'Las conclusiones se dieron por consenso'

El 19 de noviembre de 2012 fue triste para los colombianos, pues fue el día en que perdimos una parte importante de nuestros derechos sobre la zona económica exclusiva y la plataforma continental en el mar Caribe occidental. Aunque era de suponer que el país perdiera algo de zona económica y plataforma continental, nadie se imaginó un resultado tan adverso y menos uno que enclavara algunas islas del archipiélago de San Andrés.

Estuve, junto con otros abogados, en el Palacio de Nariño y pude sentir de cerca la enorme tristeza, combinada con ira y frustración, del presidente Santos, de la canciller Holguín y de muchos miembros del Gobierno frente a la gravedad del problema que enfrentaba Colombia. Fueron muchos los debates sobre cómo podía reaccionar el Gobierno; al final prevaleció la cordura y por ello desde ese mismo día el presidente manifestó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) era inaplicable: fueron unas palabras muy pensadas y, afortunadamente, han servido para sentar el rumbo de lo que semanas y meses después se iba a hacer.

Desde antes del fallo la canciller había solicitado a algunas personas pensar en alternativas de acción frente a posibles resultados y, obviamente, una vez conocido el fallo, esos esfuerzos se intensificaron. Vi de cerca cómo ella inmediatamente optó por buscar apoyo jurídico nacional e internacional, para lo cual pidió varias opiniones de reconocidos juristas de talla mundial, contrató la firma Volterra Fietta y conformó un grupo asesor de abogados nacionales.

Fui partícipe y testigo de los debates del grupo nacional y de los trabajos de Volterra. Viví intensamente los debates y puedo dar fe del enorme compromiso de todos quienes integraron ese grupo, así como de su voluntad de encontrar caminos frente a lo ocurrido. Finalmente, las conclusiones se dieron por consenso, y de ese trabajo resultaron ideas que marcaron el rumbo de acciones posteriores. El concepto de la zona contigua integral fue el producto de ese grupo y resultó ser a la postre elemento fundamental de la estrategia nacional y figura de muy buen recibo por parte de connotados internacionalistas.

Vi de cerca durante todo el año los enormes esfuerzos del presidente y la canciller para articular una estrategia sensata y coherente: no se dejó piedra sin voltear ni tema sin estudiar. En muchas reuniones se analizaron todas las combinaciones de soluciones y al final el presidente Santos y la ministra Holguín dieron el rumbo político y jurídico que quedó plasmado en la alocución de septiembre. Ese rumbo ha sido y será siendo eje de las acciones colombianas en el futuro inmediato.

Sin embargo, ahí no terminó el tema: desde ese entonces se preveía que Nicaragua presentaría nuevas demandas, una por plataforma continental y otra relacionada con el supuesto incumplimiento de Colombia. Desde ese momento se nos pidió a los abogados que empezaramos a prepararnos. Conseguimos los mejores abogados internacionalistas: es difícil concebir un equipo mejor que el que tiene Colombia. Por eso nada fue una sorpresa y por ello mismo Colombia está muy bien preparada para defenderse y contraatacar. No obstante, el equipo no se quedó en eso, pues miró también otras posibilidades, desde demandas de interpretación hasta demandas de revisión, incluyendo la sugerida por la excanciller Noemí Sanín. Fueron sesiones largas e intensas y, como antes dije, se exploraron hasta la saciedad todos los caminos posibles. Y eso se hizo de la mano de expertos nacionales e internacionales de primera línea.

Puedo decir con satisfacción que estuve en el diseño e implementación de parte importante de la estrategia del país frente a Nicaragua. Sin embargo, no estuve solo: fueron muchos los que participaron en ese diseño e implementación. Obviamente, no hemos terminado, pues a todos nos queda un reto: llevar a cabo esa estrategia, verla avanzar, producir resultados y tratar de sacar adelante los intereses de Colombia. Y hay que ser optimista: bien puede ser que a la larga ayudemos a que se recupere algo de lo perdido…

El 19 de noviembre de 2012 fue triste para los colombianos, pues fue el día en que perdimos una parte importante de nuestros derechos sobre la zona económica exclusiva y la plataforma continental en el mar Caribe occidental. Aunque era de suponer que el país perdiera algo de zona económica y plataforma continental, nadie se imaginó un resultado tan adverso y menos uno que enclavara algunas islas del archipiélago de San Andrés.

