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Dicen en el campo colombiano que la tierra es más que una parcela para producir alimentos. En el marco de la reforma agraria representa sustento, arraigo, soberanía alimentaria y la posibilidad de permanecer dignamente en el territorio. Ahora, tras décadas de violencia, son el centro de operaciones, en el que miles de familias campesinas y comunidades étnicas están transformando sus luchas y exigencias de derechos.
A menos de un año de terminar el primer gobierno progresista en Colombia, algunos de los principales líderes de las plataformas campesinas aseguran que, gracias al respaldo del presidente Gustavo Petro y del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, viven el mejor momento de su historia. Han logrado organizarse y movilizarse a lo largo y ancho del país, a través de 609 Comités Municipales de Reforma Agraria, consolidando luchas que por décadas estuvieron invisibilizadas.
El resultado: saldar una deuda histórica del Estado con estas familias rurales que, aun con la pobreza y la desigualdad en contra, continúan sembrando, abasteciendo mercados y produciendo el alimento que sostiene al país. Incluso han impulsado procesos que nunca en la historia del campo colombiano se habían dado, como la radicación de una consulta popular frente a las instalaciones de la Registraduría Nacional, que respaldaron al menos 800 colectivos del país.
La iniciativa, que pretende recoger cerca de cuatro millones de firmas, busca acceso a beneficios o derechos que en el pasado les fue vedados, y solo hasta este cuatrienio, bajo la entrega de tierras liderada por la ANT, empiezan a renacer. Y es que las deudas con el campesinado son de larga data. Desde 1961 el presidente Alberto Lleras Camargo prometió igualdad para los jornaleros, pero seis décadas después, para las familias en las veredas y los municipios rurales nada ha cambiado.
El Acuerdo de Paz de 2016 concluyó que la tierra era uno de los principales motores para silenciar los fusiles. Sin embargo, tan solo hasta el gobierno Petro se empezaron a ver avances en la materia, para apostarle a la paz.
De acuerdo con la ANT, la justicia ha llegado al campesinado a través de 700.000 hectáreas de tierra, que se han gestionado a campesinos, víctimas del conflicto y comunidades étnicas, que esperaron décadas por un predio propio. Además, desde sus oficinas territoriales se han formalizado 1,8 millones de hectáreas, que ofrecen seguridad y soberanía alimentaria en el país.
Los registros indican que el actual Gobierno ha logrado duplicar la gestión presidencial de otros nombres en la Casa de Nariño, como Iván Duque o Juan Manuel Santos. Por ejemplo: en el período Petro se han constituido 17 zonas de reserva campesinas, mientras que en el gobierno Santos fue una y en el de Duque, ninguna.
“Legislando de espaldas”
En 2016, Colombia se comprometió con sus campesinos a tener una jurisdicción agraria: el sistema judicial especializado, que además de resolver conflictos de tierras de larga data, buscaría garantizar paz en la ruralidad a través del acceso a la justicia en procesos de linderos, ocupaciones, servidumbres o usos del suelo. Por cerca de 10 años el Congreso de la República ha frenado una y otra vez la creación de esta jurisdicción, que deben aprobar en cuatro debates para entrar en funcionamiento.
El Espectador conoció que aunque el proyecto ha estado en el orden del día, ha sido aplazado al menos en ocho ocasiones, ya sea por falta de quórum o por la reiterada inasistencia de los representantes de Cámara y Senado. El estancamiento de la jurisdicción agraria tiene consecuencias más allá de lo estatal: millones de campesinos aún esperan que sus procesos agrarios sean resueltos y que, a falta de jueces especializados en tierras, esperan en promedio una década para que la justicia ordinaria resuelva sus reclamos.
En la Agencia Nacional de Tierras reposa una investigación donde se explica que la jurisdicción no ha visto la luz debido a conflictos de interés de congresistas que poseen tierras que podrían ser entregadas a campesinos y víctimas del conflicto. El expediente habla de al menos 20 congresistas, de varias orillas políticas, con acto administrativo, que son propietarios de predios, fincas y haciendas, sea directamente o a través de terceros, como Paloma Valencia (Centro Democrático), Marcos Pineda (Conservador), Lilia Bitar (senadora de Córdoba) y Ana García Soto (Partido de la U).
Más que una ley, es una obligación del Estado. El Acuerdo de Paz estipulaba que, desde su firma, cada presidente debería entregar como mínimo un millón de hectáreas productivas al campesinado. “Aprobar la jurisdicción es saldar una deuda con los campesinos y debería ser un proyecto de país, no de este Gobierno. Hoy vemos como trágico el bloqueo que ha hecho el Congreso para evitar que esta ley se convierta en realidad. Hemos identificado que al menos el 30 % de los congresistas tienen vínculos con baldíos”, explicó Felipe Harman, director de la ANT.
Pero en la Agencia y en las veredas tienen algo claro: las luchas campesinas ya no son un proceso aislado, ahora son un protagonista más en la garantía de derechos y acceso a la justicia que esperaron por tanto tiempo. Aunque los líderes campesinos ven con recelo que el Congreso ponga las necesidades rurales en segundo plano, ellos continuarán con sus procesos para que el campo ahora pueda ser un referente de desarrollo, soberanía alimentaria y, sobretodo, paz.
*Contenido realizado en alianza con la Agencia Nacional de Tierras