que la buena voluntad de la Asamblea Constituyente fue traicionada: Ya en 1994, mientras la Corte Suprema de Justicia cumplió con esa concepción presentando como su candidato a contralor general a una persona de la inmensa calidad moral y profesional de Hugo Palacios Mejía, la Corte Constitucional postuló a David Turbay Turbay (condenado posteriormente por recibir dineros del cartel de Cali) que, obviamente, fue elegido por el Congreso. Y así, sucesivamente, como ocurrió con el procurador Orlando Vásquez Velásquez, incluido entre los aspirantes porque “había que postular a quien tuviese la posibilidad de ser elegido”, seguramente para devolver favores.

¿Cómo explica que no se hubiera previsto un mecanismo eficiente y rápido de separación de sus funciones, de los magistrados y otros altos funcionarios envueltos en denuncias de corrupción?

En estos cargos deben ser muy claros los procedimientos de postulación y elección, siempre por méritos, y expedita la salida, obviamente preservando el debido proceso real y no el que está lleno de esguinces y artificios y que solo busca alargar la permanencia de quien carece de dignidad para ser miembro de la respectiva corporación.

Las soluciones a los problemas de administración eficiente del presupuesto de la justicia nunca han llegado de la mano de la Rama Judicial que, pese a esto, alega que debe tener independencia para manejar sus recursos. ¿Cuál es la solución: intervención de expertos de afuera o el desgreño de las togas?

La solución tiene que estar en la probidad y la idoneidad gerencial con autonomía ante las otras ramas y órganos del poder. Pero esa autonomía también debe estar alejada de las veleidades de quienes, en la rama, se olvidan de su sagrada misión y se dejan tentar por apetencias personales.

¿Personales de qué tipo: políticas, de dinero, de poder…?

Apetencias personales de acrecentar el poder y, de pronto, los recursos económicos.

Quienes más se opusieron a la aprobación de esta reciente reforma fueron los jueces y unos magistrados, pero con el enredo en que han caído conformando los nuevos órganos, ¿se puede concluir que la rama quiere mantener su estatus clientelista?

Puede haber bastante de esa triste situación. Sin embargo, debe reconocerse que hay muchos otros magistrados que seguirán luchando por el restablecimiento de la objetividad, la ecuanimidad y la resurrección del interés general, aunque a veces la desazón les lleva a renunciar como hicieron los juristas Arturo Solarte y Jesús Vall de Ruten, de la Sala Civil de la Corte Suprema.

Del carrusel de pensiones en la Judicatura no quedó en nada, desde el punto de vista del castigo penal o disciplinario. El paso ilegal e inmoral de una corte a otra tuvo ejemplar sanción en dos casos, pero ahí siguen intentando influir en otros nombramientos ¿Qué tan difícil es juzgar a los togados de altas cortes con esta Constitución?

En lo primero, es muy grave el abuso que se sigue haciendo del poder de no investigar. En lo segundo, las últimas determinaciones del Consejo de Estado sobre el asunto pusieron tatequieto a esos cuestionados reacomodos. En lo tercero, es más que difícil juzgar a los togados de las altas cortes, como al presidente de la República y al fiscal general, por el especialísimo fuero que tienen, proclive a la impunidad. Sin embargo, el país se ha sorprendido, gratamente, con la histórica acusación contra un magistrado de la Corte Constitucional de inmensa capacidad adquisitiva. Está por verse cuánto querrán dignificarse los senadores para que el asunto llegue a la Corte Suprema.

Disculpe que le pregunte, pero a usted mismo, cuando enfrentó a unos de sus colegas, le recordaron que pasó de una corte a otra y que no quería pensionarse.

Ciertamente me enorgullece haber sido magistrado y presidente de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. Para esta última no fui nombrado por la Suprema como ésta hace con los integrantes de la Sala Administrativa, sino que fui incluido en la terna para que otra institución eligiera. Esto ocurrió más de tres años después de haber salido de la Suprema cuando muchos de sus magistrados ya habían cambiado y otros dos se abstuvieron de votar por considerar que yo había participado en su designación. En cuanto a que no quisiera pensionarme, soy el pensionado que menos retribución le haya significado al Banco de la República, donde, a mucho honor, adquirí tal derecho en 1994, que no se hizo efectivo mientras laboraba en las cortes.

