Si las veredas en Magdalena Medio pudieran hablar, contarían que durante años mercenarios extranjeros, narcotraficantes y algunos de los máximos artífices del paramilitarismo se asentaron en ellas para planificar una guerra que se prolongaría por décadas y, como consecuencia, dejaría millones de víctimas campesinas. También narrarían que, décadas después de ver a las familias desplazarse de sus parcelas, llegaría un día en que los campesinos serían sus propietarios.
Este jueves el Gobierno del presidente Petro entregó 18.000 hectáreas de esas tierras a organizaciones campesinas que reclamaron por años haber sido vulneradas por la guerra y la desigualdad. El evento, que beneficia a ciudadanos de 11 de los municipios más productivos de la región, ponen punto final a toda una historia de ocupación irregular de narcotraficantes, como Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Castaño o Yair Klein, un mercenario israelí que entrenó las tropas paramilitares que luego sembraron terror en el país a través de masacres y asesinatos.
La entrega, organizada entre el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) es considerada como histórica por los campesinos, pues la gran mayoría de estas tierras estuvieron ocupadas irregularmente por años y en otros casos debieron entregarse a las víctimas del conflicto, pero nunca llegaron. Las parcelas, ahora en manos campesinas, dejan de ser un símbolo de la guerra y se convertirán en terrenos ocupados por campesinos que le apuestan a la paz y la soberanía alimentaria del país.
Muchas de esas familias que huyeron de los fusiles ahora retornan a esas tierras, que pasarán a ser propiedad de al menos 10 organizaciones campesinas, algunas de ellas lideradas por mujeres y madres cabeza de hogar, para que ahora utilicen los terrenos. “Durante años, estas tierras sirvieron como centros de operaciones y refugio de narcotraficantes y paramilitares. Ahora, en un giro histórico, dejan atrás la guerra para convertirse en territorios de vida, producción y paz”, subrayó Juan Felipe Harman al entregar los predios a centenares de familias campesinas.
Estos terrenos están distribuidos en 11 municipios de seis departamentos que en el pasado fueron golpeados por la violencia, como Cimitarra y Sabana de Torres, en Santander, o Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó y Puerto Berrío, de Antioquia. Otros de los municipios beneficiados son Puerto Salgar (Cundinamarca), Honda (Tolima) y Puerto Boyacá (Boyacá). Todos son municipios que tuvieron que convivir con el despojo, de acuerdo con registros del Centro Nacional de Memoria Histórica y que, para complicar aún más el panorama, son reclamados por colectivos campesinos y víctimas como medio para ser indemnizados y reparados por los hechos que vivieron a manos de grupos “paras”.
Nuevo capítulo
Miles de campesinos en La Dorada, Caldas, aún recuerdan como a las calles del departamento llegaron por años las familias desplazadas por la guerra. La razón: en la región se había instalado una dinámica de conflicto en la que, con dinero del narcotráfico y las esmeraldas, Gonzalo Rodríguez Gacha financió el entrenamiento de varios jóvenes que en cuestión de meses se convertirían en jefes paramilitares para liderar masacres y despojos, como Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”; Jorge “Ruso” Agudelo y Carlos Ospina, alias “Tomate”.
La Comisión de la Verdad detalló en el Informe Final que uno de cada tres habitantes de la región sufrieron los embates del conflicto y los campesinos se llevaron la peor parte, pues casi medio millón de personas que dependían de sus tierras fueron desplazados y despojados a través de masacres como la de Puerto Triunfo, en la que los hombres de Ramón Isaza llegaron a una vereda y asesinaron a cinco personas en el centro del pueblo para causar temor y, en cuestión de días, ver docenas de hectáreas desiertas.
Una de esas haciendas es la Finca Valle Escondido, ubicada en Puerto Salgar y que perteneció a Cristian Borda, también conocido como “El Harlista” y quien utilizó esas tierras para movilizar, en promedio, 12 toneladas de cocaína mensuales hacia Estados Unidos y Europa. Otro ejemplo es el de “La Victoria”, localizada en Caldas, que simbolizó la lucha de 20 años de una agrupación de pescadores que reclamaron acceder a terrenos que les ofrecieran autonomía económica y posibilidades para cambiar décadas de trabajos campesinos con sueldos irrisorios y sin seguridad social y ahora pueden ocupar y ser sus propietarios.
Hay pescadores como Arnulfo Muñoz beneficiados de estas tierras que explican la entrega como una manera en que el Gobierno a través de la ANT ha escuchado sus reclamos por sobrevivir, pues durante 20 años han anunciado que la pesca en el río Magdalena cada vez escasea más, y solo con tierras podrán garantizar el sustento de sus familias y sus comunidades.
