“Yo habría renunciado de inmediato”

Si usted hubiera estado en la incómoda posición del suspendido presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, ¿qué habría hecho en cuanto a su permanencia en la silla de presidente y cargo de magistrado?

Veo completamente improbable una hipótesis como la que usted me propone porque a la maledicencia y a la calumnia estamos expuestos todos, pero no a cargos tan graves formulados por un colega a quien también – como al denunciado - hay que guardarle la presunción de buena fe. Pero si, en gracia de discusión consideráramos esa hipótesis, yo habría renunciado, de inmediato, a ser el vocero oficial de la corte por respeto con ella. También me habría retirado, al menos temporalmente, del ejercicio de la magistratura para atender, con todas mis energías, el rescate de mi buen nombre. No sé si este sea el caso del doctor Pretelt.

Afilada su última frase… Pretelt alegó, en principio, que no se retiraría de esas dos posiciones, justamente porque se afectaría “su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia” ¿Priman los derechos del individuo o los de la institución?

Si uno está convencido de su inocencia y tiene la certeza de que quedará demostrada en el proceso, defenderla y proteger la credibilidad de la corte resultan ser actuaciones congruentes. No incompatibles.

Pero en la primera reunión de sala plena después del escándalo, la mayoría (6 -3) apoyó activa o pasivamente la permanencia de Pretelt en la presidencia con ese argumento.

El asunto no es tan sencillo porque, en este caso, quien interpone la denuncia, como ya lo dije, es otro miembro de la corte cuya presunción de buena fe también debe estar amparada ¿O se supone que el magistrado Mauricio González, al formular un cargo tan grave, está calumniando? La sala ha debido, desde el principio, propiciar el retiro indefinido del presidente, como sucedió después.

Sin embargo, por el curso de los acontecimientos dio la impresión de que la decisión posterior de obligarlo a retirarse, fue propiciada más que por convicción de la mayoría, por presión de la opinión escandalizada ¿Puede recuperarse la corte de este golpe?

Infortunadamente, tengo la misma percepción en el sentido de que influyó más la presión social que la que se produjo dentro de la propia Corporación. También estoy convencido de que recuperar la confianza pérdida no va a ser nada fácil para la corte.

Puesto que son seres humanos, es natural que el trabajo de una sala de solo nueve miembros se afecte después de estos graves incidentes ¿Ese grupo fracturado podrá tomar decisiones, dictar sentencias y fallos de tutela pensando únicamente en la protección de la Constitución?

No hay que negarlo: fricciones de esa naturaleza afectan las relaciones personales y enturbian el ambiente de trabajo que debe ser diáfano siempre pero, ante todo, cuando se tratan materias tan delicadas como las que trata la corte, que pueden afectar a todo el país.

A título de una información que usted puede suministrar porque fue presidente de la corte, ¿cuántas funciones de representación social, académica y en círculos jurídicos nacionales e internacionales, tiene el vocero del ese alto tribunal y qué importancia se le da a su imagen y la de la corporación?

El presidente de la corte cumple innumerables funciones de representación en todos los ámbitos. Precisamente en ejercicio de esa tarea, pude verificar la gran legitimidad nacional de la corporación y su inmenso prestigio internacional como creadora de líneas doctrinarias para consolidar un Estado Social y Constitucional de Derecho. La corte también gozó de fama de pionera en muchos asuntos relacionados con las libertades individuales, los derechos sociales, la diversidad cultural y de género. Es claro que quien ejerce esa función representativa pierde toda autoridad si sobre él recaen cargos tan graves como los que se están ventilando.

Supongo que pese a que alguien ostente el título de presidente de la corte, no será invitado ni recibido en los tribunales de otros países si tiene cuestionamientos tan graves. En todo caso, y como el doctor Pretelt ya anunció que no renunciará a ser magistrado, ¿las decisiones que él tome en el futuro, carecerán de legitimidad?

Sin duda. El incidente tan grave que lo involucra, influirá en la confianza que pueda tener la ciudadanía tanto sobre la materia que él proponga y apoye, como sobre la que impugne, bien sea en decisiones de sala plena o en salas de tutela.