Estuve, junto con otros abogados, en el Palacio de Nariño y pude sentir de cerca la enorme tristeza, combinada con ira y frustración, del presidente Santos, de la canciller Holguín y de muchos miembros del Gobierno frente a la gravedad del problema que enfrentaba Colombia. Fueron muchos los debates sobre cómo podía reaccionar el Gobierno; al final prevaleció la cordura y por ello desde ese mismo día el presidente manifestó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) era inaplicable: fueron unas palabras muy pensadas y, afortunadamente, han servido para sentar el rumbo de lo que semanas y meses después se iba a hacer.

Desde antes del fallo la canciller había solicitado a algunas personas pensar en alternativas de acción frente a posibles resultados y, obviamente, una vez conocido el fallo, esos esfuerzos se intensificaron. Vi de cerca cómo ella inmediatamente optó por buscar apoyo jurídico nacional e internacional, para lo cual pidió varias opiniones de reconocidos juristas de talla mundial, contrató la firma Volterra Fietta y conformó un grupo asesor de abogados nacionales.

Fui partícipe y testigo de los debates del grupo nacional y de los trabajos de Volterra. Viví intensamente los debates y puedo dar fe del enorme compromiso de todos quienes integraron ese grupo, así como de su voluntad de encontrar caminos frente a lo ocurrido. Finalmente, las conclusiones se dieron por consenso, y de ese trabajo resultaron ideas que marcaron el rumbo de acciones posteriores. El concepto de la zona contigua integral fue el producto de ese grupo y resultó ser a la postre elemento fundamental de la estrategia nacional y figura de muy buen recibo por parte de connotados internacionalistas.

Vi de cerca durante todo el año los enormes esfuerzos del presidente y la canciller para articular una estrategia sensata y coherente: no se dejó piedra sin voltear ni tema sin estudiar. En muchas reuniones se analizaron todas las combinaciones de soluciones y al final el presidente Santos y la ministra Holguín dieron el rumbo político y jurídico que quedó plasmado en la alocución de septiembre. Ese rumbo ha sido y será siendo eje de las acciones colombianas en el futuro inmediato.

Sin embargo, ahí no terminó el tema: desde ese entonces se preveía que Nicaragua presentaría nuevas demandas, una por plataforma continental y otra relacionada con el supuesto incumplimiento de Colombia. Desde ese momento se nos pidió a los abogados que empezaramos a prepararnos. Conseguimos los mejores abogados internacionalistas: es difícil concebir un equipo mejor que el que tiene Colombia. Por eso nada fue una sorpresa y por ello mismo Colombia está muy bien preparada para defenderse y contraatacar. No obstante, el equipo no se quedó en eso, pues miró también otras posibilidades, desde demandas de interpretación hasta demandas de revisión, incluyendo la sugerida por la excanciller Noemí Sanín. Fueron sesiones largas e intensas y, como antes dije, se exploraron hasta la saciedad todos los caminos posibles. Y eso se hizo de la mano de expertos nacionales e internacionales de primera línea.

Puedo decir con satisfacción que estuve en el diseño e implementación de parte importante de la estrategia del país frente a Nicaragua. Sin embargo, no estuve solo: fueron muchos los que participaron en ese diseño e implementación. Obviamente, no hemos terminado, pues a todos nos queda un reto: llevar a cabo esa estrategia, verla avanzar, producir resultados y tratar de sacar adelante los intereses de Colombia. Y hay que ser optimista: bien puede ser que a la larga ayudemos a que se recupere algo de lo perdido…