"Me dijo: 'Padre, ¿qué necesita para que me ayude?'"

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Cuándo llegó a la región donde están los predios de Las Pavas y por qué?

Párroco Ubaldo Manuel Díaz.- A principios de 2008 llegué a reemplazar al párroco de Regidor, amenazado por las ‘Águilas Negras’.

C.O.T.- La condición de desplazadas de las 123 familias de Las Pavas no había sido puesta en duda hasta el presente, cuando el campesino Pedro Moreno declaró que eso era un montaje. ¿En qué época ocurrió el desplazamiento?

P.U.D.- Los campesinos han cultivado Las Pavas desde hace casi 17 años y por lo menos durante una década realizaron actos de posesión y uso de la tierra. Ellos vivían en esa hacienda que estaba abandonada desde la época en que murió Pablo Escobar (1993) y se desmanteló el cartel de Medellín. En 2003 llegó quien se presentaba como propietario: Jesús Emilio Escobar Fernández, de quien se dice que es pariente de Escobar Gaviria. En ese momento empezó la disputa actual entre el presunto propietario y sus posteriores compradores con los campesinos.

C.O.T.- ¿Ha habido presencia de narcotráfico y paramilitarismo o no la hubo, como dijo la Fiscalía?

P.U.D.- Sí ha habido mucha influencia del narcotráfico y del paramilitarismo. En el mismo año 2003, en que Escobar Fernández apareció, también se presentaron unos paramilitares que tenían su base en la isla Papayal, a 15 minutos de Las Pavas. Reunieron a la comunidad frente a la plaza, en la población de Buenos Aires, que es muy cercana a los predios. Era domingo y les dijeron que al día siguiente, lunes, no querían ver a nadie.

C.O.T.- ¿Quién estaba al mando de ese grupo paramilitar?

P.U.D.- Alias Rapidito o Raúl. Entonces los habitantes de Las Pavas se vieron obligados a salir. Un tiempo después, en 2004 y 2005, regresaron lentamente en vista de que la tierra quedó de nuevo abandonada. En 2006 ellos, reunidos en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), iniciaron ante el Incoder un proceso de extinción de dominio. Casi de inmediato se presentó otra vez Escobar Fernández con unos hombres armados que amenazaron de nuevo. Los campesinos salieron de Las Pavas en julio de ese año.

C.O.T.- ¿En qué momento aparecieron los palmeros que hoy reclaman la propiedad de Las Pavas?

P.U.D.- En 2007. Escobar Fernández le vendió (compraventa ilícita, según el artículo 72 de la Ley 160 de 1994) a un consorcio compuesto por Aportes San Isidro, de la familia palmera Macías, y C. I. Tequendama, de la familia Dávila Abondano. Los Macías y los Dávila aseguran que cuando compraron no vieron campesinos. Pero, ¿cómo los iban a ver si los paramilitares los habían sacado meses atrás?

C.O.T.- ¿El uso de la tierra por los palmeros sí se hizo efectivo?

P.U.D.- - No de manera permanente, porque se abrió el proceso de extinción y por una creciente enorme que inundó la zona.

C.O.T.- ¿Los campesinos regresaron?

P.U.D. – Sí. Cuando bajó la creciente en enero de 2009. Pero los palmeros interpusieron una querella ante una Inspección de Policía para desalojarlos. Aunque no podía ejecutar esa acción porque la competencia era de un juez, el inspector decretó el desalojo y los sacó. Un juez de San Martín de Loba sentenció que no había lugar a esa decisión. Y cuando el caso llegó a un juzgado de Mompox, éste les dio la razón a los palmeros.

C.O.T.- ¿Cuándo fue el desalojo?

P.U.D.- El 14 de julio de 2009 miembros del Ejército y de la Policía expulsaron a los campesinos. Ese día yo estaba allí con otros dos sacerdotes. Los campesinos no querían desalojar. Se atrincheraron en la casa de la hacienda mientras el Esmad iba entrando. Lo peligroso era que allí había niños, ancianos y mujeres. Nosotros los convencimos de que salieran.

C.O.T.- ¿Quiénes eran los otros dos sacerdotes?

P.U.D.- El padre Leonel Comas, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Magangué y el padre Rafael Gallego, director de los espacios humanitarios del Programa de Desarrollo y Paz.

C.O.T.- ¿Por qué ustedes quisieron estar presentes?

