“La justicia no puede responder a la presión popular”

¿Qué opina la Corporación de Magistrados y Jueces de la grave denuncia que recae sobre el magistrado Jorge Pretelt, que todavía es el presidente de la más alta corte del país?

No hemos tenido la oportunidad de discutir ese suceso específico, pero personalmente creo que con serenidad y cabeza fría se pueden repensar los mecanismos de judicialización de casos como este con instrumentos que, de un lado, garanticen el debido proceso para las partes, incluido el investigado, y de otro lado, sean muestra de eficiencia en la aplicación de las sanciones penales, disciplinarias o fiscales.

Aún no me dice qué piensa de Pretelt.

Es un ciudadano como cualquier otro que, ante una situación como la que se le ha presentado, debe tener un debido proceso y garantías constitucionales. Y, a la vez, la sociedad también debe contar con la certeza de que las conductas al margen de la ley que se le endilgan a él sean prontamente investigadas y si resultan pruebas en su contra, que sea juzgado. Pero más allá de este caso, el problema de fondo que enfrenta Colombia es que ha perdido la capacidad de verificar la conducta de sus más altos dignatarios porque los mecanismos establecidos son ineficientes, no porque así lo haya querido el país, sino porque muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras, lo han cohonestado por años.

Habla de la Comisión de Acusación, pero ¿a quiénes se refiere cuando afirma que hoy “se rasgan las vestiduras” y son responsables de la falta de un mecanismo serio de investigación para altos funcionarios?

El caso Pretelt no es diferente del de otros altos personajes de Estado cuyas investigaciones han dormido el sueño de los injustos en esa Comisión de Acusación. No necesito mencionárselos, porque el país sabe quiénes son.

¿Está de acuerdo o no con que se le pida el retiro a Pretelt?

Quienes le señalan uno u otro camino al doctor Pretelt, están ejerciendo su legítimo derecho de expresión, pero nada más. Y estimo que está en el fuero interno de cada quien tomar las decisiones que su conciencia y situación le indiquen.

¿No importa que sean muchos los ciudadanos indignados, incluidos varios ministros, que sienten que es indigno que se quede?

En las funciones de los servidores públicos de todos los niveles no está, en ninguna parte, la de pedirle o exigirle la renuncia a otro. Lo que se debe hacer es denunciar y requerir de la autoridad competente una justicia pronta y cumplida, como lo ordena la Constitución.

Entonces, ¿hacemos caso omiso de que la sociedad haya perdido confianza en quien por su cargo y representación debería ser ejemplo de todos? ¿El derecho individual prima sobre el bien común que siente mancillado uno de sus recintos sagrados?

No pierde la calidad de sagrado un recinto porque haya sido mancillado o se presuma que lo haya sido. Son la ética y la moral del servidor judicial que se encuentra en esa circunstancia que usted describe, la que deben llevarlo a tomar la decisión que le sirva a la función judicial que ejerce, a la magnitud del cargo que representa en relación con su condición personal y también a los intereses públicos que se encuentran en vilo frente a su situación. El doctor Pretelt, como persona y como servidor judicial, debe ponderar entre sus intereses personales y los institucionales que representa.

No creo que Pretelt esté ponderando nada. Por el contrario, se ha dedicado a ahondar la desconfianza ciudadana lanzando acusaciones y amenazas contra sus colegas. Para usted, ¿las denuncias de Pretelt tienen validez ética siendo que las expuso después de haber sido cuestionado y no antes?

Toda noticia criminal debe ser establecida en sus aspectos fácticos así como en su contenido normativo, sin importar de dónde provenga. El punto en discusión no es que una persona denuncie a otra. Lo que hace que este caso parezca diferente es el nivel de los funcionarios, así como los asuntos que se ventilan entre ellos.

¿Usted es de los que creen que a Pretelt lo tienen “acorralado”?

No. La expresión del pensamiento colectivo y del interés nacional, en un caso como el que enfrenta el magistrado, no necesita permiso en una democracia y la sociedad puede manifestar su interés sobre lo que le parece que la afecta y que requiere de su actuación. La vigilancia social es parte de lo que deben soportar los altos servidores del Estado.

