"¿Cómo va a compararse mi caso con lo sucedido en el DAS?"

Gabriel Aponte - El Espectador / Gabriel Aponte - El Espectador

Cecilia Orozco Tascón.- Usted fue un juez famoso internacionalmente hasta cuando tuvo problemas con los altos tribunales de su país ¿Ha sido difícil adaptarse a ver la justicia desde afuera?

Juez Baltasar Garzón Real.- No, porque mis convicciones se mantienen intactas y continúo luchando por los objetivos de la justicia. El trabajo que hacemos en la fundación, y mi actividad de abogado y de director del Centro de Derechos Humanos de la Unesco en Argentina, confluyen en la misma línea. Y sobre todo, me he dado cuenta que es posible apoyar a las víctimas, tanto dentro de la rama judicial como desde fuera. Me desempeño en un escenario diferente pero los fines son comunes. Eso sí, ahora me siento con mayor libertad de acción, de pensamiento y de decisión.

C.O.T.- Sincerándose: ¿se siente a gusto en este nuevo escenario o extraña su antiguo cargo de magistrado?

B.G.R.- Estoy feliz con lo que hago. Obviamente, no estoy para batir las palmas por haber perdido mi posición de juez, y aunque la forma en que se dieron los hechos contra mí, fue grosera e injusta porque no había motivo real para que me sacaran, la vida sigue. Y hay dos formas de tomarla: te quedas anclado y te lames las heridas o te levantas, tomas impulso y sigues. Esto último fue lo que hice.

C.O.T.- Recientemente usted criticó, en un artículo que escribió para El Espectador, a las Farc, por no reconocer a sus víctimas y, también, al marco jurídico para la paz ¿Por qué?

B.G.R.- Mis reflexiones sobre la situación actual del proceso de paz son ambivalentes: estoy de acuerdo con las conversaciones entre el Estado y la guerrilla y he dicho públicamente que apoyo la decisión del presidente de la República y que alabo su valentía al habérsela jugado por ese camino. Pero también he sostenido que en este proceso deben respetarse los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Del otro lado, espero que las Farc cambien su perspectiva de negociación porque, según lo que ha transcendido, ellas se llaman a sí mismas víctimas y no admiten la existencia de las que produjeron durante la guerra, ni ningún tipo de responsabilidad sobre ellas. Esa posición me parece cínica y es inaceptable.

C.O.T.- No solo para usted. Sería inaceptable para la sociedad, por mucho que esta apoye la paz.

B.G.R.- Así es. Incluso creo que es inconveniente para los propios miembros de las Farc, si aspiran a integrarse a la sociedad. Tengo la esperanza de que reconsideren esa actitud porque, hasta en el último de los escenarios, hay un núcleo jurídico del que no se puede prescindir porque está perfectamente definido por la Corte Constitucional y por la legislación internacional. Probablemente habrá que hacerlos comprender que llámense como se llamen, no hay otro marco legal diferente al que establece la comunidad internacional que protege a las víctimas.

C.O.T.- En caso de que no entraran en razón, ¿estaría en desacuerdo con que el gobierno continúe negociando con las Farc?

B.G.R.- Dicho lo anterior, creo que hay que apoyar el proceso y que hay que ayudar a que haya avances. Debe encontrarse alguna fórmula de aplicar justicia, entendiendo que la interpretación rígida, inamovible y dura sobre la ley no es la única salida cuando existen otras formas judiciales que pueden analizarse de una manera más amplia para poder dar respuestas a situaciones específicas como las que se presentan en una negociación.

C.O.T.- No obstante, usted ha dicho que el Estado colombiano ha sido “ambiguo” con las Farc en la exigencia del reconocimiento de los derechos de las víctimas.

B.G.R.- Cierto. En lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de las víctimas y a su importancia en el proceso de paz, no puede haber duda. Y si la hay, el Estado tiene la obligación de despejarla. Legitima de esa manera las conversaciones, como creo que las legitimaron las manifestaciones del 9 de abril. Esas marchas son un mensaje muy potente de la ciudadanía a favor de la paz. Y también implican un gran compromiso de las autoridades y del presidente de la República con la sociedad, compromiso que se honrará siempre y cuando se abogue por la paz y, simultáneamente, se establezca, como lo dije, el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

C.O.T.- ¿El valor de la paz del país puede estar por encima de los derechos de las víctimas?

