“La violación sexual de niños ha permeado todas las clases sociales”

Hace casi diez años, esta líder  que se presenta a sí misma en su página web como “trabajadora social, madre cabeza de hogar, mamá de Bibiana y Yohanna, y abuela de Dieguito”, estaba lejos de imaginar a dónde iba a llegar su carrera. En esa época ya era una exitosa funcionaria del alcalde Enrique Peñalosa, pero aunque se desempeñaba muy bien, su área de influencia era poca comparada con la de hoy.

Conocí a Gilma Jiménez cuando dirigía el Centro Único de Recepción de Niños, un sitio que como su nombre lo indica, es el hogar de paso de cientos de pequeños sin padres. La edificación, rodeada de prados y flores, no parecía estar ubicada en Bogotá, Colombia, porque era increíblemente agradable. La voluntad de Jiménez y los recursos que le destinó el Distrito a Bienestar Social de la ciudad hicieron el milagro de darles atención de menores de estrato seis, a bebés que no tenían nada.

Ahora es una de las más activas integrantes del Concejo de la capital y es conocida por sus debates en defensa del espacio público, del cumplimiento de las normas urbanísticas y de otros asuntos comunitarios. Pese a ello, su fuerte continúa siendo los pequeños. En esa ruta puso sobre el tapete, por ejemplo, la guerra contra las “chiquitecas”, esos negocios clandestinos donde inician a los niños en el consumo de licor, cigarrillo y drogas. Consiguió la mayoría de votos para que los jardines infantiles tuvieran que subir su estándar de calidad y dio ‘lora’ hasta cuando se oficializó un acuerdo que les daba a las madres sin recursos, acceso gratuito a los métodos modernos de planificación familiar.

De un tiempo para acá la concejala está dedicada casi exclusivamente a buscar el endurecimiento de las penas para los abusadores. Primero logró que el Concejo aprobara los denominados “muros de la infamia”, donde se exhibían las fotografías de los violadores sexuales. No obstante, tuvo que suspender su campaña cuando la Corte Constitucional determinó que la medida era inexequible. Incansable, Jiménez buscó otro camino: ambientar la realización de un referendo y aprobar por la vía de la reforma de la Constitución penas de hasta de prisión perpetua para los “depredadores” de niños, como les dicen en Estados Unidos.

Tendrá que reunir un millón y medio de firmas para lograrlo, labor nada fácil. Sin embargo, no sería raro que se saliera con la suya porque todos sentimos el peso de la consciencia por haber sido indiferentes ante estos criminales, sobre todo después del golpe emocional que sufrimos cuando los periodistas de La W Radio revelaron que el violador de una niña de 9 años había quedado en libertad en cuestión de horas y por orden de un juez de garantías, sin importar que su víctima lo hubiera identificado plenamente.

Cecilia Orozco Tascón. – Con frecuencia se oyen historias como las de la semana pasada: violadores que son dejados en libertad. ¿Fallan los agentes de Policía en los procedimientos de captura, o son venales los jueces?

Concejala Gilma Jiménez.– Todo lo anterior, y mucho más que eso. El referendo con el que pretendemos que la Constitución apruebe la prisión perpetua, más allá de la pena en sí misma, busca poder diseñar un código penal y un código de procedimiento penal especiales para los delitos contra la infancia. Estamos tratando de corregir los errores de forma y de fondo que tiene el ordenamiento jurídico actual, errores que no sólo impiden que se actúe con celeridad, sino que conducen a que la impunidad sea el rubro más alto en las estadísticas de delitos atroces contra los niños.

C.O.T.– ¿Cuál es el problema de fondo y por qué sigue quedando en el ambiente la impresión de que los violadores son mirados con condescendencia por los jueces?

C.G.J.– Esa impresión se produce porque apenas se está creando una conciencia social sobre la gravedad del problema y porque existen muchas trabas jurídicas para mover los casos. Las campañas que hemos hecho respecto de los muros de la infamia y la nueva ley de infancia y adolescencia, no tocaron la base de la concepción jurídica que hay frente a los delitos contra los niños. No es sino recordar que hasta hace año y medio, cuando entró en vigencia el nuevo código de delitos contra la infancia, la violación sexual a los menores era un delito excarcelable que se pagaba en la casa. El actual código al menos lo impide, pero los procedimientos para lograr que alguien sea condenado siguen siendo muy difíciles.

C.O.T.– ¿Por qué?

C.G.J.– Porque cada una de las autoridades que participa en el proceso (Policía, Fiscalía, Bienestar Familiar, defensores de menores, jueces, etc.) obedece a una normatividad y a una lógica distintas. Entre esas entidades no interactúan y por eso cuando se denuncia un caso de violación, la víctima es “descuartizada” entre una oficina y otra y los trámites se convierten en una maraña burocrática indescifrable, con el agravante de que en cada dependencia hay una percepción diferente frente a estos delitos.

