Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En Colombia, hablar de educación superior sin referirse a salud mental es ignorar uno de los desafíos más apremiantes del sistema. La evidencia es contundente: seis de cada diez estudiantes universitarios presentan síntomas de ansiedad o depresión, según estimaciones globales que se reflejan con fuerza en las aulas del país. Esta realidad, lejos de ser un fenómeno aislado, constituye un problema estructural que requiere atención inmediata desde las políticas públicas, la academia y la sociedad civil.
Durante los últimos años, el sector universitario colombiano ha experimentado una transformación forzada por múltiples factores: la pandemia, el crecimiento de la desigualdad, el aumento del consumo de sustancias psicoactivas, la presión social exacerbada por las redes y la desconexión emocional de muchos jóvenes con su entorno. Todo esto ha configurado un panorama crítico en términos de bienestar psicoemocional.
A pesar de los esfuerzos que algunas instituciones han desarrollado para atender esta problemática —como la creación de áreas de bienestar, programas de acompañamiento psicológico o cátedras enfocadas en el desarrollo personal—, lo cierto es que la mayoría de universidades aún enfrentan limitaciones serias en cobertura, presupuesto y articulación intersectorial.
Algunas Instituciones de Educación Superior (IES), como Areandina, han identificado que muchos estudiantes ingresan a la universidad con una historia previa marcada por contextos violentos, entornos disfuncionales, pobreza estructural y formación académica deficiente. En zonas apartadas del país como Pizarro (Chocó), entre otras, donde apenas se gradúan cerca de 120 bachilleres al año, el salto a la educación superior representa no solo una oportunidad, sino también un choque cultural, económico y emocional difícil de sobrellevar sin redes de apoyo sólidas.
Los efectos de la falta de acompañamiento psicológico trascienden lo académico. Se han identificado impactos severos en la deserción universitaria, el deterioro de las relaciones interpersonales, el aislamiento social y, en casos extremos, el suicidio. De hecho, en un país donde se han registrado aumentos sostenidos en los casos relacionados con esta conducta en adolescentes y jóvenes, según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), la omisión del componente emocional en la formación universitaria resulta inaceptable.
El contexto digital genera un reto mayor a este contexto. La generación Z y Alfa han crecido bajo una lógica de inmediatez, comparación constante y validación externa. Las redes sociales, más que un canal de conexión, se han convertido en un escenario de ansiedad y frustración. La falta de referentes positivos, el bombardeo de información y la desconexión con el entorno físico deterioran cada vez más la capacidad de los jóvenes para construir proyectos de vida sólidos.
Frente a este panorama, la intervención de las universidades es necesaria, pero no suficiente. La salud mental de los estudiantes debe ser asumida como un asunto de salud pública. Requiere una política estatal articulada, que inicie en la primera infancia, y que garantice acompañamiento emocional desde el jardín infantil hasta la educación superior. Capacitar docentes en competencias socioemocionales, fortalecer los servicios de atención psicosocial, asegurar alimentación escolar y acceso a transporte son medidas urgentes y complementarias.
La experiencia de Areandina ha demostrado que es posible avanzar en este camino. Con una Vicerrectoría de Experiencia y Felicidad, la institución ha implementado un modelo integral basado en la psicología positiva, inspirado en universidades como Harvard y Yale. Este modelo, que incluye cátedras sobre propósito de vida, gestión emocional y liderazgo ético, ha sido reconocido por rankings internacionales como Great Place to Work y ha contribuido a crear una cultura institucional centrada en el bienestar humano.
No obstante, estas buenas prácticas deben dejar de ser excepcionales. La transformación del sistema universitario colombiano pasa por reconocer que el éxito académico no puede estar desligado del bienestar emocional. Formar buenos profesionales es insuficiente si no se forman al mismo tiempo ciudadanos íntegros, empáticos y resilientes.
El llamado es claro: la salud mental debe ocupar un lugar prioritario en la agenda educativa nacional. No como una respuesta reactiva a los síntomas, sino como una estrategia preventiva, estructural y sostenida en el tiempo. Esto implica rediseñar currículos, invertir en talento humano especializado, establecer alianzas entre instituciones educativas, organizaciones sociales y entidades del Estado, y, sobre todo, entender que cada estudiante representa una historia, un contexto y una posibilidad de transformación.