Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) continúa su marcha exitosa en la implementación de la Reforma Agraria en Colombia, promoviendo el acceso equitativo a la tierra como un derecho fundamental para las comunidades rurales.
El Gobierno del Cambio, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha materializado la formalización de 1.253.374 hectáreas de tierra en tan solo dos años y medio, mientras que en los cuatro años de Iván Duque se formalizaron tan solo 1.072.519 y en el de Juan Manuel Santos, 265.088.
Se han adquirido cerca de 428.034 hectáreas a comunidades campesinas, negras e indígenas, estas son 6 veces lo adquirido por gobiernos anteriores. En el de Duque apenas se alcanzaron 18.159 y en el de Santos 17.882 hectáreas entregadas.
La ANT les cumple el sueño a miles de familias que, por muchos años, lucharon por una franja de terreno, que les permitiera hoy desarrollar sus propios proyectos productivos y mejorar su calidad de vida.
“Tenemos una gran responsabilidad porque la tierra que hemos venido comprando y entregando no se puede quedar ahí, hay que ponerla a producir. Esto va a mejorar la calidad de vida de los campesinos y nos va a permitir poner en ejecución el decreto presidencial sobre entregar proyectos productivos a comunidades rurales”, dijo Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.
La Reforma Agraria supera los 424 comités municipales conformados en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada. Lo que se traduce en que hoy el país está siendo organizado desde la autonomía de las diferentes comunidades rurales y campesinas.
La Agencia Nacional de Tierras por medio de la conformación de estos Comités Municipales permite impulsar la creación de Zonas de Reserva Campesina y la formalización de la tenencia de las tierras. Además, se promueven reuniones para concertar la compra y venta de predios, se motiva el control social y la vigilancia en las asambleas de beneficiarios, y se orientan las demandas locales, todo en cabeza y decisión de las mismas comunidades presentes en los territorios.
En los comités municipales de Reforma Agraria, las comunidades proponen soluciones para la dotación de tierras, su aprovechamiento productivo y trazabilidad del proceso. Ninguna entidad o grupo está más capacitado que los propios habitantes rurales para identificar necesidades, desafíos y oportunidades para sus territorios.
La ANT ha logrado constituir 176 RESGUARDOS INDÍGENAS Y 76 TITULACIONES colectivas de comunidades negras, este último, con el fin de facilitar su adecuado asentamiento y desarrollo étnico, de conformidad con sus prácticas tradicionales de producción ancestrales.
“Por años, los gobiernos no nos reconocieron ni nos escucharon. Hoy no solo somos sujetos de derechos, sino que tenemos voz y decisión sobre nuestro territorio. Desde el Comité de Reforma Agraria estamos organizando la tierra que por tanto tiempo nos despojaron”, aseguró Luz Estella Soto, miembro de la Asociación de Mujeres Productivas Aloe Vera, del departamento del Huila.
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman Ortiz, aseguró que hay un reto sustancial y es que el presidente Gustavo Petro, delega a la Agencia de Tierras, para que, a partir del 1 de noviembre de 2024, tenga facultades para entregar proyectos productivos. Es decir, ya no hay que esperar el título final para iniciar una ruta de producción de la tierra, sino que directamente la ANT es la encargada de desarrollar un esquema de estructuración para poner a producir la tierra.
La Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (DAE) ha entregado 22 INICIATIVAS COMUNITARIAS con enfoque diferencial étnico y enfoque de género, con una inversión de 8.320 millones de pesos con el fin de garantizar su seguridad alimentaria, preservar y fortalecer sus prácticas tradicionales, ancestrales y procesos comunitarios de su territorio.
Se han venido priorizando las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como parte de la agenda de la Reforma Agraria, con la constitución de 13 ZRC a lo largo y ancho del país, garantizando el acceso a más de 556.261 hectáreas para fomentar la sostenibilidad ambiental y la economía campesina mediante la planificación y organización del territorio.
