“La paz total fortaleció a los grupos armados ilegales, mientras en el Valle la tasa de seguridad ha funcionado como un escudo contra la criminalidad”. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, resume así la realidad que preocupa a las autoridades en el departamento ante el incremento de estructuras ilegales armadas y la necesidad de tener herramientas que garanticen la protección ciudadana en la región.
Durante los últimos tres años, el Valle ha sentido con fuerza los efectos del fortalecimiento de los grupos armados ilegales, las disputas por corredores estratégicos del narcotráfico y la expansión del crimen común. En ese contexto, la tasa de seguridad departamental, creada en 2017, se ha convertido en el principal escudo institucional frente a la criminalidad.
Desde su puesta en marcha, esta contribución pagada por los estratos 4, 5 y 6, así como por los sectores comercial, industrial y especial, ha permitido recaudar más de $212.000 millones, recursos que se destinan de manera exclusiva al fortalecimiento de la fuerza pública, la inteligencia preventiva y la tecnología al servicio de la seguridad.
Resultados que se traducen en protección
Los resultados son contundentes. Entre 2024 y 2025, gracias al sistema de recompensas financiado por la tasa de seguridad, se logró capturar a 150 de los criminales más buscados en el departamento. También se coordinó el rescate de los 21 tripulantes del barco pesquero Doña Sheiry en altamar, gracias al monitoreo satelital financiado por la Gobernación del Valle del Cauca.
En zonas de alta conflictividad como Jamundí, la neutralización de drones con explosivos pertenecientes a disidencias de las FARC evitó ataques terroristas. De hecho, entre septiembre y diciembre de 2024, el Ejército frustró 28 atentados con drones gracias a equipos antiexplosivos adquiridos con estos recursos.
“La tasa de seguridad es inversión en inteligencia preventiva. Sin ella, no podríamos apoyar a la Policía, al Ejército ni a la Armada. Es el respaldo concreto de un gobierno que no se queda en discursos, sino que actúa para proteger a su gente”, puntualizó la gobernadora Toro.
Inversión que se ve y se siente
Los recursos invertidos han sido destinados a modernizar equipos, tecnología e infraestructura de seguridad. En el último año se destinaron COP 50.000 millones para modernizar el sistema de comunicaciones de la Policía en Cali y el Valle, que llevaba más de 25 años sin ser actualizado.
También se invirtieron COP 7.500 millones en radios satelitales para el Ejército, además de la entrega de 300 motocicletas, 38 vehículos, 131 cámaras de videovigilancia, 950 chalecos antibalas y 85 dispositivos de geolocalización para Buenaventura, una de las zonas más golpeadas por el crimen organizado.
A esto se suman los Corredores Seguros instalados en 17 puntos estratégicos del departamento, que han permitido la incautación de más de 16 toneladas de marihuana y 1.000 kilos de cocaína y la captura de 515 personas vinculadas al tráfico de drogas y otros delitos.
“La seguridad no es solo presencia militar. Es tecnología, inteligencia, confianza ciudadana y articulación entre instituciones. La tasa de seguridad nos permite financiar esas capacidades”, explicó Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, quien destacó la renovación de la red troncalizada de radios de la Policía Metropolitana con una inversión de COP 43.000 millones.
Seguridad con enfoque social
El alcance de la tasa de seguridad también se extiende al ámbito social. A través del programa Fuerza Joven por el Valle, la Gobernación ha incorporado a 2.000 jóvenes al servicio militar, ofreciéndoles un bono bimestral de COP 1 millón y acompañamiento psicosocial para la construcción de sus proyectos de vida.
“El objetivo es que la seguridad también signifique oportunidades. Que los jóvenes vean en la legalidad un camino posible”, añadió Londoño.
Apoyo del sector privado y de la comunidad
El sector empresarial ha sido uno de los más comprometidos con la sostenibilidad de la tasa. “Invertir en infraestructura y tecnología para un Valle más seguro es clave por el entorno en que estamos. La seguridad no es un gasto, es una inversión colectiva”, aseguró Germán Jaramillo, director de la Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo (FEDY).
El impacto también ha sido evidente en municipios como Palmira. “Gracias a los aportes de la tasa de seguridad hemos fortalecido la articulación con Policía y Ejército, logrando disminuir delitos de alto impacto que afectaban la tranquilidad ciudadana”, expresó Carlos Ardila, secretario de Seguridad.
El mayor general Erick Rodríguez, segundo comandante del Ejército Nacional, reconoció que estos recursos “han permitido adquirir sistemas antidrones, mejorar la tecnología de comunicaciones y dotar de material estratégico a las fuerzas. Todo eso se traduce directamente en la seguridad de los habitantes del Valle del Cauca”.
Un modelo replicable
El modelo vallecaucano ha inspirado a otras regiones que viven el rigor de la violencia como Antioquia, que ha adoptado mecanismos similares para financiar la seguridad territorial, viendo en el Valle un ejemplo de articulación entre ciudadanía, autoridades locales y sector privado.
A diferencia de las estrategias nacionales, el enfoque vallecaucano prioriza la acción territorial y la prevención, cerrando brechas en infraestructura y dotación. La tasa de seguridad no solo ha permitido fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública, sino también generar confianza entre los ciudadanos.
Hoy, la tasa representa una inversión directa en la tranquilidad de los vallecaucanos. “No se trata solo de más cámaras o patrullas”, explica la gobernadora al resaltar que es “todo un ecosistema de protección ciudadana que apuesta por el derecho a la vida, a la paz territorial y a la convivencia”.
Esta gestión es una apuesta por la vida y la convivencia. El Valle del Cauca ha decidido enfrentar la criminalidad desde una visión integral. Más allá de los discursos, la inversión sostenida de la tasa de seguridad ha permitido resultados tangibles: reducción de delitos, contención de estructuras armadas y fortalecimiento institucional. “La seguridad no espera. La tasa de seguridad es una herramienta para proteger a nuestras comunidades con resultados que todos podemos ver”, concluyó la gobernadora del Valle del Cauca.