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Un diagnóstico oficial compartido por la Contraloría General de la República sienta las bases para el mayor cambio en tres décadas en la financiación de las universidades públicas colombianas. En su reciente informe de control fiscal, la Contraloría concluyó que el esquema establecido por la Ley 30 de 1992 generó una crisis de sostenibilidad en el sistema educativo. El Ministerio de Educación no solo coincide con este diagnóstico, sino que enfatiza que este gobierno ha actuado para corregir ese rumbo con recursos sin precedentes y una reforma estructural.
El núcleo del problema, según ambos entes, fue un diseño que ató el crecimiento de los aportes estatales al Índice de Precios al Consumidor (IPC), ignorando la realidad de los costos educativos, la expansión de la matrícula, las exigencias de calidad y la incorporación de tecnología. Este modelo, vigente por más de 30 años, generó un desfinanciamiento crónico que comprometió la capacidad institucional.
Frente a esta herencia, el Ministerio de Educación detalla que entre 2023 y 2026 la inversión nacional en educación superior pública alcanzó cerca de COP 15 billones, de los cuales COP 13 billones fueron transferencias directas a las Instituciones de Educación Superior (IES). Este monto incorpora más de 5 billones adicionales gracias al Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”, lo que representa el mayor incremento real de recursos en más de una década.
Matrícula gratis
Uno de los giros más significativos es el tratamiento de la gratuidad en la matrícula. Antes vista como un programa social auxiliar, este gobierno la ha convertido en un componente financiero central del sistema.
Los recursos para garantizar que más de 900 mil estudiantes no paguen matrícula ya no son un subsidio externo, sino que se incorporan a la base presupuestal de funcionamiento de las universidades. Esto significa un alivio directo, pues las IES reciben del Estado los recursos que antes dependían de los pagos de los estudiantes, lo que les da mayor predictibilidad y estabilidad. En 2023 este programa representó una inversión cercana a COP 1,8 billones y en 2026 ya alcanza los COP 3,2 billones.
Infraestructura: un plan que salda una deuda histórica
El Gobierno del Cambio también ha puesto en marcha el primer proyecto nacional de infraestructura para la educación superior pública, con el que se busca saldar la brecha en infraestructura física y tecnológica, uno de los rezagos históricos más profundos del sistema, mediante el Plan Nacional de Espacios Educativos.
Con una asignación de COP 2,2billones de pesos hasta 2026 y una programación futura que garantiza continuidad, hoy más de 120 proyectos en 38 municipios buscan desconcentrar la oferta académica, fortalecer la capacidad regional y ampliar la cobertura con calidad y enfoque territorial, un punto que la propia Contraloría había señalado como crítico. Además, ya se han aprobado vigencias futuras por cerca de COP 6,7 billones, garantizando la continuidad de la inversión a 10 años.
Es importante señalar que el análisis financiero del informe se apoya principalmente en información contable histórica correspondiente al período 2019-2022 y no incorpora de manera integral el análisis presupuestal propio de las entidades públicas ni los recursos adicionales ejecutados a partir de 2023, en especial aquellos destinados a la política de gratuidad, la inversión en infraestructura y el fortalecimiento de la base presupuestal de las universidades.
Educación superior pública como derecho
Este gobierno ha desplegado dichas estrategias considerando que el Estado colombiano tiene la obligación indelegable de garantizar el derecho a la educación superior, entendido como un derecho fundamental de carácter progresivo.
En este contexto, los ingresos propios de las IES, generados principalmente a través del cobro de matrícula, han operado históricamente como un mecanismo complementario para cubrir brechas no atendidas por las transferencias de la Nación. Lo que ha hecho el Gobierno del Cambio es reorientar estructuralmente este esquema, incorporando los recursos de la política de gratuidad como base presupuestal de funcionamiento, reduciendo la dependencia de las matrículas y fortaleciendo la financiación directa a la oferta.
En relación con el pasivo pensional de las universidades públicas, es necesario precisar que los valores señalados en el informe corresponden a obligaciones de largo plazo proyectadas a varias décadas, y no a presiones fiscales inmediatas sobre la operación anual de las instituciones. Si bien el pasivo pensional constituye uno de los principales retos estructurales del sistema, su análisis debe considerar los mecanismos de concurrencia establecidos en la Ley 100 de 1993 y la Ley 1371 de 2009, así como las transferencias futuras previstas por la Nación y las entidades territoriales.
No obstante, el Gobierno del Cambio ha venido fortaleciendo el esquema de concurrencia pensional y trabajando con las universidades y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para actualizar los cálculos actuariales, suscribir convenios y garantizar mayor oportunidad y certeza en los giros.
Una reforma para la sostenibilidad y la equidad
La reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, aprobada por el Congreso, constituye el cambio estructural más importante en la financiación de la educación superior pública en tres décadas.
La norma sustituye el IPC como índice de referencia para el aumento de los recursos por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES). Este nuevo indicador reflejará los costos reales de formar profesionales e investigar. Además, la reforma vincula el crecimiento de la inversión al PIB y establece fondos específicos para cerrar brechas regionales y de calidad.
Según la entidad, este gobierno ha emprendido la mayor inversión en la historia de este sistema, ha implementado medidas orientadas a corregir el rezago generado por décadas, dando pasos significativos en la ruta propuesta por la Contraloría en el sentido de desconcentrar la oferta de educación superior en las ciudades principales y garantizar el acceso a este derecho en los territorios.