En las calles de Valledupar se recordará que este jueves 8.000 campesinos y miembros de comunidades étnicas se amontonaron en el corazón del Cesar, asistieron al coliseo Julio Montalvo y, tras décadas de esperar un terreno para sobrevivir, recibieron 6.805 hectáreas de la mano de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que cambiarán sus vidas.
El evento, organizado por la Agencia Nacional de Tierras y su director, Juan Felipe Harman Ortiz, pone fin a años de espera de muchos ciudadanos, que pedían una parcela para cultivar y vivir de la cosecha, como alternativa en un departamento que dependía únicamente del carbón.
Los terrenos ahora están en manos de 1.000 familias del departamento que, en su mayoría, fueron desplazados. En específico, los títulos o hectáreas se entregarán en municipios que fueron testigos de la guerra como Astrea, Bosconia, Chimichagua, El Paso, Pailitas y Valledupar.
En Astrea, por ejemplo, sus pobladores aún recuerdan la masacre de Santa Cecilia, en el año 2000, cuando un grupo de paramilitares del Bloque Norte asesinaron a 12 campesinos en la plaza pública. El terror dominó el pueblo y más de 350 familias salieron del corregimiento dejándolo desolado. Ahora muchos de ellos pueden volver a esas tierras que quedaron desérticas y garantizar el sustento para sus familias y las organizaciones campesinas que resistieron en el territorio.
“Este avance convierte a estas familias en legítimas propietarias; salda una deuda histórica con el campo; garantiza seguridad jurídica, y refuerza la soberanía alimentaria de Colombia”, comentó Felipe Harman, director de la ANT en diálogo con El Espectador.
Título a futuro
El evento también tuvo un espacio para la adjudicación definitiva de 104 títulos de propiedad a familias de Tamalameque, Pelaya y Chimichagua que, a partir de ahora, sí pueden decir: “¡Esta tierra sí es mía!”. Estas titulaciones garantizan que, al menos, 104 familias tengan, literalmente, terreno firme para desarrollar sus proyectos de vida y cosechar yuca, plátano, arroz o, como aseguró Marlene Pérez, una campesina beneficiaria de 51 años: “criar los marranitos sin miedo a que alguien nos desplace”.
Cesar, al igual que Antioquia o Nariño, fue por décadas epicentro de conflicto, en donde predominó la guerra y el despojo a sus campesinos. Los registros históricos señalan que las guerrillas llegaron a pedir vacunas y coimas a los campesinos desde los años 80. Pero en 1996, los hermanos Castaño, pioneros del paramilitarismo en el Caribe, enviaron un grupo de hombres al departamento a “combatir la violencia con más violencia” y enfrentar las milicias guerrilleras, detalló el Centro de Memoria Histórica. El saldo: más de 30 años de conflicto que dejaron al menos 72.000 víctimas y poco más de 66.000 campesinos desplazados y despojados de sus tierras.
Para Juan Felipe Harman, director de la ANT, este evento es un acto de justicia con quienes nunca antes habían sido asistidos por el Estado. “Hoy más que nunca un campesino con tierra es un campesino libre. Consideremos que el alma noble del campesino está llamada a convocar el país”, dijo Harman en Valledupar frente a miles de beneficiarios que han recibido tierras y títulos de adjudicación en el Cesar.
Hoy el departamento intenta dejar atrás los recuerdos de la desigualdad y los fusiles, y se posiciona como el tercer territorio donde más ha avanzado la Reforma Agraria, liderada por Harman y la ANT. A hoy, el Gobierno y la Agencia de Tierras han entregado más de 38.000 hectáreas de tierra productiva a los campesinos y víctimas del conflicto en el departamento, algunas de ellas propiedad de exparamilitares o predios que por años estuvieron sirviendo a los intereses del narcotráfico en la región.
Las cifras, cuenta Alexandra Pineda, asesora de la dirección general de la Agencia, demuestran que el foco en este cuatrienio presidencial se ha puesto en los campesinos y quienes más han necesitado la tierra. “No son solo miles de hectáreas las que entregamos en Cesar, también entregamos nuevas oportunidades para la economía campesina, el campo cesarense. Nuestra preponderancia está en los campesinos y más de 5.000 familias que tienen un chance de tener futuro”, explicó Pineda.
En el municipio de Chimichagua, por ejemplo, se recuperó el predio La América, un terreno de casi 1.500 hectáreas que perteneció a Rodrigo Tovar, también conocido como “Jorge 40”, el comandante paramilitar que lideró el Bloque Norte de las AUC por casi una década. Ahora este predio está en manos campesinas, para producir alimentos.
La Hacienda El Amparo, con 1.080 hectáreas, recuperado y entregado a familias desplazadas, hace 29 años, de la hacienda Bellacruz, en el municipio de La Gloria también es otro ejemplo de cómo las tierras pasan de manos paramilitares a familias campesinas.
“En la Agencia Nacional de Tierras estamos listos para recibir la tierra del corredor minero que quieren entregar las grandes mineras del departamento y lograr que la región se convierta en una gran despensa agrícola”, explicó el director Harman.
Luego de tantos años de espera, los campesinos sienten que la justicia llegó a sus vidas. Marta Herrera, una joven de 24 años que recibió tierras en el municipio de Pailitas aseguró que la entrega de 348 hectáreas sembrará futuro para ella y su pueblo. “Nuestra vida va a cambiar. Estamos dejando atrás las secuelas del conflicto y la guerra y podremos reconstruir nuestras vidas en territorios de paz”, subraya.
Ahora el Cesar tiene la oportunidad de dejar atrás los episodios violentos y las secuelas de un departamento que circulaba en torno al carbón para convertirse en el ejemplo que, incluso luego de décadas de masacres, pobreza y conflicto, los campesinos sí pueden tener una tierra propia para subsistir.
“En Cesar hemos evidenciado que se puede abrir un camino en donde haya menos carbón y se reactive la agricultura como primera opción. Sí es posible crear un polo de desarrollo agrario y agroindustrial por encima del carbón”, comentó el presidente Gustavo Petro al cierre del evento.