La corte expidió después de los primeros días del escándalo, un comunicado según el cual se propone elaborar “una reforma al reglamento para ajustar los criterios de selección de las tutelas…” y pedirá que “asista un delegado para asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo” a los comités de selección ¿Qué opinión le merecen este par de intenciones?

Me gusta que en un momento tan problemático como el de la selección de las tutelas, estén representadas instancias distintas a las de la misma corte. Es evidente que la situación actual ha llevado a los magistrados a pensar en mecanismos que garanticen mayor transparencia y, por tanto, mayor confianza de la ciudadanía.

La corte también aseguró en ese comunicado que “les solicitará a la Procuraduría y a la Comisión de Acusación, la integración de grupos para investigar y juzgar las filtraciones de la información reservada de la corporación” ¿No se estará intentando impedir que la ciudadanía se entere de lo que ocurre en los tribunales?

En una democracia las actuaciones reservadas deben ser lo más limitadas que se pueda para que los medios puedan cumplir su función crítica. Hay que ser muy cuidadosos para que el mecanismo garante de transparencia no se convierta en una barrera para el ejercicio de la libertad de prensa.

Usted hizo parte de la primera Corte Constitucional después de aprobada la Carta del 91. Sus nueve magistrados gozaban, entonces, de gran prestigio ¿Cuáles eran los criterios y la conducta de quienes integraban el tribunal hace 24 años?

Casi todos teníamos vocación académica y se trataba de un grupo heterogéneo de formación jurídica diversa y pluralista, desde el punto de vista ideológico, en que la militancia partidista no tenía importancia. Como la corte no elige los temas que debe abordar sino que los proponen quienes interponen las acciones, y partíamos de una Constitución nueva, estábamos prácticamente en el primer día de la creación. Fue una situación privilegiada.

Usted y sus ocho colegas de la corte, ¿tenían alguna relación con el mundo político? Formulo la pregunta porque siendo elegidos por el Senado tal como sucede hoy, queda la inquietud de si tuvieron que hacer lobby para que los parlamentarios votaran por ustedes…

Me refiero a mi experiencia: cuando el expresidente del Consejo de Estado, doctor Carlos Betancur Jaramillo, me propuso que aceptara la inclusión de mi nombre en una terna, le dije que para mí sería muy honroso pertenecer a la corte pero que no movería un dedo para que me eligieran. Me citaron al Congreso una sola vez, a exponer mi visión sobre la nueva Constitución, junto con los otros dos candidatos de la terna que eran Jaime Bernal Cuéllar y Hernán Guillermo Aldana. Betancur me contó que había sido difícil que aceptaran mi nombre porque me ubicaban en la izquierda pero durante la audiencia en el Senado me sentí muy bien acogido. Darío Londoño Cardona, un parlamentario liberal de Antioquia que fue asesinado posteriormente, y a quien yo no había visto nunca, me dijo algo memorable: “un grupo de senadores vamos a votar por usted. Lo único que le pedimos es que siga siendo tan independiente como siempre”. Entre esos senadores estaba Álvaro Uribe Vélez. De manera que no hubo ni asomo de lobby o clientelismo.

Como el periodo reglamentario de los magistrados es de ocho años, la renovación total de la corte ha ocurrido solo en tres ocasiones ¿Por qué, con tan pocos cambios, existe esa abismal diferencia en la percepción que la gente tiene hoy sobre la corporación?

La elección de lo que usted llama la primera corte, estuvo alejada de los objetivos que suelen mover al Congreso y el Gobierno. Creo que, en aquellos años, las expectativas puestas en una Constitución para la paz, relegaron intereses subalternos. En las elecciones posteriores, si bien se conservó parcialmente ese carácter, también se fueron filtrando ingredientes de orden partidista.

La degradación de la calidad de algunos integrantes de las cortes, ¿puede atribuirse, como muchos piensan, a la función electoral, es decir, la de escoger, además de a sus sucesores, a otros altos funcionarios del Estado?

