“Uno se defiende como inocente, no como culpable”

Jaime Granados figura en la prensa con frecuencia por ser abogado de pleitos famosos, aunque impopulares. Recientemente ha representado a tres políticos indagados por sus presuntos pactos con jefes paramilitares: al senador Luis Eduardo Vives, del Magdalena; al ex senador Luis Carlos Torres, del Meta, y al ex gobernador de Sucre, Miguel Nule Amín. Como si ya no tuviera suficiente con ese fardo jurídico, Granados también defiende ante la Comisión de Acusación al controvertido ex fiscal general Luis Camilo Osorio, quien tiene pendientes varias denuncias en su contra por acciones y omisiones en investigaciones que, de nuevo, tienen que ver de alguna manera con el fenómeno del paramilitarismo.

El propio Granados ha estado en la mira de ciertos comentaristas, sobre todo durante el paso por la Fiscalía de Osorio, porque supuestamente influía demasiado en la entidad investigadora. En las últimas semanas también se le ha mencionado por su cinematográfica renuncia a representar a Vives Lacouture en plena audiencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, según dijo, “por falta de garantías” de esa corporación judicial.

Hace poco el penalista regresó de Washington, adonde viajó para tomar una vía hasta ahora mencionada, pero no materializada por los abogados de los parapolíticos: la de las cortes internacionales. En concreto, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA con jurisdicción en los países del continente. Allí solicitó medidas cautelares “para prevenir la consumación de la violación del debido proceso” en el caso del senador Vives.

Adujo tres razones: una, que la Corte viola el principio de imparcialidad, porque actúa en forma simultánea como acusadora y como juez. Dos, que no existe el recurso de apelación en caso de condena. Tres, que no se le ha permitido incluir testigos favorables y que tampoco ha podido interrogar a los testigos contrarios.

Granados no se limitó a ir a la Comisión Interamericana. Visitó también organizaciones no gubernamentales tan críticas de la conducta de paramilitares y parapolíticos como la estricta Human Rights Watch, y a periodistas norteamericanos. Sin duda, su argumentación en defensa de quienes son sospechosos de haberse aliado con grupos de genocidas tuvo que despertar prevención. La misma que seguramente existe entre los miembros de la Comisión, lo que obligará a éstos a analizar detenidamente la solicitud del abogado, antes de tomar posición. Ellos no ignoran que su respuesta significará un respaldo o un rechazo a la forma como la prestigiosa Corte Suprema de Colombia adelanta las investigaciones y, en consecuencia, las

Cecilia Orozco Tascón.- ¿Por qué decidió acudir al escenario internacional?

Jaime Granados.- Porque se agotaron todas las instancias en el país. En diferentes momentos presenté tres acciones de tutela, pero ni la Sala Civil de la Corte Suprema, ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni la Corte Constitucional, accedieron a ellas. No existe otro tribunal donde se pueda plantear en Colombia la protección de los derechos. La Comisión Interamericana es entonces la vía para lograr que se haga justicia.

C.O.T.- Si ningún tribunal nacional les concedió la tutela ¿Eso no indicaría precisamente que ustedes no tienen la razón?

J.G.- Lo que esa situación indica es que no existe en Colombia un tribunal con el suficiente carácter para enfrentar a la Corte Suprema en este proceso, por miedo a que se le vea como favorecedor de una tesis contraria a la que defienden los magistrados de la Sala Penal. Por eso no quieren pagar el costo de opinión que significa actuar en derecho. Las normas internacionales en materia de derechos humanos prevalecen sobre las normas internas del país y lo que han dicho los tribunales aquí, concretamente el Consejo Superior de la Judicatura e implícitamente la Corte Constitucional al no querer revisar la tutela, es lo contrario. O sea que prevalecen las normas del derecho interno, algo que no se puede sostener en ningún escenario.

C.O.T.- Uno de sus argumentos contra la Corte es que no hay recurso de apelación ¿Por qué solo ahora con el proceso de la parapolítica se preocupan los abogados por la segunda instancia? Esa posición parece oportunista y una salida a la crisis.