Usted fue el magistrado que, como ponente, pidió la absolución del coronel Plazas Vega en uno de los procesos de la retoma del Palacio de Justicia. Ahora parece tibio o defensor de Pretelt. ¿Le gusta asumir posiciones polémicas en su ejercicio profesional?

En el marco constitucional y legal colombiano, esos dos ciudadanos merecen el mismo tratamiento jurídico y judicial que cualquier otro nacional o extranjero que deba ser investigado y juzgado por delitos que se le imputen. Mi posición ha sido coherente con esos principios básicos, en el entendido de que la justicia no puede responder a la presión popular, pública o mediática ni a intereses diferentes a los que constitucionalmente se exigen de un juez en el ejercicio de sus funciones.

A raíz del escándalo, el Gobierno endureció la reforma judicial en el proyecto de equilibrio de poderes. ¿Cuál es la posición de la agremiación de los jueces al respecto?

¿Qué llama endurecer? No puede olvidar que el presidente avaló, hasta el final, una reforma judicial (año 2012), en la que se creaban impunidades para algunos aforados sin percatarse del daño institucional que generaba y que remedió por fuera de la Carta Política. Y que esa haya sido la misma intención en el proyecto de “equilibrio de poderes”, porque también se avaló el llamado tribunal de aforados. Pretender, con base en hechos y situaciones “mediáticas”, que todo cambiará, no llevara más que a desilusiones. Insisto en que no son saludables esta clase de propuestas, que solamente sirven para paliar a la opinión pública y de las cuales, además, no sabemos a dónde nos conducirán.

Infiero que está en desacuerdo con la reforma, tal como está planteada…

Totalmente en desacuerdo, al menos en lo que corresponde a la administración de justicia.

Pero el proyecto incluye reformas aparentemente sanas: eliminación de las funciones electorales, prohibición de la denominada “puerta giratoria” y el lobby. Estas prácticas también los permearon a ustedes, los jueces y magistrados de tribunales.

La corrupción no ha permeado más a la Rama Judicial que a los otros estamentos del Estado y que al sector privado. Quienes hacemos parte de esas corporaciones judiciales y no estamos de acuerdo con estas prácticas, pedimos, más allá de controles externos, políticas claras anticorrupción. Y para contribuir con estas estamos solicitando, desde hace ya varios años, que nos escuchen. Que las reformas sean el resultado de la participación de todos los estamentos de la justicia y no solo la de los altos dignatarios del Estado.

No hay que generalizar, pero tampoco ignorar la corrupción que existe en la Rama. Le pongo ejemplos: el carrusel de pensiones en el Consejo de la Judicatura y el cartel de repartos de procesos, por el que hay varios jueces presos y procesados.

Como le digo, nosotros no tenemos ni facultades ni medios para detectar la corrupción que pueda presentarse, porque no hacemos parte de la administración de la Rama. Y, de otro lado, si hablamos de corrupción, quienes hoy hablan de ella tal vez no puedan hacerlo. Examinemos el tema de la denominada “mermelada” en la reciente campaña. No puedo mirar en la casa del vecino la basura que no veo en la mía.

Usted se refiere al Gobierno. Si el jefe de Estado no es el indicado para liderar salidas a las crisis, ¿quién podría hacerlo?

La sociedad colombiana debe ser la llamada a participar en la construcción de un verdadero Estado de derecho.

¿Cómo? ¿Con una constituyente, similar a la propuesta de los grupos extremistas?

Son muchas las formas en los que la sociedad puede participar. Si el presidente, por fin, acepta —como lo hizo en su última alocución— que es necesario escuchar a los gremios y las asociaciones de la Rama Judicial, o sea, a quienes impartimos justicia y a quienes sufren los problemas del sistema, estamos listos a aportar nuestras ideas y conocimientos.

¿Qué opina del Consejo Superior de la Judicatura y del vergonzoso proceso de carrusel de pensiones para sus apadrinados, todos de la Rama Judicial?

No tengo elementos de juicio para responderle sobre ese punto. No obstante, hay que aceptar que hay serias deficiencias en la administración de la Rama que tienen varios orígenes, entre ellos, fallas en el modelo legislativo, indisposición del Ejecutivo para la Rama, insuficientes recursos y, desde luego, falta de transparencia del Consejo Superior de la Judicatura y de las medidas que aplica con los recursos que administra.