B.G.R.- Deben encontrarse en un punto de equilibrio. Desafortunadamente, en un proceso de negociación siempre hay alguien que cede más que otro. También ocurre que la justicia ordinaria, en cualquier parte del mundo, tiene un margen de impunidad que puede alcanzar el 60% y en ocasiones, hasta el 90%. Entonces, no podemos pretender que en otro tipo de justicia, en particular en procesos de abandono de violencia, lleguemos al 100% de eficacia. Estas posturas, en vez de ayudar, hacen daño porque no corresponden a la realidad. A lo largo de mi vida profesional, he comprobado que las víctimas son las que más ceden, pese a haber perdido a sus seres queridos, porque comprenden que debe haber determinados beneficios. Pero su actitud debe tener correspondencia en el reconocimiento de sus derechos.

C.O.T.- Noto a un Baltasar Garzón diferente al rígido juez español que producía noticias mundiales. El de hoy, parece ponderar más las situaciones.

B.G.R.- Es verdad que mi experiencia vital me ha ayudado a evolucionar. Hoy comprendo bastante mejor las falencias de la justicia y puedo estar de acuerdo, o mirar a la cara de un juez y decirle: “estás mintiendo y sabes que lo que sostienes no es verdad”. Antes no podía hacerlo. Asumir el rol de abogado, el oficio al que me dedico ahora, además de mi trabajo en la fundación, también me está dando una perspectiva diferente. Continúo siendo fiel a mis convicciones y sigo pensando que en la vida tienes que tomar decisiones y jugártela por aquello en lo que crees.

C.O.T.- ¿Por qué, concretamente, su reciente rol de abogado le ha dado una visión distinta?

B.G.R.- Se lo explico con un ejemplo: en la defensa que hago, ad honórem, de Julián Assange y de Wikileaks, he tenido la experiencia de que tomen iniciativas de represión contra mí por defenderlo a él y a su organización. Y a mí me sacaron de la justicia porque quebrantaba el derecho de defensa ¿No es una contradicción maravillosa? Cuando ejerzo el derecho de defensa, me persiguen. Pero me echaron con el argumento de que había limitado el mismo derecho. Casos como este me permiten analizar los fenómenos con una perspectiva bien diferente. Es verdad que también he evolucionado en los análisis de los fenómenos masivos de criminalidad debido a mi estancia en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

C.O.T.- En algún momento, cuando mira hacia atrás, ¿se ha dicho: “me equivoqué, tal vez me excedí”?

B.G.R.- Todo el mundo se equivoca y por eso es probable que haya casos en los que se pueda decir que erré. Lo que sí puedo afirmar es que todas y cada una de las decisiones que tomé, estuvieron precedidas por la convicción de que eran correctas. Siempre he procurado ser muy exigente con el principio de legalidad. Ahora bien, he ido más allá de lo que muchos se atreven, porque mis concepciones de justicia son amplias. Haga de cuenta que la ley es un continuo de 1 a 100. Para algunos, lo más osado es llegar a 30. Para mí, lo verdaderamente progresista es alcanzar 100 pero jamás pasar al 101. Miras atrás y dices: “¿me he equivocado?” “Sí”, te respondes: “hay decisiones en las que has podido cometer un error. Pero las trascendentes, aquellas que han significado un antes y un después en mi vida, las volvería a tomar”.

C.O.T.- ¿Cómo cuáles?

B.G.R.- Volvería a investigar a organizaciones terroristas como ETA. Durante 24 años me prometí que, con las armas de la ley, iba a contribuir a la finalización del terrorismo en España. Creo que he cumplido aunque me ha costado mucho. Decisiones como las de la investigación de los crímenes del franquismo siguen siendo válidas para mí.

C.O.T.- Pues esa es una de las que le ha costado un proceso en su contra.

B.G.R.- Si, y la tomé conscientemente, sabiendo lo que me esperaba.

