“La Corte apenas ha arañado la verdad”

Responde al embajador Brownfield sobre extradiciones. Relaciona la parapolítica con las amenazas al alto tribunal. Niega presiones externas para elegir Fiscal y dice que las ‘chuzadas’ del DAS “dejan mal parado al país”.

Cecilia Orozco Tascón.- Estas últimas semanas se han reactivado los procesos de la parapolítica en la Corte y se dictaron sentencias muy severas (ex congresistas Álvaro Araújo, Álvaro García; ex gobernador Salvador Arana). Los críticos de la Corte opinan que a la Sala Penal se le está yendo la mano.

Presidente (e) magistrado Jaime Arrubla Paucar.- Bienvenidas las observaciones. Nosotros fuimos los primeros en solicitarles a las entidades internacionales que nos acompañaran y no nos molesta. Todo lo contrario: una mirada de esta índole no puede redundar sino en que quede constancia de las plenas garantías constitucionales y legales de que gozan los procesados. La demostración de que es así y de que se actúa imparcialmente, es que también se han dictado absoluciones cuando no se encontró responsabilidad penal en la conducta del investigado.

C.O.T.- ¿Por qué la Corte ha ganado fama de que se excede en los castigos que les impone a los parapolíticos?

J.A.P.- Cada proceso es un mundo y la dosimetría de la pena, es decir, la condena que se le impone a alguien, depende de si hay o no circunstancias que lo favorezcan o lo perjudiquen. Esas particularidades tienen que ver con las razones de agravación de la pena. La Corte Suprema tiene la absoluta tranquilidad de que cumple con el papel que le corresponde, de la forma más rigurosa.

C.O.T.- En las sentencias de la parapolítica más recientes está la referencia constante al término “aparato de guerra”. ¿La Corte juzga que cuando un político se relacionó con grupos paramilitares formaba parte de ese “aparato”?

J.A.P.- Sí. Quien formó parte de esas estructuras pudo cometer, en tal condición, el delito de concierto para delinquir y otros, porque entró en tratos con organizaciones ilegales que tenían componentes militares, preparación militar, armamento y obedecían a estrategias. A la Corte le ha tocado develar, por su competencia y por los fueros establecidos, ese tipo de relaciones. Pero es importante caer en la cuenta que no sólo los políticos se involucraron con los paramilitares. Pudo haber comerciantes, empresarios, ganaderos y muchos otros que compartían ese designio criminal.

C.O.T.- ¿Quiere decir que falta investigar una parte importante de la sociedad?

J.A.P.- Sí, falta mucho. La Corte apenas ha arañado la verdad. Por eso, esta corporación propuso una Comisión de la Verdad. Hacia allá hay que encaminarse para entender la dimensión del desastre criminal que se cometió en Colombia. Esa es la razón de ser de la propuesta del magistrado Ibáñez, junto con la Sala de Casación Penal.

C.O.T.- ¿En verdad se proponen darle vida a esa Comisión?

J.A.P.- Indiscutiblemente. Hacia allá vamos.

C.O.T.- Entonces adquiere mayor importancia el tema de la elección del próximo Fiscal General, pues éste debe ser alguien, de verdad independiente. ¿Ese es uno de los tropiezos para elegirlo?

J.A.P.- Como todos saben, hubo dificultades con la primera terna que llevaron a la Corte a preguntarse, sin alusiones de tipo personal, si los postulados contaban con independencia, idoneidad y probidad. En un principio se entendió como un enfrentamiento con el Ejecutivo, pero no se trataba de eso sino de que la Corte cualificara su deber y su responsabilidad. Aparecieron glosas manifiestas que llevaron a que dos miembros de la terna renunciaran y se recompuso el grupo. La Corte ha entrado a votar sobre esa nueva terna. Por ahora ninguno de los aspirantes ha logrado tener los 16 votos reglamentarios.

C.O.T.- Respecto de esta elección hay muchos rumores: se dice que uno de los postulados acudió a un ex presidente de la Corte para que éste hablara con sus antiguos compañeros; otro candidato contaría con dos magistrados que le hacen “campaña” entre votación y votación, etc. ¿Cuánta presión hay en realidad?

 J.A.P.- Se han tejido muchas fábulas. También se ha dicho que se les están ofreciendo cargos a los magistrados en la Fiscalía y que se negocian votos por puestos en esa entidad. Falso.

