“Estamos solos”: Nelson Tovar, subintendente de la Policía sobre caso grafitero

Dramático relato de las amenazas que han padecido en el subintendente de la Policía Nelson Tovar y su abogado Jairo Acuña, desde cuando decidió colaborar con la justicia en el caso del homicidio del joven Diego Felipe Becerra, quien perdió la vida a manos de un patrullero. El Estado no ha hecho nada para protegerlos.

El patrullero Nelson Tovar. / Archivo particular
El patrullero Nelson Tovar. / Archivo particular

Subintendente de Policía NELSON TOVAR:

¿Usted reconoció ante la justicia que la pistola que apareció en el lugar en donde perdió la vida el grafitero Diego Felipe Becerra fue plantada por usted en la escena o entregada a alguien más?

No dije que la hubiera puesto en ningún sitio, sino que la suministré a alguien más para que la “sembrara” en el lugar de los hechos…

No era un arma de dotación oficial y se supone que los agentes del Estado sólo portan ese tipo de armamento. ¿En dónde consiguió la pistola?

Tenía el arma en mi poder porque había sido encontrada en una requisa en vía pública. Yo la recogí y la tenía en mi poder cuando sucedió el hecho.

¿Tuvo que ir a buscarla a algún sitio o la llevaba encima?

La tenía conmigo.

¿Por qué?

La Fiscalía tiene los detalles. Prefiero no repetirlos.

¿Quién le pidió llevar el arma para falsear los hechos?

Un patrullero que estaba apoyando el caso.

¿Por qué le hizo caso?

Se tomó la decisión de colaborarle al muchacho (patrullero) que había cometido el homicidio porque, según me dijeron, él tuvo un enfrentamiento a bala con un delincuente que había robado un bus. También me informaron que el arma se había perdido o que se la habían llevado. Me vendieron esa idea y, por eso, ayudé.

¿Qué tuvo que ver con la entrega de esa arma el subintendente Zarabanda, de quien también se ha hablado y quiénes estaban en el sitio cuando ustedes llegaron con la pistola?

El subintendente era mi comandante y me acompañaba en la moto esa noche, porque éramos compañeros de patrulla. Llegamos al lugar ya de madrugada. Allí había varios policías y unos civiles.

¿A quién le entregó el arma?

A una persona que estaba allí cuando llegamos.

Se sabe, pero entiendo que usted no quiera decirlo: se ha publicado que entre los presentes estaba el abogado de la Policía Héctor Hernando Ruiz que fungía como asesor jurídico de esa entidad. ¿Usted lo conocía?

Hoy sé quién es, pero en aquel momento no tenía idea quién era. Lo vi por primera vez esa noche.

¿Él habló con usted y con el subintendente Zarabanda cuando llegaron con el arma que se iba a plantar?

Sí. Tuvimos un cruce de palabras.

Le voy a repetir lo que se sabe sobre el abogado Ruiz, quien, de paso, fue sancionado de por vida con exclusión del ejercicio de la profesión por lo que hizo en este caso: ese abogado estaba en la escena, los vio llegar a ustedes con la pistola y cuando la iban a entregar a un patrullero, Ruiz les preguntó a ustedes si ya la habían disparado. Contestaron que no y él los mandó a dispararla en algún sitio cercano para plantarla después de usad con el fin de que el montaje pareciera real. ¿Cierto o falso?

Cierto, pero quiero que quede claro que no he sido yo el que violó la reserva con los medios. No tengo idea quién ha entregado esos detalles a la prensa.

Wílmer Alarcón, el patrullero que disparó y mató al grafitero (y a quien un juez le acaba de negarle la libertad), ¿qué relación tenía con usted: fueron compañeros o trabajaban en el mismo CAI?

Nunca lo había visto antes de esa noche, porque trabajábamos en diferente jurisdicción.

¿Usted conoció a los patrulleros Freddy Navarrete (que aceptó su participación en el montaje) y Nelson Rodríguez (que corroboró la versión de Navarrete), ambos condenados por este caso?

Los había visto en formación, pero no fuimos compañeros de CAI o de patrulla. Nunca tuvimos un contacto personal, de amistad o de cercanía laboral. Navarrete reportaba al CAI en que yo estaba, pero no pertenecía a éste, y el otro patrullero tampoco.

¿Conoció a los coroneles Nelson de Jesús Arévalo (comandante de la estación de Suba a la que le correspondía la jurisdicción del caso), José Javier Vivas y John Harvey Peña, que estuvieron en prisión, pero salieron libres por vencimiento de términos?

El coronel Arévalo, comandante de Suba, era mi superior. Mi coronel Peña también trabajaba allí, pero yo no tenía contacto personal con él. Y al coronel Vivas nunca lo vi.

¿Podría decirse que lo que usted hizo fue ordenado por el coronel Arévalo, su jefe?

Esa noche todos teníamos conocimiento de lo que se iba a hacer.

La versión de que el coronel Arévalo dijo la siguiente frase: “Si se va a hacer algo toca hacerlo bien y si no, no”, ¿es cierta o falsa?