Para ser justos, la Constitución también trajo muchos avances. ¿Cuáles son los aspectos más valiosos de la nueva Carta?

Valen mucho más en materia social, especialmente en cuanto al apuntalamiento y efectividad de protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, niños y niñas, adolescentes, ancianos, mujeres y, en particular, las embarazadas, enfermos, integrantes de etnias, desplazados, campesinos, etc.

Finalmente, la pregunta del millón: ¿Cuál es la fórmula para romper con los vicios de la Rama Judicial?

No existen fórmulas mágicas, pero qué bueno que, en lugar de estar deformando la Constitución, la hiciéramos cumplir. Magnífico también que se cumpliera con el respeto a la dignidad de todos los seres humanos. Que desterráramos la apatía en la participación democrática y el masoquismo que lleva a los colombianos a votar por los mismos corruptos o por sus sucesores. Y en materia específica de administración de justicia, que se hiciera más exigente el control sobre el nivel académico de las facultades de derecho, que se estimulará la autorregulación severa por parte de los colegios de abogados, que éstos se responsabilicen y sirvan para mucho más que reunir amigos y que se establezca la carrera, previo concurso de méritos y con estrictos controles de cumplimiento, con amplia participación de la academia para la provisión de todos los cargos en la Rama Judicial.

A propósito del cumpleaños de la expedición de la Constitución, la Javeriana promovió una reunión de expertos en la materia. Usted participó con un tema que se titulaba “Las promesas de la Constitución: mejor justicia”. ¿Esas promesas se cumplieron? ¿El país tiene mejor justicia que antes de 1991?

No. No se han cumplido con algunas excepciones como las que se derivan de la acción de tutela y, parcialmente, de la lucha contra la invasión de dineros provenientes del narcotráfico durante los torcidos desarrollos politiqueros. De manera deplorable, la justicia sigue siendo tan o más lenta e incierta que antes. El acceso a ella se ha complicado y la seguridad jurídica continúa alejándose, especialmente debido a los recursos nacionales e internacionales a que acuden los que están involucrados en conductas punibles, que les han generado alto rendimiento económico a ellos y a sus abogados mercenarios. Por contera, el desprestigio se ha extendido, y un país que no cree en su administración de justicia está expuesto a que se prohíje la ley del más fuerte.

¿A qué se refiere cuando habla de “torcidos desarrollos politiqueros”?

A que tenemos una democracia de mentiras, porque todo se mueve por la corrupción, por los intereses personales y por las apetencias de los que se dedican al ejercicio de la política.

Entonces, ¿cree que, después de todo, tenían razón los juristas que añoran la Constitución anterior (1886) y quienes todavía reniegan de esta Carta?

No tienen razón. La de 1991 es una buena Constitución, aunque no es perfecta porque ninguna obra humana lo es, y porque el constituyente secundario o derivado, esto es, el Congreso, la ha desmejorado con muchas de las 40 reformas que le ha introducido. En 1991 Colombia se acercó a los estándares internacionales en materia de enunciación y preservación de los derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, y mecanismos de participación ciudadana, desafortunadamente no bien desarrollados; en la defensa, al menos teórica, de los niños y de otras personas que requieren protección reforzada y también en banca central, respeto a la naturaleza, etc.

Lo cierto es que nadie opina hoy, que haya justicia pronta, eficiente, independiente o imparcial. ¿Exagero?

No exagera. Esa es la concepción generalizada, exacerbada por el negativismo común en nuestra sociedad y por la falta de divulgación de los aspectos favorables, reales y a veces heroicos en fiscalías, juzgados, tribunales y cortes.

Con la nueva Carta se crearon dos altos tribunales: el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional. El primero fue cooptado por el clientelismo. El segundo, después de una tarea admirable, cayó en el foso de la corrupción por uno de sus miembros, ¿la responsabilidad de estos resultados es del diseño constitucional o de unas cuantas personas?