C.O.T.- ¿Ex magistrados de la Corte o funcionarios del Gobierno o de la Procuraduría, los han abordado para hablarles de la Fiscalía?

J.A.P.- No. El que aborde a un magistrado de la Corte con esa intención producirá el efecto contrario. Sería contraproducente.

C.O.T.- En particular se ha dicho que se está negociando la mayoría de votos de la Corte a cambio del nombramiento de un Vicefiscal, que sería un funcionario muy cercano al Procurador. ¿Eso también es fábula?

J.A.P.- Ese es uno de los tantos ataques que se le hacen a la Corte. El único interés que mueve a la Corporación es la de elegir a una persona independiente.

C.O.T.- ¿Definitivamente de esta terna va a salir el nuevo Fiscal General?

J.A.P.- Esperamos que sí. Obviamente, cualquiera de los candidatos tiene que alcanzar los 16 votos exigidos. Si por casualidad no llegare a darse ese resultado, habría que mirar con el Ejecutivo qué solución se encuentra. Por lo pronto, la Corte está votando.

C.O.T.- ¿Qué sucedería si el voto en blanco remonta y llega a la cifra de 16?

J.A.P.- Simplemente si el voto en blanco fuera mayoritario, suscitaría la reacción de que ninguno de los candidatos satisface al plenario de la Corte. Pero eso no es lo que está pasando ahora, porque los tres candidatos han obtenido buenas votaciones.

C.O.T.- Otra crítica que se le hace a la Corte es que está dilatando la elección de Fiscal mientras llega la fecha de elección del nuevo Presidente de la República.

J.A.P.- Todos saben que este proceso se suspendió y volvió a comenzar prácticamente en enero de este año, cuando oímos a los dos nuevos candidatos. Lo demás es circunstancial y coyuntural. Esos rumores tampoco tienen asidero.

C.O.T.- La Corte ha manifestado su preocupación por hechos y mensajes amenazantes contra ella. Pero después se han filtrado informaciones que indican que tales amenazas no eran ciertas…

J.A.P.- Las amenazas son serias y así lo confirmó la Fiscalía, órgano investigador. Después de la detención de unos individuos, aparecieron claros mensajes amenazantes en el correo de una magistrada auxiliar que eran dirigidos a miembros titulares de la Corte. Mire usted, a propósito de lo que hablábamos: la Sala Penal ha tomado varias decisiones, a las que usted se ha referido, en los procesos de la parapolítica. Llama la atención que siempre que hay actividad en esos casos, reaparecen las amenazas.

C.O.T.- ¿Por qué siempre se termina dudando de la seriedad de las amenazas?

J.A.P.- La Corte ha afectado intereses de la política tradicional por la posición que ha tomado en cumplimiento de sus funciones, frente a problemas tan delicados como el de la parapolítica. Una de las formas de atacar a esta corporación es insinuar que aquí se vive una especie de paranoia.

C.O.T.- Usted establece una relación de causalidad entre las amenazas y las decisiones de la Corte en parapolítica. ¿Ese nexo es así de evidente?

J.A.P.- Creo que es así, pero aclaro que se trata de una conjetura personal y le explico por qué he llegado a ella: uno se pregunta cuál es el motivo para que amenacen a la Corte y la respuesta es que se han tomado decisiones que afectan a grandes grupos delincuenciales, concretamente a todos los que tienen que ver con el paramilitarismo y sus ramificaciones entre otras, la de la parapolítica y la del narcotráfico, como fenómeno asociado con esas actividades. De otro lado, las amenazas pueden tener relación con las decisiones sobre extradición, en uno u otro sentido.

C.O.T.- Hablando de extradiciones, tanto la Ley de Justicia y Paz como los derechos de las víctimas que ahora se aducen para no extraditar, ya existían cuando la Corte autorizó el envío a Estados Unidos de los primeros 14 jefes paramilitares. Es evidente que ustedes modificaron su criterio.

M.J.A.- A partir de las extradiciones de los primeros desmovilizados se dificultó la recepción de sus declaraciones y su intervención en los procesos en que debían ser testigos en Colombia; tanto fue así, que en una oportunidad la Corte tuvo que ordenar la libertad de una congresista porque pasó el tiempo sin que se hubiera podido recibir la declaración de uno de los extraditados, hasta que, por último, se logró.

C.O.T.- ¿Quién era esa congresista?