P.U.D.- Porque sabíamos que el desalojo iba a ser muy difícil, porque los campesinos no querían salir y deseábamos ser garantes de que la Fuerza Pública no fuera a maltratarlos. El inspector que vino a desalojarlos llegó con los palmeros. Eso no era tranquilizador.

C.O.T.- ¿Desalojaron?

P.U.D.- Sí. Si no hubiera habido muertos. Ellos retornaron al corregimiento de Buenos Aires, a 15 minutos de Las Pavas, hasta abril de este año, cuando decidieron retornar pacíficamente, luego de acudir a todas las instituciones para pedir medidas de protección.

C.O.T.- El regreso se decidió por una sentencia de la Corte Constitucional que les dio la razón.

P.U.D.- Sí. La Corte falló que se les violó el derecho al debido proceso cuando los desplazó el inspector.

C.O.T.- La decisión de la Fiscalía General, que anunció Viviane Morales basada en lo que resolvió una fiscal de Cartagena por la declaración del campesino Pedro Moreno, ¿contradice la sentencia de la Corte?

P.U.D.- Sí parece, porque la fiscal de Cartagena se refirió al desalojo como si este acto fuera legal y ya la Corte había sentenciado.

C.O.T.- Con la decisión de la Fiscalía, que acepta la teoría de que nunca hubo desplazamiento, quedó abierta la discusión de si los campesinos de Las Pavas son desplazados o si son desalojados. ¿Para usted qué son?

P.U.D.- Se les ajustan las dos denominaciones y no se puede excluir una de ellas sin desconocer la realidad. Ellos fueron desplazados en 1998, en 2003 y en 2006 cuando fueron sacados a la fuerza por narcotraficantes y paramilitares. Y fueron desalojados de los mismos predios en 2009 por los palmeros.

C.O.T.- ¿Cree que existe un hilo conductor entre los narcos, los paramilitares y los palmeros?

P.U.D.- Por lo menos los hechos están muy ligados. Hay ganaderos que utilizaron Las Pavas a finales de los 90, que habían sido asociados con Jesús Emilio Escobar y que después fueron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. Ellos, al parecer, siguieron haciendo negocios con los que hoy creen tener la legalidad de la propiedad de Las Pavas y de las tierras aledañas, enormes y cuyo precio es de alrededor de $6 mil millones. Y lo cierto es que los desplazamientos que han sufrido los campesinos han sido ejecutados por grupos armados. Todo parece conectarse.

C.O.T.- La fiscal general dijo que la comunidad está dividida porque no hay una asociación campesina sino dos. La segunda fue creada recientemente. ¿El testigo que dijo que en esas tierras no hubo sino desalojo pertenece a esa asociación?

P.U.D.- Sí. Las empresas palmeras crearon en julio de este año la asociación Nuevo Liderazgo Campesino. El vicepresidente de esa organización es precisamente Pedro Moreno, el campesino que atestiguó que no había existido desplazamiento, pese a que había declarado lo contrario en 2009.

C.O.T.- ¿Los integrantes de la nueva agrupación vivían en Las Pavas?

P.U.D.- Vivían en el corregimiento de Buenos Aires, que queda cerca. Pero no eran campesinos que trabajaban en esos predios. Son trabajadores de las palmeras. Pedro Moreno sí vivió allí.

C.O.T.- ¿Cómo surge Nuevo Liderazgo Campesino?

P.U.D.- Lo que se dice en la zona es que esa organización fue respaldada por los palmeros y por el Centro de Pensamiento Primero Colombia, que preside José Obdulio Gaviria. Curioso que un consorcio empresarial esté interesado en promover un sindicato campesino.

C.O.T.- ¿Cree que se trata de una falsa asociación campesina?

P.U.D.- Diría que quieren legalizar esa asociación alterna para que el Gobierno y la justicia tengan argumentos para dudar de cuál de los grupos tiene los derechos.

C.O.T.- Usted ha vivido este proceso hace varios años. ¿Le queda duda de que esta asociación haya sido creada con el propósito de confundir a los jueces y desvirtuar la restitución de tierras a las 123 familias de Las Pavas?

P.U.D.- No me queda ninguna duda. Estoy completamente seguro.

C.O.T.- ¿Conoció a Pedro Moreno antes de que se convirtiera en testigo a favor de los palmeros?

