En un acto realizado en el municipio de Puerto Boyacá, denominado ahora la ‘Capital de la Reforma Agraria’ en el Magdalena Medio, el presidente Gustavo Petro, acompañado por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, hizo entrega oficial de 5.300 hectáreas a 510 familias campesinas, en su mayoría víctimas del conflicto armado.
Esta acción, que comprende 49 predios, 21 de ellos vinculados a procesos de extinción de dominio y activo ilegales, eleva a más de 19.000 las hectáreas entregadas por la ANT en la subregión del Magdalena Medio, una zona históricamente afectada por el narcotráfico y la violencia paramilitar.
Durante el evento, el mandatario aseguró que su orden es priorizar la recuperación de tierras ilegalmente tomadas para devolverlas al campesinado colombiano. Por su parte, el director de la ANT destacó que la Reforma Agraria es una realidad y se sustenta con más de 700.000 hectáreas devueltas en todo el país.
“La orden que he dado es seguir dándole prioridad a la recuperación de la tierra ilegalmente tomada por narcos, corruptos, la que es de baldíos, la que fue expropiada al campesinado, la que fue adquirida con dineros oscuros, para que la Agencia Nacional de Tierras, lo más rápido que pueda, se la entregue efectivamente al campesinado de Colombia”, aseguró el presidente Gustavo Petro.
El director Juan Felipe Harman, que fue recibido por una multitud de campesinos con una ovación que se extendió por varios minutos, afirmó que la Reforma Agraria no ha sido en vano en el Magdalena Medio: “Ya son más de 19.000 hectáreas las que hemos entregado en Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Yondó, La Dorada, Aguachica, Gamarra, La Gloria, San Alberto, San Martín, Tamalameque, Puerto Salgar, además de este municipio donde hoy estamos: Puerto Boyacá. Todo esto es un paso fundamental para revertir décadas de acumulación ilegal y avanzar en la construcción de paz”.
Entre los predios entregados se encuentran: La Gloria, Hoy Jamaica, Hacienda La Herradura, La Aurora, La Estrella, El Almendral, La Ponderosa, LT Sin la Gloria, El Rincón, Hacienda El Edén, Las Brisas, El Martirio, Parte de Ojo de Agua, Santa Marta, El Recreo, El Prado, La Primavera, La Esperanza 1, La Esmeralda, Tierra Bella y La Fredy.
De estos, 21 estuvieron vinculados a procesos de extinción de dominio, medidas cautelares y a la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Y algunos de ellos, como El Recreo, El Prado y La Primavera, fueron utilizados para el ocultamiento de activos ilegales. Otros, como Las Brisas, El Martirio, La Esmeralda y La Fredy, reflejan la estrecha relación entre la propiedad rural y las dinámicas del conflicto armado en la subregión, cuyos antagonistas fueron los paramilitares.
Durante el acto de entrega, Sandra Patricia Isaza, representante legal de la Asociación Agropecuaria Emprendedores Isla El Jardín, agradeció al Gobierno y resaltó que, gracias a esta iniciativa, “se ha dado la oportunidad de impulsar la dignidad para nuestra comunidad, porque ahora tenemos el predio Los Alpes, donde vamos a cultivar arroz, ahuyama, patilla y otros alimentos. Es la semilla de la Reforma Agraria”.
Y es que, durante años, Puerto Boyacá, fue uno de los principales escenarios de consolidación del paramilitarismo en Colombia, allí la tierra sirvió de instrumento de control territorial, social y político, de mecanismo de blanqueo de capitales a través de redes de testaferrato y transacciones de recursos provenientes del narcotráfico. Sin embargo, estos predios recuperados por la ANT hacen tránsito hacia su uso legítimo y productivo al volver a las manos de los campesinos que durante años soñaron con volver a arar la tierra.
“Agradecemos esta valiosa oportunidad y también la abrazamos porque estas tierras nos van a servir como medida de restauración temprana, nos van a servir para seguir un legado de rescate cultural, campesino y ancestral de nuestros usos y costumbres”, enfatizó Ludirlena Pérez Carvajal, representante de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado Gestionando Paz.
Este acto se realiza luego de que la Corte Constitucional resolviera a favor la demanda interpuesta por el director Harman contra el Decreto Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras.
“La Corte le ha ordenado al Consejo Superior de la Judicatura poner en marcha, a partir del 2027, la Jurisdicción Agraria con o sin el apoyo del Congreso. Es una decisión de la Sala Plena que le pone punto final a la espera de las campesinas y los campesinos de tener una justicia al alcance y el acceso de todos los conflictos agrarios que se originan en este país”, comentó el director de la ANT.
De esta manera, la entrega de predios se presenta como un eslabón concreto y tangible dentro de la política pública de tierras del actual gobierno, que seguirá desarrollando acciones enmarcadas en la Reforma Agraria para que la tierra cumpla su función social con quienes históricamente han sido excluidos de su acceso, y para quienes realmente les pertenece y la trabajan, para es sean el motor de las familias y el campo.