En un país donde las brechas sociales y de infraestructura siguen siendo uno de los principales desafíos para el desarrollo, el mecanismo de Obras por Impuestos se ha consolidado como una alternativa para llevar inversión a las regiones más afectadas por la pobreza, el conflicto armado y el abandono estatal.
Según María Angélica Bernal, docente de la Maestría en Planeación Territorial de la Universidad de América, este instrumento, creado mediante la Ley 1819 de 2016 e impulsado en el marco de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, permite que las empresas destinen hasta el 50 % de su impuesto de renta a la financiación y ejecución de proyectos en municipios priorizados.
“Desde la planeación territorial entendemos las Obras por Impuestos como una herramienta de gestión e inversión descentralizada que permite que el capital privado actúe directamente sobre las necesidades más urgentes de los territorios vulnerables”, explicó la experta.
El mecanismo opera bajo dos modalidades. La primera permite que las empresas seleccionen proyectos previamente aprobados por el Estado y destinen los recursos correspondientes a través de un patrimonio autónomo. La segunda posibilita que el contribuyente financie directamente la obra y posteriormente reciba títulos para compensar su obligación tributaria.
De acuerdo con Bernal, los proyectos financiados mediante este esquema se concentran en sectores estratégicos para el desarrollo territorial, como infraestructura vial, agua potable y saneamiento básico, educación, salud, energía y conectividad rural.
“Son inversiones que buscan fortalecer las condiciones básicas para el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de comunidades históricamente excluidas”, afirmó.
Un mecanismo para cerrar brechas
La académica destacó que una de las principales fortalezas de Obras por Impuestos es su capacidad para focalizar recursos en las zonas que más lo necesitan.
“El mecanismo rompe con la lógica tradicional de concentración de recursos en los grandes centros urbanos y dirige la inversión hacia municipios con altos niveles de pobreza y rezagos históricos”, señaló.
Asimismo, explicó que el modelo incorpora estándares de eficiencia propios del sector privado, reduce riesgos de retrasos en la ejecución y fortalece la transparencia mediante esquemas fiduciarios que garantizan la correcta destinación de los recursos.
Los principales territorios beneficiados han sido las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) y los municipios priorizados dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), ubicados en regiones como el Catatumbo, Urabá, Putumayo, el Pacífico Nariñense y la Orinoquía.
“El impacto ha sido significativo porque estas obras no solo mejoran la infraestructura física, sino que fortalecen la integración territorial, el acceso a servicios y la presencia institucional en lugares históricamente marginados”, aseguró Bernal.
Para la docente, el éxito de los proyectos depende de la articulación entre el Estado, las empresas y las comunidades. Mientras las entidades públicas identifican y priorizan las necesidades, el sector privado aporta recursos y capacidad de gestión, y las comunidades garantizan que las intervenciones respondan realmente a las necesidades del territorio.
“La participación comunitaria es fundamental para asegurar que las obras sean sostenibles y no terminen convertidas en infraestructuras desconectadas de la realidad local”, indicó.
Retos para ampliar su alcance
Pese a los avances, Bernal considera que el modelo enfrenta desafíos importantes. Entre ellos mencionó las limitaciones del cupo fiscal disponible cada año, las dificultades técnicas de muchos municipios para estructurar proyectos y los riesgos asociados al orden público en algunas zonas rurales.
También advirtió sobre la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica para las empresas interesadas en participar.
“Es necesario revisar la distribución de riesgos y mejorar los procesos de estructuración para evitar que los contribuyentes asuman cargas excesivas derivadas de problemas de planeación o situaciones ajenas a su control”, afirmó.
La experta concluyó que ampliar el alcance de Obras por Impuestos requerirá una mayor participación empresarial, procesos más ágiles y una descentralización de la asistencia técnica.
“Este mecanismo ha demostrado que puede convertirse en un catalizador del desarrollo territorial. Su fortalecimiento permitirá acelerar el cierre de brechas sociales, impulsar la equidad regional y contribuir a la construcción de paz en las zonas que históricamente han estado más rezagadas en el país”, concluyó.