Usted está peleando jurídicamente una de las dos curules a la Cámara de Representantes, asignadas a las negritudes. Siete meses después de las elecciones y tres de la posesión de los congresistas, ese pleito no se resuelve. ¿Por qué persiste en ponerles obstáculos jurídicos a quienes le ganaron con mayoría de votos (María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco Vicuña)?
No se trata de obstáculos, sino de legítimos recursos jurídicos en defensa de los derechos de mi colectividad y de los intereses de quienes sí pertenecemos a las comunidades negras. Las personas que se presentaron para las curules de la población afrodescendiente no son de nuestra etnia, no comparten nuestra cultura, cosmovisión o tradiciones. Es decir, usurparon nuestros dos puestos en el Congreso, las curules que la Constitución nos asignó.
¿Por qué afirma que Bustamante y Orozco no representan a la comunidad negra? ¿Por el color de la piel?
Ese es un factor, pero no es el único ni el más importante. Lo relevante es que ellos no tienen identidad con nuestra población y que jamás han liderado una política pública que favorezca a los ciudadanos afros. Basta revisar las actividades de Bustamante como concejal de Cartagena o su precario programa cuando fue candidata a la Alcaldía de esa ciudad. En ninguna parte mencionó a la colectividad. El caso de Orozco Vicuña es similar: cuando fue candidato a la Alcaldía de Yumbo o en sus otras actuaciones políticas, jamás se preocupó por los problemas de la etnia.
Y usted, ¿qué ha hecho para reclamar la representación de las negritudes?
Yo sí he estado conectado siempre con mi comunidad. En mi adolescencia fui personero estudiantil del Liceo Nacional Max Seidel, de Tumaco. Allí les hablaba a mis compañeros de temas relacionados con la Ley 70, que garantiza nuestros derechos. Más tarde estudié derecho en la Universidad de Nariño, en donde tuve la oportunidad de ser representante universitario, y de ir a Venezuela, Costa Rica y Honduras para participar en eventos relacionados con las negritudes. Actualmente formó parte del movimiento Poder Ciudadano, que lidera Piedad Córdoba, a quien conozco desde mi adolescencia. Y me presenté a las elecciones de marzo obteniendo el cuarto lugar en votación. Si Bustamante y Orozco carecen de legitimidad de representación, como estamos demostrando, yo ocuparía una de las dos curules de las negritudes.
Y, ¿quién ocuparía la otra curul?
El excongresista Heriberto Arrechea.
Él no ha sido aliado del condenado parapolítico Juan Carlos Martínez en el Valle del Cauca?
He oído que sí han tenido relación política, pero le aclaro que ni yo ni Poder Ciudadano, el movimiento que avaló mi candidatura, tenemos nada que ver con ellos dos ni con sus actividades.
Se dice que Juan Carlos Martínez, culpable de concierto para delinquir e investigado por presunto intento de fraude electoral, ganaría con cara (Orozco Vicuña, hasta ahora el ganador de una curul) y con sello (Arrechea, quien llegaría a reemplazar a Orozco). ¿Qué sabe usted al respecto?
Sé que el aliado actual de Martínez Sinisterra es Arrechea. Moisés Orozco podría representar intereses de sectores muy cuestionados en el Valle del Cauca, y varios medios han dicho que él fue abogado de los hermanos narcotraficantes Calle Serna (los Comba).
En cuanto a Socorro Bustamante, se ha repetido públicamente que ha trabajado con alias la ‘Gata’. ¿Es cierto, según lo que usted conoce?
Bustamante perteneció a Cambio Radical, pero ese partido le retiró el aval en 2013 con el argumento de que Enilce López (la Gata) participó activamente en sus reuniones políticas pasadas. Es lo que puedo afirmar.
El político que parece dominar las dos curules en cuestión y otras más es el polémico representante Yahir Acuña, a quien también se le atribuye cercanía con la ‘Gata’ y con otros parapolíticos condenados como Salvador Arana. ¿Es verdad que Acuña incidió en que la Fundación Ébano (Funeco), una organización regional de Sucre, les diera el aval a Bustamante y Orozco para presentarse a nombre de las negritudes?
En Sucre, departamento de origen de Acuña, se conoce la estrecha relación de él con Érika Zabala, representante legal de Funeco, y con Alexi Cassiani, uno de los fundadores de ese movimiento. También es público el activismo de Acuña en el Congreso, por ejemplo, repartiendo y haciendo propaganda con otros congresistas a favor de Bustamante y Orozco. Adicionalmente, en el Capitolio se sabe que entre la senadora cartagenera Daira Galvis (de Cambio Radical y exapoderada de la Gata) y Yahir Acuña elaboraron la lista de los candidatos a las curules de las negritudes, obviamente con intereses que nada tienen que ver con la población afro.
Los numerosos movimientos negros se prestan a confusión. ¿Qué tiene que ver Acuña con otra organización que se llama Afrovides?
