Las universidades públicas del país cierran el año con buenas noticias. En medio de un panorama de crisis para la educación superior, el Congreso de la República tomó una histórica decisión: la aprobación del fortalecimiento financiero más importante de las últimas décadas. Se trata de la reforma de los artículos 86 y 87 de la conocida Ley 30 de 1992 que ya superó su trámite legislativo y está ad portas de la sanción presidencial. Esto representa un paso en firme para los estudiantes, pues el proyecto garantiza más recursos, reglas justas de financiación y un futuro sostenible para universidades, instituciones técnicas, tecnológicas y universidades estatales.
Este paso sin precedentes no habría sido posible sin un elemento clave en la ecuación: el movimiento estudiantil colombiano. Durante décadas, generaciones de jóvenes alzaron su voz, se movilizaron, marcharon y resistieron en las calles para exigir una financiación justa y suficiente para la educación superior pública que cada vez se acercaba más a un sistema en vía de extinción. “Hace diez años, miles de estudiantes salieron a las calles para exigir financiación pública para la universidad pública. Hoy podemos decir, con certeza, que esa lucha no fue en vano. Aquello por lo que se movilizaron es hoy Ley de la República”, dijo el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.
A la par de la histórica decisión que se dio en el Capitolio, el ministro Medellín aprovechó para anunciar un paso más en el camino: la radicación de la reforma integral que entiende la educación como un derecho. Lo dijo ante estudiantes de educación superior pública, profesores, rectores y toda la comunidad académica que se unió a la celebración. “Este es un logro colectivo, de un país que ha comprendido que la educación es el primer instrumento para construir la paz. Esto es de ustedes: inscríbanla, celébrenla y acompáñennos, porque vamos por el segundo tiempo”, expresó Rojas Medellín, mientras los y las estudiantes alzaban pancartas con la leyenda: “Estudiar no es un privilegio, es un derecho. ¡Hazlo valer!”.
Lo que viene con la aprobación del proyecto
En época de festividades, este paso representa un Año Nuevo para miles de estudiantes, docentes y comunidades educativas en todo el país que han resistido durante años a la incertidumbre financiera que ha marcado el rumbo de la educación superior pública. Ahora, la aprobación del proyecto de ley reafirma uno de los compromisos centrales del Gobierno del presidente Gustavo Petro: el fortalecimiento de la educación como pilar de la justicia social, la paz, la equidad y el desarrollo nacional. En efecto, la formación gratuita y pública ha sido uno de los principales llamados del mandatario, quien ha puesto este componente como una de las bases de la paz.
Lo que viene con esta decisión que aprobó en Congreso es un modelo pensado para que, en el marco de su autonomía, las instituciones de educación superior afronten una necesidad histórica. Durante años, la financiación de las universidades públicas creció muy por debajo de sus necesidades reales. Mientras la matrícula aumentó de forma acelerada, los recursos no acompañaron ese crecimiento, afectando la calidad, la cobertura y su sostenibilidad institucional. La reforma establece un nuevo esquema de financiación que reconoce las variaciones de los costos reales de funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas.
En ese sentido, este proyecto deja atrás un sistema atado únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), claramente insuficiente. A partir de ahora, los aportes de la Nación se ajustarán con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, lo que permitirá una asignación más justa y acorde con la realidad del sistema. A largo plazo se tiene un objetivo más ambicioso: alcanzar una inversión equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior pública, acercando a Colombia a los estándares internacionales y a los promedios de países de la OCDE.
El Gobierno Nacional ya ha venido dando pasos concretos en esta dirección. En solo tres años, el presupuesto para las instituciones de educación superior públicas pasó de 5,5 billones de pesos a cerca de 12 billones en 2025, incluyendo recursos de gratuidad. Para 2026, el presupuesto superará los 13 billones de pesos, sin crear nuevos impuestos. Con la entrada en vigencia de la reforma, en 2027 el sistema recibirá cerca de un billón de pesos adicionales, destinados a ampliar cobertura, mejorar la calidad, fortalecer la investigación cerrar brechas y avanzar en la regionalización de la educación superior.
De esa manera, los nuevos recursos estarán orientados a ampliar el acceso, garantizar la permanencia y promover la graduación de estudiantes; fortalecer el bienestar universitario; mejorar las condiciones de la planta docente y administrativa; impulsar proyectos de infraestructura; y cerrar brechas territoriales y sociales que históricamente han limitado las oportunidades de miles de jóvenes. Colombia despide el año con una certeza: la educación pública volvió a ser una prioridad nacional y un motor real de transformación social.