Cecilia Orozco Tascón.- Hoy la Registraduría tiene una votación menos en qué pensar: la del referendo reeleccionista. Y usted siempre sostuvo que la certificación del Registrador en el tema de la financiación de ese proceso era un requisito indispensable. La Corte Constitucional le dio la razón ¿Qué opina ahora?
Registrador Carlos Ariel Sánchez.- Que, como se diría antiguamente, de la lectura de la Ley 134 que corresponde no solo al tenor literal de la norma sino a su espíritu, se desprende que los requisitos que se deben cumplir en ese tipo de trámites no son simplemente los de un número de firmas ciudadanas, sino que hay que acatar todos y cada uno de los que están dentro de esa ley. Lo que sostuve desde el principio fue que el tema de la financiación estaba incluido. Básicamente ese fue el concepto que validó la Corte.
C.O.T.- Usted sufrió muchos ataques de los partidarios del referendo porque, según ellos, no actuaba como funcionario sino como político ¿Qué les diría hoy?
C.A.S.- Que en el ejercicio de mis funciones de Registrador, tengo la facultad de certificar o no certificar un acto. Que cuando la apliqué en ese caso específico, no podía interpretarse que estaba incurriendo en política sino en una tarea administrativa. Y que la ejecuté con estricto apego a la ley y sin consideración al impacto que pudiera tener porque si no, ahí sí habría estado actuando por razones políticas.
C.O.T.- Ya no se discute con tanto ardor pero hay quienes todavía insisten en que se irrespetó la voluntad popular porque se desconoció el poder de las firmas ciudadanas.
C.A.S.- Las firmas tienen el valor de ser una iniciativa ciudadana con fuerza para que se inicie el trámite de un proyecto, pero no son propiamente la expresión de la voluntad popular, entendida como la voluntad general de una nación. En realidad, un referendo es una petición que una parte del pueblo, exactamente el 5% de los electores hace, para que se tramite una iniciativa suya. Pero la voluntad general solo se expresa el día de la votación y se aprueba la petición que se haga, si concurre el 25% del pueblo, es decir, la cuarta parte del total. No antes.
C.O.T.- El proyecto de referendo de hasta cadena perpetua para los violadores de niños, está pendiente de trámite en la Corte. Si fuera declarado exequible ¿Cuánto tiempo después se llamará a votación?
C.A.S.- Hasta dentro de los seis meses siguientes a su convocatoria. Mientras se presenta la ponencia y se discute, pueden pasar dos meses. Si ese cálculo es correcto, la votación solo se realizaría en noviembre.
C.O.T.- ¿Su administración ha avanzado en la prevención de fraudes para estas elecciones o ha sido imposible mejorar y se presentarán los mismos delitos de hace cuatro años?
C.A.S.- Hay que distinguir entre los diferentes momentos en que se pueden cometer fraudes. Existe uno previo al proceso electoral, que se hace en la etapa de inscripciones; hay otra etapa posterior que consiste en la manipulación de jurados. Hay un fraude que se hace el día de elecciones con suplantación de electores y adulteración de actas y hay un fraude que se comete después de elecciones y que consiste en la alteración y manipulación del escrutinio. En este orden de ideas, se puede decir que aquí se revisaron juiciosamente las inscripciones.
C.O.T.- ¿A cuáles delitos electorales le teme más para las elecciones del próximo domingo?
C.A.S.- A la suplantación de electores porque de ese delito se puede hacer toda una ‘industria’. En un país como Colombia, donde vota máximo el 40% y en unas presidenciales muy competidas vota alrededor del 50%, queda el margen del otro 50% de electores, que es muy alto, para que intenten suplantarlo.
C.O.T.- ¿Por qué la Registraduría objetó los nombres de algunos de los jurados que fueron asignados para estas elecciones?
C.A.S.- Porque entre los datos del medio millón de jurados escogidos, se detectaron 18 mil 400 inconsistencias en sus datos. De no haberse surtido esa labor previa, habría podido suceder que el día de elecciones, esos 18 mil jurados fueran sustituidos dolosamente por gente inescrupulosa. Además encontramos mil 900 jurados cuya cédula definitivamente no correspondía con el nombre y apellido y hasta ocho jurados que ya habían muerto. En esos casos, les pedimos a los registradores municipales que hicieran un nuevo sorteo para reemplazarlos.
