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A propósito del malestar que se manifiesta en las comunidades universitarias del primer claustro de educación superior del país, la Universidad Nacional de Colombia, y de la privada Universidad del Rosario, resulta pertinente referirse al tema de la gobernanza en las instituciones de educación superior.
Aunque aparentemente los dos casos tienen orígenes diferentes, podemos encontrar buena parte de las causas comunes que han generado ese malestar, en los mecanismos como se eligen y comportan los miembros del gobierno corporativo de ambas entidades. Si bien la UNAL representa un mayor nivel de importancia académica y de volumen de alumnos, (al igual que su condición de institución pública), la forma como se constituyen ambas estructuras organizacionales para su dirección, responden a procesos que no solo pueden resultar anacrónicos para el estudiantado y profesorado actuales, sino que permiten inmiscuir prácticas, que sin entrar a juzgar su legalidad, sí generan entre sus comunidades y grupos de interés, serias dudas sobre su transparencia.
En el mundo existen tres formas principales para el nombramiento del rector de una universidad (llámense así, o cancilleres, o directores, o presidentes como se les denomina en diferentes países europeos o panamericanos): por votación directa de la comunidad universitaria; por nombramiento externo -como corresponde a instituciones de tipo confesional o las oficiales que controlan directamente estancias gubernamentales-; o por órganos colegiados representativos y/o corporativos de juntas de gobierno.
Aunque con notables diferencias de forma y nivel participativo, es justamente bajo esta última modalidad con la que se designa a los rectores de las dos universidades en mención. La UNAL utiliza una consulta NO vinculante entre profesores, estudiantes y egresados que, mediante la aplicación de una ponderación relativa a los votos, arroja 5 candidatos elegibles sobre los que el Consejo Superior Universitario selecciona al rector, indiferente de su posición y porcentajes alcanzados en dicha votación.
Si bien el mecanismo es previamente conocido y ha sido ampliamente aplicado; para los tiempos actuales (en los que la autonomía institucional debe ir acompañada de procesos democráticos y transparentes), no es fácil entender porque la decisión de un órgano colegiado o corporativo puede ser tan distante a la voluntad expresada electoralmente.
En la del Rosario, el problema tiende a explicarse mediante facilismos alrededor de la inefable figura del rector Cheyne y sus particulares decisiones y actitudes, pero la verdad es que la lupa debería enfocarse desde la forma como se reelige el rector a partir principalmente de la votación de los colegiales, -cuya representatividad no proviene directamente de los alumnos, sino que puede ser claramente influenciada por la rectoría u otras estancias directivas- dando la posibilidad de conformar unos vínculos de mutuo favorecimiento, con repercusiones en la gestión global del claustro.
En ambos casos, indiferente de la acción coyuntural que se designe para mitigar el problema, es fundamental revisar los procesos de direccionamiento que orientan el comportamiento de esas organizaciones, es decir, su gobernanza.
(En el próximo artículo, los compararemos con otros modelos mundiales)
*MBA DBA. Consultor Internacional. Máster en Gestión de Empresas de la Universidad Ramón Llull de
Barcelona y estudios doctorales en administración. rgpconsultores@outlook.com