El diseño constitucional no es responsable y es injusto que se le endilguen todos los males a la Rama Judicial, porque su conformación no depende sólo de ella misma. Por ejemplo, quien incluyó en las ternas, para ser elegidos, a personas como Jorge Ignacio Pretelt, para la Corte Constitucional, o a Henry Villarraga, Ovidio Claros, Julia Emma Garzón, Angelino Lizcano y Pedro Sanabria para la Sala Disciplinaria del “consejillo” Superior de la Judicatura, está en la obligación de explicarle a la opinión pública por qué lo hizo.

Entonces, ¿por qué cree que los políticos, entre ellos el expresidente Uribe, incluyeron esos nombres en las ternas: por partidismo, porque los candidatos representaban una ideología o porque ellos estaban dispuestos a defender los intereses de ciertos sectores por encima del derecho?

Por todo lo que usted dice y como retribución a generosos patrocinios de campañas políticas.

Usted se refiere al Consejo de la Judicatura como “el consejillo”. ¿Considera tan despreciable la tarea de las salas Administrativa y Disciplinaria estos años?

Ese es un viejo cuento. Desde cuando hacía parte de la Corte Suprema lo he llamado así: “consejillo”, porque su nivel ha sido deplorable.

En consecuencia, es cierto que el Consejo Superior tuvo, desde el inicio, problemas de clientelismo y mediocridad.

Como lo anoté, la mayor responsabilidad de lo sucedido en la Sala Disciplinaria reside en quienes postularon y designaron a sus malos integrantes. En cuanto a la Sala Administrativa, hubo fallas normativas, por ejemplo, la de exigir que sus integrantes fuesen abogados y no permitir que llegaran servidores de otras profesiones con capacidad gerencial. Y, una vez más, también hay responsabilidad de las cortes por designar para la Sala Administrativa al jurista que no había logrado llegar a otro alto tribunal, así no tuviera ningún conocimiento de administración. Por último, en la selección de los aspirantes, usualmente ha primado que fuesen amigos y, sobre todo, que estuvieran dispuestos a ser bien agradecidos.

¿Está de acuerdo en que los constituyentes se equivocaron cuando les asignaron a las cortes la tarea de elegir a unos funcionarios del Estado?

Como catedrático universitario elogié, entonces, la decisión de entregarles a las cortes la iniciativa para designar a los jefes de los órganos de control, pues parecía que esa era la vía expedita hacia el mérito, la probidad y la despolitización. No se concebía, en ese momento, que el problema fuera de personas y que la ambición y la pérdida de protección del interés general arrollarían esa esperanza. Muy rápidamente quedó claro que la buena voluntad de la Asamblea Constituyente fue traicionada: Ya en 1994, mientras la Corte Suprema de Justicia cumplió con esa concepción presentando como su candidato a contralor general a una persona de la inmensa calidad moral y profesional de Hugo Palacios Mejía, la Corte Constitucional postuló a David Turbay Turbay (condenado posteriormente por recibir dineros del cartel de Cali) que, obviamente, fue elegido por el Congreso. Y así, sucesivamente, como ocurrió con el procurador Orlando Vásquez Velásquez, incluido entre los aspirantes porque “había que postular a quien tuviese la posibilidad de ser elegido”, seguramente para devolver favores.

¿Cómo explica que no se hubiera previsto un mecanismo eficiente y rápido de separación de sus funciones, de los magistrados y otros altos funcionarios envueltos en denuncias de corrupción?

En estos cargos deben ser muy claros los procedimientos de postulación y elección, siempre por méritos, y expedita la salida, obviamente preservando el debido proceso real y no el que está lleno de esguinces y artificios y que solo busca alargar la permanencia de quien carece de dignidad para ser miembro de la respectiva corporación.

Las soluciones a los problemas de administración eficiente del presupuesto de la justicia nunca han llegado de la mano de la Rama Judicial que, pese a esto, alega que debe tener independencia para manejar sus recursos. ¿Cuál es la solución: intervención de expertos de afuera o el desgreño de las togas?