Me parece que la función electoral, que se justificó, en principio, por la transparencia que requiere la actuación de las cortes, fue una semilla que empezó a contaminarlas de clientelismo. Un episodio que da cuenta de que es posible proceder con mejores criterios, fue la selección, en 1998, de Adelaida Ángel Zea, una eminente jurista que fue incluida por la corte en la terna para la Contraloría General. Cuando su nombre encontró resistencia en unos sectores, no dudó en retirarse. Hoy sabemos que esa función contribuyó al indeseable intercambio de favores. Por eso estoy de acuerdo en que lo mejor es suprimirla.

¿A cuáles otros factores le atribuye usted el decaimiento de la dignidad de magistrados y tribunales?

Ciertamente, la función electoral es apenas uno de los factores. La dinámica de los hechos también ha determinado que la relación entre el Congreso y la Corte sea más estrecha y que se adelante en los términos menos deseables porque no se basan en propuestas ideológicas sino en el intercambio de favores y en la protección de intereses particulares.

¿Cómo impedir que personas de escasa calidad moral y jurídica asciendan a las cortes, aún si son incluidas en las ternas?

Entre otras medidas, valdría la pena introducir mecanismos similares al que existe en Argentina: cuando una persona se postula a la Corte Suprema de Justicia, puesto que en ese país no hay Corte Constitucional, su nombre y su hoja de vida se publican por todos los medios con el fin de que quienes tengan objeciones sobre el candidato, las puedan expresar. Aunque haya algunas críticas infundadas en ese proceso, el juicio público contribuye a una mejor selección.

El Congreso discute en la actualidad una reforma denominada de “equilibrio de poderes” y allí están contemplados varios cambios en la rama judicial. Entre ellos, eliminación de la judicatura, creación de otro organismo e incremento de edad de ingreso y retiro de las cortes ¿Qué opina de esas modificaciones?

El Consejo Superior de la Judicatura se creó con un fin plausible: garantizar la autonomía de la Rama Jurisdiccional en materia de manejo presupuestal y disciplinario. Pero es un hecho que la forma corporativa de administración resultó ineficaz, y que la jurisdiccional fue insatisfactoria. Es algo insólito: a veces tiene uno la impresión de que algunos de sus miembros se empeñaron en poner en evidencia la inutilidad e inconveniencia de esa institución. Es un reto sustituirla sin afectar la autonomía de la rama. Soy partidario de que se reconozca el valor de la madurez y la experiencia y de que así se evite que quienes van a concluir su período sin jubilarse, puedan sacrificar su independencia en aras de lo que les puedan ofrecer afuera. 50 años de edad para ingresar y 70 para retirarse, sería más adecuado.

Siendo que el único organismo que tiene la facultad de investigar a los magistrados de altas cortes es la Comisión de Acusación y esta tiene peor fama que los investigados ¿Cómo cree que podría satisfacerse la necesidad de juicio equilibrado, pronto, independiente y justo para este caso?

El sistema actual es una irrisión, garante de impunidad y eso es incompatible con un Estado de derecho. Además, juicios de orden político sólo son pertinentes para funcionarios como el Presidente y el vicepresidente de la República. La propuesta de un tribunal de aforados del más alto nivel ético y profesional, con funciones divididas de investigación y juzgamiento, es más adecuada al fin que se persigue.

Algunos analistas han propuesto una salida extrema para solucionar la crisis que afecta a todas las cortes. Consistiría en una especie de “revocatoria” de los actuales miembros de todas ellas y, partiendo de cero, en una nueva forma de selección de sus integrantes ¿qué reflexiones le suscita a usted esta propuesta que no tiene antecedentes jurídicos?

La veo como un grito justificado de indignación contra las situaciones vergonzosas que hoy presenciamos pero, aplicándola, nada garantiza que el ciclo no se repita. Me parece que la propuesta no debe ser meramente coyuntural y que lo que debe hacerse es pensar, hacia el futuro inmediato, una fórmula mejor. Si me pregunta cuál es esa fórmula, le tendría que responder que no la tengo y que apenas me ofrezco para ayudar a pensarla.