J.A.P.- Karelly Lara Vence. Como le digo, después se consiguieron las declaraciones. Pero le pongo ese ejemplo porque los aspectos sobre los que la Sala Penal llamó la atención para que se procediera a condicionar la extradición no tuvieron ningún efecto durante la ejecución del trámite.

C.O.T.- ¿Y eso les molestó a ustedes?

J.A.P.- No se trata de nuestras molestias. Lo importante es el cumplimiento de los derechos de las víctimas.

C.O.T.- Precisamente, el embajador Brownfield ha vuelto a hablar de la Corte y las extradiciones. Hace apenas unas horas dijo que “hay que convencerlos” a ustedes de que es posible que convivan la Ley de Justicia y Paz y el mecanismo de la extradición. ¿Qué comentario le merece esa afirmación?

J.A.P.- Que no es un problema de convencimiento. Es una realidad que los extraditados, por muchas razones, dejan de cooperar con las investigaciones y se dificulta su participación con las consecuencias ya señaladas. Si la Corte entiende que existen dificultades e imposibilidades en el tema de extradición-justicia y paz, corresponde reflexionar, según lo dijo el mismo embajador, en su país.

C.O.T.- Se sabe que Estados Unidos quisiera que les enviaran a todos los solicitados en extradición. La embajada presiona por ese objetivo. ¿Qué piensa la Corte?

J.A.P.- La Corte Suprema de Colombia no acepta presiones. Sus decisiones se fundamentan en la Constitución y la ley nacionales. Respeta profundamente a las legaciones diplomáticas, pero no admite interferencias. Bienvenida la colaboración bajo el supuesto del respeto por la independencia de la Rama Judicial.

C.O.T.- El escándalo por el espionaje del DAS contra ustedes no parece terminar. El más reciente de los casos fue revelado por la revista Semana: el DAS estaba averiguando en cuáles notarías tenían firmas y en dónde había propiedades del ex presidente de la Corte César Julio Valencia y de su abogado, Ramiro Bejarano. ¿Qué opina de esa situación?

J.A.P.- Que es una página triste de la historia republicana. Si el año pasado albergábamos dudas sobre los autores de las interceptaciones a nuestros teléfonos, con las revelaciones de Semana el asunto quedó claro: la oficina de inteligencia del Estado estaba involucrada en actividades de vigilancia que afectaban, nadie más ni nadie menos, al presidente de la Corte Suprema y a su apoderado. Los trataron como si fueran vulgares delincuentes. Eso deja muy mal parado al país.

C.O.T.- ¿Por cuenta de quién cree usted que actuaba el DAS?

J.A.P.- Pues ese es el gran interrogante y hay que despejarlo para beneficio de todo el mundo, empezando por la Rama Ejecutiva. ¿Sabe por qué es importante resolver el interrogante? Porque a nadie se le pasa por la cabeza que la entonces directora del DAS obrara por ocurrencia propia cuando ese es un organismo que está anclado en la estructura del Gobierno, según dice la Constitución. De acuerdo con la Carta Fundamental, el Gobierno está compuesto por el señor Presidente, sus ministros y sus jefes de Departamentos Administrativos. Se puede aceptar, como hipótesis, que el Gobierno sea hoy una gran maraña administrativa y que allí puedan suceder hechos que estén fuera de control. Pero ese es un enigma que hay que despejar para bien del mismo Estado.

C.O.T.- Lo que sí pareció quedar probado es que la directora del DAS ordenaba los seguimientos. Ella reportaba a la Casa de Nariño. Pero eso, que es tan obvio, no ha producido acciones judiciales. ¿Por qué?

J.A.P.- Es necesario que esa investigación se encauce por senderos lógicos y que unas personas rindan, al menos, testimonio, dado que hay indicios sobre funcionarios que participaron en unas reuniones específicas. Por ejemplo, con (alias) Job. Ojalá que la Fiscalía haga claridad sobre estos asuntos.

“Me siento mejor que antes”

Cecilia Orozco T.- La elección de presidente titular de la Corte se está demorando. ¿Hasta cuándo seguirá usted siendo presidente encargado?

Jaime Arrubla P.- Soy presidente encargado porque era el vicepresidente del período anterior. Y también porque le corresponde a la sala a la que pertenezco, la Civil, la presidencia de la Corporación este año. Estamos aspirando a ese cargo el doctor Pedro Munar y yo. El proceso se ha demorado porque hay unas elecciones internas pendientes que son más antiguas. De otro lado, el proceso se suspendió por los problemas de salud que tuve. Pero la institucionalidad de la Corte no se afectó y el trabajo ha continuado.