J.G.- En mi caso no hay actitudes oportunistas y le voy a explicar por qué. En la propuesta de reforma constitucional presentada por el gobierno en 2002, que fue elaborada por una comisión preparatoria de la cual formé parte, figuraba claramente la introducción de la segunda instancia para los procesos contra los congresistas. También se proponía la garantía de un tribunal independiente mediante la separación de las funciones de acusación y juzgamiento: un órgano acusaba —Fiscalía General— y el otro juzgaba —Sala Penal de la Corte—. Ese proyecto quedó radicado en el Congreso y fue aprobado en primera vuelta. En la segunda vuelta, y por presión de la propia Corte a través de algunos de sus magistrados, el Congreso retiró la parte pertinente y sólo se aprobó lo relacionado con el sistema acusatorio. Como ve, mi posición ha sido clara durante estos seis años.

C.O.T.- ¿Por qué dice que la Corte presionó al Congreso para que no aprobaran la reforma?

J.G.- Habría que revisar los antecedentes escritos en el Congreso para verificar que efectivamente se retiró esa parte de la reforma, porque la Corte consideró que no era oportuna. No es sino preguntarse quiénes eran los que salían afectados con que se cambiaran las reglas de juego. Dos más dos son cuatro.

C.O.T.- ¿Cuáles fueron los magistrados que presionaron al Congreso?

J.G.- Yo no estaba presente cuando los congresistas recibieron los mensajes de los magistrados. Pero sí estuve en el momento en que los parlamentarios manifestaron que la Corte no consideraba conveniente esa modificación. No se trata de una especulación: el hecho es que hubo una aprobación y luego, misteriosamente, esa parte desapareció del trámite.

C.O.T.- Regresando al caso del senador Vives, su solicitud podría entenderse como una forma de evadir la justicia en el país ¿No le preocupa esa interpretación?

J.G.- No, porque el senador Vives ha afrontado el proceso en Colombia desde el principio, o sea desde mayo de 2006. Él pidió que se le recibiera versión libre; siempre compareció ante la Corte y se entregó al CTI de la Fiscalía cuando se enteró de que había una orden de captura en su contra. Pero en cambio no ha tenido posibilidades reales de ejercer su defensa.

C.O.T.- Supongamos que la Comisión Interamericana emite concepto favorable en este caso particular. Ese hecho terminaría siendo una especie de descalificación al proceso de la parapolítica en Colombia. ¿Eso es lo que ustedes pretenden en el fondo?

J.G.- No. No estoy en contra de lo que se ha llamado el proceso de la parapolítica. Me parece bien que se haga justicia y por eso jamás podría estar en contra de que se averiguara la verdad. Pero lo que sí no se puede aceptar es

que la Corte, para sacar adelante el proceso, viole los derechos humanos. Y eso es lo que ha hecho, al menos en el caso del senador Vives.

C.O.T.- Usted renunció a ser el defensor de Vives ante la Corte. ¿Por qué actúa a nombre de él en el campo internacional?

J.G.- Porque mi renuncia no estuvo motivada por una diferencia de criterios con él. Todo lo contrario. De común acuerdo con el senador opté por renunciar a su defensa ante la Corte como un mecanismo de rechazo ante la injusticia de ese tribunal.

C.O.T.- Del otro lado, si el senador Vives y usted mismo están tan seguros de que no tienen garantías en la Corte, ¿por qué él no renuncia a su investidura y así logra la doble instancia de una vez?

J.G.- La posición del senador Vives ha sido la misma y no ha variado. Él piensa que no tiene por qué renunciar, porque no ha cometido ninguna falta. Renunciar para defenderse sería reconocer implícitamente que ha actuado mal; o al menos, que podría ser castigado por algo que no ha hecho. Él tiene derecho a defenderse como senador hasta que pierda la investidura. Respeto a las personas que han optado por esa vía, pero uno se defiende como inocente, no como culpable.

C.O.T.- La gente quiere ver actuar a la justicia ante los de ruana y ante los que no son de ruana. ¿Su decisión de salir al escenario internacional no será un paso en falso?

J.G.- En absoluto. Plantear la violación a los derechos humanos en un escenario válido internacional jamás puede ser visto como un paso en falso. Mi solicitud ante la Comisión Interamericana tampoco puede interpretarse como un ataque a una institución tan importante como la Corte. Hay que entender que el rol de un abogado defensor es luchar con los instrumentos que el derecho pone a su disposición para que se haga justicia.