El valor de la palabra
Testimonios de los protagonistas de estas historias de entrega y titulación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras.
Una Zona de Reserva Campesina liderada por mujeres
Gloria Azucena Castro hace parte del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina de Santa Isabel y Anzoátegui, en el departamento de Tolima. Esta necesidad surgió a raíz de la ausencia de títulos en predios de la zona. “Nos habíamos visto perjudicados al solicitar créditos para trabajar e iniciar empresas familiares. Nos inquietamos y tuvimos la oportunidad de compartir con unos compañeros quienes nos contaron que estaban impulsando una reserva campesina. Nosotros, en este sector, asistimos a una reunión con la funcionaria de la Agencia Nacional de Tierras, Carolina Guevara. Ella nos dijo que el mandato del presidente Gustavo Petro estaba a favor de la titulación de tierras para los campesinos, de hacernos un aseguramiento de la tierra”, cuenta.
Castro señala que se pusieron las pilas. Se abanderaron como grupo de mujeres de la Asociación de Mujeres Cafeteras de Santa Isabel. Se pusieron la camiseta, llevaron a cabo mesas de trabajo con la participación de 18 veredas del municipio de Santa Isabel y de San Suate. Hicieron encuestas, buscaban lograr un ordenamiento dentro del territorio. Obtener los títulos y que la comunidad obtuviera los recursos, porque como ella explica: “hemos sido vulnerados, porque los recursos llegan a las entidades y así las cosas prácticamente no se ejecutan”.
“Nosotros en el campo estamos como olvidados”, agrega. Da las gracias a Dios porque obtuvieron una resolución tras 18 meses de trabajo. “Bendito el Señor, ya estamos constituidos como Reserva Campesina del Norte del Tolima, la primera del departamento”, concluye.
Testimonio de la Reforma Agraria y la Titulación de Tierras
María Magdalena Benítez es ejemplo del trabajo que lleva a cabo el actual Gobierno en favor de la implementación de la Reforma Agraria en Colombia.
Ella vive en el municipio San Juan de Rioseco, en el departamento de Cundinamarca. Allí, la lucha campesina por sus derechos fundamentales, así como el trabajo eficiente de la Agencia Nacional, les permitieron contar con los títulos de la tierra que habitan desde hace 15 años.
“Fue hace unos seis años que iniciamos el proceso. Durante este tiempo hicimos los trámites que nos pidieron para contar con las escrituras de la tierra, las cuales nos fueron entregadas hace más o menos unos dos años”, cuenta Benítez.
San Juan de Rioseco está ubicado en la provincia del Magdalena Centro, a unas tres horas en carretera de Bogotá. En dos años y medio del actual Gobierno, 1′200.000 hectáreas se han formalizado en todo el país, incluyendo lugares como este municipio al occidente de Cundinamarca.
“Nuestra tierra es de dos fanegadas y media. Iniciamos el proceso de forma individual, ya que se la compramos hace unos 15 años a un señor que murió y nos dejó sin escrituras. Por eso acudimos a la Agencia Nacional de Tierras”, agrega Benítez.
Hoy, con los títulos en sus manos, Benítez y su familia han mejorado las condiciones de su terreno. Cultivan lulo, plátano, aguacate y café. Estos productos les permiten subsistir. Algunos los consumen y otros los venden a un comerciante en su vereda.
“La vida nos cambió bastante porque ya somos dueños del terreno, somos propietarios, entonces tenemos acceso a más créditos y si queremos, podemos vender”, concluyó María Magdalena Benítez.