Sospecha de concusión en la Corte Constitucional

Esta semana los espacios de los medio estuvieron copados por uno de los escándalos que más han impactado a los colombianos en las últimas décadas: la presunta corrupción del recién elegido presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub, quien habría incurrido en el delito de concusión cuando habría exigido el pago de $500 millones al abogado Víctor Pacheco, apoderado de una fiduciaria interesada en que se cayera, en ese tribunal, un fallo de tutela que la condenaba al pago de $22.500 millones. Hábilmente, el magistrado Pretelt centró su defensa en el voto que depositó en contra de los intereses de la firma, y evitó referirse al tipo penal que le atribuyó su denunciante. Según el Código Penal, “el servidor público que abusando de su cargo, induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero u otra una utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de 6 a 10 años, multa de 50 a100 salarios mínimos legales mensuales e interdicción de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años”. Una situación de esta naturaleza habría sido impensable en la digna corte de 1993 que integraron, junto con Carlos Gaviria, Jorge Arango, Antonio Barrera, Eduardo Cifuentes, José Gregorio Hernández, Alejandro Martínez, Vladimiro Naranjo, Fabio Morón y Hernando Herrera.

La labor fiscalizadora de la prensa

La denominada “sanción social”, en particular la ejercida por la prensa, ha tomado mucha fuerza por la falta de eficiencia de órganos como la Comisión de Acusación, única que puede juzgar a presidentes y magistrados. Pero esa labor informativa también ha sido muy criticada ¿Es legítimo este control o resulta antidemocrático?

Los medios de comunicación son imprescindibles en su tarea crítica y de denuncia pero no pueden sustituir a los jueces en su función. Y es evidente qué a menudo lo hacen, sin disponer de los elementos de juicio de que sí disponen los operadores de la justicia. Esa distorsión puede convertirse en un ingrediente de presión altamente dañino pues el temor a ser satanizado, puede hacer perder a los jueces y fiscales la ecuanimidad e independencia con que deben actuar.

¿Cómo califica las denuncias de las columnas de opinión: otra forma de presión?

Las críticas de opinión son un riesgo que hay que correr en cualquier Estado democrático en donde existe libertad de expresión. Pero es necesario distinguir cuando el columnista suministra información precisa y apoya su opinión en esta, y cuando expone su opinión de una manera astuta, haciéndoles creer a las audiencias que esta corresponde a una información objetiva. En este último caso hay distorsión de la verdad.

Si usted hubiera estado en la incómoda posición del suspendido presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, ¿qué habría hecho en cuanto a su permanencia en la silla de presidente y cargo de magistrado?

Veo completamente improbable una hipótesis como la que usted me propone porque a la maledicencia y a la calumnia estamos expuestos todos, pero no a cargos tan graves formulados por un colega a quien también – como al denunciado - hay que guardarle la presunción de buena fe. Pero si, en gracia de discusión consideráramos esa hipótesis, yo habría renunciado, de inmediato, a ser el vocero oficial de la corte por respeto con ella. También me habría retirado, al menos temporalmente, del ejercicio de la magistratura para atender, con todas mis energías, el rescate de mi buen nombre. No sé si este sea el caso del doctor Pretelt.

Afilada su última frase… Pretelt alegó, en principio, que no se retiraría de esas dos posiciones, justamente porque se afectaría “su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia” ¿Priman los derechos del individuo o los de la institución?

Si uno está convencido de su inocencia y tiene la certeza de que quedará demostrada en el proceso, defenderla y proteger la credibilidad de la corte resultan ser actuaciones congruentes. No incompatibles.

Pero en la primera reunión de sala plena después del escándalo, la mayoría (6 -3) apoyó activa o pasivamente la permanencia de Pretelt en la presidencia con ese argumento.

El asunto no es tan sencillo porque, en este caso, quien interpone la denuncia, como ya lo dije, es otro miembro de la corte cuya presunción de buena fe también debe estar amparada ¿O se supone que el magistrado Mauricio González, al formular un cargo tan grave, está calumniando? La sala ha debido, desde el principio, propiciar el retiro indefinido del presidente, como sucedió después.

Sin embargo, por el curso de los acontecimientos dio la impresión de que la decisión posterior de obligarlo a retirarse, fue propiciada más que por convicción de la mayoría, por presión de la opinión escandalizada ¿Puede recuperarse la corte de este golpe?

Infortunadamente, tengo la misma percepción en el sentido de que influyó más la presión social que la que se produjo dentro de la propia Corporación. También estoy convencido de que recuperar la confianza pérdida no va a ser nada fácil para la corte.