C.O.T.- Me da la impresión de que algo se ha avanzado en la prevención de fraudes electorales pero falta…
C.A.S.- Así es. Se evitarán muchos fraudes pero lamentamos no contar con el elemento ideal para evitar las suplantaciones: el lector de huella biométrica, es decir, la identificación digital de la huella que la ley de voto electrónico ordenó. El otro fraude que queremos evitar al máximo es el de alteración de las actas de escrutinio. Lo que haremos será que a medida que la Registraduría vaya recogiendo las actas firmadas por los jurados en cada mesa, las digitalizaremos de inmediato y las publicaremos instantáneamente en nuestra página Web.
C.O.T.- ¿Para qué sirve ese mecanismo?
C.A.S.- Para que los votantes tengan a la mano desde el comienzo, el documento primario de resultados y con él, podrán cotejar la información que aparece allí con la más elaborada que se entrega el domingo por la noche. Si alguien encuentra inconsistencias entre los dos documentos, podrá iniciar las reclamaciones correspondientes en el proceso de escrutinio que comienza el martes siguiente a las elecciones.
C.O.T.- La Registraduría invirtió parte de sus recursos en máquinas electrónicas de huellas ¿Por qué no van a funcionar en todo el país?
C.A.S.- Porque el presupuesto que nos asignaron para este programa no nos permitió adquirir sino una pequeña parte de las necesarias. En el proceso de modernización tecnológica conseguimos aproximadamente mil doscientas máquinas, que se distribuirán una por cada municipio. Con ellas se podrán ‘leer’ las huellas de los portadores de las cédulas para saber si coinciden con la persona ‘dueña’ de la cédula. A pesar de que tales aparatos no cubrirán sino aproximadamente el 10% de los puestos de votación, se procederá a aplicar ese nuevo mecanismo como un arma disuasiva contra la suplantación.
C.O.T.- ¿De qué servirá el gigantesco proceso de renovación total de las cédulas que usted lideró, si no adquirieron el sistema que da la seguridad de que quien lleve la cédula al puesto de votación es, en efecto, la persona que aparece en ese documento?
C.A.S.- Usted tiene toda la razón en su inquietud. Una inversión de más de $200 millones de dólares que se hizo para poder tener un documento moderno de identificación que evitara falsificaciones, no tiene ningún sentido si no se puede constatar que quien porta la cédula es la misma persona que aparece identificada allí.
C.O.T.- ¿Por qué no se hizo?
C.A.S.- El año pasado, la Registraduría le pedió al Ministerio de Hacienda un presupuesto de aproximadamente cien mil millones de pesos para el programa de adquisición de los equipos que denominamos Transparencia Electoral. Hacienda dijo que no había recursos. Luego rebajamos nuestras pretensiones aproximadamente a 30 mil millones para cubrir solamente los puntos de mayor riesgo. Tampoco nos asignaron esos recursos. Por último, el 17 de febrero pasado le enviamos al Presidente una carta conjunta con el presidente del Consejo Nacional Electoral, reiterando la necesidad de contar con identificación biométrica y solicitando 22 mil millones. Nunca obtuvimos respuesta.
C.O.T.- Me parece extraño porque simultáneamente el ministro del Interior prometía voto electrónico para las presidenciales ¿A qué se refería entonces?
C.A.S.- No lo sé exactamente porque para mí el voto electrónico es un procedimiento que solo es útil si hay identificación biométrica. Como se dice, el mal no está en las sábanas y el fraude se comete cuando se vota suplantando al elector al que le pertenece la cédula. Si usted como autoridad no puede verificar con certeza la identidad del votante, no está avanzando en la dirección correcta. Para ponérselo en otros términos: sin la identificación biométrica de la huella, una persona puede votar cinco o diez veces con distintas cédulas en una máquina de voto electrónico.
C.O.T.- A ver si entiendo bien: si llegara a instaurarse el voto electrónico en las elecciones de mayo, como lo anunció el ministro del Interior, y no hay lector de huella digital ¿El fraude podría incluso aumentar?
C.A.S.- Claro que sí. Podría aumentar porque si usted quiere suplantar a otros, con la maquinita lo puede hacer más rápido que de forma manual.
C.O.T.- Suponga que soy alguien que quiere cometer fraude. Llevo veinte cédulas pero resulta que allí pusieron el voto electrónico. ¿Ese sistema no me impide automáticamente votar las veinte veces?