C.O.T.- Lo que usted hizo en defensa del senador Vives se asimila a la actitud de Mario Uribe cuando buscó asilo político en la Embajada de Costa Rica. ¿Le preocupa el rechazo que despertó la actitud de Uribe?

J.G.- Hace unos años Costa Rica le dio asilo político al ex ministro Álvaro Leyva en un proceso por enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico, durante la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez. Entonces, ¿por qué está mal que Mario Uribe hubiera querido pedirle asilo al gobierno de ese mismo país?

C.O.T.- Los países son soberanos y me imagino que toman sus decisiones con fundamentos.

J.G.- Sí, pero llama la atención que a Costa Rica le hubiera parecido bien concederle asilo a quien públicamente se le conocían sus buenas relaciones con las Farc para temas humanitarios. Y que en cambio se lo negara a Mario Uribe frente a un proceso que tiene muchas menos garantías que las que tenía Leyva en su momento. Lo que quiero decir es que no resulta tan exótico ni fuera de lugar lo que trató de hacer el ex senador, pues su actitud tenía un precedente.

C.O.T.- No olvide que en el caso de Mario Uribe hubo un engaño porque cuando la Fiscalía le dio la opción de

entregarse, él, en vez de hacerlo, se fue para una embajada. ¿No cree que este tipo de actitudes son las que llevan a la Corte a dictar órdenes de captura para garantizar la comparecencia de los investigados ante la justicia?

J.G.- Me parece desafortunado que se dicten órdenes de captura desde el comienzo, especialmente para rendir indagatoria, porque se priva al investigado del derecho de defensa. Aquí tenemos que acostumbrarnos a que las personas ejerzan sus derechos y acudan a las instancias nacionales o internacionales. Lo normal en un sistema democrático es que haya controversia y que si alguien triunfe, lo haga en franca lid.

C.O.T.- Parece extraño que Mario Uribe aduzca que no tiene garantías en Colombia siendo el primo del Presidente más poderoso de las últimas décadas.

J.G.- Aprecio y respeto al ex congresista Uribe y me considero su amigo. Aunque no soy su defensor y no conozco las pruebas, le puedo decir que el hecho de que él sea primo del Presidente no lo hace inmune a la persecución de un órgano cualquiera del Estado. Todo lo contrario. Pareciera que ser cercano al primer mandatario es una motivación para ser procesado. En ese sentido, estoy seguro de que la investigación en la Fiscalía contra Mario Uribe sería diferente si hubiera estado ajena a las presiones de la Corte Suprema. Es muy difícil para la Fiscalía separarse del criterio de la Corte, cuando públicamente ésta ha venido exigiéndole resultados en las investigaciones. Esa es una forma de invadir la autonomía del ente acusador. Como principio, esas intromisiones no son sanas para la recta administración de justicia.

C.O.T.- En consecuencia, también tendrá que estar de acuerdo en que el Presidente no debe invadir los terrenos de la Corte, ni mucho menos sugerir parcialidad de ese tribunal cuando no le gustan las decisiones que toma.

J.G.- Nadie puede presionar a la Corte, ni a la Fiscalía, ni a ningún juez.

C.O.T.- Sin embargo, usted sugiere que la Corte Suprema persigue a los congresistas y eso suena a algo más que presión.

J.G.- Cada quien tiene que responder por sus actos. La Corte también tendrá que hacerlo. Uno aspiraría a que este proceso se haga conforme a los máximos postulados jurídicos para que mañana no parezca que lo que hubo fue una motivación política de lograr en los tribunales lo que no se consiguió en las urnas.

C.O.T.- ¿Está de acuerdo con una ley general de punto final?

J.G.- No en temas que involucren graves violaciones de derechos humanos.

C.O.T.- ¿Y en otros casos, por ejemplo en pactos electorales con grupos al margen de la ley?

J.G.- Las leyes de punto final tienen el grave inconveniente de ocultar para la historia la verdad. Uno de los cometidos principales del proceso penal es el de establecer la verdad histórica, no se podría defender una tesis que implicara su ocultamiento.