P.U.D.- No. Lo había visto algunas veces, pero sobre todo recuerdo que el día del desalojo de sus antiguos compañeros —los de la asociación de campesinos de Las Pavas— llegó con los palmeros a presenciar el operativo.

C.O.T.- ¿Dónde y cómo vive Pedro Moreno?

P.U.D.- Él ya no vive aquí. Trasladó su casa a Barranquilla desde cuando se ejecutó el desalojo. Continúa trabajando con los palmeros.

C.O.T.- ¿Sabe si Pedro Moreno tiene una calidad de vida superior a los habitantes de Las Pavas?

P.U.D.- Por lo menos todo el mundo lo dice en la región. Hay una historia que también cuentan: cuando se estaba realizando el desalojo, habría dicho que él no se iba a morir de hambre y que en Las Pavas no había futuro. El mismo Moreno informó que se iba a trabajar con los palmeros. Y demostró que era cierto. Tiene casa nueva, estudio para sus hijos y trabajo.

C.O.T.- ¿Es cierto que usted fue contactado para que convenciera a los reclamantes de Las Pavas de que desistieran?

P.U.D.- Es cierto.

C.O.T.- ¿Quiénes lo contactaron?

P.U.D.- Hubo tres ocasiones. En la primera, en 2008, Armando Villegas, gerente de una palmera que se llama Brisas que pertenece al consorcio y quien vive con una hija de la familia Macías, propietaria de esa organización, fue a mi casa a decirme que le ayudara a interactuar con ellos. “Dígame padre, ¿qué hay que hacer?”, me dijo. Le contesté que apenas estaba conociendo la zona. Después hubo otras dos reuniones en Magangué, con los Dávila y los Macías.

C.O.T.- ¿Con quiénes se reunieron los Dávila y los Macías?

P.U.D. - Con el obispo de Magangué y con tres sacerdotes, entre ellos yo. Monseñor nos dijo que había unos palmeros que querían hablar con nosotros. La última de las reuniones fue el 23 del octubre de 2010. Asistieron, además de nosotros, Alfonso Dávila del grupo Daabon y de la palmera C. I. Tequendama. El vicepresidente de Daabon, Germán Zapata Hurtado; Édgar Polo, quien fungía como experto en resolución de conflictos de Daabon; una trabajadora social, y del otro grupo, José Macías, padre e hijo.

C.O.T.- ¿Por qué se reunieron ustedes con los palmeros?

P.U.D.- Los sacerdotes hemos estado presentes en la región y monseñor Leonardo Gómez Serna, obispo de Magangué, es un hombre muy dado al diálogo. Él quería que ayudáramos a buscar una solución al conflicto social. Pero no tuvimos eco.

C.O.T.- ¿Alfonso Dávila Abondano habló con usted después de la reunión para insinuarle algo?

P.U.D.- Sí. Él me llamó aparte y me dijo que a mí me escuchaba la comunidad y que por eso quería hablar conmigo. Después me contó que tenía una fundación de niños especiales en Barranquilla. Y me dijo: “Padre, ¿qué necesita para que me ayude con los campesinos?”. Le contesté que lo que quería él no me lo podía dar. Me abrió los ojos y me preguntó qué deseaba. “Quiero justicia”, le respondí. Desde ese momento se rompió toda relación con él.

C.O.T.- ¿Ha sido amenazado desde cuando llegó a esa región?

P.U.D.- Amenazado no, pero sí he tenido mucha presión.

C.O.T.- Usted sale pronto de la zona. ¿Logró algún avance en el proceso de restitución de tierras para los que han habitado Las Pavas o todo queda igual?

P.U.D.- No lo sé bien. Puede desarrollarse la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y ese sería el marco ideal. Pero en los últimos días he estado pensando que el objetivo de bloquear el proceso de Las Pavas no es el de atacar directamente a quienes reclaman la posesión de esos predios. Es el de atacar la Ley de Víctimas. Si es así, la situación de los campesinos puede ser peor.

