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La Contraloría General de la República ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo y bienestar de las comunidades en Colombia, especialmente en regiones apartadas y vulnerables. A través de su labor de control fiscal y seguimiento a proyectos públicos ha logrado no solo la finalización de obras esenciales, sino también la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Un caso emblemático es el reciente proyecto del colegio Francisco de Orellana en la comunidad indígena de Macedonia, Leticia (Amazonas), que se ha convertido en un símbolo del impacto positivo que puede tener una supervisión efectiva.
Esto gracias a que el control fiscal es una herramienta fundamental para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente, tal como afirma Johana Catherine Ossa, contralora provincial de Participación Ciudadana del Amazonas: “La Contraloría no solo se encarga de auditar el uso de los fondos, sino que también promueve la participación ciudadana a través de veedurías, permitiendo que los mismos habitantes sean parte del proceso de seguimiento y evaluación de las obras. Este enfoque participativo ha demostrado ser efectivo para identificar problemas y asegurar que las obras se realicen conforme a lo planeado”, describe la funcionaria.
Y justo esto fue lo que ocurrió en el caso del colegio Francisco de Orellana, dado que su construcción enfrentó múltiples desafíos, incluyendo una suspensión de ocho meses debido a problemas con los materiales y la ubicación geográfica del proyecto. Sin embargo, gracias al seguimiento constante por parte de la Contraloría y la participación de la comunidad, el proyecto fue finalmente completado y entregado el pasado 26 de septiembre, beneficiando no solo a cerca de 360 estudiantes de comunidades cercanas, sino que también ofrecerá clases en portugués, dada la cercanía con la frontera con Brasil, y en lenguas indígenas, como el tikuna y el kukama, lo cual es vital para preservar la cultura local.
“Desde que empezó la construcción, hace más de cinco años, tuvimos que adaptarnos, llegando incluso a recibir clases dentro de algunos bloques de madera que se construyeron porque no teníamos salones. Allí recibíamos nuestras clases, pero como no teníamos instalaciones solo veníamos tres veces a la semana de manera presencial y solo quienes estaban en 11 venían todos los días”, revela Luz Adriana Ferrerira, estudiante de último grado de la institución.
Es así como la finalización del colegio tiene un impacto significativo en las comunidades aledañas, pues antes de su construcción muchos niños no podían acceder a la educación debido a la lejanía y las dificultades para desplazarse. Así lo especifica Fredy Córdoba, rector de este plantel educativo: “Somos un colegio bilingüe y pluricultural que tiene un contexto diferente a otras instituciones en grandes ciudades. Somos conscientes de que la educación no se limita a espacios, pero lo cierto es que estas modernizaciones nos permitirán garantizar mejor calidad educativa. Ahora tenemos 15 salones, tres aulas polivalentes, 18 baños y una capacidad instalada para 600 alumnos”, comparte la cabeza del cuerpo docente, anunciando con emoción además que ya van más de 47 estudiantes matriculados en el proceso de inscripción para 2025, que se abrió el pasado 28 de octubre y que se mantendrá hasta el próximo 13 de diciembre.
Sin mencionar que los padres de familia están satisfechos, ya que ahora sus hijos tienen la oportunidad de recibir educación sin tener que viajar largas distancias, lo que no solo mejora el acceso a la educación, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de la región. Este es un escenario en el que es clave destacar que en el caso de este colegio se formó una veeduría compuesta por padres de familia y miembros de la comunidad que ayudaron a monitorear el progreso del proyecto.
No obstante, a pesar de este logro significativo, la Contraloría seguirá haciendo su trabajo. Actualmente, según Ossa, hay 22 proyectos bajo supervisión en la región amazónica, incluyendo importantes vías de acceso que han sufrido retrasos significativos. “El compromiso con el control fiscal participativo sigue siendo fundamental para abordar estos problemas y garantizar que se tomen las acciones correctivas necesarias”, afirma la funcionaria.
Esta labor realizada por la Contraloría General es un ejemplo claro de cómo un control fiscal efectivo puede beneficiar a las comunidades más necesitadas a través del seguimiento riguroso y la promoción de la participación ciudadana. La Contraloría no solo actúa como un ente regulador, sino como un aliado estratégico para las comunidades en su búsqueda por un mejor futuro.