Ha dicho que la justicia agraria debe ser una política de Estado. ¿Por qué?
Porque el problema de la tierra en Colombia no es coyuntural, es estructural. El campesinado ha sido históricamente víctima del conflicto y del despojo, y lo mínimo que debería garantizar el país es que pueda acceder a una parcela para reconstruir su vida. Ese propósito no puede depender del gobierno de turno. Tiene que ser una decisión de Estado que una al país alrededor de la dignidad campesina y de la posibilidad de producir.
¿Cómo se está avanzando hoy en la reforma agraria y cuál es el balance en cifras a nivel nacional?
Hoy hay un cambio de escala. Hemos logrado gestionar cerca de 775.000 hectáreas en todo el país. De esas, 429.000 ya están en el Fondo de Tierras y más de 305.000 han sido entregadas y están en manos de campesinos que las habitan. A eso se suman cerca de 800.000 hectáreas que están en la SAE y en el Fondo de Reparación, que también pueden entrar al proceso.
Venimos de un rezago muy grande. Cuando llegamos, apenas se habían comprado alrededor de 1.300 hectáreas para los firmantes de paz. Incluso esos proyectos estaban en riesgo porque no tenían tierra. Hoy ya hay 19.000 hectáreas destinadas a ese propósito. Es un proceso que requiere tiempo, porque no es solo entregar tierra, sino formalizarla y garantizar que quede jurídicamente en manos de quienes las necesitan.
¿Qué decir sobre Córdoba, el frente frío que inundó el departamento y las tierras que siguen disputadas allí?
En Córdoba hay una historia muy particular. Desde 1930 existen ciénagas y playones asociados a una cultura anfibia: en verano se cultiva y en invierno se pesca. Esos territorios son baldíos de la nación, no se pueden titular, pero desde finales de los años 80 fueron ocupados ilegalmente y terminaron en manos de mafias o grandes intereses.
Córdoba está llena de campesinos y pescadores que han vivido masacres, violencia, desplazamiento, jefes paramilitares y también silencio por parte del Estado. Nosotros llegamos para devolverles las tierras, pero también la dignidad y los derechos. A quienes fueron daminificados por las fuertes lluvias les fueron entregadas 188 hectáreas.
Recuperarlos implica restituir un equilibrio: no solo devolverles la tierra a quienes históricamente la habitaron, sino también recuperar su función ambiental. En la ciénaga de Corralito (Cereté), por ejemplo, los campesinos no podían ni pescar ni cultivar. Hoy están volviendo a las comunidades.
Allí ya hemos avanzado en cerca de 44.000 hectáreas gestionadas, beneficiando a unas 400 familias que han recibido unas 12.000 hectáreas.
¿Cómo manejaron la tierra los gobiernos anteriores?
La diferencia es significativa en términos de escala. En el gobierno de Iván Duque se gestionaron alrededor de 13.000 hectáreas y en el de Juan Manuel Santos cerca de 10.000. Hoy estamos hablando de 775.000 hectáreas gestionadas, lo que refleja un cambio en la velocidad y en la prioridad que se le ha dado al tema.
Más allá de las cifras, el reto sigue siendo estructural: no se trata solo de gestionar tierra, sino de garantizar que llegue efectivamente a quienes la necesitan y que se sostenga.
En el terreno, ¿a qué resistencias se han enfrentado en los procesos de recuperación de tierras?
Nos hemos enfrentado a todo. Desde amenazas directas hasta disparos al aire para impedir el ingreso a predios. En muchos casos, quienes controlaban estas tierras eran estructuras criminales, y hoy incluso hay nuevas organizaciones que han ocupado esos espacios.
También hemos visto cómo se instrumentaliza a comunidades rurales: les pagan para bloquear vías o impedir operativos. Esto ocurre en regiones como el Magdalena Medio, donde predios que pertenecieron a viejas estructuras del narcotráfico hoy están en disputa por nuevos actores.
La tierra sigue siendo un escenario de poder y de conflicto, y por eso cada recuperación implica no solo un trámite jurídico, sino una intervención compleja en el territorio.
Más allá de la entrega, ¿cómo garantizar que la tierra realmente se pueda producir y que los campesinos no sean revictimizados?
Ese es uno de los grandes retos del país. La tierra por sí sola no resuelve el problema. El campesino tiene la vocación y sabe trabajarla, pero necesita garantías: vías, acceso a mercados, vivienda y acompañamiento institucional.
Ahí es donde todavía falta articulación. La reforma agraria no puede ser solo de tierras, tiene que involucrar a todo el Estado. Si no resolvemos las condiciones estructurales y las dinámicas de violencia, existe el riesgo de que el campesino vuelva a ser desplazado. La pregunta de fondo es si vamos a seguir revictimizando o si vamos a enfrentar esas causas.
La reforma también ha generado tensiones entre comunidades, como en Cauca o Necoclí (Antioquia). ¿Cómo se están gestionando esos conflictos sociales y étnicos?
Colombia es un país diverso, y eso se refleja en el territorio. En lugares como Necoclí (Antioquia) hay un predio 10 veces mayor al perimetro del municipio, lo que impide la expansión urbana del lugar. Esas tierras, conocidas como la Virgen del Cobre, tienen salida al mar y pertenecieron a alias “El Alemán”. Pero con la gestión logramos entregar 1.143 hectáreas a manos de asociaciones campesinas y víctimas de la violencia en Necoclí.
En Cauca, que es uno de los territorios más complejos, hemos apostado por la interlocución. En el norte del departamento logramos instalar mesas de diálogo entre comunidades afro, indígenas, campesinas e ingenios azucareros. Desde octubre de 2024 no se han vuelto a registrar invasiones, y los conflictos se están tramitando en esas mesas, no en la vía de hecho. No es una solución inmediata, pero sí un cambio importante: pasar de la confrontación a la concertación.
¿Qué queda pendiente para que la reforma agraria realmente transforme el país?
Queda mucho por hacer. Hay obstáculos institucionales importantes, como la falta de una jurisdicción agraria que permita resolver los conflictos de manera más ágil. Ese proyecto lleva meses sin avanzar en el Congreso. También hay limitaciones presupuestales: hoy contamos con cerca de COP 1,2 billones, que resultan insuficientes frente a la magnitud del reto.
Además, todos los días se capturan personas vinculadas a economías ilegales que tienen tierras, lo que muestra que el problema sigue creciendo. Pero también hay una oportunidad: si logramos consolidar la reforma agraria como una política de Estado, avanzar en la formalización y articular al resto de las instituciones, podemos transformar el campo y este país.
La reforma agraria no es solo repartir tierra. Es una apuesta por construir un país distinto, más justo y en paz.