Entre los ricos “propietarios” y la posesión de los campesinos

Las Pavas son unos predios de gran fertilidad agrícola ubicados en el sur de Bolívar. Están entre el municipio de Regidor, de donde es párroco el padre Ubaldo Manuel Díaz entrevistado hoy por El Espectador, y El Peñón. Son alrededor de 2.000 hectáreas que fueron parceladas por los colonos en los años 50 hasta cuando llegó una ganadería Omega, hacia los años 70. En los 80, en pleno auge del fenómeno de los carteles del narcotráfico, apareció un presunto dueño de las tierras que las habría negociado con Omega. Se trata de Jesús Emilio Escobar Fernández, de quien se ha dicho que es pariente de Pablo Escobar. Con la desaparición del capo, el “propietario” de Las Pavas las abandonó durante una década. En ese período los actuales reclamantes de su posesión, 123 familias, habitaron allí y usufructuaron. La Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), compuesta por ellas, ha sufrido desplazamientos forzados por grupos narcoparamilitares y un desalojo que fue calificado por la Corte Constitucional como ilegal, pero al que la Fiscalía le dio, sorpresivamente, nueva vida jurídica en días pasados. El más reciente supuesto dueño de Las Pavas es un consorcio de palmeras de dos ricas familias: los Macías y los Dávila Abondano.

Sitiados por el hambre

Cecilia Orozco.- ¿Como parte del conflicto de propiedad o posesión de Las Pavas entre ricos palmeros y 123 familias campesinas ha llegado a haber hasta un “bloqueo alimentario”?

Padre Ubaldo.- Es cierto. Bloquearon la llegada a Las Pavas de la comida que enviaba el Programa Mundial de Alimentos (PMA), cuando la zona se inundó durante un fuerte invierno en 2008. Lo que sucedió allí fue una bofetada a la comunidad internacional y la crisis alimentaria fue tremenda.

C.O.- ¿Cómo se ejecutó el bloqueo?

P.U.- Cuando iban a llevar los alimentos del municipio de Regidor hacia Las Pavas, los campesinos contrataron a un muchacho de la zona que manejaba un tractor para que transportara la comida. Al día siguiente, ese conductor que trabajaba con las palmeras fue despedido. ¿El motivo? Haber ayudado a llevar los alimentos hasta Las Pavas. El conflicto de esas tierras ha roto las relaciones de la comunidad y hasta las familiares. Hoy si un vehículo viene hacia Regidor desde la hacienda, el chofer tiene prohibido recoger a uno de los campesinos a los que despectivamente llaman “cambucheros”. El que transporte a alguien de Las Pavas es despedido.

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Cuándo llegó a la región donde están los predios de Las Pavas y por qué?

Párroco Ubaldo Manuel Díaz.- A principios de 2008 llegué a reemplazar al párroco de Regidor, amenazado por las ‘Águilas Negras’.

C.O.T.- La condición de desplazadas de las 123 familias de Las Pavas no había sido puesta en duda hasta el presente, cuando el campesino Pedro Moreno declaró que eso era un montaje. ¿En qué época ocurrió el desplazamiento?

P.U.D.- Los campesinos han cultivado Las Pavas desde hace casi 17 años y por lo menos durante una década realizaron actos de posesión y uso de la tierra. Ellos vivían en esa hacienda que estaba abandonada desde la época en que murió Pablo Escobar (1993) y se desmanteló el cartel de Medellín. En 2003 llegó quien se presentaba como propietario: Jesús Emilio Escobar Fernández, de quien se dice que es pariente de Escobar Gaviria. En ese momento empezó la disputa actual entre el presunto propietario y sus posteriores compradores con los campesinos.

C.O.T.- ¿Ha habido presencia de narcotráfico y paramilitarismo o no la hubo, como dijo la Fiscalía?

P.U.D.- Sí ha habido mucha influencia del narcotráfico y del paramilitarismo. En el mismo año 2003, en que Escobar Fernández apareció, también se presentaron unos paramilitares que tenían su base en la isla Papayal, a 15 minutos de Las Pavas. Reunieron a la comunidad frente a la plaza, en la población de Buenos Aires, que es muy cercana a los predios. Era domingo y les dijeron que al día siguiente, lunes, no querían ver a nadie.

C.O.T.- ¿Quién estaba al mando de ese grupo paramilitar?

P.U.D.- Alias Rapidito o Raúl. Entonces los habitantes de Las Pavas se vieron obligados a salir. Un tiempo después, en 2004 y 2005, regresaron lentamente en vista de que la tierra quedó de nuevo abandonada. En 2006 ellos, reunidos en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), iniciaron ante el Incoder un proceso de extinción de dominio. Casi de inmediato se presentó otra vez Escobar Fernández con unos hombres armados que amenazaron de nuevo. Los campesinos salieron de Las Pavas en julio de ese año.

