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Han pasado nueve años desde la firma del Acuerdo Final de Paz y 11.250 personas se mantienen firmes en su promesa de reincorporación. También, hace nueve años, el país fue testigo de un acto impensable décadas atrás: el último fusil de las FARC-EP fue destruido por la Oficina de las Naciones Unidas (ONU), el 22 de septiembre de 2017.
Un AR-15 se sumó a los 33 contenedores que se llenaron con 8.994 armas y más material de guerra que fue entregado por la guerrilla más antigua de América Latina. Estos hechos marcaron el inicio de la reincorporación, un proceso en el que Colombia tenía una amplia experiencia, pero que debía robustecer para contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto armado, el desarrollo de las economías locales y comunitarias, la no repetición de la violencia en los territorios y, por ende, la edificación de una paz sostenible en el tiempo.
En comparación a otras experiencias de reintegración en el mundo, Colombia se ha mostrado como un proceso exitoso porque transformó la ruta en una política real de tránsito digno a la vida civil con garantía de derechos, en perspectiva de construcción de paz y no repetición del conflicto armado. Bajo la dirección de Alejandra Miller, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) diseñó y puso en marcha el Programa de Reincorporación Integral (PRI), una apuesta para garantizar el arraigo a una vida lejos de las armas en medio del conflicto armado que persiste.
Esa realidad se traduce en un programa que no solo contempla a un antiguo combatiente que ahora estudia, trabaja, emprende, vota y accede a un sistema de salud, sino que rescata las capacidades de las y los firmantes para trabajar en colectivo, dialogar con las comunidades para encontrar una idea de futuro compartido.
“Hoy tenemos un programa que tiene una visión que es fiel al enfoque colectivo e integral que se planteó en el Acuerdo. Que tiene en cuenta las necesidades e intereses particulares de los y las firmantes en todas las dimensiones – social, económica, comunitaria, política – y que hacen parte del tránsito a la vida civil, la democracia y a la ciudadanía plena”, expresó Tania Rodríguez, directora programática de la ARN.
Acceso a tierras y vivienda
Este proceso se caracteriza por un componente fundamental: el acceso a tierra y vivienda. El gobierno del presidente Gustavo Petro garantizó la inclusión de las y los firmantes como sujetos de la Reforma Rural Integral. Para que esto se traduzca en una realidad, 100 predios que suman 17.846 hectáreas han sido adquiridos, de las cuáles el 84% fue gestionado en esta administración, 13.000 para organizaciones productivas y 4.846 para la consolidación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
En ese contexto, el gobierno Petro entregó las primeras viviendas a firmantes de paz: 140 casas que integran la Ciudadela Camino del Sol, en Caldono, Cauca. Un proyecto de infraestructura realizado en alianza con el Ministerio de Vivienda y con enfoque étnico, pues el 92% de las y los nuevos propietarios son indígenas. Este además es un espacio de paz que le hace frente a la violencia que sigue instalada en el territorio. A estas se sumaron 106 viviendas entregadas el pasado 13 de noviembre en El Doncello, Caquetá.
“La paz necesita transformaciones territoriales y el Gobierno del Cambio ha trabajado con el propósito de llegar a los territorios históricamente marginalizados. Esta es la manera en la que entendemos el arraigo de los y las firmantes en la democracia. Este es el compromiso con la paz y por eso en este Gobierno le estamos apostando a que proyectos como este sean una realidad”, afirma la directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, Alejandra Miller. La meta, antes de terminar el Gobierno, es garantizar 1.400 viviendas. Pero la vida en dignidad se traduce también en la consolidación de los ETCR, que en su momento se plantearon como lugares transitorios.
Hoy por hoy son el hogar de muchos de los y las firmantes junto con sus familias. De los 23 ETCR, 21 de ellos ya cuentan con tierra, pues a través del Decreto 1048 de 2024 se reconocieron las Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva. “Hablar de consolidación de los ETCR es garantizar que las y los firmantes del Acuerdo de Paz construyan proyectos de vida sostenibles en el tiempo, que cuenten con condiciones dignas de habitabilidad y fortalezcan lazos comunitarios. Consolidar es cumplirle a la paz”, señala Carolina Vergara, secretaria general de la ARN.
