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La educación superior pública con más plata y más respaldo ahora es un hecho. Luego de que durante décadas los estudiantes salieran a las calles a marchar para exigir una financiación digna para las universidades públicas, el gobierno del presidente Gustavo Petro puso en marcha una iniciativa para garantizar más recursos y reglas justas para las instituciones. Esa apuesta se convirtió en una realidad el pasado 15 de diciembre, en cabeza del actual ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, cuando en el Congreso se aprobó la reforma de los artículos 86 y 87 de la conocida Ley 30 de 1992, un paso histórico para el país.
Por ahora, solo está pendiente que la reforma pase a sanción presidencial. Mientras tanto, el ministro Medellín anunció que se espera radicar la reforma integral que comprende la educación como un derecho en su totalidad. Más allá de los pasos que faltan por darse al interior del Gobierno, los estudiantes de las instituciones universitarias públicas, técnicas y tecnológicas son los principales beneficiados de esta reforma, pero ¿qué es la Ley 30? ¿Cuáles son los cambios que vienen con la reforma? ¿Cómo impacta esto al movimiento estudiantil? ¿Qué sigue? Estas diez claves sobre el Acuerdo Nacional por la Educación Superior detalla todo lo que debe saber para entender este hecho sin precedentes.
- ¿Qué es la Ley 30?
La Ley 30 de 1992 es un hecho clave para la educación superior, aunque ha sido debatida y ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo. Esta Ley otorgó autonomía universitaria para definir planes de estudio, investigaciones y gestiones administrativas. Eso es importante porque posibilita la diversidad en la academia. También cubrió temas como acceso, financiamiento, calidad, acreditación e internacionalización. Si bien la Ley 30 es la base para que la educación sea un derecho, la reforma le apunta a desafíos que no se han logrado resolver, uno de los más importantes, una propuesta de sostenibilidad financiera que garantice los recursos adecuados.
- ¿Qué es el Acuerdo Nacional por la Educación Superior?
El proyecto busca transformar el esquema de financiación de la educación superior pública en Colombia para afrontar de manera integral los desafíos financieros que enfrentan las instituciones del país. El Acuerdo se traduce en la garantía de más recursos, reglas justas de financiación y un futuro sostenible para instituciones técnicas, tecnológicas y universidades. Asimismo, le apunta al fortalecimiento de la educación como pilar de la justicia social, la paz, la equidad y el desarrollo nacional. Para su elaboración, se plantearon unas audiencias públicas en varias universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de las regiones.
- ¿Qué cambia con la reforma?
En esencia, se modifican los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 en lo referente al financiamiento de las universidades y las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, universitarias o escuelas tecnológicas estatales u oficiales, incluyendo los establecimientos públicos del orden territorial en los que la nación no concurre para su financiación. En detalle, una de las claves es el mecanismo de financiación, que fue una de las peticiones del paro estudiantil de 2018. Otro de los cambios importantes es la inclusión de las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias.
- ¿Cómo funciona el modelo de financiación contemplado en la Ley 30?
En palabras sencillas, los gastos universitarios se siguen financiando con un presupuesto como si fuera de 1992, es decir, como hace más de 30 años. Eso ha representado una brecha financiera significativa en las Instituciones de Educación Superior públicas del país. El modelo de financiación definido por la Ley 30 establece que los aportes a las 34 universidades estatales se ajustan cada año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, de las 33 instituciones de educación superior solo 18 reciben transferencias recurrentes del Gobierno Nacional. Este esquema no tiene en cuenta el aumento real de cobertura del sistema, el mejoramiento de la calidad, ni el incremento de los costos asociados a la prestación del servicio educativo; de ahí la necesidad de hacer el cambio.
- ¿Cómo funcionará el nuevo modelo?
Este proyecto deja atrás un sistema atado únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ha sido insuficiente. Ahora, los aportes de la Nación se ajustarán con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, lo que permitirá una asignación más justa y acorde con la realidad del sistema. A largo plazo se tiene un objetivo más ambicioso: alcanzar una inversión equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior pública. Se dispondrán recursos adicionales para el aumento de la base presupuestal de funcionamiento de las IES públicas, así como recursos de inversión para incrementar la capacidad instalada de la educación superior pública.
- ¿Cómo se logró la reforma de la Ley 30?
Se realizaron audiencias públicas en todo el país. El consenso permitió que el Acuerdo Nacional por la Educación Superior avanzara en Senado y Cámara hasta ser aprobado en último debate con 116 votos a favor y ninguno en contra.
- ¿Cuándo empieza a regir?
La reforma fue aprobada en el Congreso, pero deberá ser sancionada por el presidente para convertirse en ley. El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, aseguró que la voluntad política se mantiene fuerte para priorizar el presupuesto para la educación.
- ¿Cómo se van a dividir la plata?
Los nuevos recursos estarán orientados a ampliar el acceso, garantizar la permanencia y promover la graduación de estudiantes; fortalecer el bienestar universitario; mejorar las condiciones de la planta docente y administrativa; impulsar proyectos de infraestructura; y cerrar brechas territoriales y sociales que históricamente han limitado las oportunidades de miles de jóvenes. Estos recursos adicionales estarán sujetos a disponibilidad presupuestal, y se hará seguimiento por parte del Gobierno para un uso eficiente y transparente.
- ¿Cuál fue el papel del movimiento estudiantil?
El movimiento estudiantil colombiano durante décadas exigió una financiación justa y suficiente para la educación superior pública que cada vez se acercaba más a un sistema en vía de extinción.
- ¿Para qué sirve a los estudiantes?
Ahora, los estudiantes podrán beneficiarse con, aumento de la cobertura, apertura de nuevas sedes, mejoramiento de la calidad, incremento de la capacidad instalada de las IES, bienestar estudiantil, entre otros.