“Nunca perdí la esperanza. Luego de más de dos años recibí la llamada de la Agencia para decirnos que tenían unas tierras para nuestra asociación de pescadores. Nos registramos, enviamos los documentos y entonces sucedió el milagro: la ANT nos entregó la tierra y hoy estamos aquí. Hoy podemos decir que el presidente Petro nos cumplió”, comentó Arnulfo, un pescador de Tolima.
Marcela Valencia, una de las líderes de Asopricam, organización que recibió tierras expresó, “hoy dejamos atrás el horror de la guerra para sembrar yuca, cacao y paz en nuestros nuevos territorios. Llevábamos más de 15 años solicitando una oportunidad como esta y el presidente Petro nos cumplió”, comentó
Recuperando el futuro
Una gran mayoría de las tierras entregadas llegaron a través de recuperaciones que Harman y la ANT efectuaron en los territorios. Algunas de estas haciendas fueron entregadas por antiguos comandantes paramilitares para reparar a las víctimas de las Autodefensas, sin embargo, luego de dos décadas del proceso transicional de Justicia y Paz, los terrenos seguían en manos de testaferros, nuevos narcotraficantes o privados, mientras que los afectados por la guerra seguían viendo el acceso a tierras como una ilusión.
También hay un gran porcentaje de predios que, al estar a actividades relacionadas con la delincuencia, se les extinguió el dominio a través de la Sociedad de Activos Especiales y, en el papel, debían destinarse a poblaciones vulnerables, pero al igual que las tierras del Fondo de Reparación, tampoco llegaron a manos campesinas.
Desde la Agencia Nacional de Tierras explican que la recuperación de miles de hectáreas es un avance en la reparación de millones de víctimas y en la historia agraria del país, pues estos predios han estado o en manos de unos cuantos propietarios u ocupados irregularmente por personas que explotaron los terrenos sin crear desarrollo para los municipios y, en muchas ocasiones, sin pagar un solo peso al Estado por esa tenencia ilegal.
Por ello, el director de la ANT, Felipe Harman hizo un llamado a las autoridades locales y regionales a acompañar este propósito común.
Pero la estrategia de arrebatar haciendas del tamaño de ciudades o municipios enteros a la mafia y al paramilitarismo no es única del Magdalena Medio. En otras latitudes de Colombia Harman ha llegado con su equipo jurídico y cambiado la posesión de los predios para que pasen de narcos o paramilitares a campesinos. Así sucedió con La Palmira, un terreno casi del tamaño de la isla de San Andrés que pertenecía a alias “Macaco” y que la Agencia devolvió a docenas de familias en Pueblo Nuevo, Córdoba.
En el Magdalena Medio, son varios los predios que han llegado a campesinos a través de recuperaciones, como las fincas Las Quinianzas, San Felipe y Las Esmeraldas, localizadas en Puerto Boyacá y utilizadas por Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano”, para cimentar su recorrido criminal desde los 80.
El presidente Gustavo Petro incluso hizo un llamado a continuar estas entregas de tierras, que según él hacen justicia en el campo y, además, ordenó proteger a estos campesinos para que no sufran retaliaciones por pedir tierras como fue el caso del dirigente campesino asesinado, Germán Rozo en Puerto Salgar.
“Le ordeno a la Policía cuidar al campesinado, porque no vamos a permitir un asesinato más. Aquí no viene otro ‘Gacha’ a matar campesinos”, subrayó el jefe de Estado.
También hizo un llamado de atención a las autoridades locales para continuar con la apuesta de la Reforma Agraria: “A las autoridades locales y regionales decirles colaboren, acompañen este proceso y sírvanle al campesinado que los eligió, gobernador de Caldas, esa es la invitación que le hacemos a usted, a los alcaldes de la región y a las autoridades regionales de la manera más respetuosa posible”.
Harman comenta que cada predio que llega a posesión de los campesinos representa un avance de la Reforma Agraria, que hasta el momento ha gestionado cerca de 700.000 hectáreas a víctimas del conflicto, comunidades agrícolas y poblaciones étnicas y ha formalizado más de 1.700.000 hectáreas en todo el territorio colombiano. En Magdalena Medio, considera que la deuda pendiente con los campesinos empieza a cumplirse, pues la región deja de ser un territorio donde pasó Pablo Escobar, los Castaño o “El Mexicano” y de ahora en adelante será el hogar de miles de familias.
“El Gobierno del presidente Petro cumple con el mandato popular de impulsar una Reforma Agraria ágil y efectiva, que devuelve la tierra, la dignidad y los derechos territoriales a quienes históricamente la han trabajado. Este logro fortalece al movimiento campesino como actor central en la garantía de la soberanía alimentaria del país y en la construcción de paz en los territorios”, concluye Harman.
*Contenido desarrollado en alianza con la Agencia Nacional de Tierras.