La Fundación Acción Interna se ha sumado al fortalecimiento de la ruta de atención para los colombianos deportados o expulsados, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, la Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Secretaría Distrital de Salud. Este esfuerzo colectivo se centra en un enfoque de derechos humanos, dignidad, restitución de derechos civiles y generación de segundas oportunidades para la reintegración social en el país.
Según cifras oficiales, en 2024 14.268 ciudadanos colombianos fueron deportados o expulsados desde Estados Unidos en el periodo fiscal entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024. Para julio de 2025, ya se contabilizaban 19.434 deportaciones, acercándose al total de 22.269 reportadas en 2024, el año con más deportaciones de connacionales en la última década.
El panorama de 2025 confirma la presión humanitaria y social: el 83 % de las deportaciones provienen de Estados Unidos, seguido por Panamá, España, Alemania, Canadá, Chile y México. Recientemente, Ecuador sorprendió con un incremento en las expulsiones masivas de ciudadanos colombianos.
Más allá de las cifras, este fenómeno debe entenderse a la luz de los derechos reconocidos por la legislación internacional, que en Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de garantizar que cada persona deportada sea recibida en condiciones dignas y con acceso a procesos de reintegración.
“La migración forzada no puede reducirse a un conteo estadístico: se trata de historias de vida que reclaman segundas oportunidades y políticas públicas que reconozcan a esta población como sujetos de derechos, no solo como cifras en los reportes migratorios”, afirmó Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna.
La Fundación Acción Interna, junto a las entidades estatales, continúa fortaleciendo la ruta de atención bajo estos principios:
- Recepción digna: garantizar que los deportados y expulsados sean recibidos sin violencia, en espacios adecuados, con información clara sobre sus derechos y sin criminalización.
- Protección en salud: atención integral a la salud física y mental, incluyendo detección temprana de traumas, atención médica urgente y apoyo psicológico.
- Reconocimiento legal: restitución o acceso a documentos de identidad, registro civil y cédulas.
- Asistencia social diferencial: apoyo según edad, género, discapacidad, pertenencia étnica, orientación sexual o situaciones de vulnerabilidad (como víctimas de trata).
“Cada retorno forzado debe convertirse en un punto de partida y no en una sentencia de exclusión. Desde la Fundación Acción Interna trabajamos para que cada colombiano que regresa encuentre dignidad, apoyo y la posibilidad real de reconstruir su vida”, agregó Johana Bahamón.
Brindar acompañamiento, dignidad y alternativas a los connacionales deportados es sembrar esperanza, reducir brechas de exclusión y transformar la adversidad en oportunidades de reconstrucción y futuro.