C.O.T.- ¿Cuándo se reanuda la votación para presidente de la Corte?

J.A.P.- Seguramente en la Semana de Pascua.

C.O.T.- ¿Se afectó su estado de ánimo por la sorpresiva enfermedad que lo aquejó?

J.A.P.- Hace un mes yo no sentía nada extraño y, por el contrario, tenía una vitalidad absoluta. Todo llegó repentinamente. Por fortuna la medicina ha avanzado mucho y después de la operación me siento mejor que antes.

C.O.T.- Eso en cuanto a lo físico. Y psicológicamente, ¿cuánto sufrió? Fue una operación de alto riesgo.

J.A.P.- Estoy muy tranquilo y feliz cumpliendo mi función de magistrado de la Corte Suprema.

Apoyo norteamericano a la seguridad de la Corte

C.O.T.- La seguridad de la Corte les preocupa a organismos como la Comisión Interamericana y Naciones Unidas. ¿El apoyo externo es sólo verbal o hay acciones concretas?

J.A.P.- El apoyo internacional es real. La Comisión Interamericana ha dictado medidas cautelares para proteger a unos magistrados y otros organismos nos ofrecen siempre su cooperación en materia de inteligencia. La semana pasada recibimos la visita de funcionarios de la embajada de Estados Unidos. Ellos manifestaron su interés en colaborar con la Policía en materia de nuestra seguridad. Así como la Corte confía en las instituciones colombianas para su protección, también hay que decir que no vacilaremos en acudir a los mecanismos internacionales cuando sea necesario.

C.O.T.- ¿Cuál es, en concreto, la oferta que les hizo la embajada estadounidense?

J.A.P.-  De acompañamiento en temas que van desde dictar cursos de capacitación hasta la realización de estudios sobre la confiabilidad de las comunicaciones, el estado de la tecnología que se está empleando y el grado de vulnerabilidad que tenemos. Ellos acompañarían las labores de la Policía.

C.O.T.- ¿También les han ofrecido personal de seguridad?

J.A.P.- No, porque son extranjeros y nosotros respetamos y acatamos a las autoridades colombianas.

Responde al embajador Brownfield sobre extradiciones. Relaciona la parapolítica con las amenazas al alto tribunal. Niega presiones externas para elegir Fiscal y dice que las ‘chuzadas’ del DAS “dejan mal parado al país”.

Cecilia Orozco Tascón.- Estas últimas semanas se han reactivado los procesos de la parapolítica en la Corte y se dictaron sentencias muy severas (ex congresistas Álvaro Araújo, Álvaro García; ex gobernador Salvador Arana). Los críticos de la Corte opinan que a la Sala Penal se le está yendo la mano.

Presidente (e) magistrado Jaime Arrubla Paucar.- Bienvenidas las observaciones. Nosotros fuimos los primeros en solicitarles a las entidades internacionales que nos acompañaran y no nos molesta. Todo lo contrario: una mirada de esta índole no puede redundar sino en que quede constancia de las plenas garantías constitucionales y legales de que gozan los procesados. La demostración de que es así y de que se actúa imparcialmente, es que también se han dictado absoluciones cuando no se encontró responsabilidad penal en la conducta del investigado.

C.O.T.- ¿Por qué la Corte ha ganado fama de que se excede en los castigos que les impone a los parapolíticos?

J.A.P.- Cada proceso es un mundo y la dosimetría de la pena, es decir, la condena que se le impone a alguien, depende de si hay o no circunstancias que lo favorezcan o lo perjudiquen. Esas particularidades tienen que ver con las razones de agravación de la pena. La Corte Suprema tiene la absoluta tranquilidad de que cumple con el papel que le corresponde, de la forma más rigurosa.

C.O.T.- En las sentencias de la parapolítica más recientes está la referencia constante al término “aparato de guerra”. ¿La Corte juzga que cuando un político se relacionó con grupos paramilitares formaba parte de ese “aparato”?

J.A.P.- Sí. Quien formó parte de esas estructuras pudo cometer, en tal condición, el delito de concierto para delinquir y otros, porque entró en tratos con organizaciones ilegales que tenían componentes militares, preparación militar, armamento y obedecían a estrategias. A la Corte le ha tocado develar, por su competencia y por los fueros establecidos, ese tipo de relaciones. Pero es importante caer en la cuenta que no sólo los políticos se involucraron con los paramilitares. Pudo haber comerciantes, empresarios, ganaderos y muchos otros que compartían ese designio criminal.