C.O.T.- ¿En qué momento aparecieron los palmeros que hoy reclaman la propiedad de Las Pavas?

P.U.D.- En 2007. Escobar Fernández le vendió (compraventa ilícita, según el artículo 72 de la Ley 160 de 1994) a un consorcio compuesto por Aportes San Isidro, de la familia palmera Macías, y C. I. Tequendama, de la familia Dávila Abondano. Los Macías y los Dávila aseguran que cuando compraron no vieron campesinos. Pero, ¿cómo los iban a ver si los paramilitares los habían sacado meses atrás?

C.O.T.- ¿El uso de la tierra por los palmeros sí se hizo efectivo?

P.U.D.- - No de manera permanente, porque se abrió el proceso de extinción y por una creciente enorme que inundó la zona.

C.O.T.- ¿Los campesinos regresaron?

P.U.D. – Sí. Cuando bajó la creciente en enero de 2009. Pero los palmeros interpusieron una querella ante una Inspección de Policía para desalojarlos. Aunque no podía ejecutar esa acción porque la competencia era de un juez, el inspector decretó el desalojo y los sacó. Un juez de San Martín de Loba sentenció que no había lugar a esa decisión. Y cuando el caso llegó a un juzgado de Mompox, éste les dio la razón a los palmeros.

C.O.T.- ¿Cuándo fue el desalojo?

P.U.D.- El 14 de julio de 2009 miembros del Ejército y de la Policía expulsaron a los campesinos. Ese día yo estaba allí con otros dos sacerdotes. Los campesinos no querían desalojar. Se atrincheraron en la casa de la hacienda mientras el Esmad iba entrando. Lo peligroso era que allí había niños, ancianos y mujeres. Nosotros los convencimos de que salieran.

C.O.T.- ¿Quiénes eran los otros dos sacerdotes?

P.U.D.- El padre Leonel Comas, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Magangué y el padre Rafael Gallego, director de los espacios humanitarios del Programa de Desarrollo y Paz.

C.O.T.- ¿Por qué ustedes quisieron estar presentes?

P.U.D.- Porque sabíamos que el desalojo iba a ser muy difícil, porque los campesinos no querían salir y deseábamos ser garantes de que la Fuerza Pública no fuera a maltratarlos. El inspector que vino a desalojarlos llegó con los palmeros. Eso no era tranquilizador.

C.O.T.- ¿Desalojaron?

P.U.D.- Sí. Si no hubiera habido muertos. Ellos retornaron al corregimiento de Buenos Aires, a 15 minutos de Las Pavas, hasta abril de este año, cuando decidieron retornar pacíficamente, luego de acudir a todas las instituciones para pedir medidas de protección.

C.O.T.- El regreso se decidió por una sentencia de la Corte Constitucional que les dio la razón.

P.U.D.- Sí. La Corte falló que se les violó el derecho al debido proceso cuando los desplazó el inspector.

C.O.T.- La decisión de la Fiscalía General, que anunció Viviane Morales basada en lo que resolvió una fiscal de Cartagena por la declaración del campesino Pedro Moreno, ¿contradice la sentencia de la Corte?

P.U.D.- Sí parece, porque la fiscal de Cartagena se refirió al desalojo como si este acto fuera legal y ya la Corte había sentenciado.

C.O.T.- Con la decisión de la Fiscalía, que acepta la teoría de que nunca hubo desplazamiento, quedó abierta la discusión de si los campesinos de Las Pavas son desplazados o si son desalojados. ¿Para usted qué son?

P.U.D.- Se les ajustan las dos denominaciones y no se puede excluir una de ellas sin desconocer la realidad. Ellos fueron desplazados en 1998, en 2003 y en 2006 cuando fueron sacados a la fuerza por narcotraficantes y paramilitares. Y fueron desalojados de los mismos predios en 2009 por los palmeros.

C.O.T.- ¿Cree que existe un hilo conductor entre los narcos, los paramilitares y los palmeros?

P.U.D.- Por lo menos los hechos están muy ligados. Hay ganaderos que utilizaron Las Pavas a finales de los 90, que habían sido asociados con Jesús Emilio Escobar y que después fueron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. Ellos, al parecer, siguieron haciendo negocios con los que hoy creen tener la legalidad de la propiedad de Las Pavas y de las tierras aledañas, enormes y cuyo precio es de alrededor de $6 mil millones. Y lo cierto es que los desplazamientos que han sufrido los campesinos han sido ejecutados por grupos armados. Todo parece conectarse.

