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Se acaba la incertidumbre para miles de familias campesinas de los departamentos del Cauca, Tolima, Sucre, Meta, Boyacá, Caldas, Arauca y Santander, gracias a una masiva entrega de tierras, que realizaron este jueves el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En total, fueron más de 10.000 hectáreas de predios productivos que antes estuvieron en poder de la mafia y comprados a personas privadas, y ahora beneficiarán a víctimas del conflicto, comunidades étnicas y jornaleros, como un acto para poner punto final a años de injusticias, despojo e inequidad en el campo.
El acto central se celebró en El Timbío (Cauca), pero con eventos paralelos en los otros departamentos, con lo que se logró una de las adjudicaciones más grandes que el Gobierno ha hecho en un solo día en la historia del país. Muchos de los terrenos, algunos del tamaño de municipios enteros, estuvieron por años bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y del Fondo de Reparación a las Víctimas, pero no los habían usado para resarcir el daño del desplazamiento o el despojo.
La jornada es histórica, comenta Juan Felipe Harman Ortiz, director de la ANT, pues las tierras vuelven a quienes verdaderamente lo necesitan: las familias campesinas que han dedicado sus vidas a las cosechas. “Cada hectárea representa justicia social, dignidad y la posibilidad de dejar atrás la guerra en el campo para construir paz”, explica Harman.
Cambio caucano
En Timbío, pleno corazón del Cauca, el presidente Gustavo Petro inició la jornada con la entrega de 1.054 títulos de propiedad que, para él, simbolizan la oportunidad para que un departamento, en constante conflicto social y armado, logre reconciliarse y ser una gran dispensa agrícola en el país.
A través de un legajo inmenso de papeles, adjudicó los títulos a 1.000 familias campesinas de algunos de los municipios con mayor tasa de inequidad rural en Colombia. La entrega significa que al menos 2.629 hectáreas de tierras dejan de estar en manos de unos pocos, y llegan a quienes realmente viven de trabajar el campo.
En el norte del Cauca, por ejemplo, se ha vivido por medio siglo un verdadero conflicto en torno a los predios. Por años, los indígenas alegaron que la mayoría de esos territorios les pertenecían por derecho, pues desde la época de la Colonia les arrebataron miles de hectáreas. Los grupos afro, por su parte, calificaban de injusto que sus miembros tuvieran que vivir en parcelas diminutas, sin títulos de propiedad y, en la mayoría de los casos, expuestos a los desplazamientos, el despojo u obligados a trabajar en ingenios azucareros con salarios muy bajos.
Un informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de 2009, mostró la inequidad en el departamento: para ese año tan solo el 7 % de los habitantes del Cauca poseía más del 60 % de las tierras, mientras que grupos negros e indígenas, que representan más de la mitad de la población, difícilmente reunían entre todos el 26 % de los predios productivos.
El malestar de la inequidad generó varios episodios de violencia, que aún permanecen en la memoria de los caucanos. En 2015, por ejemplo, comunidades indígenas Nasa invadieron ingenios azucareros. El Ejército intervino y, según denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), resultaron heridos 150 integrantes de su comunidad.
En 1991 también hubo otro episodio, esta vez más violento. Los paramilitares de Fidel Castaño cometieron la masacre de El Nilo, en la que asesinaron a 21 indígenas. Por cuenta de este hecho violento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado por omisión.
La entrega que se realizó hoy aspira a que estos hechos no se repitan. De las 1.000 familias beneficiadas este jueves, al menos 401 hacen parte del programa “Algo Nuevo”, en el que se sustituyeron voluntariamente 809 hectáreas de cultivos ilícitos para poder acceder a tierras productivas de desarrollo rural.
“Las entregas que hoy tienen que ver con devolver la tierra al campesinado que ha estado acaparada por unos pocos, muchos de ellos ni siquiera caucanos, y que no la han usado para producir alimentos”, explicó el presidente Petro durante la entrega en el Cauca.
Tierras para cosechar futuro
Pero los campesinos del Cauca no fueron los únicos que recibieron buenas noticias. En otros siete departamentos los funcionarios del Gobierno y la ANT formalizaron o expidieron nuevos títulos de propiedad a campesinos y comunidades étnicas. En Tolima, por ejemplo, se expidieron títulos de 3.800 hectáreas a familias de municipios como Planadas, Rioblanco, Ataco y Anzoátegui. Este departamento carga con una historia de inequidad rural. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica recuerda que fue allí donde, debido a la desigualdad y nulo acceso a tierras, detonó el conflicto armado en la década de los 60.
