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Tomar una decisión acertada a la hora de decidirse por un Administrador de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFPC), es una situación que requiere tiempo, análisis y mucha confianza en quien tendrá sus ahorros durante el tiempo que usted escoja. En esencia, explica Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, “la función de las administradoras es la misma: guardar e invertir dichos recursos para que los ahorradores puedan usarlos en caso de quedar sin empleo”.
La forma en que se manejan los recursos no difiere sustancialmente de administradora en administradora, debido a que la función de todas es buscar la mejor gestión de portafolios posibles. Así, aparecen mecanismos para mover el dinero, como inversiones en renta fija, es decir, TES, bonos del sector real, bonos del sector financiero y títulos de deuda pública, entre otros.
A pesar de esta situación de uniformidad en el servicio que prestan las AFPC, Montenegro explica que en estrategias comerciales y políticas de mercadeo las administradoras puede que ofrezcan cierto tipo de beneficios que en ninguno momento hacen parte de la administración de los ahorros. Por ejemplo, Claudia Palacio Echeverri, gerente de Mercadeo de Protección S.A., cuenta que el principal beneficio de esta compañía es la gestión de las inversiones y un modelo de asesoría y acompañamiento en función del ciclo de vida de cada afiliado. “También les ofrecemos a nuestros clientes programas especiales que estimulen y premien el buen comportamiento con el ahorro”.
A diferencia de los administradores privados, el Fondo Nacional de Ahorro, por su característica de público, obedece a otro tipo de reglas que le permiten diferenciarse en el manejo de los ahorros. En ese sentido, Hernando Carvalho, su presidente, cuenta que ofrecen a sus afiliados créditos de vivienda y educación a tasas competitivas; además, no cobran cuota por administración ni comisión por retiros de cesantías parciales o definitivas.
Asimismo, Carvalho habla de un seguro de desempleo que cubre por un año el pago de las cuotas del crédito, sin importar el monto, al mismo tiempo que se puede obtener un seguro de Vida Grupo Solidario, que garantiza al afiliado que no haya sido beneficiario del crédito y que no sea propietario de vivienda, el reconocimiento de una indemnización a sus beneficiarios, para compra de casa en caso de fallecimiento o invalidez total o permanente.
Este año, los fondos tienen un reto más con la reforma financiera sancionada por el Presidente mediante la Ley 1328 de 2009, en la que se establecen dos tipos de mecanismos para administrar las cesantías. Y así lo asume Palacio, quien cuenta que otro de los beneficios de Protección es acompañar a los afiliados, para ayudarles a entender y saber cómo podrán ser los protagonistas de su ahorro. “La meta es que las cesantías permanezcan en un fondo comprometido para cumplir el objetivo de generar un ahorro que les permita a los trabajadores financiar sus gastos básicos en el momento de quedar desempleados, y de esta manera no ver afectado su nivel de vida”.
Considerar las cesantías como un ingreso corriente del que se puede disponer por simple placer y no un ahorro para desempleo o inversión real en vivienda o educación (finalidad con la que nació este mecanismo), es el principal error que cometen los empleados que tienen derecho a este beneficio. Esta premisa, manifestada por Montenegro, genera una invitación del experto a que cada empleado lleve un estricto seguimiento de la evolución de sus recursos, debido a que es una obligación del empleador consignar el dinero anualmente, antes del 15 de febrero. A esta recomendación, el experto agrega que a la hora de retirar el dinero, cuando no se está desempleado, hay que evaluar objetivamente el uso que se le dará al ahorro y sólo hacerlo en caso de verdadera necesidad.
El líder del Fondo Nacional de Ahorro cuenta que allí se enfatiza el manejo adecuado de las cesantías a través de la oferta permanente de crédito para vivienda y educación, planteando estas posibilidades como un proceso de mejoramiento continuo, asociado al plan de vida familiar. Esta política se une con el hecho de que dentro del proceso de administración y pago de cesantías cuentan con procedimientos de seguridad que minimizan el riesgo de retiros para fines diferentes a los autorizados por la ley.