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En Colombia, el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes para el conflicto armado sigue siendo una problemática presente en muchas zonas del país. Entre enero y junio de 2024, el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) registró 481 eventos de conflicto armado, 201 de estos afectaron directamente al menos a 17.359 niños, niñas y jóvenes en 30 departamentos del país.
Frente a este panorama, Fernando Cobo, coordinador de proyectos de Coalico, habló con El Espectador sobre el papel del Estado y la sociedad en la responsabilidad y el deber de alejar a los menores de edad del conflicto armado, así como de gestar iniciativas y estrategias que prevengan el reclutamiento y promuevan la reintegración.
¿Cuáles estrategias consideran efectivas para prevenir el reclutamiento de menores de edad en grupos armados?
Nosotros siempre partimos del hecho de que la prevención del reclutamiento es una responsabilidad de todos. Sí, el Estado tiene una responsabilidad más grande en garantizar las condiciones para que los niños tengan todas las opciones de vida en sus territorios y no se vean obligados a tomar una decisión que no es la más adecuada. Porque nosotros también, como Coalico, partimos de que ningún tipo de reclutamiento es voluntario.
Y es un ejercicio de todos porque también hay unas condiciones que se deben garantizar desde la familia, desde la comunidad que rodea a los niños, y desde la escuela. Porque hay que garantizar que las escuelas sean consolidadas como espacios protectores. En ese sentido, nosotros hemos desarrollado en diferentes regiones del país ejercicios donde buscamos consolidar estos espacios protectores. Y ahí buscamos aplicar herramientas como mapas de riesgos, donde los niños ubican e identifican espacios seguros e inseguros dentro de la institución educativa. Aplicamos también estrategias de ocupación del tiempo libre, que han sido exitosas en ese sentido.
En Buenaventura, por medio de la promoción de la cultura, algunos colegios han logrado que los niños empiecen a mirar otro tipo de opciones. Asimismo, la Fundación Paz y Bien, en Cali, hace un ejercicio de acompañamiento a chicos de Agua Blanca, donde ellos, a partir de talleres de música y de artes, logran invitar a los jóvenes a que participen. Pero la clave es que es un ejercicio de justicia restaurativa, porque si ellos quieren hacer parte de este proceso deben cumplir con una serie de acciones ante la comunidad antes de ingresar a la institución.
Lastimosamente, ese tipo de opciones muchas veces se logra mantener mientras el chico está en la escuela. Una vez se gradúa y usualmente cumple los 18 años, se genera una desconexión porque, si el joven no pudo entrar a la universidad, pues básicamente se tiene que quedar en un contexto muy adverso.
El papel del docente es fundamental, pero tampoco hay que delegarle toda la responsabilidad. En este momento valoramos muchísimo que el Gobierno nacional esté adelantando el plan de acción para la implementación de escuelas seguras. Pero nos preocupa mucho porque no hay garantías en las instituciones educativas.
La declaración plantea que las instituciones deben tener unas condiciones adecuadas para garantizar el bienestar de niños que estén ahí. Y una de esas condiciones implica tener un encerramiento y una señalización clara que pueda identificar que ahí hay una escuela.
¿Qué obstáculos enfrentan organizaciones como Coalico para prevenir el reclutamiento?
El delito de reclutamiento se ha incrementado en zonas urbanas, y no solo por actores armados que hacen parte del conflicto armado, sino por otro tipo de actores que también son grupos delincuenciales organizados. Y ese tipo de reclutamiento es mucho más difícil de rastrear porque el niño sigue viviendo en la casa, sigue yendo a la escuela, pero comienza a desarrollar una serie de acciones para el grupo armado.
Sabemos que en ciudades como Buenaventura, Cali y Medellín se ven este tipo de situaciones, que son sumamente difíciles de rastrear. Por eso, en las zonas urbanas se requiere aplicar estrategias mucho más efectivas para que los grupos no accedan directamente a los niños.
La situación es muy compleja. Hay regiones en la que el riesgo es tan alto que no podemos llegar a hablar directamente de este tema. En este momento tenemos un convenio con el Fondo Colombia en Paz y con el ICBF, y hemos estado trabajando en 41 municipios, generando ejercicios de fortalecimiento de capacidades a funcionarios públicos y a líderes comunitarios. Y hemos tenido que llegar a hablar de temas como protección a la niñez, construcción de espacios protectores, construcción de paz, para no hablar directamente de prevención de reclutamiento.
Nosotros estamos convencidos de que promover espacios de participación efectivos de niños es muy importante. Hay algo que se ha denominado las mesas de participación de niños, que deben existir en todos los municipios, pero lamentablemente las mesas de participación se han convertido en un espacio donde reúnen a los jóvenes una vez cada tres meses, les dan un refrigerio, se toman una foto y ya, chequeado. La mesa de participación de niños tiene que trascender de eso, debe ser un espacio donde los menores de edad realmente sean escuchados y puedan llevar sus propuestas. Estamos convencidos de que las mejores propuestas de prevención de reclutamiento salen de ellos.
Saludamos el interés que ha habido por parte del ICBF. Es la primera vez que tenemos un convenio con ellos, y lo agradecemos mucho. Este gobierno ha tenido una apertura diferente y tenemos que reconocerlo. Ha habido una apertura con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, con quien también tenemos un convenio. Estamos desarrollando una iniciativa en las zonas de frontera con Panamá y Ecuador, y también nos ha convocado a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento. Sin embargo, otro reto importante es la implementación del plan de escuelas seguras. En los territorios la situación es muy compleja, y las organizaciones tienen muchas dificultades para llegar a espacios de diálogo con las alcaldías y las mesas de infancia y adolescencia. Estos espacios suelen ser muy cerrados, porque no quieren que se vean permeados por diferentes temáticas.
¿Cómo avanzan los programas de reintegración?
Hemos identificado que hay muchos vacíos en el proceso de reintegración. Un gran problema es la transición de los 18 años, cuando un joven cumple esa edad ya no puede estar en el ICBF y debe pasar a la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización), pero en ese tránsito muchas veces se quedan en un limbo. Uno de los factores definitivos para el éxito en la reintegración es la existencia de un mentor.
No se trata de apoyo económico, sino de alguien que pueda orientarlos, aconsejarlos y acompañarlos en momentos difíciles. Hemos visto casos exitosos de personas que lograron estudiar, trabajar y tener una vida estable gracias a la presencia de un mentor.
En nuestra organización acompañamos a víctimas acreditadas ante la JEP, representamos a cerca de 550 personas que han participado en audiencias. También hemos trabajado en garantizar la declaración de algunas víctimas ante la Unidad de Víctimas, y con el acompañamiento a madres buscadoras en Meta y Guaviare.