La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, es una de las 33 corporaciones ambientales que tiene el país y la más grande del departamento de Antioquia. Su trabajo se extiende sobre 80 municipios y siete de las nueve subregiones con las que cuenta el departamento, resguardando ecosistemas clave como los páramos, bosques secos tropicales y humedales.
Con la creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), las corporaciones autónomas se constituyeron como autoridades ambientales y, entre sus funciones, además de administrar los recursos renovables deben propender por el desarrollo sostenible de cada uno de los territorios en los que tienen jurisdicción. Un gran reto en un país megadiverso como el nuestro, que tiene varios de sus ecosistemas fundamentales para la vida bajo amenaza.
Así está trabajando Corantioquia para hacer frente a los enormes retos de cuidar los recursos naturales. Entrevista con Liliana María Taborda González, directora general.
Ahora que en todo el país estamos hablando y escuchando sobre la COP16, ¿cuál es la participación de Corantioquia en esta cumbre de biodiversidad?
Traemos una gran muestra de negocios verdes de los pobladores en nuestra jurisdicción y que representan cada una de nuestras subregiones. Negocios verdes asociados a la producción de miel, de café, de turismo de naturaleza, entre otros.
Pero, además, estaremos participando de seis ponencias en las que conversaremos alrededor de los objetivos y metas que ha trazado el país para detener la pérdida de la biodiversidad y cumplir con el Marco Global de Kunming-Montreal, que es justo lo que se está negociando en la COP16.
Este tema es muy interesante porque, por más que las decisiones se tomen aquí, nosotros somos quienes las implementamos en el territorio y quienes nos encargamos de hacerles seguimiento. Y, en estos cuatro años de nuestro plan de acción “Conectados por la Vida”, para cumplir esos objetivos, nosotros queremos acudir y poner como prioridad lo que llamamos “un ejercicio de gobernanza”. ¿Por qué? Porque la conservación no la hacemos solo los funcionarios que trabajamos en las corporaciones ambientales o en el Ministerio de Medio Ambiente. Sino que la conservación y la protección se tiene que hacer con el otro, con las comunidades que habitan esas zonas, hay que vincular a la base comunitaria y social. Y ahí es clave la educación y la cultura ambiental.
¿Cómo han vinculado a esas comunidades en la conservación del medio ambiente?
Nosotros tenemos un programa, que vamos a presentar el sábado, que se llama Piragua (Programa Integral Red Agua). Allí contamos con más de 5.000 piragüeros que nos ayudan a monitorear la calidad y la cantidad de lluvia desde sus territorios y de manera voluntaria.
Esa gran red asociada al agua empezó en el 2011 con 19 piragüeros y hoy hay más de 5.000. Con ese proyecto fuimos ganadores en la última versión del premio de América Latina y del Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues es un ejercicio de gobernanza del recurso hídrico. Hemos entregado elementos a la comunidad, los hemos capacitado, brindado tecnología, y ahora ellos nos ayudan a hacer una cosa esencial que se llama contar las gotas de agua. Así nosotros medimos las precipitaciones.
Este ha sido uno de los proyectos más importantes e insignias. Y es una muestra de hacer el ejercicio con el otro, con la base comunitaria que tenemos en todos nuestros ecosistemas. Nosotros creemos que hay que conservar con los seres humanos, que hay que hacer el trabajo es con y para el otro, no sin el otro.
El gran lema de esta COP16 es el de paz con la naturaleza. ¿Cómo la corporación le está apostando a iniciativas que vayan en esa dirección?
Nosotros estamos haciendo esfuerzos que nos tienen muy orgullosos. Tenemos, por ejemplo, el único proyecto de transformación territorial que tiene aprobada la presidencia de la República a través del Alto Comisionado de la Paz en todo el país. Lo que queremos con este proyecto es llegar a las zonas de alto conflicto, para apoyar la transformación real del territorio.
Hay una realidad y es que las corporaciones autónomas, con nuestros iPad o nuestras libretas, no podemos llegar a las zonas donde hay conflicto. Pero es justo en esas zonas donde también hay más deforestación, minería informal y demás delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico de especies.
En Antioquia tenemos el tercer foco de deforestación más activo del país en los últimos años, con cerca de 10.000 y 12.000 hectáreas perdidas cada año, que afectan la conectividad entre ecosistemas esenciales como el Parque Nacional Nudo de Paramillo y la Serranía de San Lucas. ¿Cómo llegar allá para poder revertir un poco estos impactos que, por supuesto, están amenazando la biodiversidad?
Esta estrategia surge pensando en eso. Queremos demostrarle al país que una directora puede tomar ese tipo de decisiones importantes: la de seguir mostrando las cifras, como se ha venido haciendo; pero también la de buscar acciones efectivas para llegar al territorio y materializar lo que una institución como la nuestra debe hacer, que es administrar, proteger y conservar los recursos renovables, y propender por el desarrollo sostenible.
¿En qué consiste específicamente ese proyecto?