Funeco es la organización de Sucre que avaló en esta elección a Bustamente y Orozco, como le dije. Afrovides es otro movimiento que avaló a Yahir Acuña en su candidatura a la Cámara en el año 2010. Acuña tuvo después discrepancias con el representante legal de Afrovides y de ahí surgió una división entre ellos. Este año Acuña se presentó a la Cámara con el aval de un tercer movimiento denominado Cien por Ciento por Colombia.
¿Cuántos votos logró obtener Cien por Ciento por Colombia con Acuña?
Alrededor de 130 mil votos. Por ese movimiento se eligieron Acuña y otros.
¿A qué horas Acuña se convirtió en gran elector y poderoso congresista, puesto que, además, es miembro de la Comisión de Acusación?
Tal vez se debe a las alianzas políticas que ha hecho.
Se tejen muchas historias feas sobre Funeco. ¿Cómo las describiría usted?
Es una organización más conocida por ser gran contratista de entidades públicas de Sucre. Ese movimiento forma parte del consorcio Tolú sin hambre, que tiene un contrato vigente con la Alcaldía del municipio en cuantía superior a los $10 mil millones. Funeco también ha tenido contratos con las alcaldías de Sincelejo y Coveñas. En mi concepto, el mismo que presenté ante el Consejo de Estado, una fundación que contrate con el Estado no puede, simultáneamente, postular candidatos a corporaciones públicas. Eso explica la desigualdad de condiciones en las campañas electorales y la gran cantidad de recursos económicos que tuvieron disponibles Bustamante y Orozco.
¿Sugiere que parte de los dineros que recibió Funeco por sus contratos con entidades públicas de Tolú fueron usados para conseguir votos en marzo pasado?
Ese es un punto materia de investigación judicial. Lo que sí sé es que, en cuanto al contrato con el que fue beneficiado Funeco, la Secretaría de Salud de Sucre ha recibido muchas quejas por su incumplimiento.
¿Por qué usted y sus amigos hablan de posible doble militancia de Bustamante?
Porque, según las constancias presentadas a la Registraduría, el Ministerio del Interior y los Consejos de Estado y de la Judicatura, Bustamante pertenece a Funeco desde el 29 de noviembre de 2011. Pero, de otro lado, existe una declaración juramentada del representante legal de Afrovides, en que se manifiesta que ella estuvo buscando el aval de este movimiento en noviembre de 2013. Extrañamente, un mes después, se estaba inscribiendo por Funeco.
¿Cuántos y en dónde obtuvieron ellos dos los votos en las elecciones de marzo pasado y cuántos logró usted?
La lista de la Funeco obtuvo alrededor de 62 mil votos. De estos, 34 mil fueron para María del Socorro Bustamante, la gran mayoría en Bolívar, en donde ella sí ha hecho trabajo político. Orozco Vicuña tuvo 14 mil en una zona del Valle del Cauca con presencia mínima de comunidades negras. Orozco, además, tuvo votación en Risaralda, donde tampoco hay gran cantidad de población afro. La lista de Poder Ciudadano sacó alrededor de 13 mil votos.
¿Por qué Orozco tuvo votos en Risaralda si no se le conoce en la región?
Porque él fue la fórmula a la Cámara del senador Samy Merheg (hermano del fugitivo Habib Merheg, con orden de captura vigente por nexos con los paramilitares), oriundo de Risaralda, que tiene dominio político en su departamento. Orozco también fue fórmula, en Córdoba y Santander, de Doris Vega, la esposa del condenado por parapolítica Luis Alberto Gil y quien ‘heredó’ los votos de su marido. En contraste, la mayoría de nuestra votación total estuvo en Buenaventura y Tumaco. Más del 70% de nuestros votos provinieron del corredor pacífico que se extiende desde Urabá hasta la frontera con Ecuador. Como todos saben, esa sí es una zona de habitantes afrodescendientes.
¿Es decir?
Que a ellos no los eligieron los votos negros. Y a mí, sí.
Vamos a lo jurídico, ¿cuáles son sus específicas objeciones a la elección de los candidatos de Yahir Acuña?
Que ellos no pertenecían a Funeco, sino que este movimiento les sirvió, a última hora, para recibir el aval. Asimismo, son graves los indicios sobre una presunta falsedad que se pudo haber cometido: las firmas de los gestores de Funeco no concuerdan con las que aparecen en la inscripción de los candidatos. Una tercera supuesta irregularidad, que debe investigarse, está en el acta de inscripción de estos candidatos: las páginas 1 y 2 tienen un tipo de letra diferente al de la página 3, justamente en la que aparecen las firmas. Y, para completar las dudas, la dirección y el teléfono de esa fundación que figura en las dos primeras páginas, son distintos de los que se encuentran en la 3.
Pese a todo, hay unos personajes afros que han hecho manifestaciones de apoyo a favor de Bustamante y Orozco Vicuña.