Puesto que son seres humanos, es natural que el trabajo de una sala de solo nueve miembros se afecte después de estos graves incidentes ¿Ese grupo fracturado podrá tomar decisiones, dictar sentencias y fallos de tutela pensando únicamente en la protección de la Constitución?

No hay que negarlo: fricciones de esa naturaleza afectan las relaciones personales y enturbian el ambiente de trabajo que debe ser diáfano siempre pero, ante todo, cuando se tratan materias tan delicadas como las que trata la corte, que pueden afectar a todo el país.

A título de una información que usted puede suministrar porque fue presidente de la corte, ¿cuántas funciones de representación social, académica y en círculos jurídicos nacionales e internacionales, tiene el vocero del ese alto tribunal y qué importancia se le da a su imagen y la de la corporación?

El presidente de la corte cumple innumerables funciones de representación en todos los ámbitos. Precisamente en ejercicio de esa tarea, pude verificar la gran legitimidad nacional de la corporación y su inmenso prestigio internacional como creadora de líneas doctrinarias para consolidar un Estado Social y Constitucional de Derecho. La corte también gozó de fama de pionera en muchos asuntos relacionados con las libertades individuales, los derechos sociales, la diversidad cultural y de género. Es claro que quien ejerce esa función representativa pierde toda autoridad si sobre él recaen cargos tan graves como los que se están ventilando.

Supongo que pese a que alguien ostente el título de presidente de la corte, no será invitado ni recibido en los tribunales de otros países si tiene cuestionamientos tan graves. En todo caso, y como el doctor Pretelt ya anunció que no renunciará a ser magistrado, ¿las decisiones que él tome en el futuro, carecerán de legitimidad?

Sin duda. El incidente tan grave que lo involucra, influirá en la confianza que pueda tener la ciudadanía tanto sobre la materia que él proponga y apoye, como sobre la que impugne, bien sea en decisiones de sala plena o en salas de tutela.

La corte expidió después de los primeros días del escándalo, un comunicado según el cual se propone elaborar “una reforma al reglamento para ajustar los criterios de selección de las tutelas…” y pedirá que “asista un delegado para asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo” a los comités de selección ¿Qué opinión le merecen este par de intenciones?

Me gusta que en un momento tan problemático como el de la selección de las tutelas, estén representadas instancias distintas a las de la misma corte. Es evidente que la situación actual ha llevado a los magistrados a pensar en mecanismos que garanticen mayor transparencia y, por tanto, mayor confianza de la ciudadanía.

La corte también aseguró en ese comunicado que “les solicitará a la Procuraduría y a la Comisión de Acusación, la integración de grupos para investigar y juzgar las filtraciones de la información reservada de la corporación” ¿No se estará intentando impedir que la ciudadanía se entere de lo que ocurre en los tribunales?

En una democracia las actuaciones reservadas deben ser lo más limitadas que se pueda para que los medios puedan cumplir su función crítica. Hay que ser muy cuidadosos para que el mecanismo garante de transparencia no se convierta en una barrera para el ejercicio de la libertad de prensa.

Usted hizo parte de la primera Corte Constitucional después de aprobada la Carta del 91. Sus nueve magistrados gozaban, entonces, de gran prestigio ¿Cuáles eran los criterios y la conducta de quienes integraban el tribunal hace 24 años?

Casi todos teníamos vocación académica y se trataba de un grupo heterogéneo de formación jurídica diversa y pluralista, desde el punto de vista ideológico, en que la militancia partidista no tenía importancia. Como la corte no elige los temas que debe abordar sino que los proponen quienes interponen las acciones, y partíamos de una Constitución nueva, estábamos prácticamente en el primer día de la creación. Fue una situación privilegiada.