Sé que la figura de un director ejecutivo con la función de nombrar y reasignar funcionarios judiciales, en lugar del Consejo de la Judicatura, les preocupa a ustedes. ¿Por qué?

El ejemplo que tenemos sobre una figura similar a la que usted menciona, es el del director de la Rama Judicial de Venezuela. Él ejerce la dirección, gobierno, administración, inspección y vigilancia de todos los jueces de ese país. En la actualidad, esa función la ejerce el ingeniero eléctrico Argenis Chávez Frías, hermano de Hugo Chávez. Y él es militante y activista del partido del presidente Maduro.

Pero usted no puede comparar ese régimen político con el de Colombia, por más que estire las similitudes.

Tal vez no en lo político, pero sí en los efectos prácticos de esa figura. Esta y otras normas que trae la reforma de equilibrio de poderes han llamado nuestra atención. El Tribunal de Bogotá realizó un foro para visibilizar mecanismos de esta clase que derruyen la independencia judicial y que permiten, entre otras facultades, que ese funcionario pueda nominar a más de 25.000 empleados judiciales. Imaginemos que al juez o magistrado que tenga un proceso de “interés” de alguna índole para cualquier clase de poder (¿político, económico, delincuencial?), pues, ¡sin problema!, desde la Dirección Ejecutiva se le pueda reasignar o se le nombre a alguien que lo controle.

¿Prefieren la actual Sala Administrativa solo porque en teoría sus integrantes son “magistrados”, cuando en realidad no lo son, siendo que han aplicado la misma conducta denunciada por usted: reasignar casos y jueces con intereses insanos?

En realidad hubiéramos preferido que el Gobierno y el Congreso nos hubieran escuchado antes de iniciar el actual trámite de reforma a la justicia. Los problemas no son de las instituciones, sino de quienes ejercen las funciones y, en este sentido, la culpa de la postración de la Rama se comparte en los actores señalados: Gobierno, Congreso y administradores judiciales. Un director administrativo nos preocupa mucho, porque no ha sido debidamente sopesado el cambio constitucional. Y no es lo único. Hay otras propuestas sobre las que tenemos serias objeciones.

¿Qué opina la Corporación de Magistrados y Jueces de la grave denuncia que recae sobre el magistrado Jorge Pretelt, que todavía es el presidente de la más alta corte del país?

No hemos tenido la oportunidad de discutir ese suceso específico, pero personalmente creo que con serenidad y cabeza fría se pueden repensar los mecanismos de judicialización de casos como este con instrumentos que, de un lado, garanticen el debido proceso para las partes, incluido el investigado, y de otro lado, sean muestra de eficiencia en la aplicación de las sanciones penales, disciplinarias o fiscales.

Aún no me dice qué piensa de Pretelt.

Es un ciudadano como cualquier otro que, ante una situación como la que se le ha presentado, debe tener un debido proceso y garantías constitucionales. Y, a la vez, la sociedad también debe contar con la certeza de que las conductas al margen de la ley que se le endilgan a él sean prontamente investigadas y si resultan pruebas en su contra, que sea juzgado. Pero más allá de este caso, el problema de fondo que enfrenta Colombia es que ha perdido la capacidad de verificar la conducta de sus más altos dignatarios porque los mecanismos establecidos son ineficientes, no porque así lo haya querido el país, sino porque muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras, lo han cohonestado por años.

Habla de la Comisión de Acusación, pero ¿a quiénes se refiere cuando afirma que hoy “se rasgan las vestiduras” y son responsables de la falta de un mecanismo serio de investigación para altos funcionarios?

El caso Pretelt no es diferente del de otros altos personajes de Estado cuyas investigaciones han dormido el sueño de los injustos en esa Comisión de Acusación. No necesito mencionárselos, porque el país sabe quiénes son.

¿Está de acuerdo o no con que se le pida el retiro a Pretelt?

Quienes le señalan uno u otro camino al doctor Pretelt, están ejerciendo su legítimo derecho de expresión, pero nada más. Y estimo que está en el fuero interno de cada quien tomar las decisiones que su conciencia y situación le indiquen.

¿No importa que sean muchos los ciudadanos indignados, incluidos varios ministros, que sienten que es indigno que se quede?