C.O.T.- ¿Quiere decir que falta investigar una parte importante de la sociedad?

J.A.P.- Sí, falta mucho. La Corte apenas ha arañado la verdad. Por eso, esta corporación propuso una Comisión de la Verdad. Hacia allá hay que encaminarse para entender la dimensión del desastre criminal que se cometió en Colombia. Esa es la razón de ser de la propuesta del magistrado Ibáñez, junto con la Sala de Casación Penal.

C.O.T.- ¿En verdad se proponen darle vida a esa Comisión?

J.A.P.- Indiscutiblemente. Hacia allá vamos.

C.O.T.- Entonces adquiere mayor importancia el tema de la elección del próximo Fiscal General, pues éste debe ser alguien, de verdad independiente. ¿Ese es uno de los tropiezos para elegirlo?

J.A.P.- Como todos saben, hubo dificultades con la primera terna que llevaron a la Corte a preguntarse, sin alusiones de tipo personal, si los postulados contaban con independencia, idoneidad y probidad. En un principio se entendió como un enfrentamiento con el Ejecutivo, pero no se trataba de eso sino de que la Corte cualificara su deber y su responsabilidad. Aparecieron glosas manifiestas que llevaron a que dos miembros de la terna renunciaran y se recompuso el grupo. La Corte ha entrado a votar sobre esa nueva terna. Por ahora ninguno de los aspirantes ha logrado tener los 16 votos reglamentarios.

C.O.T.- Respecto de esta elección hay muchos rumores: se dice que uno de los postulados acudió a un ex presidente de la Corte para que éste hablara con sus antiguos compañeros; otro candidato contaría con dos magistrados que le hacen “campaña” entre votación y votación, etc. ¿Cuánta presión hay en realidad?

 J.A.P.- Se han tejido muchas fábulas. También se ha dicho que se les están ofreciendo cargos a los magistrados en la Fiscalía y que se negocian votos por puestos en esa entidad. Falso.

C.O.T.- ¿Ex magistrados de la Corte o funcionarios del Gobierno o de la Procuraduría, los han abordado para hablarles de la Fiscalía?

J.A.P.- No. El que aborde a un magistrado de la Corte con esa intención producirá el efecto contrario. Sería contraproducente.

C.O.T.- En particular se ha dicho que se está negociando la mayoría de votos de la Corte a cambio del nombramiento de un Vicefiscal, que sería un funcionario muy cercano al Procurador. ¿Eso también es fábula?

J.A.P.- Ese es uno de los tantos ataques que se le hacen a la Corte. El único interés que mueve a la Corporación es la de elegir a una persona independiente.

C.O.T.- ¿Definitivamente de esta terna va a salir el nuevo Fiscal General?

J.A.P.- Esperamos que sí. Obviamente, cualquiera de los candidatos tiene que alcanzar los 16 votos exigidos. Si por casualidad no llegare a darse ese resultado, habría que mirar con el Ejecutivo qué solución se encuentra. Por lo pronto, la Corte está votando.

C.O.T.- ¿Qué sucedería si el voto en blanco remonta y llega a la cifra de 16?

J.A.P.- Simplemente si el voto en blanco fuera mayoritario, suscitaría la reacción de que ninguno de los candidatos satisface al plenario de la Corte. Pero eso no es lo que está pasando ahora, porque los tres candidatos han obtenido buenas votaciones.

C.O.T.- Otra crítica que se le hace a la Corte es que está dilatando la elección de Fiscal mientras llega la fecha de elección del nuevo Presidente de la República.

J.A.P.- Todos saben que este proceso se suspendió y volvió a comenzar prácticamente en enero de este año, cuando oímos a los dos nuevos candidatos. Lo demás es circunstancial y coyuntural. Esos rumores tampoco tienen asidero.

C.O.T.- La Corte ha manifestado su preocupación por hechos y mensajes amenazantes contra ella. Pero después se han filtrado informaciones que indican que tales amenazas no eran ciertas…

J.A.P.- Las amenazas son serias y así lo confirmó la Fiscalía, órgano investigador. Después de la detención de unos individuos, aparecieron claros mensajes amenazantes en el correo de una magistrada auxiliar que eran dirigidos a miembros titulares de la Corte. Mire usted, a propósito de lo que hablábamos: la Sala Penal ha tomado varias decisiones, a las que usted se ha referido, en los procesos de la parapolítica. Llama la atención que siempre que hay actividad en esos casos, reaparecen las amenazas.

