A partir del 13 de noviembre de 2024, aumenta a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio en Colombia, sin excepciones y en todo el territorio nacional. Esto gracias a la aprobación de una ley que elimina el matrimonio infantil y las uniones tempranas en el país. Esto constituye un avance fundamental en la garantía de la protección a los niños y niñas y sus derechos, en particular, el de tener una vida libre de violencias.
Esto es especialmente cierto para las niñas. Ellas, con tres veces más posibilidades que sus pares de estar en una unión temprana, sufren en estas relaciones desiguales serias afectaciones a sus proyectos de vida. Entre las múltiples consecuencias negativas que hay, las niñas están en mayor riesgo de abandonar sus estudios, de embarazos infantiles forzados, de la imposición del cuidado de otros, de padecer infecciones de transmisión sexual, de sufrir aislamiento y la ruptura de sus redes de apoyo. Además, las de situaciones de violencia física, psicológica, sexual y económica son otros de los escenarios a las que están expuestas.
Cabe recordar que no es la primera vez que se trata de aprobar una ley para eliminar el matrimonio infantil; por el contrario, este fue el noveno intento y el único exitoso. Hasta el 13 de noviembre de 2024, Colombia era uno de los pocos países de América Latina donde esta práctica era legal, contrario a las normas internacionales para la protección de la niñez. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), este atraso tiene al país en el puesto número 20 a escala mundial y en el número 11 en la región en la prevalencia de esta costumbre.
Para explicarlo en palabras sencillas, una vez esta ley sea sancionada por el presidente, ningún menor de 18 años podrá casarse ni unirse, y si lo hiciera, de acuerdo con la ley se podrá solicitar la nulidad del matrimonio o de la declaratoria de la unión. De encontrar a un menor de edad que esté unido de hecho con una persona mayor de 18 años, a la niña o al niño se le deben garantizar medidas de restablecimiento de sus derechos.
Adicionalmente, cuando se demuestre que hubo mala fe por una de las partes, podrá acudir a la acción de responsabilidad civil para que, de acuerdo con el Código Civil, se le indemnice por los daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales sufridos. Antes de esta ley, mientras una niña o un niño estuviera casado o unido a un adulto, y tal vínculo contara con la aprobación por parte de sus padres, no se podía deshacer el matrimonio.
La importancia de la ley radica en el fortalecimiento de la Política de Infancia y Adolescencia, en la creación del Programa de Proyectos de Vida Dignos y de una campaña de sensibilización sobre las causas, efectos y consecuencias de las uniones tempranas, con énfasis en las zonas rurales apartadas. Será importante también que estos contenidos sean incorporados al Sistema Nacional de Convivencia Escolar y a las escuelas para padres y madres de familia. Una tarea para el Ministerio de Educación.
En el pasado, proyectos de ley similares fueron presentados por la senadora Paloma Valencia. En esta ocasión, las autoras fueron Jennifer Pedraza y Alexandra Vásquez, además de Fundación PLAN, liderada por su presidenta Ángela Anzola, que formó parte en todo el proceso, aportando datos y argumentos técnicos para sustentar la pertinencia de la ley.
Como organizaciones de la sociedad civil (además de PLAN, Aldeas SOS y Alianza por la Niñez también estuvieron muy activas) pudimos trabajar de la mano con las diferentes unidades de trabajo legislativo, y el equipo jurídico y técnico de Fundación PLAN ayudó a la revisión, redacción y argumentación del proyecto, además de apoyar y asesorar a la Unidad de Trabajo Legislativo de la ponente Clara López.
En conclusión, con esta ley Colombia salda una deuda con la niñez y da un paso hacia adelante en la construcción de un país en el que ninguna niña sufra este tipo de situaciones que afectan fundamentalmente su integridad, su salud física, mental, y su bienestar.