Reclamar una administración técnica formulando una serie de recomendaciones basadas en argumentos superficiales y vagos no es coherente. Por esta razón, constantemente adoptamos la labor titánica de refutar las palabras de quienes usan la opinión como fachada de la mentira.
En el 2022, el Gobierno del Cambio encontró un sistema educativo marcado por la inequidad, la desfinanciación estructural y un profundo clima de descontento y resignación por parte de nuestros estudiantes y maestros. Desde ese diagnóstico, con el firme convencimiento de que los recursos son la clave para garantizar el derecho a la educación, esta administración aumentó el presupuesto público en educación, alcanzando cifras históricas nunca vistas en Colombia, pasando de 58,6 billones en 2022 a 85,2 en 2026 en precios constantes, un aumento real del 45,3 %.
En este sentido, este presupuesto ha derivado en transformaciones sin precedentes en todos los niveles: desde la educación inicial hasta la formación universitaria de nuestros estudiantes. Se trata de una política pública sustentada en cifras verificables que afianza la continuidad y sostenibilidad del sistema, y, sobre todo, su acceso, calidad y pertinencia.
Educación inicial para la primera infancia
Resarciendo la deuda histórica para con la primera infancia, hoy, más de 2,1 millones de niñas, niños y personas gestantes del 92 % de los municipios reciben educación inicial en el marco de la atención integral, un logro compartido entre las entidades del Ministerio de Educación y el ICBF, en el cual no nos limitamos a ofrecer cupos, sino que garantizamos condiciones de calidad, atenciones priorizadas y un enfoque integral. Asimismo, se ha hecho una inversión histórica en material pedagógico, ampliación de planta docente que para el 2026 fue de 5.404 cargos docentes que fueron viabilizados como planta definitiva con un costo de más de $409 mil millones, ampliación de cursos en prejardín, jardín y transición e implementación de modelos de itinerancia en aras de velar por la prestación completa del servicio de preescolar en sus tres grados a 596.586 niñas y niños de Colombia.
Resignificación de la jornada escolar
A pesar de haber recibido un sistema anclado —y atascado — en la lógica de la competencia, este gobierno le ha apostado a una resignificación del tiempo de la jornada escolar y su sentido en la vida de nuestros niños y niñas: esta estrategia ha llegado a más de cinco mil colegios y cerca de un millón de estudiantes que participan en procesos de formación integral, desarrollando su creatividad, su pensamiento crítico y su relación con el entorno. Esta apuesta, que ha generado descontento entre quienes consideran que la calidad educativa se mide únicamente a través de los resultados de pruebas estandarizadas, no ha representado un retroceso, por el contrario, en los últimos años, los colegios públicos aumentaron 4,8 puntos en su desempeño de las pruebas Saber 11.
Dignificación de la labor docente
Resulta paradójico que muchas de las críticas provenientes de sectores académicos desconozcan la centralidad del papel que cumplen maestras y maestros en el sistema educativo. Este Gobierno optó por dignificar su labor y fortalecer de manera estructural la planta docente. Así, se han viabilizado más de 15.000 nuevos cargos en todo el territorio nacional, promovido 126.000 ascensos y reubicaciones en el escalafón docente, se pasaron a planta definitiva 8.886 cargos que por años fueron “temporales” y 389 cargos nuevos como planta definitiva. Adicionalmente, se han adjudicado más de 5.790 becas para impulsar la formación continua. Este reconocimiento no es una concesión, es una condición mínima que reivindica el papel de quienes, durante tantos años, han sido ignorados por el Estado.
Alimentos para aprender
Quienes defienden el estatus quo del sistema educativo hablan de permanencia estudiantil como si fuera un problema de voluntad individual y no de condiciones materiales. En contraste, el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar no solo amplió la cobertura, sino que transformó la calidad de la alimentación escolar. Con el paso del presupuesto de 1.8 billones en 2022 a 3.0 en 2026, aseguramos menos productos ultraprocesados y más raciones calientes preparadas en sitio, en coherencia con las tradiciones culturales de los territorios y con entregas garantizadas dentro y fuera del calendario académico. La alimentación dejó de ser un trámite logístico para convertirse en una política educativa de fondo: una herramienta de nutrición, arraigo comunitario y permanencia en el sistema. Los resultados son claros: una reducción significativa de la deserción estudiantil en todos los niveles.
Ampliación de cobertura con enfoque territorial
Hemos materializado la consigna de garantizar la trayectoria educativa completa bajo la implementación de los Sistemas Integrados de Educación Media y Superior (SIMES), respondiendo a la realidad de territorios donde terminar el colegio era casi imposible, dada la presencia de conflicto armado, reclutamiento infantil y la falta de diligencia de los anteriores gobiernos en la garantía de su acceso a servicios públicos. Desde un enfoque diferencial, esta política transformó esa ecuación al viabilizar cargos docentes, intervenir infraestructura y abrir grados donde antes no existían; el resultado ha sido profundo: por primera vez, más de 2000 jóvenes pueden culminar su ciclo educativo hasta 11 y proyectar su ingreso a la universidad sin que las condiciones geográficas determinen —o condenen — su porvenir en la educación.