Usted y sus ocho colegas de la corte, ¿tenían alguna relación con el mundo político? Formulo la pregunta porque siendo elegidos por el Senado tal como sucede hoy, queda la inquietud de si tuvieron que hacer lobby para que los parlamentarios votaran por ustedes…

Me refiero a mi experiencia: cuando el expresidente del Consejo de Estado, doctor Carlos Betancur Jaramillo, me propuso que aceptara la inclusión de mi nombre en una terna, le dije que para mí sería muy honroso pertenecer a la corte pero que no movería un dedo para que me eligieran. Me citaron al Congreso una sola vez, a exponer mi visión sobre la nueva Constitución, junto con los otros dos candidatos de la terna que eran Jaime Bernal Cuéllar y Hernán Guillermo Aldana. Betancur me contó que había sido difícil que aceptaran mi nombre porque me ubicaban en la izquierda pero durante la audiencia en el Senado me sentí muy bien acogido. Darío Londoño Cardona, un parlamentario liberal de Antioquia que fue asesinado posteriormente, y a quien yo no había visto nunca, me dijo algo memorable: “un grupo de senadores vamos a votar por usted. Lo único que le pedimos es que siga siendo tan independiente como siempre”. Entre esos senadores estaba Álvaro Uribe Vélez. De manera que no hubo ni asomo de lobby o clientelismo.

Como el periodo reglamentario de los magistrados es de ocho años, la renovación total de la corte ha ocurrido solo en tres ocasiones ¿Por qué, con tan pocos cambios, existe esa abismal diferencia en la percepción que la gente tiene hoy sobre la corporación?

La elección de lo que usted llama la primera corte, estuvo alejada de los objetivos que suelen mover al Congreso y el Gobierno. Creo que, en aquellos años, las expectativas puestas en una Constitución para la paz, relegaron intereses subalternos. En las elecciones posteriores, si bien se conservó parcialmente ese carácter, también se fueron filtrando ingredientes de orden partidista.

La degradación de la calidad de algunos integrantes de las cortes, ¿puede atribuirse, como muchos piensan, a la función electoral, es decir, la de escoger, además de a sus sucesores, a otros altos funcionarios del Estado?

Me parece que la función electoral, que se justificó, en principio, por la transparencia que requiere la actuación de las cortes, fue una semilla que empezó a contaminarlas de clientelismo. Un episodio que da cuenta de que es posible proceder con mejores criterios, fue la selección, en 1998, de Adelaida Ángel Zea, una eminente jurista que fue incluida por la corte en la terna para la Contraloría General. Cuando su nombre encontró resistencia en unos sectores, no dudó en retirarse. Hoy sabemos que esa función contribuyó al indeseable intercambio de favores. Por eso estoy de acuerdo en que lo mejor es suprimirla.

¿A cuáles otros factores le atribuye usted el decaimiento de la dignidad de magistrados y tribunales?

Ciertamente, la función electoral es apenas uno de los factores. La dinámica de los hechos también ha determinado que la relación entre el Congreso y la Corte sea más estrecha y que se adelante en los términos menos deseables porque no se basan en propuestas ideológicas sino en el intercambio de favores y en la protección de intereses particulares.

¿Cómo impedir que personas de escasa calidad moral y jurídica asciendan a las cortes, aún si son incluidas en las ternas?

Entre otras medidas, valdría la pena introducir mecanismos similares al que existe en Argentina: cuando una persona se postula a la Corte Suprema de Justicia, puesto que en ese país no hay Corte Constitucional, su nombre y su hoja de vida se publican por todos los medios con el fin de que quienes tengan objeciones sobre el candidato, las puedan expresar. Aunque haya algunas críticas infundadas en ese proceso, el juicio público contribuye a una mejor selección.

El Congreso discute en la actualidad una reforma denominada de “equilibrio de poderes” y allí están contemplados varios cambios en la rama judicial. Entre ellos, eliminación de la judicatura, creación de otro organismo e incremento de edad de ingreso y retiro de las cortes ¿Qué opina de esas modificaciones?

El Consejo Superior de la Judicatura se creó con un fin plausible: garantizar la autonomía de la Rama Jurisdiccional en materia de manejo presupuestal y disciplinario. Pero es un hecho que la forma corporativa de administración resultó ineficaz, y que la jurisdiccional fue insatisfactoria. Es algo insólito: a veces tiene uno la impresión de que algunos de sus miembros se empeñaron en poner en evidencia la inutilidad e inconveniencia de esa institución. Es un reto sustituirla sin afectar la autonomía de la rama. Soy partidario de que se reconozca el valor de la madurez y la experiencia y de que así se evite que quienes van a concluir su período sin jubilarse, puedan sacrificar su independencia en aras de lo que les puedan ofrecer afuera. 50 años de edad para ingresar y 70 para retirarse, sería más adecuado.

