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Cuando Santiago Arroyo supo que la tierra donde creció ya no sería de desconocidos, sino que pasaría a manos de sus colegas campesinos, se ajustó la chaqueta, prendió su moto y corrió: tenía que contarles “la buena nueva a sus compadres”, quienes, como él, llevaban 40 años trabajando la tierra de otros. Salió del predio La Palmira tan rápido como pudo; esquivó cabezas de ganado; atravesó socavones en la vía y, cada que veía a algún vecino de Pueblo Nuevo (Córdoba), les decía que llevara a cuantos pudiera hasta la finca Villa Fátima y esperaran instrucciones.
No era para menos su afán. El sueño de todos se iba a materializar: dejarían de ser campesinos sin tierras y, en menos de 24 horas, tendrían a disposición de la comunidad casi 2.000 hectáreas para hacer lo que saben hacer, cultivar arroz y maíz. Todo, gracias a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que les entregó el predio La Palmira, en el sur de Córdoba, a 100 familias que sobrevivieron tiempos de “vacas flacas”, la violencia paramilitar y la desilusión de ver cómo, tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en 2005, predios como este, del tamaño de ciudades, quedaban en manos de unos pocos.
Esta es una historia de justicia social en Córdoba, departamento donde, en el pasado, los jefes paramilitares acumularon tierras pagando precios irrisorios, tras usar una aterradora técnica: o les vendían o se morían, como lo detalló el Centro de Memoria. “Esta entrega es un sueño cumplido para los habitantes de Pueblo Nuevo y su corregimiento. Esperamos muchos años un momento como este, para tener predios propios. Ahora, sí puedo decir con orgullo ¡Esta tierra sí es mía!”, dice Santiago.
De uno para todos
A Santiago Arroyo no le gusta mucho recordar los tiempos en que miles de hectáreas de la región donde nacieron, de un momento a otro, dejaron de ser de su patrimonio y un día fueron poseídas por paramilitares y propietarios indebidos. De joven se fue a vivir a Cartagena para buscar mejores oportunidades, pero el arraigo al ver los pisingos (patos) y a su gente caminar por las calles de Cintura, corregimiento de Pueblo Nuevo, pesaron más. Hoy agradece haberse devuelto, porque “después de tantos años, retorna la tierrita a nuestras manos, la cual ya no será solo para nosotros, sino para nuestros hijos y nietos”, comenta.
El predio que entregó Harman es precisamente un reflejo de cómo, en el campo, algunas veces la espera de años vale la pena. El predio La Palmira, en el papel, fue del comandante paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, a través de terceros. Luego de su desmovilización en 2006, el excabecilla del Bloque Central Bolívar entregó esa hacienda como moneda de reparación para las víctimas de al menos 141 delitos que confesó, entre ellos desplazamiento forzado, violencia sexual, asesinatos y desapariciones. Pero, en su momento, el predio no se usó para ese propósito, pues las víctimas siguieron sin tierra ni justicia.
Mientras a “Macaco” lo extraditaron a Estados Unidos, por seguir delinquiendo tras su desmovilización, La Palmira fue objeto de toda suerte de maniobras para evitar que las 2.000 hectáreas llegaran a manos campesinas. Esas acciones comenzaron en 2003 (incluso antes del desarme de las AUC), con una orden de embargo, un cambio de razon social, una venta a precios irrisorios y el acuerdo entre comprador y vendedor de renunciar a la acción rescisoria, herramienta legal que permite deshacer negocios en caso de una eventual irregularidad como una compraventa en condiciones desproporcionadas, despojo o aprovechar el desconocimiento de los campesinos.
Pasaron 20 años antes de que el sueño de estos campesinos empezara a despejarse. En 2023, una sala del Tribunal de Justicia y Paz profirió una medida cautelar contra el predio y ordenó que ese inmenso lote de tierras productivas pasara a manos del Estado, por tratarse de un predio financiado por la mafia. La sentencia, aunque ordenó que nadie podía habitar o beneficiarse de las tierras, no se cumplió. Una empresa, identificada como Ganadería de la Costa, siguió aprovechando los campos, lagunas y extensos prados, mientras Santiago y miles de campesinos seguían marcando años en el calendario sin tierras.
ANT
Hasta que llegó el día en el que la Agencia Nacional de Tierras logró recuperar la propiedad, para cumplir su propósito inicial: dejarla en manos de los campesinos de la región a modo de reparación. “Estas tierras en su momento se las entregaron al Fondo de Reparación de Víctimas, pero tenían un uso indebido por terratenientes de la costa Caribe. Hemos visto cómo se manifiesta que la tierra de la Nación está siendo robada: solo con los baldíos y con bienes fiscales patrimoniales podríamos avanzar mucho más en la reforma agraria y construir paz en Colombia”, explicó Juan Felipe Harman, director de la ANT, quien destaca que el entregar La Palmira a los campesinos demuestra que, incluso en uno de los departamentos con más despojo y concentración de tierra, el Estado puede llegar a solucionar problemas históricos.
Y es que el departamento de Córdoba, así como fue referente en el pasado por su población desplazada y campesinos marginados, hoy es ejemplo de que la justicia sí puede llegar luego de décadas. En 2024, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras entregó casi 18.000 hectáreas que pasaron de manos de la mafia a manos de campesinos, que transforman el territorio a través de cultivos legales y desarrollo social.
Esta semana, la Agencia bajo la dirección de Juan Felipe Harman recuperó cerca de 4.000 hectáreas en los municipios La Apartada, Pueblo Nuevo, Tierralta y Buenavista listas para ser entregadas a más campesinos y víctimas.
El caso de La Palmira, dice Santiago, quedará en la memoria de los habitantes del pueblo, por haberles cambiado la vida. Hace 10 años no poseían nada más que su ahínco de cultivar y ganarse la vida. Hoy, para él y las otras 100 familias que se benefician de la entrega, la tierra que reciben es más que un pedazo de campo; es la posibilidad de tener un futuro distinto al de trabajar toda la vida a precios bajos, para los grandes terratenientes.
La próxima vez que Santiago se lance en su moto por las trochas de Córdoba lo hará, no como un campesino que luchó toda su vida por obtener una parcela en la cual cultivar, sino como el líder que condujo a todo el municipio de Pueblo Nuevo a lograr que la tierra, por fin, no fuera de los terratenientes, sino de quienes la trabajan.
*Contenido en alianza con la Agencia Nacional de Tierras (ANT)