C.O.T.– Se parte de la base de que los niños nunca mienten, pero no de que jamás pueden equivocarse. ¿Conoce casos de niños que se hayan equivocado cuando señalan a su violador?

C.G.J.– No. El año pasado hubo veinte mil dictámenes de violencia sexual en Colombia. De ellos, 17 mil eran casos ocurridos contra menores de edad. 15 mil de esas 17 mil víctimas tenían menos de 14 años. Y son frecuentes los ataques a menores de 6 años porque los más pequeños son vulnerables, manipulables, no entienden lo que les está pasando y los pueden asustar para que no denuncien. Pero cuando ellos se deciden a hablar, siempre dicen la verdad. Si un niño relata un episodio de abuso es porque sucedió. No le quepa la menor duda.

C.O.T.– ¿Es posible la recuperación emocional de un niño violado, o algún día saldrá de nuevo su tragedia a flote?

C.G.J.– Los tratamientos son largos, dolorosos y costosos. La recuperación depende de la personalidad de cada niño y de la duración y las circunstancias del abuso. Lo cierto es que el recuerdo del daño que se le causó, a diferencia de los delitos, nunca prescribe.

C.O.T.– ¿Es cierto que alguien que haya sido violado en su niñez tiende a ser un violador en su vida adulta?

C.G.J.– No es cierto. Hay estudios muy serios en varios países, pero sobre todo en Estados Unidos, que demuestran que no necesariamente quien haya sido abusado va a ser en su estado adulto un violador. Esos mitos que se han construido, probablemente sin mala intención, terminan justificando la violación.

C.O.T.– ¿Es cierto que en un gran porcentaje de casos el violador es un familiar de la víctima y el sitio de violación es su propio hogar?

C.G.J.– Sí. Lo confirman todos los estudios y las cifras de Medicina Legal. 

C.O.T.– ¿Es verdad que el mayor porcentaje de violaciones sexuales ocurre en los estratos más bajos de la sociedad como se piensa?

C.G.J.– No lo es. Sostener que ése es un delito de pobres es una manera de expresar discriminación. Esa afirmación puede tener relación con el hecho de que el grupo social de menor capacidad económica es el que más se atreve a denunciar. Mucho me temo que la violencia física y sexual contra los niños puede ser peor en las clases medias y altas, pero allí hay más silencio porque hay vergüenza y miedo a enfrentar la realidad. Es necesario tener claro que la violación sexual de niños ha permeado todas las clases sociales.

C.O.T.– ¿Son culpables de descuido los padres y las madres por lo que les sucede a sus pequeños en materia de violación sexual?

C.G.J.– No se puede generalizar. Hay episodios de descuido, pero hay una realidad que es muy dura y es que en un porcentaje muy alto, las violaciones ocurren al interior de las mismas familias, y las mamás, que saben lo que está sucediendo en sus hogares, no lo denuncian por miedo al escándalo, a perder la estabilidad económica o a quedarse sin pareja. Si se aprueba la pena de prisión perpetua, quien se quede callado ante un delito contra un niño será investigado por complicidad.

C.O.T.– ¿Cuáles son los síntomas que un padre observador podría notar en un violador?

C.G.J.– Hay varios pero uno podría ser la cercanía inusual del adulto con el niño y un temor de éste a estar con ciertas personas, o en algunos sitios y espacios. No obstante, hay casos desconcertantes de menores sometidos emocionalmente por los violadores.

C.O.T.– ¿Existe un tipo psicológico y sociológico preciso de los violadores de niños?

C.G.J.– Es muy difícil afirmarlo de una manera tan concreta. Existen unas características que pueden conducir a ese tipo de conducta, pero como el fenómeno se presenta, además de todas las clases sociales, en todos los niveles de educación, regiones, países, etc., no es fácil determinar una tipología tan exacta.

C.O.T.– ¿Colombia es “violadora de niños” en mayor proporción que otros países?

C.G.J.– Las estadísticas sobre este fenómeno se parecen mucho en América Latina. La diferencia está en la forma como la sociedad reacciona frente a los delitos contra los niños. Por ejemplo, Perú ya incorporó a su Constitución y a su legislación la pena de prisión perpetua.

En Argentina, donde esos casos son muy frecuentes, la preocupación social es evidente y casi todos los medios de comunicación se ocupan del asunto. Hace unos meses el mundo entero se conmocionó con el hombre que mantuvo encerrada a su hija durante muchos años para tener hijos con ella. En Colombia eso sucede en los sectores rurales y ni siquiera es noticia.

 C.O.T.– La Constitución no incluye la prisión perpetua por consideraciones filosóficas e ideológicas. ¿Por qué ustedes consideran que esa condena es justa para los violadores?

C.G.J.– Con la pena de  prisión perpetua se busca crear ante todo un símbolo que transmita un mensaje claro: la sociedad no va a tener consideraciones ni va a aceptar ninguna justificación cuando alguien abuse de los niños. Éste no es el discurso de una señora a la que le gustan mucho los niños. Es un asunto de sostenimiento de la sociedad y de viabilidad de país.