C.O.T.- Si pudiera ¿la reiniciaría?

B.G.R.- Sí, sin dudarlo, porque creo que es inmoral lo que ha ocurrido en España, al dejar desamparadas a las víctimas. Ellas no cuentan con nadie, a nivel institucional. Y lo digo alto y claro. Me da igual que me critiquen allá o acá. Lo que ha ocurrido es injusto y vergonzoso. No tenemos derecho a mirar a nadie a la cara después de que hemos tenido la oportunidad histórica de proteger a esas víctimas y de investigar los crímenes franquistas. Y de que el Tribunal Supremo haya tomado la decisión de decir no. Entonces, no me echaría para atrás en mi decisión de investigar esos crímenes. De hecho, mi fundación está contribuyendo a construir la memoria histórica sobre aquellos casos. Estamos, además, batallando para lograr que se cree una Comisión de la verdad.

C.O.T.- Esa decisión y otras igualmente polémicas, lo hicieron entrar a usted en líos con los tribunales de su país hasta cuando lo sacaron de la carrera judicial ¿No piensa en eso?

B.G.R.- No. Pero, además, no me han podido sacar: ¡sigo siendo juez!

C.O.T.- Suspendido en sus funciones…

B.G.R.- Sí, no puedo trabajar en la carrera judicial porque estoy inhabilitado. Pero el título no me lo han podido quitar.

C.O.T.- ¿Puede volver a ejercer como juez?

B.G.R.- Sí. Podría regresar dentro de siete años.

C.O.T.- ¿Le interesaría?

B.G.R.- ¡Uf! No lo sé ¿Para qué voy a hacer una afirmación que pueda convertirse en un titular que diga “Garzón asegura que volvería a la carrera judicial”? He sido juez toda mi vida. Estudié derecho para ser juez. He dedicado mi vida a la justicia y la sigo dedicando desde afuera. Si llego a enfrentarme a esa decisión, la valoraré, a pesar de que no me va a pillar muy joven, ¿eh? (risas). Tengo 57 años, es decir, que enfrentaría tal situación, a los 64. Hombre, lo pensaría porque todavía habría muchas energías y, además, no me gustaría negarles a muchos ese dolor de cabeza en caso de que lo volviera a tomar (risas).

C.O.T.- Uno de los procesos que le abrieron en España, por presuntamente limitar el derecho a la defensa cuando usted, como juez, ordenó interceptar las comunicaciones de unos procesados con sus abogados, fue asimilado aquí por algunos, al escándalo de las “chuzadas” del Das ¿Los dos casos se parecen?

B.G.R.- Me llamó la atención que algunos representantes de instituciones relevantes en Colombia, como la Procuraduría General, hicieran afirmaciones alegres como la que usted menciona sin conocer absolutamente nada del proceso que se seguía en España. Hay una condena del Tribunal Supremo contra mí que no comparto y que estoy combatiendo aún pero, fíjese lo curioso: se habló de la limitación al derecho de defensa porque ordené la interceptación de las comunicaciones, en prisión, de los jefes máximos de una de las redes de corrupción más grandes que ha existido en la democracia española. Y esa investigación terminó implicando a casi 100 cargos de Partido Popular, algunos de ellos, con alta relevancia. O sea, era una investigación necesaria para combatir la delincuencia y fue exitosa.

C.O.T.- Quiere decir que usted tenía razón pero ¿por qué ordenó interceptar las comunicaciones entre los presos y sus abogados? Ese fue el punto que se le criticó.

B.G.R.- La interceptación se ordenó para impedir la continuación del hecho delictivo de blanqueo de capital y de los movimientos de los fondos ilegales de los que yo ya tenía indicio, en el exterior. Cuatro años después, se me ha dado la razón cuando se encontraron $22 millones de euros en una cuenta del señor Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. Las comunicaciones que estaban interceptadas eran las de los líderes máximos de la red delictiva con cualquier persona, entre otros, sus abogados que también estaban imputados en la misma causa. Adopté esa medida y los fiscales y la Policía la compartieron. El juez que me destituyó, ratificó la orden de interceptación y la amplió. Cuando se revocó, otro juez y dos fiscales que llegaron al caso posteriormente, la mantuvieron. Y para poderme condenar, el Tribunal Supremo tuvo que crear el delito inexistente hasta el momento, en la propia sentencia. Toda una aberración jurídica.