En las funciones de los servidores públicos de todos los niveles no está, en ninguna parte, la de pedirle o exigirle la renuncia a otro. Lo que se debe hacer es denunciar y requerir de la autoridad competente una justicia pronta y cumplida, como lo ordena la Constitución.

Entonces, ¿hacemos caso omiso de que la sociedad haya perdido confianza en quien por su cargo y representación debería ser ejemplo de todos? ¿El derecho individual prima sobre el bien común que siente mancillado uno de sus recintos sagrados?

No pierde la calidad de sagrado un recinto porque haya sido mancillado o se presuma que lo haya sido. Son la ética y la moral del servidor judicial que se encuentra en esa circunstancia que usted describe, la que deben llevarlo a tomar la decisión que le sirva a la función judicial que ejerce, a la magnitud del cargo que representa en relación con su condición personal y también a los intereses públicos que se encuentran en vilo frente a su situación. El doctor Pretelt, como persona y como servidor judicial, debe ponderar entre sus intereses personales y los institucionales que representa.

No creo que Pretelt esté ponderando nada. Por el contrario, se ha dedicado a ahondar la desconfianza ciudadana lanzando acusaciones y amenazas contra sus colegas. Para usted, ¿las denuncias de Pretelt tienen validez ética siendo que las expuso después de haber sido cuestionado y no antes?

Toda noticia criminal debe ser establecida en sus aspectos fácticos así como en su contenido normativo, sin importar de dónde provenga. El punto en discusión no es que una persona denuncie a otra. Lo que hace que este caso parezca diferente es el nivel de los funcionarios, así como los asuntos que se ventilan entre ellos.

¿Usted es de los que creen que a Pretelt lo tienen “acorralado”?

No. La expresión del pensamiento colectivo y del interés nacional, en un caso como el que enfrenta el magistrado, no necesita permiso en una democracia y la sociedad puede manifestar su interés sobre lo que le parece que la afecta y que requiere de su actuación. La vigilancia social es parte de lo que deben soportar los altos servidores del Estado.

Usted fue el magistrado que, como ponente, pidió la absolución del coronel Plazas Vega en uno de los procesos de la retoma del Palacio de Justicia. Ahora parece tibio o defensor de Pretelt. ¿Le gusta asumir posiciones polémicas en su ejercicio profesional?

En el marco constitucional y legal colombiano, esos dos ciudadanos merecen el mismo tratamiento jurídico y judicial que cualquier otro nacional o extranjero que deba ser investigado y juzgado por delitos que se le imputen. Mi posición ha sido coherente con esos principios básicos, en el entendido de que la justicia no puede responder a la presión popular, pública o mediática ni a intereses diferentes a los que constitucionalmente se exigen de un juez en el ejercicio de sus funciones.

A raíz del escándalo, el Gobierno endureció la reforma judicial en el proyecto de equilibrio de poderes. ¿Cuál es la posición de la agremiación de los jueces al respecto?

¿Qué llama endurecer? No puede olvidar que el presidente avaló, hasta el final, una reforma judicial (año 2012), en la que se creaban impunidades para algunos aforados sin percatarse del daño institucional que generaba y que remedió por fuera de la Carta Política. Y que esa haya sido la misma intención en el proyecto de “equilibrio de poderes”, porque también se avaló el llamado tribunal de aforados. Pretender, con base en hechos y situaciones “mediáticas”, que todo cambiará, no llevara más que a desilusiones. Insisto en que no son saludables esta clase de propuestas, que solamente sirven para paliar a la opinión pública y de las cuales, además, no sabemos a dónde nos conducirán.

Infiero que está en desacuerdo con la reforma, tal como está planteada…

Totalmente en desacuerdo, al menos en lo que corresponde a la administración de justicia.

Pero el proyecto incluye reformas aparentemente sanas: eliminación de las funciones electorales, prohibición de la denominada “puerta giratoria” y el lobby. Estas prácticas también los permearon a ustedes, los jueces y magistrados de tribunales.

La corrupción no ha permeado más a la Rama Judicial que a los otros estamentos del Estado y que al sector privado. Quienes hacemos parte de esas corporaciones judiciales y no estamos de acuerdo con estas prácticas, pedimos, más allá de controles externos, políticas claras anticorrupción. Y para contribuir con estas estamos solicitando, desde hace ya varios años, que nos escuchen. Que las reformas sean el resultado de la participación de todos los estamentos de la justicia y no solo la de los altos dignatarios del Estado.

