Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El pasado 13 de agosto, la Defensoría Delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión de la Defensoría del Pueblo expuso los resultados del informe “Vulneraciones a los derechos humanos de los periodistas en Colombia”. En este documento se reveló que el 72 %, de los 373 periodistas encuestados, fueron víctimas de algún tipo de transgresión en el ejercicio de su profesión, siendo las principales vulneraciones reportadas: amenazas (45 %), acoso (35 %) y ataques cibernéticos (25 %).
Un escenario en el que el informe denota la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad y protección de quienes ejercen el periodismo en el país, a fin de asegurar el libre ejercicio del oficio y el derecho a la información de la ciudadanía, pues el 60 % de los consultados afirmó que las vulneraciones han limitado temas que pueden cubrir, o fuentes a las que pueden acceder, al punto de que el 45 % ha considerado incluso dejar el periodismo debido a la inseguridad y a los riesgos que enfrentan.
Los desafíos de ayer y de hoy
Para hablar al respecto y sobre ¿cómo fortalecer la protección y promoción de los derechos de los periodistas en Colombia?, desde El Espectador realizamos un conversatorio, transmitido por redes sociales, con Jorge Cardona, exeditor general del medio, y Daniel Chaparro, asesor de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-.
De acuerdo con los panelistas, las cifras de la Defensoría del Pueblo reflejan la necesidad de mejorar la protección, particularmente de aquellos que trabajan en contextos de alto riesgo: “Es fundamental que se reconozca que los periodistas en las regiones están en la primera línea de fuego, enfrentando amenazas que ponen en riesgo no solo su labor, sino su vida misma. Necesitamos políticas que reconozcan estas realidades y actúen en consecuencia”, afirmó Chaparro en medio de la plática, en la cual también se abordó cómo la autocensura se ha convertido en una medida de protección para muchos comunicadores, quienes optan por esta vía para evitar represalias. Esta situación, según los expertos, debilita la función del periodismo como vigilante del poder y defensor de la democracia.
Escenario en el que cabe señalar que, conforme con las métricas de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, solo en lo corrido del año se tiene registro de 136 amenazas a periodistas en el país, 31 casos de acosos judiciales, 46 estigmatizaciones y 2 asesinatos, haciendo referencia solamente a los registros oficiales; pero reconociendo que existen más casos que se desconocen.
“La realidad que enfrentan los periodistas en Colombia es una de las más difíciles en América Latina. No es solo la violencia física la que nos preocupa, sino también la violencia estructural y la falta de garantías para ejercer un periodismo libre e independiente. La impunidad en los casos de colegas es uno de los mayores obstáculos para la libertad de prensa, es imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad y garantice la protección efectiva de los periodistas para que puedan realizar su trabajo sin miedo a represalias”, aseveró Cardona.
Llamado de atención que se debe a que, desde 1996, más de 160 periodistas han sido asesinados en Colombia, cifra que refleja la gravedad del riesgo que enfrentan los comunicadores en el país, con un agravante denunciado por el vocero de la FLIP: “la mayoría de estos casos siguen en la impunidad, lo que perpetúa el ciclo de violencia y amenaza la continuidad del oficio”.
El papel de las instituciones en la protección
Durante el evento, se discutió el rol de las instituciones del Estado en la protección de los derechos de los periodistas. Aunque, si bien existen mecanismos como la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de brindar seguridad a los comunicadores en riesgo, los participantes señalaron que estas medidas son insuficientes y, en muchos casos, tardías.
Los panelistas coincidieron en que es necesario fortalecer estas instituciones, dotándolas de más recursos y capacidades para responder de manera oportuna y efectiva a las amenazas, todo esto con miras a que el Estado garantice la justicia en los casos de agresiones contra periodistas para que la impunidad no siga siendo un problema recurrente, “Las instituciones deben asumir un rol activo y efectivo, ya que la falta de respuesta adecuada solo agrava la situación y perpetúa la impunidad”, explicó Daniel Chaparro.
Es así como, entre las propuestas planteadas, se mencionó la necesidad de implementar políticas públicas que no solo protejan a los periodistas en situaciones de riesgo, sino que también promuevan un ambiente de trabajo seguro, libre de presiones y que garantice mejores condiciones laborales. En mira a ello, se planteó la creación de un sistema de alerta temprana, que permita reportar amenazas de manera anónima y recibir protección inmediata. Además, se sugirió la conformación de una red de apoyo entre periodistas, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, para garantizar que los comunicadores no enfrenten estas amenazas en soledad.
Así mismo, se hizo un llamado a los medios para que adopten políticas internas de protección, que incluyan desde la provisión de equipos de seguridad hasta el apoyo legal y psicológico para quienes enfrentan situaciones de riesgo; porque informar no le debe costar la vida a ninguna persona.