C.O.T.- No me ha dicho aún: ¿se asimila ese caso al de las “chuzadas” del Das?

B.G.R.- No tienen nada que ver. Empezando porque yo no podía “chuzar” teléfonos o correos ilegalmente ¡Si yo era el juez competente para tomar la medida! Aquí, el DAS no tenía competencia, no era juez y no había investigación legal en curso. Sin embargo, interceptó las comunicaciones y siguió a los magistrados de la Corte Suprema, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas, a todos indiscriminadamente. En España, el juez, que era yo, tenía que evaluar la solidez de la investigación y la protección de la sociedad frente al crimen organizado. Lo que hice fue equilibrar y decir: “protéjase el derecho de defensa extrayendo – para la investigación - todo lo que se refiere a los delitos investigados, y elimínese lo demás ¿Cómo va a compararse esto con lo sucedido en el Das?

C.O.T.- De todas maneras, su prestigio internacional no parece haber sufrido mella, por lo que se ve, en cuanto a trabajo contratado, con su fundación y con usted mismo.

B.G.R.- Eso es lo peor que les ha ocurrido a algunos, dentro y fuera de España. Querían una especie de muerte civil para mí y, sin embargo, sigo trabajando, opinando y analizando los temas que me interesan.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional “inspeccionará” a Colombia

Cecilia Orozco.- Usted conoce bien el funcionamiento de la Corte Penal Internacional (CPI) porque ha sido asesor del Fiscal de ese tribunal ¿cree que Colombia puede caer en la órbita de interés de ese estrado?

Baltasar Garzón.- De hecho, en la Fiscalía de la CPI hay una investigación preliminar que involucra un proceso colombiano. La semana entrante, funcionarios de esa instancia harán una visita para comprobar si se han cumplido las recomendaciones que se le hicieron al Estado el año pasado. Recuerde que la nueva Fiscal de la Corte publicó una evaluación sobre Colombia y esta continúa.

C.O.- ¿Qué significa “continuar la evaluación”?

B.G.- Que el teleobjetivo de la Fiscalía de la CPI está enfocado en la justicia colombiana y que está observando si avanza en la investigación de los casos que podrían ser catalogados como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, no solo por parte del Estado sino también de las guerrillas y de los paramilitares. De momento, se ha dicho que el país esto ha invitado a que agilice los procesos.

C.O.- ¿Qué puede ocurrir durante esa visita?

B.G.- Que se continúe la inspección de la Fiscalía de la CPI; que se finalice porque sus recomendaciones se están ejecutando correctamente, o que se avance hacia un nuevo procedimiento.

Asesoría a la Fiscalía General del país

Cecilia Orozco.- ¿Cuáles son los objetivos de la Fundación Internacional Baltasar Garzón?

Baltasar Garzón.- Promueve los derechos humanos, la jurisdicción universal, la mediación de conflictos y la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo. Estamos trabajando en España, Colombia, México y, pronto, en Ecuador. También elaboramos proyectos en otros países, con menor intensidad.

C.O.- ¿Qué hace su organización en Colombia?

B.G.- Con la Fiscalía General desarrollamos nuevas técnicas de investigación y estamos organizando un programa de becas con la Universidad Javeriana. En Ecuador, vamos a crear una escuela de Derecho Indígena y, en México estamos ayudando a sustentar la Ley de Víctimas.

C.O.- ¿En qué consiste el proyecto con la Fiscalía colombiana?

B.G.- Trabajamos con los jefes de unidades para identificar problemas cuando se abordan las investigaciones y para determinar cómo coordinar resultados, optimizar recursos y establecer los vínculos que crean entre sí las organizaciones criminales lo cual permitirá fijar unas guías generales.

C.O.T.- ¿Qué opina de la formación de los fiscales colombianos?

B.G.R.- Que son buenos profesionales y que son comprometidos con sus deberes pero que les falta tener una comprensión integral de la complejidad de los fenómenos delictivos.