Esa información la tiene la Fiscalía en el interrogatorio que me hizo y se filtró a los medios, por lo que usted me cuenta.

¿Es verdad que todos los involucrados en la desviación de la investigación hicieron un pacto de silencio para no mencionar nunca los nombres de los oficiales que supieron o planearon lo que se iba a hacer?

Inicialmente se habló de un pacto de silencio y se dijo que quien hablara, se moría. Pero, que yo supiera, no se dijo que era con la intención de favorecer a unos oficiales. Repito, lo que se escuchó en ese momento fue que quien hablara, se moría.

¿Cuándo se dio cuenta de que todo era un montaje y que la víctima no era un delincuente?

Unos días después, cuando empezó a publicarse en los medios que había fallecido un muchacho del barrio (La Alhambra) que se encontraba pintando grafitis en la pared y que no había atracado un bus.

Entonces, ¿cómo se sintió?

La verdad, me dio miedo y rabia, porque me habían mentido. Después vino el temor por lo que había pasado y por el problema tan grande en que me habían metido.

¿Cuándo empezó a planear su confesión?

Casi inmediatamente. Cuando la Fiscalía me llamó por primera vez ya lo tenía decidido, pero me daba miedo hablar.

Entonces, ¿cómo hizo para superar el temor y para empezar a colaborar?

Lo superé cuando personas cercanas a mí me apoyaron y me dieron valor. Y también porque tuve remordimiento de conciencia, pues tengo un hijo de la misma edad de la víctima. Lo miraba y pensaba cómo le iba a explicar lo que me había pasado. También me movió mucho el sufrimiento de la madre.

¿Dónde la vio? ¿Por televisión?

Sí. Me dio tanta tristeza por su padecimiento, que ese sentimiento me impulsó. Me encontraba detenido en la cárcel de Facatativá (para policías) y empecé a sentir la presión por mis dudas. Cuando finalmente hablé con la Fiscalía, comenzaron las amenazas.

¿Sus compañeros de cárcel le exigían que no dijera nada?

No. Me decían que me tranquilizara, que no iba a haber ningún problema, que todo iba a salir bien.

¿Por qué le decían eso? ¿Usted les había contado lo que estaba pensando?

Ellos sabían sobre mis dudas y me insistían en que no dijera nada.

¿Cuándo recibió la primera amenaza?

En enero de este año. Llegó un volante a mi casa en cuyo sobre decía “para Tovar”. Y por dentro, un papel en que se leía “Muerte al sapo”.

¿Cuántos otros hechos amenazantes ha detectado?

A mi abogado también le han enviado mensajes en los que incluyen mi nombre, y dicen que nos van a matar. Y a mi esposa le tomaron fotos desde un taxi que estaba esperándola en el sitio en que ella recoge a uno de nuestros hijos.

¿Ha pedido protección al Estado?

Sí, claro: a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección, pero no hay respuesta y estamos solos.

Cuando todo esto termine, ¿qué espera hacer?

No lo sé. Estoy desesperado, más que por mi futuro, por la seguridad de mi familia. Me siento al borde de la locura.

¿Algún oficial o suboficial de la Policía habla con usted, lo acompaña o le indica que le va a prestar ayuda?

Los amigos en la Policía son muy pocos. Y ellos prefieren evitarme.

¿Cuánto tiempo estuvo en esa institución?

Trece años.

¿Nadie se ha comunicado con usted para respaldarlo?

Todo lo contrario: cuando se firmó el preacuerdo, llegué a la casa y poco después tocaron a la puerta dos policías que venían a notificarme que estaba siendo investigado por un denuncia del coronel Arévalo (el excomandante de la estación de Suba).

¿Qué tipo de investigación?

Una disciplinaria interna de la propia Policía, y otra, creo que penal.

¿Ha recibido apoyo psicológico de alguna entidad oficial?

No. Cada vez la situación parece agravarse. Le voy a contar un episodio: hace cinco meses mi esposa tuvo a mi bebé en el Hospital de la Policía y cuando ella preguntó cuál era el trámite para registrarlo en el seguro médico de la institución y supieron quién era el padre, le dijeron que mi hijo no tenía derecho a nada. Pasó casi un mes y, finalmente, después de hablar con varios abogados, tuvieron que registrar al niño.

¿Quién aseguró, en la clínica, que su niño no tenía derechos?

La trabajadora social que estaba atendiendo a mi señora.

Hoy por hoy, ¿cuál es su situación y la de su familia?

De absoluta soledad. Necesito ayuda porque -lo digo con claridad- me van a matar. He golpeado puertas y nadie me contesta. Hasta mis hijos, que no tienen nada que ver con la situación que se presentó, han sido víctimas de matoneo en el colegio.

Abogado Jairo Alejandro Acuña: “Tenemos la vida destrozada”

¿Usted también ha recibido amenazas como su defendido?

Sí. Me han enviado panfletos, mensajes a mi correo electrónico y a mi celular, además de que violaron mi residencia y mataron a mi perro.

¿Las amenazas se relacionan con su defensa del patrullero Tovar?

