En medio de los compromisos globales asumidos frente al cambio climático, Colombia sigue enfrentando brechas profundas entre la promesa internacional y la realidad en los territorios. Así lo advierte la Defensoría del Pueblo, que plantea la urgencia de abordar la crisis climática desde un enfoque de derechos humanos y ecocéntrico, donde la protección de la naturaleza y de las comunidades más vulnerables sea el eje de la acción pública. En ese contexto, la entidad plantea cinco prioridades estratégicas para orientar la acción climática del país.
1.Movilidad climática: un desafío creciente de derechos humanos
Los desplazamientos causados por desastres climáticos ya no son un fenómeno futuro, sino una realidad diaria. En la última década, cerca de 250 millones de personas se han desplazado internamente en el mundo por causas ambientales, y América Latina podría sumar más de 17 millones de migrantes climáticos internos para 2050. En este escenario, la Defensoría subraya que Colombia debe reconocer formalmente la movilidad climática en sus políticas de migración, desplazamiento y refugio, garantizando el derecho a migrar, permanecer o retornar con dignidad. La prevención, la gestión del riesgo y la atención integral a las comunidades afectadas son claves para evitar que la crisis climática se traduzca en una crisis humanitaria aún mayor.
2. Detener la deforestación y proteger la Amazonía:
La deforestación no solo acelera el calentamiento global, sino que vulnera los derechos colectivos de pueblos indígenas, comunidades campesinas y poblaciones locales. Alertas de gobiernos amazónicos, organizaciones sociales y agencias de la ONU coinciden en que la Amazonía se acerca a puntos de no retorno ecológico. La Defensoría ha advertido, a través de mecanismos como la Alerta Temprana 001, sobre la relación entre deforestación, economías ilegales, violencia y desprotección de derechos. Frente a ello, insiste en reforzar la cooperación regional, la acción interinstitucional y las estrategias de restauración, para que los compromisos climáticos se reflejen en una protección real del bioma amazónico y de quienes lo habitan.
3. Cerrar fronteras extractivas incompatibles con la vida
La transición energética justa pasa por reducir de manera progresiva la dependencia de los combustibles fósiles y evitar nuevas explotaciones en ecosistemas frágiles. Aunque en escenarios internacionales como la COP30 se ha reclamado una hoja de ruta clara para abandonar estos combustibles, los avances siguen siendo insuficientes. La Defensoría respalda el cierre progresivo de fronteras extractivas incompatibles con la vida, lo que implica frenar la expansión petrolera y minera en territorios sensibles, planificar alternativas económicas para las regiones productoras y asumir el consenso científico sobre el impacto de los combustibles fósiles en la crisis climática.
4. Justicia climática con enfoque diferencial y de género
Los impactos del cambio climático no afectan a todos por igual. Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres rurales y personas en situación de pobreza enfrentan cargas desproporcionadas, como lo han advertido relatorías internacionales. Por ello, la Defensoría plantea una justicia climática que incorpore enfoques diferenciales, de género e interseccionalidad, con indicadores de bienestar, mecanismos de protección para poblaciones vulnerables y garantías de participación efectiva en la toma de decisiones. El acceso a la información ambiental y la protección de liderazgos sociales que defienden sus territorios son condiciones indispensables para una acción climática legítima y eficaz.
5. De los compromisos globales a la acción en los territorios:
Los anuncios internacionales sobre financiamiento climático, fondos para bosques tropicales y nuevas iniciativas de adaptación solo tendrán sentido si se traducen en acciones concretas en las regiones. La experiencia de agencias de la ONU, organizaciones humanitarias y de la propia Defensoría muestra que las comunidades no pueden enfrentar solas la convergencia entre crisis climática, conflicto y desigualdad. Por ello, la institución reafirma su papel de vigilancia para que la acción climática en Colombia se diseñe y ejecute con enfoque de derechos humanos, cumpliendo los compromisos internacionales y priorizando la protección de la vida y los derechos colectivos.
Más allá de estas cinco prioridades, la Defensoría plantea un llamado de fondo: abandonar una visión antropocéntrica que reduce la naturaleza a un simple recurso y avanzar hacia un enfoque ecocéntrico, donde los ecosistemas sean reconocidos como la base que sostiene toda forma de vida. Para las autoridades, esto implica ajustar normas, presupuestos y proyectos a límites ambientales innegociables; para la ciudadanía, comprender que cada decisión cotidiana tiene impacto sobre el territorio compartido. En ese cambio de rumbo, insiste la Defensoría, proteger los derechos humanos es inseparable de velar por la integridad de los ecosistemas que los hacen posibles.