Esto se articula con esfuerzos como la estrategia Educación Superior en tu Colegio y el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES), gracias a los cuales llegamos con educación técnica, tecnológica y universitaria gratuita a los territorios, permitiendo a los jóvenes cursar materias universitarias desde el colegio y acceder sin pruebas de admisión, reduciendo brechas de inequidad y transformando sus futuros. Las cifras nos respaldan, la tasa de tránsito inmediato a la educación superior creció de manera significativa, especialmente en la ruralidad, donde solo en dos años pasó del 24% en al 30%.
Este esfuerzo se sostuvo también en una inversión de alrededor de 2 billones de pesos, con la que hemos intervenido de cerca de 15.000 sedes educativas en todo el país y recuperado proyectos que por años fueron elefantes blancos. A esto se suma un proceso de dotación de aulas, cocinas, menaje y elementos tecnológicos de calidad, porque la educación no se construye en precariedad, requiere entornos bonitos, dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje.
Fortalecimiento financiero de la educación superior
En educación superior, aunque las voces que recién hoy defienden la autonomía universitaria parecen desconocerlo, la verdadera politización ocurrió cuando durante más de treinta años se condenó a las universidades públicas a crecer sin recursos suficientes y se trasladó el costo del sistema a estudiantes, docentes y familias. Frente a ese abandono estructural, decidimos saldar una deuda histórica y reformar la Ley 30 de 1992 en sus artículos 86 y 87, estableciendo un esquema de financiación que reconoce los costos reales del funcionamiento universitario, pasando este rubro de 6,0 en 2022 a 9,5 en 2025.
Resulta llamativo que hoy se hable de “politización” cuando lo que se hizo fue desmontar un modelo que condenaba a las universidades públicas a crecer sin recursos, a competir entre sí por migajas presupuestales y a trasladar el costo de la educación a los hogares. Defender la autonomía universitaria no puede seguir siendo el eufemismo para justificar la precariedad. No hay autonomía posible cuando las instituciones sobreviven al borde del colapso financiero.
Unas finanzas sostenibles amplían la cobertura y el acceso
En ese mismo sentido, el acceso dejó de ser una promesa abstracta. El Gobierno se fijó la meta de 500.000 nuevos cupos en educación superior y avanzó de manera decidida hacia su cumplimiento: para el segundo semestre de 2025 más de 300.000 nuevos estudiantes ingresaron a la universidad pública. Este esfuerzo permitió alcanzar la tasa de cobertura más alta en la historia del país: 57,5 %. No fue el resultado de un mercado “virtuoso”, sino de una política pública que fortaleció la capacidad instalada de las instituciones estatales y amplió su presencia territorial.
La transformación también fue en el modelo. Se dejó atrás la lógica de financiar la demanda —que convirtió al endeudamiento en política educativa— y se optó por fortalecer la oferta pública para garantizar el derecho. Como resultado, para 2025 más de 900.000 jóvenes, el 97 % de la matrícula pública, acceden a la universidad en condiciones de gratuidad, acercándonos a la universalidad con la política Puedo Estudiar. La gratuidad pasó de ser un gasto de inversión, para evitar que este derecho dependiera de la voluntad del gobierno de turno, y se constituyó como base presupuestal de funcionamiento de las instituciones, permitiendo que estos recursos se indexen año a año y fortalezcan la autonomía de las IES. Eso no es populismo: es sostenibilidad.
Por eso, cuando se advierte sobre una supuesta “crisis” derivada de la intervención del Estado, conviene hacer una distinción clara. Lo que debilita a la universidad pública es la desidia, la subfinanciación crónica y la idea de que la educación superior debe funcionar como un privilegio escaso y no que el Estado asuma su responsabilidad como garante del derecho. Defender el carácter mixto del sistema no puede implicar abandonar lo público ni reducir su papel a un acto residual. La educación superior pública fuerte no es una amenaza para la democracia: es una de sus condiciones básicas.
Adicionalmente, a pesar de haber recibido en 2022 una infraestructura educativa precarizada, este gobierno destinó una inversión sin precedentes de más de 1,6 billones de pesos para atender esta situación impostergable. Han sido 104 proyectos priorizados y financiados que hoy están levantando aulas, laboratorios y campus donde antes había condiciones indignas para estudiar. El multicampus de educación superior en la Ladera de Cali o el Bloque IX de la Universidad de La Guajira, en Riohacha son la evidencia de una decisión política clara de llevar la universidad pública cada vez más cerca de los territorios.
Dicho esto, afirmar que la educación perdió el rumbo no solo es inexacto, es invertir deliberadamente la realidad. Reivindicar el sistema educativo público, garantizar el acceso y exaltar su papel como un derecho estratégico para el desarrollo del país no es debilitar el carácter mixto ni marginar a las instituciones privadas; es reconocer a la educación pública como pilar de una sociedad digna, libre, democrática e incluyente.
Si hubo un quiebre en este periodo, no fue con la calidad ni con la autonomía: fue con la idea de que el rumbo correcto era seguir haciendo lo mismo mientras todo se deterioraba. Así, el próximo gobierno no heredará un sistema educativo en crisis; heredará uno que tomó la decisión de no seguir administrando la desigualdad como si fuera una fatalidad técnica. Todo lo demás —la nostalgia por el orden anterior, la defensa de la escasez, la comodidad de la inercia— no es neutralidad ni objetividad: es una apuesta política por un país más desigual.