Todo tiene que ver con el caso de Nelson Giovanni Tovar Pineda, pero desconocemos la procedencia de esas amenazas.

Si el caso del niño grafitero que, como se sabe, involucra a un sector amplio de la Policía Bogotá de la época (2011), ¿cree que las amenazas podrían provenir de ese sector?

Esa es una pregunta que debe contestar la Fiscalía a la que pusimos en conocimiento de todos estos hechos. Mal podría decir quién es el responsable sin tener pruebas. Sin embargo, como lo dije a los fiscales, jamás he tenido enemigos. Y aunque, como todo el mundo, tengo deudas con bancos y las pago normalmente, no creo que los encargados de cobrar usen esos procedimientos.

¿Cómo ocurrió el tenebroso asalto a su casa?

Entraron cuando la casa estaba sola con nuestro perro. Lo torturaron castrándolo y le pusieron un esparadrapo en la boca antes de matarlo. Nosotros nos salvamos porque estábamos de visita en otra parte y porque nos demoramos en llegar. Los asaltantes permanecieron en la casa casi tres horas, como esperando a que llegáramos.

¿Cómo supo que permanecieron tanto tiempo?

Porque había cámaras. Afuera se ve una moto con dos hombres vestidos con uniformes de la Policía, en actitud de espera. Adentro había unas cuatro personas, de civil.

¿Se llevaron algo de valor?

No. Se llevaron un folio del proceso de Nelson Tovar. A mi juicio, eso indicaría que tenía que ver con el caso y me estaban enviando el mensaje. Dejaron una hoja en que decían que lo mismo (que al perro) le podía pasar a mis hijos. Lo más aterrador es que se llevaron unas fotos.

Visto lo que le ha pasado a su cliente, ¿no es mejor guardar silencio aunque no sea lo más correcto?

No estoy de acuerdo: siempre es mejor colaborar con la justicia para el esclarecimiento de hechos, pero deja mucho que pensar cuando el Estado no protege a los testigos o a quienes, como en mi caso, somos abogados y estamos ejerciendo legítimamente la profesión.

¿Ha pedido protección?

Sí. Informé a la Unidad Nacional de Protección y solicité que me dieran a mí y a mi familia seguridad. Lo mismo ha hecho Nelson Tovar, pero no hemos recibido ninguna respuesta.

Después de todo lo que ha sucedido, ¿cómo es su rutina de trabajo hoy y la de su familia?

Tenemos la vida destrozada y nuestras rutinas cambiaron por completo. Mi desarrollo profesional se alteró porque tuve que cancelar o mover las audiencias a las que tenía que asistir, pues cuando iba llegando a los juzgados de Paloquemao, me llamaban al celular para decirme que me estaban viendo, que iba vestido de tal manera y terminaban afirmando: “Ahí va el sapo”.

Responden directores de la Policía y de la Unidad Nacional de Protección

El general Jorge Hernando Nieto, director nacional de la Policía desde febrero de este año, consultado por El Espectador sobre las amenazas al patrullero Tovar y a su apoderado Acuña, aseguró que la institución que ahora está bajo su mando es respetuosa del debido proceso y que apoyará las investigaciones de la Fiscalía con total transparencia. También señaló que no tolerará violaciones a los principios que rigen la conducta de los policías y que estará atento a acudir a los mecanismos establecidos en las normas para proteger a los uniformados que estén en peligro.

Preguntado por la extraña situación que se presentaría en caso de que al patrullero Tovar, por ser activo, se le tenga que asignar un esquema de seguridad compuesto por uniformados de la entidad desde donde se habrían originado las amenazas, dijo que en condiciones similares se han tomado, de manera eficiente, medidas especiales que podrían ser útiles para el patrullero.

Por su parte, el director nacional de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Mora, quien tiene a su cargo la seguridad de civiles en riesgo, indicó que no había conocido la solicitud del apoderado de Tovar, Jairo Acuña, pero que estudiará el expediente en cuanto empiece la semana laboral y le dará solución.

Incomprensible: de un caso individual a uno grupal

La Fiscalía, con el apoyo de los padres de Diego Felipe Becerra, determinó que en el sitio del homicidio y mientras se realizaba el montaje para engañar a la justicia, estuvieron presentes 42 personas, de las cuales 39 pertenecían a la Policía Bogotá y tres eran civiles, asesores de la entidad. 28 de las 42 que estaban ahí la noche del 19 de agosto de 2011 se encuentran identificados y hay pruebas contundentes contra 21 de ellos. Hasta el momento han sido capturados 13 y la justicia tiene evidencias suficientes para ordenar la detención de cinco más, entre ellos oficiales con altas responsabilidades en Inteligencia, labores administrativas y de dirección. Quien es entrevistado aquí, el patrullero Nelson Tovar, llevó a la escena del crimen la pistola calibre 22 para hacerles creer a los fiscales que pertenecía al joven muerto y que éste no era una víctima, sino un delincuente. Tovar no es el primero que confiesa. Hay otros incluso ya condenados, pero la mayoría siguen impunes.