Colombia posee una riqueza étnica sin igual, en la que se encuentran más de 100 pueblos indígenas en el territorio nacional. De acuerdo con estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se cree que cerca del 4 % de la población total pertenece o se identifica como una persona indígena, de ellos el 58,1 % hace parte de los pueblos zenú, nasa, pasto y wayuu (poblaciones con mayor número de integrantes registrados).
Sin embargo, una característica común que comparten los pueblos originarios es que persisten barreras que agudizan la discriminación, el desvanecimiento de sus costumbres, lenguas y tradiciones, e incluso limitan su acceso a educación, alimentación de calidad y salud.
Consciente de esta realidad, y con el complejo panorama de malnutrición y desnutrición en La Guajira, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), bajo la directriz del Gobierno Nacional, lleva a cabo en este departamento la implementación de la “Guía para la atención integral del pueblo wayuu en sus territorios ancestrales”.
De acuerdo con Astrid Cáceres, directora general de la entidad, se trata de un mecanismo que busca crear un modelo propio para esta población, que fortalezca la participación comunitaria, responda a una atención directa y eficiente para niñas, niños y mujeres gestantes, como sujetos de atención prioritaria, y también se extienda a las familias y comunidades como entornos esenciales donde se propicia el desarrollo integral.
“Por años, el ICBF ha hablado de una ‘oferta institucional’, a través de la cual se brindan ‘servicios’; sin embargo, en esta administración se proyecta un cambio que va desde el lenguaje y que incluye, por supuesto, la forma de implementar acciones para que se garanticen progresivamente derechos fundamentales como el derecho humano a la alimentación, la educación y la salud”, afirma la vocera.
Según el instituto, este modelo operará inicialmente en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, accionados por la Sentencia T-302 de 2012 que brinda protección especial a estas comunidades.
Conforme a lo estipulado, este modelo será ejecutado por los cabildos indígenas, autoridades tradicionales indígenas, asociaciones, autoridades de resguardos y juntas de acción comunal rurales.
Todo esto con el objetivo de promover una participación, intervención y supervisión en la que los integrantes de las comunidades y rancherías serán los encargados de velar por la calidad de la educación que reciben la niñez y adolescencia, así como de la alimentación de la comunidad.
“En este modelo habrá Unidades de Atención que llegarán a cerca de 125 familias por sectores y estarán conformadas por un talento humano que incluye líderes pedagógicos, agentes educativos, gestoras de alimentación, promotores en salud y dinamizadores culturales. Con esta iniciativa, el ICBF hará una intervención integral que busca promover la permanencia de la cultura wayuu, el cuidado propio y colectivo, la seguridad y soberanía alimentaria y el fortalecimiento comunitario”, señala Cáceres.
Una generación para la vida y la paz
En el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida hay un capítulo destinado a la protección de la niñez y la adolescencia en el territorio nacional.
Por ello, el ICBF trabaja para alcanzar la universalización de la atención integral a la primera infancia en los más de 400 municipios priorizados por el Departamento Nacional de Planeación, debido a su mayor riesgo de vulneraciones.
“Estamos contribuyendo de manera protagónica en la alimentación, a través de las zonas de recuperación nutricional y programas como ‘Hambre Cero’, ubicados en ecosistemas encaminados al goce de la soberanía alimentaria. Los procesos de investigación alimenticia están contribuyendo justamente a esta meta con nuevos productos de alto valor nutricional e insumos de industria nacional”, aseveran desde el instituto.
Así mismo, la directora Cáceres señala que, en materia de construcción de paz, su dependencia ha puesto en marcha como eje transversal la pedagogía y garantía de los derechos humanos como un pilar para alcanzar la justicia social, involucrando a la niñez, adolescencia, juventud y a las familias porque la no repetición de la violencia, la ruptura de ciclos históricos de segregación y el cierre de brechas requieren una inversión y educación desde la niñez.
Cabe señalar que la mirada territorializada implementada en La Guajira se espera que también llegue a otras regiones del país como el Catatumbo y el Pacífico para garantizar derechos con un enfoque diferencial que permita que la paz llegue para quedarse en los territorios.