La solución tiene que estar en la probidad y la idoneidad gerencial con autonomía ante las otras ramas y órganos del poder. Pero esa autonomía también debe estar alejada de las veleidades de quienes, en la rama, se olvidan de su sagrada misión y se dejan tentar por apetencias personales.

¿Personales de qué tipo: políticas, de dinero, de poder…?

Apetencias personales de acrecentar el poder y, de pronto, los recursos económicos.

Quienes más se opusieron a la aprobación de esta reciente reforma fueron los jueces y unos magistrados, pero con el enredo en que han caído conformando los nuevos órganos, ¿se puede concluir que la rama quiere mantener su estatus clientelista?

Puede haber bastante de esa triste situación. Sin embargo, debe reconocerse que hay muchos otros magistrados que seguirán luchando por el restablecimiento de la objetividad, la ecuanimidad y la resurrección del interés general, aunque a veces la desazón les lleva a renunciar como hicieron los juristas Arturo Solarte y Jesús Vall de Ruten, de la Sala Civil de la Corte Suprema.

Del carrusel de pensiones en la Judicatura no quedó en nada, desde el punto de vista del castigo penal o disciplinario. El paso ilegal e inmoral de una corte a otra tuvo ejemplar sanción en dos casos, pero ahí siguen intentando influir en otros nombramientos ¿Qué tan difícil es juzgar a los togados de altas cortes con esta Constitución?

En lo primero, es muy grave el abuso que se sigue haciendo del poder de no investigar. En lo segundo, las últimas determinaciones del Consejo de Estado sobre el asunto pusieron tatequieto a esos cuestionados reacomodos. En lo tercero, es más que difícil juzgar a los togados de las altas cortes, como al presidente de la República y al fiscal general, por el especialísimo fuero que tienen, proclive a la impunidad. Sin embargo, el país se ha sorprendido, gratamente, con la histórica acusación contra un magistrado de la Corte Constitucional de inmensa capacidad adquisitiva. Está por verse cuánto querrán dignificarse los senadores para que el asunto llegue a la Corte Suprema.

Disculpe que le pregunte, pero a usted mismo, cuando enfrentó a unos de sus colegas, le recordaron que pasó de una corte a otra y que no quería pensionarse.

Ciertamente me enorgullece haber sido magistrado y presidente de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. Para esta última no fui nombrado por la Suprema como ésta hace con los integrantes de la Sala Administrativa, sino que fui incluido en la terna para que otra institución eligiera. Esto ocurrió más de tres años después de haber salido de la Suprema cuando muchos de sus magistrados ya habían cambiado y otros dos se abstuvieron de votar por considerar que yo había participado en su designación. En cuanto a que no quisiera pensionarme, soy el pensionado que menos retribución le haya significado al Banco de la República, donde, a mucho honor, adquirí tal derecho en 1994, que no se hizo efectivo mientras laboraba en las cortes.

Para ser justos, la Constitución también trajo muchos avances. ¿Cuáles son los aspectos más valiosos de la nueva Carta?

Valen mucho más en materia social, especialmente en cuanto al apuntalamiento y efectividad de protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, niños y niñas, adolescentes, ancianos, mujeres y, en particular, las embarazadas, enfermos, integrantes de etnias, desplazados, campesinos, etc.

Finalmente, la pregunta del millón: ¿Cuál es la fórmula para romper con los vicios de la Rama Judicial?

No existen fórmulas mágicas, pero qué bueno que, en lugar de estar deformando la Constitución, la hiciéramos cumplir. Magnífico también que se cumpliera con el respeto a la dignidad de todos los seres humanos. Que desterráramos la apatía en la participación democrática y el masoquismo que lleva a los colombianos a votar por los mismos corruptos o por sus sucesores. Y en materia específica de administración de justicia, que se hiciera más exigente el control sobre el nivel académico de las facultades de derecho, que se estimulará la autorregulación severa por parte de los colegios de abogados, que éstos se responsabilicen y sirvan para mucho más que reunir amigos y que se establezca la carrera, previo concurso de méritos y con estrictos controles de cumplimiento, con amplia participación de la academia para la provisión de todos los cargos en la Rama Judicial.