C.O.T.– ¿Qué opina de que el asesino en serie de niños Luis Alfredo Garavito vaya a quedar en libertad después de pocos años de prisión?

C.G.J.– Si una familia ha vivido un episodio de esos, la noticia de la impunidad en el caso Garavito debe ser igual a la de perder el alma. Es absurdo que un infanticida tenga derecho a rebajas y a salir de la cárcel. Si lo que hizo Garavito, que es tan monstruoso, tiene una pena como la que va a pagar, ¿cómo será la del resto de abusadores? Ése es el síntoma más claro de que el ordenamiento jurídico actual tiene problemas en materia de la penalización de los delitos contra la infancia.

C.O.T.– ¿Hay indiferencia y, en consecuencia, impunidad ya no jurídica sino social?

C.G.J.– La había, pero creo que la estamos superando. Haber logrado conseguir más de 230 mil firmas para el referendo sin pagar ni un peso, es la demostración de que la mayoría de los colombianos estamos cansados de las noticias escabrosas y de la impunidad.

C.O.T.- Todos repudiamos a los violadores, pero la Corte Constitucional no encontró ajustada a la Carta la exhibición de sus fotos en público. ¿Por qué a usted le gustaba esa fórmula?

 C.G.J.– Me parece muy curioso que cuando se trata de hablar de un delito tan atroz, se considere excesivo un castigo como el muro de la infamia. Para mí es una parte del restablecimiento de los derechos que les fueron vulnerados a los pequeños. La Ley Megan de Estados Unidos surge por el asesinato y violación de una niña cuyo caso conmocionó a toda la sociedad porque el violador había estado detenido, antes de este crimen, por haber atacado a otras menores.

En virtud de esa ley, la foto y datos de identidad de los violadores son puestos en una base pública de datos a la que cualquiera puede acceder, cuando ellos salen en libertad. Además es obligatorio que informen dónde van a vivir. La Policía se ocupa entonces de repartir su fotografía en el vecindario de su residencia. De esa manera se defienden los derechos de la comunidad y se crea un símbolo social de fuerte rechazo a esos individuos.

Cifras que avergüenzan

Según estadísticas oficiales, cada día mueren siete niños por actos violentos en el país y cada año un millón de menores es víctima de los delitos atroces de violación y explotación sexual, maltrato severo, secuestro o asesinato. En esta cifra no se cuentan otros abusos, por ejemplo, el de explotación laboral. Más de 200 mil niños fueron violados en 2006, 850 mil fueron golpeados en forma salvaje y hay registros sobre 25 mil que fueron vendidos como mercancía sexual, aunque la ocurrencia de casos similares no denunciados es inmensamente mayor. Por eso, los números sobre ataques de los adultos a los pequeños se quedan cortos y podrían ser apenas un pálido reflejo de la realidad si se considera que, debido al carácter de los delitos sexuales, éstos suelen cubrirse con un muro de silencio.

Nadie se hubiera percatado del infanticidio (172 crímenes) que cometió Luis Alfredo Garavito, de no ser porque él decidió confesarlo. Situación aún más delicada: cerca del 85% de los abusadores sexuales son familiares o conocidos de los niños y en el 70% de los eventos los delitos se cometen en la casa de habitación del menor. Los demás porcentajes no hablan bien de la sociedad: el 7% de los abusos sucede en la casa de habitación del agresor. El 4% en colegios y jardines infantiles. Otro 4% en el espacio público y el 9% en insólitos lugares. (Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Informe Especial sobre Violencia contra la Infancia 2006).

Referendo para castigar a los violadores

Un grupo de activistas y de funcionarios de alto nivel estatal trabaja para reformar la Constitución mediante un referendo en el que voten todos los colombianos, con el fin de que aprueben la pena de prisión perpetua para “los delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometidos en menores de 14 años y en menores de edad con discapacidad física y/o mental”.

Es una propuesta que busca proteger a 16 millones de niños, es decir, al 40% del total de la población, según está calculado por el DANE. En el comité promotor se encuentran el Procurador General, el Fiscal General, la directora de Bienestar Familiar, los directores de El Tiempo, la revista Semana, la revista Cambio y el noticiero CM&; los representantes David Luna y Simón Gaviria y la concejala de Bogotá, Gilma  Jiménez, entre otros.

La concejala Jiménez y su equipo recogieron 250 mil firmas que ya fueron entregadas, revisadas y avaladas por la Registraduría, lo que le otorga al comité el permiso oficial para que surta el segundo paso del referendo. Es decir, el de reunir en seis meses un millón y medio de firmas  que respalden la iniciativa. Jiménez se ha trazado la meta, sin embargo, de conseguir tres millones de rúbricas en tres meses y medio para entregarles en diciembre a los niños del país ese regalo de Navidad. Si lo logra, el Congreso tendrá que expedir una ley para convocar el referendo. El pueblo votaría en 2009.