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El Gobierno del presidente Gustavo Petro deja al país uno de los legados más importantes para la educación pública en Colombia. Durante estos cuatro años, el Ministerio de Educación Nacional trabajó para hacer de la educación un derecho efectivo, ampliando el acceso, fortaleciendo la permanencia, dignificando las condiciones de aprendizaje y llevando oportunidades a territorios históricamente excluidos.
Compromiso con la niñez
Uno de los principales avances del Gobierno del Cambio fue ampliar el acceso a la educación inicial en las instituciones públicas. En 2022, solo 600 sedes educativas oficiales ofrecían los grados de prejardín y jardín; hoy son más de 6.400 sedes las que incorporan estos grados, una expansión que llegó a 771 municipios del país, de los cuales 300 son priorizados.
No se trata de nuevas sedes, sino de instituciones que ampliaron su oferta para que más niñas y niños iniciaran su trayectoria educativa desde los primeros años, especialmente en los territorios con mayores brechas de acceso. Solo en los municipios priorizados, cerca de 50.000 niñas y niños se beneficiaron con esta estrategia.
Este fortalecimiento estuvo acompañado de acciones para garantizar una educación inicial enmarcada en la atención integral. Mientras en 2022 el país registraba 403.862 niñas y niños atendidos, al cierre del Gobierno la cifra supera los 529.000, lo que representa más de 125.000 beneficiarios adicionales. La estrategia también fortaleció las condiciones de aprendizaje mediante docentes cualificados, ambientes pedagógicos enriquecidos, alimentación escolar y una mayor participación de las familias.
En articulación con el ICBF, el Gobierno logró que más de 2 millones de niños y niñas de 0 a 5 años, así como personas gestantes, fueran atendidos en educación inicial bajo el modelo de atención integral.
Asimismo, cerca de un millón de estudiantes de 5.519 colegios públicos fortalecieron su formación mediante una jornada escolar que promueve el arte, el deporte, la ciencia, la cultura y el desarrollo de habilidades para la vida.
Con el programa SIMES se ampliaron los grados de secundaria y media en más de 21 territorios, se viabilizaron 2.294 cargos docentes y más de 200.000 estudiantes pudieron continuar su trayectoria educativa. Esta estrategia eliminó barreras entre niveles de formación y permitió que muchas escuelas rurales graduaran su primera generación de bachilleres.
Los avances también fortalecieron la carrera docente. Un total de 6.792 maestros recibieron becas condonables, más de 15.890 participaron en procesos de formación continua y 106.872 aprobaron la evaluación para ascender o reubicarse en el escalafón docente.
En infraestructura, el Gobierno impulsó el mejoramiento y la ampliación de 11.119 ambientes educativos y dotó con mobiliario nuevo a más de 25.000 espacios escolares, recuperando proyectos que durante años permanecieron inconclusos.
La permanencia escolar también se fortaleció mediante el Programa de Alimentación Escolar, que llegó a 5,8 millones de estudiantes, priorizando las zonas rurales y reforzando, junto con la UAPA, los mecanismos de control de calidad y transparencia.
Educación superior gratuita para los jóvenes del país
La educación superior pública vivió una expansión histórica gracias a la política de gratuidad. Más de un millón de estudiantes fueron beneficiados durante los últimos tres años y, solo en 2025, el Gobierno transfirió COP 2,9 billones a las instituciones públicas para fortalecer su funcionamiento y ampliar el acceso, especialmente para jóvenes de poblaciones vulnerables y territorios apartados.
Uno de los principales hitos fue la reforma a la Ley 30 de 1992, que garantiza COP 4,22 billones adicionales para fortalecer la financiación de la educación superior pública, un incremento cercano al 35 % frente a los recursos de 2022. Gracias a esta reforma, 425.096 nuevos estudiantes accedieron a la universidad pública.
Con la estrategia Educación Superior en Tu Colegio, la universidad llegó a 954 colegios de 427 municipios del país, beneficiando a más de 120.000 estudiantes con programas técnicos, tecnológicos y universitarios pertinentes para las vocaciones productivas de cada territorio.
Esta apuesta se complementó con el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES), mediante el cual 5.045 jóvenes continuaron sus estudios gracias a alianzas con universidades públicas y el SENA. Como resultado, el 47,91 % de los bachilleres graduados en 2024 accedió a la educación superior en 2025.
El Gobierno también impulsó la mayor inversión en infraestructura de educación superior pública en décadas, con 108 proyectos y más de COP 1,7 billones en ejecución en 66 municipios de 23 departamentos, que incluyen nuevas sedes, ampliaciones, laboratorios, aulas y dotaciones.
Como garantía de continuidad, aprobó el CONPES 4181, que destina COP 13,11 billones hasta 2036 para construir, ampliar, mejorar y dotar infraestructura educativa en todos los niveles de formación, fortaleciendo el acceso, la calidad y la permanencia en la educación pública.
Un legado para Colombia
Los avances alcanzados durante estos cuatro años representan mucho más que cifras. Se reflejan en miles de niñas y niños que hoy comienzan su trayectoria educativa con mejores oportunidades; estudiantes que permanecen en las aulas gracias a la alimentación escolar; docentes con mejores condiciones para enseñar; jóvenes que acceden gratuitamente a la universidad; comunidades que, por primera vez, cuentan con educación superior en sus territorios, e instituciones públicas fortalecidas para seguir creciendo.
El Gobierno deja una educación pública con políticas estructurales, recursos garantizados y proyectos en marcha que ampliaron las oportunidades en territorios históricamente excluidos. La continuidad de estos avances será fundamental para consolidar el derecho de millones de niñas, niños, jóvenes, docentes y comunidades a una educación pública de calidad.
Los derechos no tienen reversa, ni un paso atrás en la defensa de la educación pública. El Gobierno reafirma su compromiso con la protección de estos avances, porque educar es la base para garantizar la justicia social y construir un país más equitativo.