C.O.T.- La fiscal general dijo que la comunidad está dividida porque no hay una asociación campesina sino dos. La segunda fue creada recientemente. ¿El testigo que dijo que en esas tierras no hubo sino desalojo pertenece a esa asociación?

P.U.D.- Sí. Las empresas palmeras crearon en julio de este año la asociación Nuevo Liderazgo Campesino. El vicepresidente de esa organización es precisamente Pedro Moreno, el campesino que atestiguó que no había existido desplazamiento, pese a que había declarado lo contrario en 2009.

C.O.T.- ¿Los integrantes de la nueva agrupación vivían en Las Pavas?

P.U.D.- Vivían en el corregimiento de Buenos Aires, que queda cerca. Pero no eran campesinos que trabajaban en esos predios. Son trabajadores de las palmeras. Pedro Moreno sí vivió allí.

C.O.T.- ¿Cómo surge Nuevo Liderazgo Campesino?

P.U.D.- Lo que se dice en la zona es que esa organización fue respaldada por los palmeros y por el Centro de Pensamiento Primero Colombia, que preside José Obdulio Gaviria. Curioso que un consorcio empresarial esté interesado en promover un sindicato campesino.

C.O.T.- ¿Cree que se trata de una falsa asociación campesina?

P.U.D.- Diría que quieren legalizar esa asociación alterna para que el Gobierno y la justicia tengan argumentos para dudar de cuál de los grupos tiene los derechos.

C.O.T.- Usted ha vivido este proceso hace varios años. ¿Le queda duda de que esta asociación haya sido creada con el propósito de confundir a los jueces y desvirtuar la restitución de tierras a las 123 familias de Las Pavas?

P.U.D.- No me queda ninguna duda. Estoy completamente seguro.

C.O.T.- ¿Conoció a Pedro Moreno antes de que se convirtiera en testigo a favor de los palmeros?

P.U.D.- No. Lo había visto algunas veces, pero sobre todo recuerdo que el día del desalojo de sus antiguos compañeros —los de la asociación de campesinos de Las Pavas— llegó con los palmeros a presenciar el operativo.

C.O.T.- ¿Dónde y cómo vive Pedro Moreno?

P.U.D.- Él ya no vive aquí. Trasladó su casa a Barranquilla desde cuando se ejecutó el desalojo. Continúa trabajando con los palmeros.

C.O.T.- ¿Sabe si Pedro Moreno tiene una calidad de vida superior a los habitantes de Las Pavas?

P.U.D.- Por lo menos todo el mundo lo dice en la región. Hay una historia que también cuentan: cuando se estaba realizando el desalojo, habría dicho que él no se iba a morir de hambre y que en Las Pavas no había futuro. El mismo Moreno informó que se iba a trabajar con los palmeros. Y demostró que era cierto. Tiene casa nueva, estudio para sus hijos y trabajo.

C.O.T.- ¿Es cierto que usted fue contactado para que convenciera a los reclamantes de Las Pavas de que desistieran?

P.U.D.- Es cierto.

C.O.T.- ¿Quiénes lo contactaron?

P.U.D.- Hubo tres ocasiones. En la primera, en 2008, Armando Villegas, gerente de una palmera que se llama Brisas que pertenece al consorcio y quien vive con una hija de la familia Macías, propietaria de esa organización, fue a mi casa a decirme que le ayudara a interactuar con ellos. “Dígame padre, ¿qué hay que hacer?”, me dijo. Le contesté que apenas estaba conociendo la zona. Después hubo otras dos reuniones en Magangué, con los Dávila y los Macías.

C.O.T.- ¿Con quiénes se reunieron los Dávila y los Macías?

P.U.D. - Con el obispo de Magangué y con tres sacerdotes, entre ellos yo. Monseñor nos dijo que había unos palmeros que querían hablar con nosotros. La última de las reuniones fue el 23 del octubre de 2010. Asistieron, además de nosotros, Alfonso Dávila del grupo Daabon y de la palmera C. I. Tequendama. El vicepresidente de Daabon, Germán Zapata Hurtado; Édgar Polo, quien fungía como experto en resolución de conflictos de Daabon; una trabajadora social, y del otro grupo, José Macías, padre e hijo.