En Sucre la justicia con los campesinos también llegó en forma de parcela. En San Jorge, una región famosa por su alta productividad agrícola, se entregaron 591 hectáreas, que la ANT les compró a propietarios privados y las entregó a organizaciones campesinas de los municipios de Caimito y San Marcos. Haciendas como Villa María, La Cristalina o Villa Dolores estuvieron por años en manos de organizaciones que acaparaban los terrenos, pero a partir de hoy son propiedad de 50 familias, que podrán cosechar y garantizar la soberanía alimentaria de Colombia.
“La entrega de los títulos de propiedad en Cauca, Tolima y otros departamentos hacen que las familias sean plenamente propietarias de su tierra luego de muchos años. Además, estamos constituyendo un resguardo indígena para la comunidad Misak en el Cauca”, subrayó Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de la ANT.
Otro departamento beneficiado fue Meta, en el que se entregaron 1.505 hectáreas, que estuvieron ocupadas indebidamente por extranjeros, y Arauca, en donde 532 hectáreas pasaron de manos de privados a 45 familias campesinas.
“Hoy mi corazón está en paz, porque esta tierra ya no es un sueño, sino una realidad para mi familia y mis tres hijos. Tenerla en nuestras manos significa sembrar con confianza, certeza de que nadie nos va a sacar de aquí. Ahora podemos trabajar con amor y aportar desde el campo para que Colombia se alimente con lo mejor de nuestra tierra”, declaró Yasmín Santos Calderón, una campesina beneficiaria en Santander.
Recuperando oportunidades
Desde el departamento de Caldas, Harman se pronunció frente a la estrategia que también ha implementado la Agencia Nacional de Tierras, para cumplir las demandas de acceso a la tierra de los campesinos y comunidades étnicas: la recuperación de predios con un pasado criminal. En La Dorada, el director de la Agencia de Tierras se desplazó por siete predios que pertenecieron a alfiles del paramilitarismo o funcionaron como centros de delincuencia y narcotráfico. En total recuperó 1.000 hectáreas que, según comentó Harman a El Espectador, se están entregando para que la propiedad sea campesina en cuestión de semanas.
El Placer, uno de los predios recuperados, que estuvo en poder de “Mao Tatuajes”, un sujeto que la justicia señala de ser socio financiero de La Oficina y el Cartel de Sinaloa, de México. “Estamos recuperando bienes del Estado, del narcotráfico. Estamos revelando que es un cartel de gente dedicada a robar fincas como estas sin firmar un contrato y sin pagar siquiera un centavo al Estado”, comentó Harman.
Luisa Medina, una campesina que ahora es propietaria del predio Las Brisas en Caldas, manifestó su esperanza de acceder a las tierras que por años anheló: “Lloro de felicidad, porque ahora sí esta tierra es mía. Tanto esfuerzo y tanta lucha, y por fin se hizo realidad. Lloro de alegría sabiendo que todo esto es mío, de mis socios, de mis pescadores, de mis campesinos”.
En Cimitarra y Sabana de Torres, municipios de Santander, también hubo actos como los anteriores, que se convierten en el primer paso para hacer justicia en la región. La Agencia Nacional de Tierras retomó el control de La Pradera y La Bonanza, dos haciendas que pertenecieron formalmente a alias “Compadre”, un presunto colaborador del cartel mexicano de los Zetas.
Familias campesinas de Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio, recibieron 266 hectáreas distribuidas en seis predios: Las Margaritas, La Florida, El Recuerdo, Las Brisas, El Limón y La Vitrina, adquiridos por la ANT mediante compra a propietarios privados. Con este proceso, el Gobierno del presidente Gustavo Petro garantiza su derecho a la tierra y se fortalece el arraigo comunitario en el territorio.
Harman resaltó que, pese a los avances históricos en la entrega y formalización de tierras, con más de 700.000 hectáreas gestionadas y 1,7 millones formalizadas, aún hay centenares de predios, fincas y haciendas que deben ser recuperadas y devueltas a quienes fueron despojados en la guerra.
Sin embargo, comenta que cada metro cuadrado que se entregó este jueves contribuye a una apuesta que mostrará sus frutos en un futuro no muy lejano. “Estamos cumpliendo el mandato constitucional de garantizar el acceso progresivo a la tierra. Eventos como este demuestran que hay voluntad de lograr la Reforma Rural Integral y conseguir la paz en donde más se necesita: en el campo y los municipios”, concluye Juan Felipe Harman, director de la ANT.
*Contenido realizado en alianza con la Agencia Nacional de Tierras