Vamos a trabajar con las comunidades locales. Entonces, los participantes de esas zonas aceptan que nosotros, como Estado, como institución, entremos al territorio a trabajar de la mano de ellos en temas como restauración, negocios verdes o reconversión tecnológica. En total, vamos a trabajar en 300 hectáreas, y vamos a restaurar 200 de esas con 210 unidades campesinas. Y le vamos a dar insumos a esas comunidades para que, si tienen cultivos ilícitos o han vivido, por ejemplo, de la explotación de madera, podamos transformar esas actividades, impulsar cultivos propios de la zona y generar toda la cadena de comercialización, hasta la venta.
En este momento estamos terminando de ajustar los detalles financieros, o sea, de conseguir los recursos, porque son cerca de $15 mil millones los que necesitamos para ello. Pero creemos que ya está listo para empezar a implementarse, si no es a finales de este año, a principios del próximo.
Otro de los grandes retos en esa zona es el avance de la minería ilegal o informal, que ha tomado aún más fuerza en los últimos años. ¿Cómo están trabajando para hacerle frente a eso?
Contamos con otro proyecto que se llama “Legalizar para regenerar”, y habla, en términos generales, de la importancia de que todas las actividades productivas que se desarrollen en nuestra jurisdicción se realicen de manera legal y formal.
Una de ellas, es también de las que más impactos genera, es la minería. Entonces nos hemos enfocado en trabajar en minería regenerativa a partir de la legalización de esos mineros, con prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, especialmente en subregiones como el Bajo Cauca, que tienen toda esta historia y tradición minera.
El objetivo no es solamente legalizar, sino también empezar a recuperar y restaurar esos ecosistemas, y gestionar los pasivos ambientales “huérfanos” que quedaron en esa zona. Sabemos que será una tarea de muchos años, que no solo requiere de instrumentos ambientales, sino también mineros, entonces decidimos abrir una nueva sede, que se inauguró hace tres meses, en el municipio de El Bagre, junto a la Agencia Nacional de Minería.
Estamos trabajando de la mano con ellos y, a hoy, hemos revisado más de 4.000 unidades de producción minera solo en el Bajo Cauca, superponiendo sus polígonos de actividades con determinantes ambientales para definir si se pueden legalizar en ese espacio. En mesas de trabajo con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, basándonos en el criterio técnico, evidenciamos que se puede iniciar la legalización con cerca de 1.400 de ellos.
Y, además de la legalización, ¿cómo están abordando la restauración en esas zonas?
La legalización es la base, pero además de eso, estamos trabajando en los términos de referencia para que, en esa legalización, el minero se apropie de una parte del pasivo ambiental que tenemos “huérfano” y siga unas condiciones que ponemos para impulsar su recuperación paulatina.
Pero, además, queremos que este minero pueda implementar acciones y condiciones diferenciales en su entorno. Es decir, que las otras poblaciones que tiene a su alrededor: mujeres, comunidades étnicas, niños, etc.; puedan participar de una reconversión tecnológica o del impulso de otros proyectos como apicultura, cacao, etc. Entonces, el objetivo también es dejar otras capacidades instaladas en esa comunidad, para que nos ayuden a seguir cuidando el ecosistema, y que también tengan otras posibilidades de subsistencia.
En cuanto a esas otras poblaciones, como los niños y los jóvenes, ¿qué programas están impulsando?
Tenemos otro programa que se llama “Escuelas para la vida”, y lo que busca es, además de transformar de manera física el entorno de la escuela; incluir a los jóvenes que se educan allí para que sean Guardianes de la Naturaleza.
Llevamos toda nuestra oferta institucional, con profesionales de la institución, para que estos niños y jóvenes aprendan a sembrar, para que tengan seguridad alimentaria con huertas, para hacer murales ambientales, para que reconozcan la fauna que los rodea y nos ayuden a cuidarla. Buscamos también recuperar espacios asociados a la lúdica, y enseñarles a través de ese juego el cuidado de la casa común.
Ya hemos trabajado con más de 170 escuelas rurales de nuestra jurisdicción, pero el reto aún es inmenso. En total hay más de 3.300 escuelas rurales, y quisiéramos tener la oportunidad de llegar a todas, porque son proyectos que dejan huella en el alma y que forman a nuevos ciudadanos en la defensa y el cuidado de la casa común.
Otro de los esfuerzos que se han hecho evidentes en la COP16 es el de mostrar cómo todos los sectores están involucrados en la conservación de la naturaleza, incluidas las empresas. ¿Cuál es la apuesta de Corantioquia para impulsar la sostenibilidad empresarial?
Cinco versiones del Sello de Sostenibilidad que se enfoca, específicamente, en los empresarios. De los cerca de 15.000 usuarios que tenemos en la Corporación, 1.700 son industriales que le aportan al desarrollo de nuestra subregión, el departamento y el país. Con ese grupo, nosotros los incentivamos a que hagan aportes de manera voluntaria para el cuidado del medio ambiente.
Entonces, para este Sello de Sostenibilidad, no nos basamos en las obligaciones que tienen esas empresas en su licencia ambiental. Sino que intentamos ir más allá de eso y ver cómo están contribuyendo de forma adicional y voluntaria a la sostenibilidad, el desarrollo ambiental y social.