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Durante décadas se ha repetido hasta el cansancio que ampliar el acceso a la educación superior de calidad en Colombia no era posible sin hipotecar el futuro de los jóvenes, que muy pocos logran entrar a la universidad pública y que la gratuidad no era más que una fantasía populista; sin embargo, esta retahíla se acabó: hoy, con datos verificables y auditados, demostramos que este sueño hoy es posible para más de 190.000 nuevos jóvenes.
El compromiso del Gobierno del Cambio con los jóvenes ha sido cuestionado y obstaculizado desde varios frentes. Pero, cuando irresponsablemente se siembra duda sin fundamento sobre un sistema estatal que recoge, valida y publica las cifras de cobertura educativa en Colombia con respaldo de entidades como el DANE y el DNP, no se le está haciendo oposición a un ministro, se está cuestionando la legitimidad del tejido institucional de 305 instituciones de educación superior públicas y privadas, que reportan sus datos con rigor al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) desde la promulgación de la Ley 30, en 1992.
Los 190.504 nuevos jóvenes, con nombre y apellido, que se han matriculado por primera vez a una de las 84 instituciones del sistema de educación superior pública durante este Gobierno —es decir, entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2024— son una realidad gracias a una reforma estructural de fondo: el cambio del modelo de financiación. ¿La diferencia? Ya no se financia al estudiante para que salga a buscar cupo donde pueda, donde pase, como ocurrió con modelos regresivos como Ser Pilo Paga, que drenaron recursos públicos hacia instituciones privadas; ahora financiamos directamente a las universidades públicas, fortaleciendo su planta docente, su infraestructura, su presencia territorial y su investigación. Esto avala realmente que la educación ya no sea un privilegio, sino un derecho garantizado desde la oferta.
Como si esto no fuese suficiente, en 2024 Colombia alcanzó la cifra histórica de 2,5 millones de estudiantes matriculados en instituciones de educación superior y, por primera vez, superó el nivel de 1,4 millones de estudiantes matriculados en el sector público. Por su parte, a pesar de que algunas voces de la oposición aleguen que fortalecer lo público implica debilitar lo privado, la universidad privada no se marchita; al contrario, está creciendo en calidad, programas y registros calificados; además, se está recuperando durante este gobierno, con 1,15 millones de estudiantes matriculados: un sistema mixto de educación superior sí es posible.
No obstante, algunos sectores han querido reducir estos logros a una “manipulación estadística”. Les incomoda que digamos lo evidente: el sistema público de educación superior está creciendo como nunca. Les incomoda que ya no sean los filtros de clase o puntaje crediticio los que definan quién accede a la universidad. Les incomoda que el Estado haya dejado de actuar como cómplice del mercado y haya empezado a cumplir su deber como garante de derechos.
Nuestro compromiso no solo se ve reflejado en un conteo de estudiantes: la descentralización y territorialización de la educación superior son dos promesas que estamos cumpliendo. Estamos viendo resultados concretos en territorios históricamente excluidos: entre 2023 y 2024 Vaupés registró un crecimiento del 39,5 % en la matrícula, y en departamentos como Amazonas, Putumayo, Vichada, Guainía, Guaviare y San Andrés aumentó más del 10 %. Esta no es una cifra aleatoria: jóvenes que antes tenían que migrar a la ciudad o abandonar sus sueños ahora pueden estudiar cerca de su hogar. Esta es la respuesta real tras décadas de abandono estatal. Adonde antes llegaban tanquetas, hoy llegan universidades.
El presupuesto destinado a las instituciones de educación superior presentó un incremento histórico, ya que pasó de $8.2 billones a $11.2 billones (en precios constantes). En el ámbito nacional, se evidenció la mayor tasa de cobertura bruta en la historia del país, alcanzando el 57,5 % en 2024. Es decir, en los primeros dos años del Gobierno del Cambio elevamos esta cifra en 2,6 puntos porcentuales, mientras que en los cuatro años del gobierno anterior ni siquiera ascendió un punto. Vamos en buen camino hacia el promedio del 70 % para los países de la OCDE y, aunque nos falta, la tendencia es certera y demuestra el éxito de esta apuesta.
Todos estos avances también son posibles gracias a la articulación con el sistema de educación preescolar, básica y media mediante programas enfocados en evitar la deserción y estimular la permanencia y pertinencia en los colegios. Así como la estrategia Educación Superior en tu Colegio, implementada en municipios como Simití y Mompox, en Bolívar, y El Plateado, en Cauca, en la cual miles de jóvenes de grados décimo y once podrán acceder a formación técnica, tecnológica y universitaria inicial en aras de garantizar su tránsito inmediato a la educación superior.
Pero vayamos al fondo y no perdamos tiempo en las formas: lo que está en la mesa no es una estadística, es el cambio en las ideas sobre las que se cimienta el modelo. Este Gobierno, por primera vez, ha puesto en marcha una modalidad de financiación desde la oferta, como manda la sentencia C-311 de 1994, lo cual rompe con el modelo tradicional que trataba a la educación como un servicio otorgado al mejor postor. En este sentido, la gratuidad llegará a aproximadamente 906.000 estudiantes solo en el primer semestre de este año, lo que equivale al 97 % del total de matriculados en instituciones de educación superior públicas.
Adicionalmente, durante este Gobierno, con una inversión histórica de $1,47 billones, se han financiado 127 proyectos de infraestructura, entendiendo que construir universidad no es solo levantar paredes de concreto desde cero. Por esto hemos adquirido infraestructura existente terminada en territorios como Suárez, en Cauca, y La Ladera, en Cali, donde se implementó una segunda experiencia multicampus en el país como la llevada a cabo en Kennedy, en Bogotá, con Gustavo Petro como alcalde. Hoy, siete instituciones llegarán al corazón de Siloé, una zona históricamente excluida que fue epicentro del estallido social. Esta es una respuesta estructural y certera a las demandas por las que protestaron nuestros jóvenes: a quienes antes les disparaban ahora les entregamos educación con dignidad.
Sabemos que muchos proyectos que hoy están en planeación no serán inaugurados por este Gobierno, pero lo importante no es cortar listones, sino cosechar transformación a partir de la semilla que hoy estamos sembrando en el territorio. Estamos viabilizando las bases técnicas, jurídicas y financieras para que estas obras que hoy se están estructurando no queden solo en promesas.
Claro que aún hay carencias. Hubo tiempo perdido invaluable en 2022, por resistencias internas, falta de confianza en el modelo y ejecución precaria. Si desde el primer día se hubiera actuado con lealtad al plan del Gobierno, hoy podríamos estar hablando de muchos más nuevos estudiantes en la universidad pública. De todas formas, no vamos a anclarnos en el “hubiera”, hoy reafirmamos con actos concretos la promesa de acelerar el paso para aproximarnos cada vez más al cierre de brechas, la garantía del tránsito inmediato de la educación media a la universidad y la ampliación del acceso y la permanencia para cada vez más mujeres, campesinos, indígenas y jóvenes de barrios populares en la educación superior como derecho fundamental y motor de justicia social y democracia.
* Ministro de Educación Nacional.