Hay cambios que no generan atención inmediata, pero que terminan transformando la vida de millones de personas. En Colombia, uno de esos cambios está ocurriendo lejos de los centros de poder, en veredas, corregimientos y barrios donde durante años las oportunidades fueron limitadas. Hoy, desde el Viceministerio de Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza del Ministerio de Igualdad y Equidad, se ejecutan políticas cuyos resultados empiezan a reflejarse en los territorios.
Uno de los indicadores más recientes da cuenta del nivel de ejecución alcanzado. El Viceministerio logró un cumplimiento del 99,9 % en los recursos destinados a dos frentes prioritarios: la Economía Popular, con COP 74.066 millones, y el programa Hambre Cero, con COP 238.570 millones. Detrás de estas cifras hay proyectos productivos en marcha, apoyo alimentario para miles de familias y comunidades con mayores capacidades para generar ingresos.
La tarea no es menor. Se trata de enfrentar brechas históricas, reducir la pobreza multidimensional y ampliar el acceso a derechos para poblaciones que durante años han permanecido al margen de la oferta institucional.
En regiones como Chocó, Vichada, los Santanderes y Bolívar, donde la inseguridad alimentaria sigue siendo una realidad para muchas familias, se entregaron tres millones de raciones de comida caliente y más de 107.000 canastas alimentarias. Estas acciones permitieron atender necesidades urgentes en territorios con altos niveles de vulnerabilidad.
Sin embargo, el enfoque no se limita a la atención inmediata. El modelo también incorpora estrategias orientadas a la generación de capacidades. Actualmente, 400 unidades productivas fortalecidas bajo el esquema de Hambre Cero combinan asistencia alimentaria con generación de ingresos. La meta es avanzar de la atención de la emergencia hacia mecanismos que permitan mayor autonomía económica.
Esta visión también se refleja en la formulación del CONPES del Derecho Humano a la Alimentación, que busca consolidar este derecho como política de Estado. A ello se suma la financiación del módulo indígena de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENCINI), desarrollado en articulación con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con el propósito de incorporar las particularidades culturales y territoriales de los pueblos indígenas al diagnóstico nacional.
Otro de los ejes de trabajo ha sido el reconocimiento del cuidado dentro de la política pública.
Con la puesta en marcha del CONPES 4143 de 2025, Colombia adoptó una Política Nacional de Cuidado que proyecta una inversión de COP 26 billones durante los próximos diez años y articula el trabajo de 15 ministerios.
En 24 departamentos, 226 organizaciones comunitarias de cuidado han sido fortalecidas, mientras que 30.000 personas cuidadoras han recibido procesos de formación. El objetivo es avanzar hacia una distribución más equitativa de las labores de cuidado y fortalecer las redes comunitarias que las sostienen.
En paralelo, la Red Territorial de Cuidado continúa ampliándose. Actualmente operan 12 sistemas territoriales que incluyen experiencias como las Manzanas del Cuidado en Bogotá y otras iniciativas desarrolladas en distintas regiones del país. Estos espacios buscan ampliar el acceso a servicios y generar mejores condiciones para quienes ejercen labores de cuidado.
Uno de los aspectos destacados de esta política fue la realización de la consulta previa con pueblos indígenas para la construcción del Sistema Nacional de Cuidado. Parteras, mayoras, mayores y autoridades tradicionales participaron en el proceso, aportando conocimientos y experiencias propias de sus territorios.
Otro frente de trabajo corresponde a la atención de la población migrante. La consolidación de los Centros Intégrate como modelo territorial ha permitido ampliar la capacidad institucional para responder a los desafíos asociados a la movilidad humana. Con 20 centros en funcionamiento en 12 territorios, más de 160.000 personas han recibido orientación y acceso a distintos servicios.
A esto se suma la puesta en marcha de una unidad móvil en el Catatumbo, diseñada para acercar la oferta institucional a zonas rurales de difícil acceso. La estrategia se complementa con el diseño del Plan Frontera, orientado a fortalecer la capacidad de respuesta en territorios que enfrentan dinámicas migratorias cambiantes.
El alcance del Viceministerio también incluye la atención a habitantes de calle. En 66 municipios del país, la Política Pública Social para Habitantes de Calle ha sido fortalecida mediante nuevos modelos de focalización que buscan mejorar la atención y cumplir los estándares definidos por la jurisprudencia.
De igual forma, se avanza en acciones dirigidas a las personas mayores mediante la implementación del Capítulo Indígena de la Política de Envejecimiento y Vejez, que ya tiene presencia en 14 municipios y reconoce 30 iniciativas de liderazgo comunitario.
Y está el agua. Mientras en las grandes ciudades el acceso suele darse por sentado, en muchos territorios rurales continúa siendo un desafío cotidiano.
En ese contexto se desarrolla “Agua es Vida”, un programa que proyecta beneficiar a cerca de tres millones de personas en 291 municipios. La iniciativa busca ampliar el acceso al agua potable mediante soluciones adaptadas a las características de cada territorio, desde acueductos rurales hasta sistemas comunitarios.
Más allá de la infraestructura, la apuesta consiste en consolidar el acceso al agua como un derecho y una condición básica para reducir desigualdades históricas.
Hoy el Ministerio tiene presencia en los 32 departamentos del país y ha llegado a 117 municipios, especialmente rurales. Más allá de las cifras, el desafío sigue siendo fortalecer la presencia institucional en territorios donde durante años las capacidades del Estado han sido limitadas.
Los retos continúan siendo significativos. La sostenibilidad de estas políticas, su continuidad en el tiempo y su consolidación en los territorios serán determinantes para evaluar su alcance. Sin embargo, los avances registrados muestran un esfuerzo por trasladar la política social desde la asistencia hacia la garantía efectiva de derechos.
La continuidad de estos procesos dependerá en gran medida de las decisiones que tome el Congreso de la República antes del 20 de junio. En los territorios históricamente excluidos esperan que los debates den luz verde a la continuidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, la primera entidad creada desde cero en los últimos 100 años para atender sus necesidades y garantizar sus derechos.