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Hecha la ley, hecha la trampa, parece ser una tradición de no acabar en Colombia. Eso fue lo que denunció el martes 3 de diciembre de 2024 la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre las irregularidades en la entrega, protección y posesión de 100.000 hectáreas de tierra en Colombia. Esta rueda de prensa, titulada “El cartel de la tierra: así se quedan con los bienes de víctimas y campesinos”, fue dirigida por el director de la ANT, Felipe Harman.
El funcionario público estuvo acompañado de Robert Daza, Isabel Zuleta y Carlos Benavides, senadores de la coalición Pacto Histórico. Allí, la ANT habló de “encender una alarma” de que el problema con las tierras en Colombia aún está lejos de acabarse. La institución presentó siete casos tipo en los que reseña la situación del predio de Las Américas, terrenos en Buena Vista; Córdoba, Bolívar y especialmente los territorios que hicieron parte del proceso de Ralito, los cuales se evidenció que empresarios, políticos y narcotraficantes estaría ocupando indebidamente al menos 16 mil hectáreas que debieran destinarse a la reparación de las víctimas del conflicto.
Con base en lo expuesto por esta entidad, la ANT exige claridad en la entrega de tierras por parte de los grupos paramilitares, además de cerrar el proceso de Ralito. Según lo dicho durante la rueda de prensa por el director de la Agencia Nacional de Tierras, el departamento del Cesar es un ejemplo de que sí se pueden recuperar terrenos en pro del campesinado, pero los siete casos demuestran que no queda claro quién realmente tiene el control sobre las tierras entregadas para la justicia agraria.
Esto último es un ítem de fundamental importancia para la Reforma Agraria que se discute en la Cámara de Representantes y el Senado de la República. “¿A quién le conviene que el tema de la tierra en Colombia siga en el limbo? Devolverles la tierra a los campesinos no solo asegura la paz, sino la seguridad alimentaria”, fue lo que dijo Harman durante la rueda de prensa. Posterior a ella, El Espectador tuvo la oportunidad de hablar con Felipe Harman para profundizar respecto a varios de estos temas alrededor de la denuncia hecha por la ANT.
¿Cuándo comenzó este proceso de investigar lo expuesto en la rueda de prensa?
El convenio con el Fondo de Reparación lleva alrededor de cuatro meses. Nosotros hemos venido articulando un primer convenio que es de $300.000 millones y un segundo convenio de $400.000 millones. Esto nos ha permitido esclarecer mucho de lo que hoy estamos denunciando al país. Lo que hemos encontrado es que las estructuras políticas e incluso militares que en su momento hicieron parte de los paramilitares han mantenido de forma irregular el control de estas tierras. Eso es muy importante visibilizarlo, porque podemos decir que hay alrededor de 100.000 hectáreas, que, en la medida que exista colaboración, un trabajo eficaz del Estado y ayuda de los extintos jefes paramilitares, podemos recuperarles al país y a los campesinos de Colombia.
¿Qué puede hacer la ANT en pro de este objetivo?
Lo que queremos es que se esclarezca el inventario de bienes que tiene la Fiscalía con lo que va llegando al Fondo de Reparación, con lo que va pasando, porque finalmente lo que hace la Agencia Nacional de Tierras es adquirir estos bienes para que con esa plata se repare a las víctimas. La idea es que a partir de estas mesas de trabajo podamos seguir puliendo lo demás. Igualmente, e insisto, es muy importante avanzar en el cierre de Ralito en el marco de aclarar qué está pasando con esas 100.000 hectáreas, porque lo que vemos en estos siete casos, que son casos sumamente complicados, es que hay estructuras bastante peligrosas con las manos puestas en las tierras del Fondo de Reparación.
¿Qué se puede hacer con las tierras que ya han sido entregadas, pero que no hay claridad para qué y quiénes las utilizan?
Hoy tenemos un reto sustancial y no es solo la entrega de tierras. A partir del 1.° de noviembre el presidente nos ha entregado un par de funciones más, en las que de forma definitiva vamos a estructurar proyectos productivos para la tierra que compramos. Entendemos que la sostenibilidad de la Reforma Agraria pasa y está atravesada fundamentalmente por la posibilidad de que estas tierras sean productoras de alimentos. Nosotros estamos diseñando nuestro esquema productivo y a partir de este proceso avanzar en todo lo que tiene que ver con la entrega, el fortalecimiento y el trabajo para hacer de estas tierras también una semilla para la paz del país.
