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'Ahora luchamos por las víctimas'

A propósito de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de sacar a Colombia de la “lista negra” en materia de DD.HH., Andrés González asegura que el país pasó a la ofensiva para mostrarle al mundo los logros en este sentido.

El Espectador
18 de diciembre de 2012 - 08:37 p. m.
El embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, asegura que el informe que emitirá en 2013 la CIDH contendrá recomendaciones para que el país avance en ese sentido. / Gustavo Torrijos
El embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, asegura que el informe que emitirá en 2013 la CIDH contendrá recomendaciones para que el país avance en ese sentido. / Gustavo Torrijos

¿Qué gana el país al ser sacado de la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

Salir del capítulo IV significa salir del oscuro rincón del señalamiento hacia un horizonte de cooperación. También es un reconocimiento a los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Santos y la diplomacia de la canciller María Ángela Holguín.

¿Y cuál fue la estrategia para semejante logro?

Mostrar claramente nuestros avances y dificultades además de propiciar un trabajo conjunto para superar los problemas.

¿Cómo elaboraron la filigrana para la defensa de la Nación?

Todo un trabajo de equipo con el presidente y la canciller a la cabeza.

Entonces, mientras en el pasado gobierno se asumía una actitud más beligerante frente a dichos informes e instituciones, ustedes decidieron traer al evaluador a la casa…

Colombia siempre se ha sometido al escrutinio internacional. Pero aquí pasamos a la ofensiva al invitar a la Comisión a que hiciera una visita integral al país. Un cara a cara sin reserva alguna.

¿Cuáles fueron las medidas específicas que se tomaron para que Colombia saliera de “la lista negra” de la CIDH?

Diálogos permanentes. Visitas a Washington de los ministros, del fiscal, de los magistrados, para mostrar nuestros logros y la iniciativa de nuestra canciller de invitar a la Comisión a compartir nuestros problemas y nuestros desafíos.

¿En qué debe seguir trabajando el país para que esta medida que es “momentánea” sea permanente?

El trabajo por los derechos humanos debe ser de todos los días. Ahora más que nunca, para reparar a más de cinco millones de víctimas; atender a los desplazados; evitar el reclutamiento de menores; proteger a las mujeres ultrajadas en el conflicto, a los defensores de derechos humanos y a los líderes sindicales y agrarios; derrotar la impunidad, trabajar por la inclusión de los indígenas y los afrodescendientes, entre otros.

Pero hay un riesgo. Si Colombia recae la sanción social en la región será grande…

Claro, lo peor son las recaídas. Por eso, el trabajo debe ser inmenso y permanente.

El próximo año la comisión debe presentar un informe sobre Colombia, ¿ya intuye lo que vendrá en él?

Sí, se trata fundamentalmente de recomendaciones. Y esa es una forma de cooperar, pues estamos en un punto de partida, para mejorar con el apoyo internacional. Identificadas las poblaciones vulnerables y las crisis humanitarias, hay que redoblar esfuerzos.

La CIDH destacó, entre los avances en esta materia, la ley de justicia y paz, la Ley de Víctimas y Restitución, entre otros. Estos procesos han sido fuertemente criticados en Colombia. ¿En qué se basó entonces la CIDH para tomar esta determinación?

Colombia ha desarrollado una política de reparación a las víctimas sin precedentes en el hemisferio. Antes luchábamos por castigar a los responsables, ahora, se privilegia la reparación y atención de millones de víctimas. Sólo así, se reconstruye la sociedad y se tiene futuro.

Colombia es uno de los países en el mundo donde más sindicalistas son asesinados por año. ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para disminuir estos casos?

La nueva agencia de protección ha resultado muy eficaz. Es modelo en América. Otros países del continente han solicitado nuestra cooperación; además, se han triplicado las medidas de protección a líderes sindicales y agrarios, como también a los defensores de derechos humanos.

El fuero militar ha sido criticado por José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch e incluso por el mismo presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco. ¿No es paradójico que mientras este organismo saca a Colombia del capítulo IV del informe anual, en el país se promueva una medida con tantas críticas en este sentido?

Colombia ha de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que no haya impunidad. Los llamados falsos positivos sólo serán competencia de la justicia ordinaria, así lo ha avalado el fiscal general. El principio general de nuestra Constitución reza que la justicia militar sólo, óigase bien, sólo se aplica a delitos cometidos por uniformados con ocasión del servicio. Y las graves violaciones a los derechos humanos son del ámbito de la justicia ordinaria. De manera que una ley estatutaria ha de garantizar ese postulado, para que no haya abusos.

¿En qué medida podría la aprobación de la reforma al fuero militar afectar la imagen del país en una instancia como la CIDH?

Una vez se expida la ley estatutaria y se adelante la revisión de la Corte Constitucional, alcanzaremos un sistema equilibrado y bajo controles como existe en otras democracias.

¿Qué impacto tendrían las negociaciones del Gobierno con la guerrilla de las Farc en el tema de derechos humanos de nuestro país?

Total. Sin conflicto, desaparece la gran causa de hechos atroces como los vividos. Si a eso le sumamos la nueva iniciativa para enfrentar el tráfico de drogas en el mundo, planteada por el presidente Santos, estaremos quebrándole el espinazo a la bestia monstruosa de la violencia.

 

Por El Espectador

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