Una deuda histórica con el campesinado
Soy Carlos Andrés Palomino Zampayo, líder y beneficiario del proceso la oficina en Chimichagua, Cesar. Somos 173 familias en 2.200 hectáreas, tierra que nos hace entrega la ANT, la Agencia Nacional de Tierra, en cabeza del doctor Juan Felipe Harman y su equipo de trabajo, como el doctor Rafael Araújo y la doctora Alexandra Pineda Ortiz. Este proceso comenzó el 26 de mayo del 2021. Hubo dos intentos de desalojo: uno el 16 de diciembre del 2021, y el otro el 4 de octubre del 2022, donde se nos hizo un intento de homicidio con más de 300 efectivos del ESMAD, el cual fue también fallido.
Con articulación con otros procesos vecinos, logramos que no se diera el desalojo y que se estableciera una mesa técnica con el Gobierno: Ministerio del Interior, Unidad de Víctimas, Restitución de Tierra y Defensoría del Pueblo. Ahí inicia una ruta que nos lleva a que nuestros sueños como campesinos se hicieran realidad. Hoy tenemos de 10 a 10.5 hectáreas por familia. Somos 173 beneficiarios, celebramos, y queremos que muchos campesinos en este país también reciban este beneficio de esta deuda histórica que tiene la nación para con el campesinado.
Hoy el Estado nos da un reconocimiento como sujeto de derecho y especial protección, gracias al gobierno de Gustavo Petro, que ha tenido ese compromiso con el campesinado de Colombia. Nuestros territorios demuestran que la lucha sí vale la pena y que tenemos produciendo nuestros campos y que hoy por hoy somos la despensa agrícola del municipio de Chimichagua y sus alrededores.
Activo que erige y fundamenta la pervivencia cultural y étnica
Por: Henry Ariel Redondo Gamez, coordinador de DD. HH del Consejo Comunitario El Negro Robles de la población afrodescendiente de Camarones.
Hoy, la población afrodescendiente de Camarones, en el marco de la implementación de la Ley 70 de Comunidades Negras y del Decreto 1745, goza del beneficio del acceso a la tierra como un derecho fundamental para el desarrollo de la identidad cultural como pueblo negro. Esto ha sido producto del reconocimiento que establece que una comunidad negra puede organizarse como consejo comunitario para, digamos, avanzar y materializar los derechos fundamentales a la identidad étnica y cultural, que son parte esencial de la diversidad étnica y cultural de la nación.
Este proceso organizativo da como sustento también el acceso a la tierra como ese activo que erige y fundamenta la pervivencia cultural y étnica, entendiendo que estos poblamientos desarrollan la vida cultural en diferentes aspectos. Uno de ellos es la vida económica y productiva, enmarcada en las prácticas tradicionales de producción, que, para el caso de las comunidades étnicas, están asociadas a la cría de animales para el sustento de la economía propia y de la autonomía alimentaria, lo mismo que el establecimiento de los cultivos de pan coger.
En el marco de este proceso, el Consejo Comunitario tiene o alcanza su vida jurídica en el año 2014, y a partir del año 2016 iniciamos el proceso de titulación colectiva ante el antiguo ICODER. Seguidamente, este consejo, entendiendo esas barreras que venían impidiendo el acceso a la tierra, tomó la decisión de instaurar una acción de tutela.
Para el año 2020, la acción de tutela fue fallada a favor para proteger los derechos fundamentales del pueblo negro, integrado en el Consejo Comunitario El Negro Robles, que es la organización de la cual hacemos parte, y solo hasta el año 2024, la Agencia Nacional de Tierra hace entrega de estas tierras bajo el principio del reconocimiento de esa identidad cultural que se desarrolla en el marco de esas prácticas ancestrales de producción.
Todo esto ha sido posible gracias a esa voluntad de Gobierno en el marco de las transformaciones sociales que impulsa este gobierno del cambio de Gustavo Petro y nuestra hermana Francia Márquez.
Hoy, gozar del beneficio a la tierra para nuestra comunidad negra se traduce en la protección jurídica del territorio para materializar los derechos fundamentales de las generaciones del Consejo Comunitario Negro Robles, generaciones que a partir de hoy van a estar protegidas en el marco de lo que se consagra en la constitución política colombiana.