¿Cuál es la labor de la Cámara de Representantes y el Senado de la República para hacer de esta Reforma Agraria una realidad?
Fortalecer la jurisdicción agraria, evitando de alguna manera que siga en la congestión judicial una enorme cantidad de procesos asociados a hacer justicia agraria en Colombia y avanzar en las partidas presupuestales para la Reforma en el país. Además, se debe asegurar de forma efectiva y oportuna que nosotros (ANT) podamos hacer nuestro trabajo sin ningún tipo de límite social o político. Hablar de la tierra en Colombia es tocar callos y hoy hemos tomado la decisión de hacer una denuncia pública muy importante. Lo más importante es que estemos rodeados de las garantías necesarias para hacer bien nuestro trabajo.
Quiénes son los ocupantes irregulares
Félix Gutiérrez y David Jorge Márquez, alcalde y concejal en Buenavista, Córdoba, respectivamente.
Salvatore Mancuso señaló a Gutiérrez como responsable de la masacre de La Mejor Esquina, en 1988. Ellos ocupaban predios entregados por Macaco, Cuco Vanoy y Nico.
Hugues Manuel Fuentes Rodríguez en Chimichagua, Cesar
Conocido como Comandante Barbie, tuvo en su poder el predio La América y, tras la compra y recuperación material del mismo por parte de la ANT, apareció una medida policiva de protección a favor de Augusto José Fuentes Romero, quien NO RESIDE en Chimichagua y, según informaciones, es primo de Hughes Manuel. ‘Comandante Barbie’ tiene además dos predios de origen baldío en Valledupar que suman 83 hectáreas, en poder de Inversiones Rodríguez Fuentes.
Familia Méndez en el municipio de Córdoba, Bolívar
Fueron conocidos como grupo paramilitar en los Montes de María, previamente a las AUC. El predio Los Pájaros, de 112 hectáreas, perteneció a José Manuel Méndez Romero, antes de ser de Diego Vecino y pasar al inventario de bienes para la reparación en el proceso de Justicia y Paz. En el acta de entrega a la Fiscalía de julio de 2019, se indica que herederos de los Méndez sirvieron de guía para la diligencia, y que los predios les serían entregados en comodato “mientras se surten los trámites para la formalización de un contrato de arrendamiento”. Según algunas fuentes, los predios siguen bajo control de los Méndez.
Charif El Hadaui Hernández en Caucasia, Antioquia
Este ciudadano venezolano es señalado por el homicidio del narcotraficante Wilber Alirio Varela, alias Jabón. En 2008, el Juez 5° de Control de Mérida emitió una orden de captura en su contra. En 2013, fue detenido en Panamá y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Figuraba como arrendatario de cuatro predios con 283 hectáreas en extensión total. Se puso fin al contrato con la compra por parte de la Agencia.
K-Supply Group SAS en Tarazá y Cáceres, Antioquia
Esta comercializadora de carne fue distinguida por el Financial Times entre las 500 empresas con mayor crecimiento en América en el 2020. Sin embargo, por apenas $7 millones de arriendo, le entregaron en 2021 seis predios por un total de 1.841 hectáreas. Su representante legal es Juan Andrés Escudero. Según denunciaron medios de comunicación en 2022, no se verificó la idoneidad del arrendatario ni la capacidad para contratar. Los predios no han podido entregarse por la situación de orden público en la zona.
Ganadería Brisas de Agualinda SCA en Puerto López, Meta
Su representante legal es Kimberlly Annette Carranza, hija de Víctor Carranza Niño. Los predios La Chorrera y Siberia son parte de la Hacienda La Reforma, y estuvieron en proceso de recuperación de baldíos contra Víctor Carranza desde 2014. Mediante resoluciones de mayo y noviembre de 2024 se confirmó la condición de baldíos y están listos para su recuperación material y adjudicación a familias campesinas. Se encontró allí ganadería y cultivos de arroz, soya y maíz.