C.O.T.- ¿Por qué siempre se termina dudando de la seriedad de las amenazas?

J.A.P.- La Corte ha afectado intereses de la política tradicional por la posición que ha tomado en cumplimiento de sus funciones, frente a problemas tan delicados como el de la parapolítica. Una de las formas de atacar a esta corporación es insinuar que aquí se vive una especie de paranoia.

C.O.T.- Usted establece una relación de causalidad entre las amenazas y las decisiones de la Corte en parapolítica. ¿Ese nexo es así de evidente?

J.A.P.- Creo que es así, pero aclaro que se trata de una conjetura personal y le explico por qué he llegado a ella: uno se pregunta cuál es el motivo para que amenacen a la Corte y la respuesta es que se han tomado decisiones que afectan a grandes grupos delincuenciales, concretamente a todos los que tienen que ver con el paramilitarismo y sus ramificaciones entre otras, la de la parapolítica y la del narcotráfico, como fenómeno asociado con esas actividades. De otro lado, las amenazas pueden tener relación con las decisiones sobre extradición, en uno u otro sentido.

C.O.T.- Hablando de extradiciones, tanto la Ley de Justicia y Paz como los derechos de las víctimas que ahora se aducen para no extraditar, ya existían cuando la Corte autorizó el envío a Estados Unidos de los primeros 14 jefes paramilitares. Es evidente que ustedes modificaron su criterio.

M.J.A.- A partir de las extradiciones de los primeros desmovilizados se dificultó la recepción de sus declaraciones y su intervención en los procesos en que debían ser testigos en Colombia; tanto fue así, que en una oportunidad la Corte tuvo que ordenar la libertad de una congresista porque pasó el tiempo sin que se hubiera podido recibir la declaración de uno de los extraditados, hasta que, por último, se logró.

C.O.T.- ¿Quién era esa congresista?

J.A.P.- Karelly Lara Vence. Como le digo, después se consiguieron las declaraciones. Pero le pongo ese ejemplo porque los aspectos sobre los que la Sala Penal llamó la atención para que se procediera a condicionar la extradición no tuvieron ningún efecto durante la ejecución del trámite.

C.O.T.- ¿Y eso les molestó a ustedes?

J.A.P.- No se trata de nuestras molestias. Lo importante es el cumplimiento de los derechos de las víctimas.

C.O.T.- Precisamente, el embajador Brownfield ha vuelto a hablar de la Corte y las extradiciones. Hace apenas unas horas dijo que “hay que convencerlos” a ustedes de que es posible que convivan la Ley de Justicia y Paz y el mecanismo de la extradición. ¿Qué comentario le merece esa afirmación?

J.A.P.- Que no es un problema de convencimiento. Es una realidad que los extraditados, por muchas razones, dejan de cooperar con las investigaciones y se dificulta su participación con las consecuencias ya señaladas. Si la Corte entiende que existen dificultades e imposibilidades en el tema de extradición-justicia y paz, corresponde reflexionar, según lo dijo el mismo embajador, en su país.

C.O.T.- Se sabe que Estados Unidos quisiera que les enviaran a todos los solicitados en extradición. La embajada presiona por ese objetivo. ¿Qué piensa la Corte?

J.A.P.- La Corte Suprema de Colombia no acepta presiones. Sus decisiones se fundamentan en la Constitución y la ley nacionales. Respeta profundamente a las legaciones diplomáticas, pero no admite interferencias. Bienvenida la colaboración bajo el supuesto del respeto por la independencia de la Rama Judicial.

C.O.T.- El escándalo por el espionaje del DAS contra ustedes no parece terminar. El más reciente de los casos fue revelado por la revista Semana: el DAS estaba averiguando en cuáles notarías tenían firmas y en dónde había propiedades del ex presidente de la Corte César Julio Valencia y de su abogado, Ramiro Bejarano. ¿Qué opina de esa situación?

J.A.P.- Que es una página triste de la historia republicana. Si el año pasado albergábamos dudas sobre los autores de las interceptaciones a nuestros teléfonos, con las revelaciones de Semana el asunto quedó claro: la oficina de inteligencia del Estado estaba involucrada en actividades de vigilancia que afectaban, nadie más ni nadie menos, al presidente de la Corte Suprema y a su apoderado. Los trataron como si fueran vulgares delincuentes. Eso deja muy mal parado al país.

