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Mientras en 2024 La Calera enfrentaba racionamientos de agua, la Industria Nacional de Gaseosas S.A. (INDEGA S.A.) solicitaba a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca la renovación de una concesión de aguas para embotellar y comercializar agua. Para ese momento, habían pasado más de 40 años desde que se extraía agua del territorio, y ni siquiera en las sequías más extremas había detenido su operación.
Frente a esta situación, la comunidad comenzó a preguntar por el estado de esa concesión. Entre quienes indagaron se encontraba el concejal Javier Cifuentes, integrante de la comunidad muisca, y líder ambiental, quien en un debate de control político solicitó información y denunció abiertamente lo que estaba ocurriendo.
Luego de hacer pública las incertidumbres que tenían sobre el proceso, mientras el líder indígena caminaba por el río Teusacá, fue abordado y amenazado de muerte. El hecho fue denunciado ante las autoridades y, pensando en su protección, dejó un mensaje preventivo en sus redes en caso de que algo le ocurriera.
La respuesta de la empresa fue activar un proceso penal por injuria agravada en su contra, con el claro objetivo de convertir al denunciante en denunciado y desviar así el debate de fondo sobre los usos del agua.
Para el Colectivo de abogadas y abogados José Alvear Restrepo -Cajar- este caso es la radiografía de una estrategia peligrosa en la cual se usa el derecho penal para silenciar a quienes, como el Concejal, deciden participar en la defensa comunitaria del agua y del territorio, un asunto de evidente interés público.
El abogado Sebastián Escobar reveló que este hecho afecta a quienes defienden derechos humanos y ambientales. “Este caso es un ejemplo claro de abuso de poder corporativo porque muestra una asimetría enorme usada para intimidar. Estamos frente a una de las multinacionales más grandes del mundo —Coca-Cola FEMSA— activando un proceso penal contra un Concejal de un municipio pequeño, cuyo único acto fue ejercer control político y alertar sobre un asunto de interés público”.
Para el Cajar existen riesgos para quienes denuncian irregularidades ambientales en Colombia. “El abuso se evidencia en la desproporción de la respuesta. El Concejal estaba poniendo en conocimiento una situación de riesgo por amenazas contra su vida, y la reacción fue una denuncia penal en su contra. Esa desproporción revela que el objetivo real no era proteger ninguna honra, sino desincentivar la labor de control político sobre la gestión del agua en La Calera, aprovechando un contexto de vulnerabilidad tras haber sido amenazado”, explicó.
¿Cómo se usa el sistema judicial para silenciar a los defensores del agua?
Según el abogado Sebastián Escobar la industria está usando una práctica denominada Slapp que consiste en usar una demanda estratégica para frenar la participación en asuntos de interés público.
Al respecto, argumentó que en el caso del Concejal de La Calera se criminalizó el discurso: Un pronunciamiento político protegido —la crítica a la concesión de agua o un mensaje de autoprotección tras amenazas— se transforma en un supuesto delito contra el honor, como la injuria agravada.
•Efecto disuasorio: La denuncia penal no busca necesariamente ganar el caso, sino enviar un mensaje intimidante: si cuestionas nuestros intereses, te procesamos. Es un mecanismo para desincentivar el control político.
•Transar el silencio: Se usa el temor a una condena como herramienta de presión. La empresa ofreció desistir del proceso si el concejal aceptaba que sus críticas eran infundadas y se comprometía a no volver a pronunciarse. Es decir, el aparato penal se convierte en una forma de censura previa.
Finalmente, Sebastián Escobar hizo un llamado a la Fiscalía como a los jueces y además solicitó a los congresistas legislar. “Las autoridades judiciales tienen el deber constitucional y convencional de aplicar controles y archivar de plano querellas que buscan penalizar discursos protegidos sobre asuntos de interés público. Muchos países cuentan con leyes antiSLAPP, en Colombia se ha intentado en el pasado sin éxito, pero entretanto, la Fiscalía, con fundamento en la Opinión Consultiva OC 32 de 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está en condiciones de elaborar una directiva interna con estándares y criterios para que los Fiscales puedan valorar cuando una acción legal puede ser una SLAPP. Deben investigar las amenazas contra la vida del concejal con la misma celeridad con la que tramitan las injurias de la empresa”, puntualizó el abogado del Cajar.