No hay que generalizar, pero tampoco ignorar la corrupción que existe en la Rama. Le pongo ejemplos: el carrusel de pensiones en el Consejo de la Judicatura y el cartel de repartos de procesos, por el que hay varios jueces presos y procesados.

Como le digo, nosotros no tenemos ni facultades ni medios para detectar la corrupción que pueda presentarse, porque no hacemos parte de la administración de la Rama. Y, de otro lado, si hablamos de corrupción, quienes hoy hablan de ella tal vez no puedan hacerlo. Examinemos el tema de la denominada “mermelada” en la reciente campaña. No puedo mirar en la casa del vecino la basura que no veo en la mía.

Usted se refiere al Gobierno. Si el jefe de Estado no es el indicado para liderar salidas a las crisis, ¿quién podría hacerlo?

La sociedad colombiana debe ser la llamada a participar en la construcción de un verdadero Estado de derecho.

¿Cómo? ¿Con una constituyente, similar a la propuesta de los grupos extremistas?

Son muchas las formas en los que la sociedad puede participar. Si el presidente, por fin, acepta —como lo hizo en su última alocución— que es necesario escuchar a los gremios y las asociaciones de la Rama Judicial, o sea, a quienes impartimos justicia y a quienes sufren los problemas del sistema, estamos listos a aportar nuestras ideas y conocimientos.

¿Qué opina del Consejo Superior de la Judicatura y del vergonzoso proceso de carrusel de pensiones para sus apadrinados, todos de la Rama Judicial?

No tengo elementos de juicio para responderle sobre ese punto. No obstante, hay que aceptar que hay serias deficiencias en la administración de la Rama que tienen varios orígenes, entre ellos, fallas en el modelo legislativo, indisposición del Ejecutivo para la Rama, insuficientes recursos y, desde luego, falta de transparencia del Consejo Superior de la Judicatura y de las medidas que aplica con los recursos que administra.

Sé que la figura de un director ejecutivo con la función de nombrar y reasignar funcionarios judiciales, en lugar del Consejo de la Judicatura, les preocupa a ustedes. ¿Por qué?

El ejemplo que tenemos sobre una figura similar a la que usted menciona, es el del director de la Rama Judicial de Venezuela. Él ejerce la dirección, gobierno, administración, inspección y vigilancia de todos los jueces de ese país. En la actualidad, esa función la ejerce el ingeniero eléctrico Argenis Chávez Frías, hermano de Hugo Chávez. Y él es militante y activista del partido del presidente Maduro.

Pero usted no puede comparar ese régimen político con el de Colombia, por más que estire las similitudes.

Tal vez no en lo político, pero sí en los efectos prácticos de esa figura. Esta y otras normas que trae la reforma de equilibrio de poderes han llamado nuestra atención. El Tribunal de Bogotá realizó un foro para visibilizar mecanismos de esta clase que derruyen la independencia judicial y que permiten, entre otras facultades, que ese funcionario pueda nominar a más de 25.000 empleados judiciales. Imaginemos que al juez o magistrado que tenga un proceso de “interés” de alguna índole para cualquier clase de poder (¿político, económico, delincuencial?), pues, ¡sin problema!, desde la Dirección Ejecutiva se le pueda reasignar o se le nombre a alguien que lo controle.

¿Prefieren la actual Sala Administrativa solo porque en teoría sus integrantes son “magistrados”, cuando en realidad no lo son, siendo que han aplicado la misma conducta denunciada por usted: reasignar casos y jueces con intereses insanos?

En realidad hubiéramos preferido que el Gobierno y el Congreso nos hubieran escuchado antes de iniciar el actual trámite de reforma a la justicia. Los problemas no son de las instituciones, sino de quienes ejercen las funciones y, en este sentido, la culpa de la postración de la Rama se comparte en los actores señalados: Gobierno, Congreso y administradores judiciales. Un director administrativo nos preocupa mucho, porque no ha sido debidamente sopesado el cambio constitucional. Y no es lo único. Hay otras propuestas sobre las que tenemos serias objeciones.