La sostenibilidad económica como centro del bienestar
Este ha sido otro de los componentes que se han fortalecido desde la firma del Acuerdo y se ha materializado no solo a través de la entrega de recursos, sino también por medio de capacitaciones para que los y las firmantes puedan administrar sus proyectos productivos.
Numerosas empresas y emprendimientos de firmantes vinculan a víctimas del conflicto armado y a la comunidad en general en distintas regiones del país. Para entender la dimensión, a corte de 2025, 6.097 proyectos han sido apoyados con 104.000 millones de pesos: 130 colectivos y 5.967 individuales, en los que se incluyen ocho proyectos ambientales sostenibles con más de 1.000 millones de pesos de inversión.
La ARN ha financiado 33 planes de sostenibilidad que suman inversiones por 13.000 millones de pesos. Se han desplegado esfuerzos para impulsar 110 proyectos productivos en el sector agropecuario y agroindustrial a través de una alianza con el Fondo Emprender del SENA y se logró un programa de crédito especial para firmante con el Banco Agrario de 36.000 millones de pesos para financiar iniciativas productivas individuales y colectivas de firmantes.
“La sostenibilidad de la economía social, solidaria y popular es nuestra apuesta política para la reincorporación y para poner en el centro el bienestar. Un modelo de desarrollo que nos acerca realmente al sueño de ser una potencia mundial de la vida”, expresó Rodríguez, en la entrega de 9.840 millones de pesos para 25 proyectos en agosto pasado en Fortul, Arauca.
Las mujeres y las comunidades étnicas en el centro del Acuerdo
Uno de los grandes hitos que marcó el Acuerdo Final fue la inclusión de una perspectiva de género y los derechos de las mujeres. Así como el regreso al origen de las comunidades étnicas. Sin embargo, llevarlo del papel a la realidad ha sido una tarea difícil. En cuanto a las mujeres, no basta con el reconocimiento de las barreras patriarcales a las que se enfrentan en la sociedad o brindarles herramientas específicas para garantizar su independencia económica, sino que necesitan ocupar los espacios de toma de decisión en sus comunidades y para ello hay que fortalecer sus voces y sus redes de cuidado.
Por su parte, las comunidades étnicas sufrieron daños desproporcionados en el marco del conflicto armado que deben ser reparados, pero teniendo en cuenta sus cosmovisiones y sus formas de convivencia.
En los territorios afrocolombianos e indígenas del país, avanza un proceso único de construcción de paz desde los saberes colectivos, el respeto a la autonomía y el reconocimiento mutuo por medio del Programa Especial de Armonización, que se construye de forma colectiva y consensuada. La ARN ha implementado seis planes de armonización en pueblos étnicos con una inversión de 4.130 millones de pesos, con la consigna de que no hay paz posible sin respeto por la cultura y la autonomía de los pueblos.
Una apuesta por los procesos comunitarios
La paz deja de ser una palabra abstracta para cobrar realidad cuando se tejen puentes camino a la reincorporación en los territorios. Aunque el proceso de adaptación entre firmantes y comunidades ha sido accidentado, los encuentros para superar los dolores del conflicto también han tenido un lugar muy importante a través de las ‘Agendas Comunitarias, diálogos para el futuro’.
Desde 2024 se han establecido diálogos restaurativos, talleres y trabajos colectivos en 66 lugares para tejer lazos de confianza. Mantener los encuentros es la apuesta principal para 2026.
Hoy tenemos la firme convicción de que una reincorporación con garantías y que tenga como fin último el arraigo a la vida en democracia, es uno de los pasos más firmes que ha dado Colombia en su búsqueda de la paz.
Un Estado que respalda un proceso de reincorporación con garantías reales tiene la seguridad de que dicho proceso será exitoso y se convertirá en un referente para futuras iniciativas de paz en el mundo. Esto es lo que hemos promovido desde la ARN conscientes de que impulsar la garantía de derechos para las y los firmantes de paz no es solo una contribución para la vida de estas personas, sino que es algo más grande: un avance significativo para el fortalecimiento de la paz y para la no repetición del conflicto armado en Colombia.