C.A.S.- No. Usted tiene la posibilidad de votar veinte veces si quiere, porque ni tecnológica ni humanamente se comprobará la identidad de quien porta las cédulas. En la máquina aparece, simplemente, que votó la cédula número tal y después, que votó otra cédula ¿Qué sucede ahora? Que una persona puede votar por ciudadanos fallecidos, por ausentes o por abstencionistas, y no pasa nada. Si hubiera lector de huellas se sabría cuántas personas entraron a votar, quiénes eran y no aparecerían más votos que el número exacto de los que corresponden a quienes fueron identificados.
C.O.T.- No sé si exagero pero si se instala el voto electrónico sin la posibilidad de identificación biométrica de la huella ¿Se podría estar ‘digitalizando’ el fraude?
C.A.S.- No, no está exagerando. Si se activa el voto electrónico sin la identificación plena del ciudadano, usted podría cometer el fraude perfecto porque no queda ningún documento que lo incrimine y no deja rastro de quién cometió el delito. Para que usted tenga una idea, le pongo el siguiente ejemplo: mientras que en Colombia el sistema de reclamaciones electorales es complejo y lento, en Venezuela ya no hay reclamaciones desde que se impuso completo, el sistema electrónico de votación.
C.O.T.- ¿Cuánto calcula usted que se va demorar la Registraduría en entregar un porcentaje suficiente de resultados para conocer los nombres de los integrantes del Congreso y cuánto tiempo para los resultados del ganador de la primera vuelta presidencial?
C.A.S.- Los jurados se gastarán aproximadamente 75 minutos en el escrutinio. Ése es el tiempo mínimo que se demora una mesa en ser escrutada en votación para Senado. Para el Parlamento Andino invertirán muy pocos minutos pero luego viene la Cámara con voto preferente, que es un trabajo largo y dispendioso; y por último, las consultas internas. Calculamos que seis horas después de cerradas las urnas, es decir, hacia las diez de la noche, podremos tener resultados para Senado superiores al 95%. Media hora después, tendremos los resultados de Cámara que se consolidan primero localmente y después, se envían a Bogotá. En las presidenciales los resultados son más rápidos: unas dos horas después de cerradas las urnas. Es decir, a las seis o siete de la noche.
¿Qué y cómo se votará el domingo próximo?
Cecilia Orozco T.- Además de elecciones para Senado y Cámara ¿Cuáles otras habrá el 14 de marzo?
Registrador Carlos A. Sánchez.- Al ciudadano se le van a entregar tres tarjetones: el del Senado, el de Cámara y el de Parlamento Andino. En la Costa Atlántica se entregará el voto Caribe que es pedagógico. Y en todo el país se entregará, solo si las personas lo solicitan expresamente, la tarjeta electoral para las consultas internas del Partido Conservador o del Partido Verde.
C.O.T.- Mucha gente cree que los tarjetones actuales son difíciles porque no hay nombres ni fotos de los candidatos y solo se encuentran números y logos de
C.A.S.- Imagínese la extensión que tendrían los tarjetones si les pusiéramos las fotos de 841 candidatos al Senado, 1.634 candidatos a la Cámara y 63 candidatos al Parlamento Andino. Serían de una extensión inmanejable.
C.O.T.- ¿Qué deben hacer los ciudadanos antes de llegar al puesto de votación?
C.A.S.- Un ejercicio mnemotécnico que les permita recordar el logo del partido de su candidato, y el número que le corresponde a éste. Solo son dos operaciones. Y que recuerden pedir tarjeta de consulta interna, si quieren votar por alguno de los precandidatos verdes o conservadores.
Amenaza de paro
El paro del transporte que sufrió Bogotá, afectó la preparación de las elecciones del próximo domingo en algunas fases de logística. Por ejemplo, la Registraduría contrató a mil 500 personas para diez días de trabajo pero solo 600 llegaron a cumplir con sus labores los días del paro. La capital del país equivale al 20% del total electoral. Por eso los atrasos se resolverán con horas extras de trabajo. Sin embargo, la Registraduría tiene su propia sombra de paro: enfrenta la posibilidad de huelga laboral por reclamaciones de nivelación salarial. Los trabajadores llevan dos años diciéndole al Gobierno que sus salarios son inferiores a los de los empleados de otras entidades oficiales pero hasta el momento no hay arreglo. Al parecer, tienen razón. Pero presionar el arreglo en época electoral puede, en vez de ayudarles, enredar la solución.