C.O.T.- ¿Por cuenta de quién cree usted que actuaba el DAS?

J.A.P.- Pues ese es el gran interrogante y hay que despejarlo para beneficio de todo el mundo, empezando por la Rama Ejecutiva. ¿Sabe por qué es importante resolver el interrogante? Porque a nadie se le pasa por la cabeza que la entonces directora del DAS obrara por ocurrencia propia cuando ese es un organismo que está anclado en la estructura del Gobierno, según dice la Constitución. De acuerdo con la Carta Fundamental, el Gobierno está compuesto por el señor Presidente, sus ministros y sus jefes de Departamentos Administrativos. Se puede aceptar, como hipótesis, que el Gobierno sea hoy una gran maraña administrativa y que allí puedan suceder hechos que estén fuera de control. Pero ese es un enigma que hay que despejar para bien del mismo Estado.

C.O.T.- Lo que sí pareció quedar probado es que la directora del DAS ordenaba los seguimientos. Ella reportaba a la Casa de Nariño. Pero eso, que es tan obvio, no ha producido acciones judiciales. ¿Por qué?

J.A.P.- Es necesario que esa investigación se encauce por senderos lógicos y que unas personas rindan, al menos, testimonio, dado que hay indicios sobre funcionarios que participaron en unas reuniones específicas. Por ejemplo, con (alias) Job. Ojalá que la Fiscalía haga claridad sobre estos asuntos.

“Me siento mejor que antes”

Cecilia Orozco T.- La elección de presidente titular de la Corte se está demorando. ¿Hasta cuándo seguirá usted siendo presidente encargado?

Jaime Arrubla P.- Soy presidente encargado porque era el vicepresidente del período anterior. Y también porque le corresponde a la sala a la que pertenezco, la Civil, la presidencia de la Corporación este año. Estamos aspirando a ese cargo el doctor Pedro Munar y yo. El proceso se ha demorado porque hay unas elecciones internas pendientes que son más antiguas. De otro lado, el proceso se suspendió por los problemas de salud que tuve. Pero la institucionalidad de la Corte no se afectó y el trabajo ha continuado.

C.O.T.- ¿Cuándo se reanuda la votación para presidente de la Corte?

J.A.P.- Seguramente en la Semana de Pascua.

C.O.T.- ¿Se afectó su estado de ánimo por la sorpresiva enfermedad que lo aquejó?

J.A.P.- Hace un mes yo no sentía nada extraño y, por el contrario, tenía una vitalidad absoluta. Todo llegó repentinamente. Por fortuna la medicina ha avanzado mucho y después de la operación me siento mejor que antes.

C.O.T.- Eso en cuanto a lo físico. Y psicológicamente, ¿cuánto sufrió? Fue una operación de alto riesgo.

J.A.P.- Estoy muy tranquilo y feliz cumpliendo mi función de magistrado de la Corte Suprema.

Apoyo norteamericano a la seguridad de la Corte

C.O.T.- La seguridad de la Corte les preocupa a organismos como la Comisión Interamericana y Naciones Unidas. ¿El apoyo externo es sólo verbal o hay acciones concretas?

J.A.P.- El apoyo internacional es real. La Comisión Interamericana ha dictado medidas cautelares para proteger a unos magistrados y otros organismos nos ofrecen siempre su cooperación en materia de inteligencia. La semana pasada recibimos la visita de funcionarios de la embajada de Estados Unidos. Ellos manifestaron su interés en colaborar con la Policía en materia de nuestra seguridad. Así como la Corte confía en las instituciones colombianas para su protección, también hay que decir que no vacilaremos en acudir a los mecanismos internacionales cuando sea necesario.

C.O.T.- ¿Cuál es, en concreto, la oferta que les hizo la embajada estadounidense?

J.A.P.-  De acompañamiento en temas que van desde dictar cursos de capacitación hasta la realización de estudios sobre la confiabilidad de las comunicaciones, el estado de la tecnología que se está empleando y el grado de vulnerabilidad que tenemos. Ellos acompañarían las labores de la Policía.

C.O.T.- ¿También les han ofrecido personal de seguridad?

J.A.P.- No, porque son extranjeros y nosotros respetamos y acatamos a las autoridades colombianas.