C.O.T.- ¿Por qué se reunieron ustedes con los palmeros?

P.U.D.- Los sacerdotes hemos estado presentes en la región y monseñor Leonardo Gómez Serna, obispo de Magangué, es un hombre muy dado al diálogo. Él quería que ayudáramos a buscar una solución al conflicto social. Pero no tuvimos eco.

C.O.T.- ¿Alfonso Dávila Abondano habló con usted después de la reunión para insinuarle algo?

P.U.D.- Sí. Él me llamó aparte y me dijo que a mí me escuchaba la comunidad y que por eso quería hablar conmigo. Después me contó que tenía una fundación de niños especiales en Barranquilla. Y me dijo: “Padre, ¿qué necesita para que me ayude con los campesinos?”. Le contesté que lo que quería él no me lo podía dar. Me abrió los ojos y me preguntó qué deseaba. “Quiero justicia”, le respondí. Desde ese momento se rompió toda relación con él.

C.O.T.- ¿Ha sido amenazado desde cuando llegó a esa región?

P.U.D.- Amenazado no, pero sí he tenido mucha presión.

C.O.T.- Usted sale pronto de la zona. ¿Logró algún avance en el proceso de restitución de tierras para los que han habitado Las Pavas o todo queda igual?

P.U.D.- No lo sé bien. Puede desarrollarse la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y ese sería el marco ideal. Pero en los últimos días he estado pensando que el objetivo de bloquear el proceso de Las Pavas no es el de atacar directamente a quienes reclaman la posesión de esos predios. Es el de atacar la Ley de Víctimas. Si es así, la situación de los campesinos puede ser peor.

Entre los ricos “propietarios” y la posesión de los campesinos

Las Pavas son unos predios de gran fertilidad agrícola ubicados en el sur de Bolívar. Están entre el municipio de Regidor, de donde es párroco el padre Ubaldo Manuel Díaz entrevistado hoy por El Espectador, y El Peñón. Son alrededor de 2.000 hectáreas que fueron parceladas por los colonos en los años 50 hasta cuando llegó una ganadería Omega, hacia los años 70. En los 80, en pleno auge del fenómeno de los carteles del narcotráfico, apareció un presunto dueño de las tierras que las habría negociado con Omega. Se trata de Jesús Emilio Escobar Fernández, de quien se ha dicho que es pariente de Pablo Escobar. Con la desaparición del capo, el “propietario” de Las Pavas las abandonó durante una década. En ese período los actuales reclamantes de su posesión, 123 familias, habitaron allí y usufructuaron. La Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), compuesta por ellas, ha sufrido desplazamientos forzados por grupos narcoparamilitares y un desalojo que fue calificado por la Corte Constitucional como ilegal, pero al que la Fiscalía le dio, sorpresivamente, nueva vida jurídica en días pasados. El más reciente supuesto dueño de Las Pavas es un consorcio de palmeras de dos ricas familias: los Macías y los Dávila Abondano.

Sitiados por el hambre

Cecilia Orozco.- ¿Como parte del conflicto de propiedad o posesión de Las Pavas entre ricos palmeros y 123 familias campesinas ha llegado a haber hasta un “bloqueo alimentario”?

Padre Ubaldo.- Es cierto. Bloquearon la llegada a Las Pavas de la comida que enviaba el Programa Mundial de Alimentos (PMA), cuando la zona se inundó durante un fuerte invierno en 2008. Lo que sucedió allí fue una bofetada a la comunidad internacional y la crisis alimentaria fue tremenda.

C.O.- ¿Cómo se ejecutó el bloqueo?

P.U.- Cuando iban a llevar los alimentos del municipio de Regidor hacia Las Pavas, los campesinos contrataron a un muchacho de la zona que manejaba un tractor para que transportara la comida. Al día siguiente, ese conductor que trabajaba con las palmeras fue despedido. ¿El motivo? Haber ayudado a llevar los alimentos hasta Las Pavas. El conflicto de esas tierras ha roto las relaciones de la comunidad y hasta las familiares. Hoy si un vehículo viene hacia Regidor desde la hacienda, el chofer tiene prohibido recoger a uno de los campesinos a los que despectivamente llaman “cambucheros”. El que transporte a alguien de Las Pavas es despedido.