Siendo que el único organismo que tiene la facultad de investigar a los magistrados de altas cortes es la Comisión de Acusación y esta tiene peor fama que los investigados ¿Cómo cree que podría satisfacerse la necesidad de juicio equilibrado, pronto, independiente y justo para este caso?

El sistema actual es una irrisión, garante de impunidad y eso es incompatible con un Estado de derecho. Además, juicios de orden político sólo son pertinentes para funcionarios como el Presidente y el vicepresidente de la República. La propuesta de un tribunal de aforados del más alto nivel ético y profesional, con funciones divididas de investigación y juzgamiento, es más adecuada al fin que se persigue.

Algunos analistas han propuesto una salida extrema para solucionar la crisis que afecta a todas las cortes. Consistiría en una especie de “revocatoria” de los actuales miembros de todas ellas y, partiendo de cero, en una nueva forma de selección de sus integrantes ¿qué reflexiones le suscita a usted esta propuesta que no tiene antecedentes jurídicos?

La veo como un grito justificado de indignación contra las situaciones vergonzosas que hoy presenciamos pero, aplicándola, nada garantiza que el ciclo no se repita. Me parece que la propuesta no debe ser meramente coyuntural y que lo que debe hacerse es pensar, hacia el futuro inmediato, una fórmula mejor. Si me pregunta cuál es esa fórmula, le tendría que responder que no la tengo y que apenas me ofrezco para ayudar a pensarla.

Sospecha de concusión en la Corte Constitucional

Esta semana los espacios de los medio estuvieron copados por uno de los escándalos que más han impactado a los colombianos en las últimas décadas: la presunta corrupción del recién elegido presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub, quien habría incurrido en el delito de concusión cuando habría exigido el pago de $500 millones al abogado Víctor Pacheco, apoderado de una fiduciaria interesada en que se cayera, en ese tribunal, un fallo de tutela que la condenaba al pago de $22.500 millones. Hábilmente, el magistrado Pretelt centró su defensa en el voto que depositó en contra de los intereses de la firma, y evitó referirse al tipo penal que le atribuyó su denunciante. Según el Código Penal, “el servidor público que abusando de su cargo, induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero u otra una utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de 6 a 10 años, multa de 50 a100 salarios mínimos legales mensuales e interdicción de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años”. Una situación de esta naturaleza habría sido impensable en la digna corte de 1993 que integraron, junto con Carlos Gaviria, Jorge Arango, Antonio Barrera, Eduardo Cifuentes, José Gregorio Hernández, Alejandro Martínez, Vladimiro Naranjo, Fabio Morón y Hernando Herrera.

La labor fiscalizadora de la prensa

La denominada “sanción social”, en particular la ejercida por la prensa, ha tomado mucha fuerza por la falta de eficiencia de órganos como la Comisión de Acusación, única que puede juzgar a presidentes y magistrados. Pero esa labor informativa también ha sido muy criticada ¿Es legítimo este control o resulta antidemocrático?

Los medios de comunicación son imprescindibles en su tarea crítica y de denuncia pero no pueden sustituir a los jueces en su función. Y es evidente qué a menudo lo hacen, sin disponer de los elementos de juicio de que sí disponen los operadores de la justicia. Esa distorsión puede convertirse en un ingrediente de presión altamente dañino pues el temor a ser satanizado, puede hacer perder a los jueces y fiscales la ecuanimidad e independencia con que deben actuar.

¿Cómo califica las denuncias de las columnas de opinión: otra forma de presión?

Las críticas de opinión son un riesgo que hay que correr en cualquier Estado democrático en donde existe libertad de expresión. Pero es necesario distinguir cuando el columnista suministra información precisa y apoya su opinión en esta, y cuando expone su opinión de una manera astuta, haciéndoles creer a las audiencias que esta corresponde a una información objetiva. En este último caso hay distorsión de la verdad.