Sí. Hay una persona que se llama Ricardo Hurtado Bravo, de Guapi, Cauca. Él se presenta como presidente de una confederación de comunidades negras y es uno de los defensores de Bustamente y Orozco. Pero ese apoyo parece ser posterior a las elecciones, porque ellos dos sacaron en Guapi 5 votos. ¿No le parece raro? Lo cierto es que Hurtado y otros eran parte de campañas distintas y, de repente, aparecieron cooptados por los dos candidatos cuestionados por nosotros, tal vez en un acto desesperado por mostrar personas afros que los acompañan.
Según analistas serios, las curules de la negritudes, desde cuando se crearon en la Constitución del 91, fueron tomadas por las mafias. ¿Eso es cierto?
Las comunidades negras han estado representadas por personajes muy controvertidos, eso es verdad. Pero aparte de esos cuestionamientos, al menos tales personas han tenido algún tipo de arraigo con la población afro. Pero esto ni siquiera se mantiene. Ahora la población afro está sufriendo un asalto por el cinismo que llegó a estas elecciones, en que dos señores que ni siquiera tienen el color de la raza, se apropiaron de lo que nos pertenece por Constitución.
Se entiende que cada curul genera poder. Pero, ¿cuál es el gran atractivo que tienen estas dos en particular?
En la actual coyuntura, consiste en que se aproximan las elecciones locales de 2015 y los movimientos o partidos que tengan congresistas pueden dar avales a candidatos de asambleas, concejos, alcaldías y gobernaciones de todo el país. En otras palabras, eso es una gran empresa electoral. Tal poder, desde luego, no tiene nada que ver con los intereses legítimos de las comunidades negras.
¿Y cuáles intereses impulsaría usted si llega a obtener una de esas curules?
Me concentraría en dar identidad y altura a la representación de la comunidad afro y en coadyuvar la construcción de un proceso de unidad del pueblo negro en todo el país que hoy no existe. Si ese proceso se consolida, podemos exigir el cumplimiento de nuestros derechos.
¿Usted pretende crear un poder negro similar al de Estados Unidos?
No sería justo decir que se crearía desde cero, un poder para nuestra comunidad cuando hay personajes que vienen trabajando desde hace años con el mismo objetivo, como Piedad Córdoba o Juan de Dios Mosquera; o cuando han recorrido caminos de igualdad intelectuales como Diego Luis Córdoba, Adán Arriaga, Candelario Obeso y Manuel Zapata Olivella, entre otros. Pero la idea sí sería la de consolidar esa ilusión.
Yahir Acuña, juez y parte
El debate jurídico por las curules de las negritudes que obtuvieron, por mayoría de votos, la exconcejal cartagenera María del Socorro Bustamante (relacionada con la Gata) y el político vallecaucano Moisés Orozco Vicuña (de quien se ha publicado que fue abogado de los narcos los Comba), pasa por una tutela en el Consejo de la Judicatura y por una demanda de nulidad en el Consejo de Estado. Por ahora, los presuntos ganadores no han podido ejercer, aunque se rumora que, en contravía de unas medidas cautelares dictadas en la Judicatura con ponencia de María Mercedes López, esta semana el Consejo Electoral posesionaría a los demandados. Pero el mayor escándalo podría venir por el lado de la desacreditada Comisión de Acusación de la Cámara, a la que pertenece el representante Yahir Acuña, quien ha intervenido abiertamente a favor de Bustamante y Orozco: llegaron allí dos denuncias penales contra la magistrada López por su decisión en este caso. Se demostró, con certificación de la Registraduría, que una de ellas fue firmada por un hombre inexistente con cédula falsa. Sin embargo, en una rapidez inusual en la Comisión, se repartió la denuncia fantasma al despacho del propio Acuña y éste no se declaró impedido.
Colonia de intereses ilegales
Según Miguel Antonio Galvis, del portal Razón Pública y quien publicó un análisis de la situación que se ha presentado con la circunscripción especial de negritudes, las dos curules asignadas por la Constitución fueron acaparadas por “políticos vinculados con actividades económicas ilegales que persiguen intereses distintos del bienestar de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”. Recuerda Galvis que, en 2010, esas curules fueron “colonizadas” por el exsenador Juan Carlos Martínez, quien apadrinó a Heriberto Arrechea (hoy posible reemplazo de uno de los dos ganadores cuestionados), y por Enilce López (la Gata), quien fue la madrina política de Yahir Acuña, hoy padrino, a su vez, de los dos candidatos cuestionados: María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco. Alias la Gata y Acuña son también organizadores de movimientos que representarían presuntos intereses de la comunidad negra. Entre estos, Afrovides y la Fundación Ébano de Colombia, Funeco que avaló a Bustamante y Orozco, y que podrá avalar a candidatos a concejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones en 2015, convirtiéndose así en un poder político nacional pese a sus dudosos orígenes. Esto es lo que se juega en la disputa jurídica actual.