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Si hablamos de compañías colombianas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, una de las primeras en la recordación colectiva nacional es el Grupo Energía Bogotá (GEB), líder en el sector energético con presencia en actividades de transmisión de energía eléctrica, transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala.
Por ello, entrevistamos a Juan Ricardo Ortega López, presidente del GEB, multilatina con más de 128 años, 20.000 kilómetros de líneas de transmisión en operación y más de 4.400 kilómetros en gasoductos, para hablar de la necesidad de avanzar en la transformación energética nacional.
Cuentan a la fecha con varios proyectos de transición energética, ¿qué los lleva a realizar estas apuestas?
Lo hacemos porque como empresa tenemos un componente ético y moral muy fuerte que nos lleva también a ser estratégicos, entendiendo que estamos afectando al planeta. Ya lo ha demostrado el seguimiento del cambio climático que ha realizado las Naciones Unidas y las altas temperaturas que se vienen presentando en ciertas zonas del mundo.
Reconociendo esta realidad como empresa pública, y desde nuestra junta directiva, tenemos claro que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a la transformación de la matriz energética de nuestro país, dado que la energía es la esencia de la transformación de la humanidad, así se ha demostrado a lo largo de la historia.
Cerca del 90 % de nuestra energía proviene de hidrocarburos que al ser quemados producen carbono, compuesto que está afectando la capa de ozono. Por lo que todos debemos comprometernos a emitir menos contaminación, reduciendo nuestro consumo de gasolina y diésel e incluso reduciendo nuestra ingesta de carne, pues la producción bovina es uno de los grandes emisores de gas metano.
¿Cuál sería entonces el gran reto de atención energética a la fecha?
Que la transición no nos salga excesivamente costosa. El mejor ejemplo es lo que pasó en Europa, al intentar sustituir su fuente de energía que primordialmente es el gas de Rusia, optaron por fuentes alternativas como la amonia y el metanol deshidratado, que cuestan cinco o seis veces más. En Colombia no podemos permitir que los servicios públicos suban a causa de este paso que es necesario, debemos pensarnos un sistema en el que más contamina pague más para reparar, en el que -incluso siguiendo el ejemplo de Europa- podríamos subir el impuesto al carbono para que sea razonable y justo.
Asimismo, se deben crear incentivos para que las grandes industrias puedan reconvertirse, dejando el uso del carbón y pasar al gas, a la electricidad o al hidrógeno verde, como lo mencionó el presidente Petro; sin embargo, para su generación debemos contar más con fuentes naturales de energía hídrica, eólica, solar, biomasa y geotérmica.
Se ha hablado recientemente por el bajo nivel de los embalses de si existe la probabilidad de que el suministro de energía se vea afectado. ¿Existe algún riesgo de apagón debido a las fuentes de energía que se mantienen?
Tenemos retos importantes en materia de transmisión, y justo allí el país necesita más inversiones. Producimos energía solar en zonas con alta radiación como Huila, Sucre, Córdoba, Atlántico, Cesar y La Guajira, esta última con buen viento, al igual que toda la Costa Atlántica, en donde producimos energía eólica. No obstante, el mayor desafío está en lograr que esa energía llegue a otras ciudades, para eso necesitamos más líneas de transmisión. A nivel mundial se estima que son necesarias 150 millones de kilómetros, lo que es equiparable a la distancia entre la Tierra y el Sol.
Es por ello que debemos avanzar en la construcción de estas, porque si no somos capaces de construir más líneas para 2026, no habrá suficiente electricidad para la demanda de ciudades grandes como Bogotá. Si no lo hacemos habrá una afectación no solo para la población que no contará con el servicio, sino también estaríamos usando energía sucia que hay que sustituir construyendo líneas que permitan traer la energía de Ituango, Sogamoso, La Guajira, Córdoba, Sucre y Cesar.
En ese mismo aspecto, ¿cómo vienen avanzando los proyectos que GEB tiene de transición tanto del norte como de Sogamoso?
Avanzamos, aunque no al ritmo que quisiéramos. Hemos encontrado oposición comunitaria, la cual sabíamos en parte que íbamos a tener porque los cambios pueden intimidar, pero la realidad es que se han inventado muchas mentiras, muchos mitos en torno a supuestas repercusiones que pueden generar las torres de transmisión. Han inventado de todo, desde que pueden afectar los nacimientos de los ríos, la agricultura e incluso que podría acabar con el bosque de niebla, hemos llegado incluso a recibir quejas porque “dañaríamos la vista de quienes tienen fincas o casas de recreo”.
No obstante, venimos avanzando con expertos y con la normativa que garantiza que no habrá una afectación severa y que incluso la que se haga se reparará 10 veces en el mismo hábitat. La ley exige que como mínimo las torres cuenten con 60 metros de espacio de protección, parámetro que limita su edificación a las montañas, pues en las ciudades no se puede contar con dicho espacio. Eso sí, respetando los 60 metros de distancia de una fuente de agua que estipula la ordenanza y los 100 metros en caso de nacimientos.
Aprovecho esta oportunidad para decirles a las comunidades que esto no es posible sin ellos. Estamos en total disposición de dialogar, hemos cambiado la forma en que se compensaban esos predios para que la remuneración sea justa, Necesitamos avanzar en los estudios técnicos que nos permitan reconocer las características del suelo para identificar si habrá un impacto. Tengan la certeza de que si identificamos algo haremos la correspondiente gestión frente a la autoridad ambiental para solicitar una modificación, porque –aclaro- no podemos hacerla unilateralmente; sin embargo, con un diálogo inteligente podemos atender a sus demandas.
Menciona la transición como una necesidad, ¿cómo podría la normativa nacional facilitar ese proceso sin caer en los errores de Europa?
Tiene que ser claramente progresiva, no puede generarle costos a la gente. Los colombianos no aguantan más tarifas y por ello sería ingenuo creer que de buenas a primeras todos van a sustituir el gas por electricidad, cuando sabemos que los costos son superiores y se verían reflejados en las facturas de los servicios públicos. La transición tiene que ser barata y se tiene que empezar a cobrar de una manera justa, por ejemplo, los propietarios de carros de lujo deberían pagar más impuesto al carbono equivalente al nivel que contaminan.
Esos recursos que se podrían destinar a financiar el fortalecimiento del transporte público, apuesta importante en ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, para reducir ese 12,4 % de las emisiones que producen los carros particulares en el país, según los registros nacionales de contaminación.
