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Lo que comenzó como una visita preventiva del Ministerio de Educación terminó por revelar un panorama de presuntas irregularidades administrativas, financieras y contractuales en la Institución Universitaria de El Espinal (UNIESPINAL). El caso, que ya derivó en medidas preventivas y vigilancia especial, no es un hecho aislado: durante el actual Gobierno, siete instituciones de educación superior han sido objeto de acciones de inspección y control, mientras que en tres de ellas las autoridades ampliaron el alcance de las medidas tras identificar nuevas irregularidades.
La decisión más reciente recayó sobre UNIESPINAL, luego de que una visita de la Subdirección de Inspección y Vigilancia evidenciara un estado crítico de funcionamiento y hallazgos relacionados con los componentes contractual, administrativo y financiero de la institución.
Según el Ministerio de Educación, el análisis de la información contractual, financiera, presupuestal y administrativa permitió establecer la existencia de debilidades estructurales en los procesos de planeación, contratación, supervisión y control institucional, las cuales trascienden hechos aislados y representan riesgos que podrían comprometer la adecuada prestación del servicio público de educación superior.
Entre los principales hallazgos se encuentran debilidades en la planeación contractual, concentración de la contratación, uso recurrente de contratos por prestación de servicios, inconsistencias en contratos de obra e interventoría, falta de transparencia en la publicación de información en SECOP II y alertas en el componente financiero.
Particular atención generaron varios procesos contractuales adjudicados en los últimos días de 2025, cuyos plazos iniciales de ejecución fueron establecidos por un solo día, pese a involucrar actividades de alta complejidad técnica y financiera. Asimismo, la inspección evidenció inconsistencias entre las fechas de suscripción de algunos contratos, las actas de inicio y posteriores modificaciones contractuales.
La revisión también permitió identificar debilidades en el componente financiero relacionadas con políticas contables, gestión de cartera, depreciación de activos y mecanismos de control, aspectos que, según el Ministerio, deberán ser fortalecidos para garantizar una adecuada administración de los recursos públicos.
A estas situaciones se suma una investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría General de la Nación en mayo de 2026 contra el rector Mario Díaz. El organismo de control indaga posibles hechos relacionados con vulneración de derechos del personal de carrera, nombramientos sin el cumplimiento de requisitos mínimos, movimientos y reubicaciones de personal sin observancia de los principios que rigen la función pública, presunta nómina paralela, posible clientelismo político y uso indebido de símbolos y lenguaje institucional para una eventual participación en política.
Como respuesta a este panorama, el Ministerio ordenó la implementación de un plan de mejoramiento, la fijación de condiciones especiales y la designación de un inspector in situ, quien tendrá la tarea de vigilar permanentemente la gestión administrativa y financiera de la institución mientras subsistan las situaciones que dieron origen a las medidas.
Un problema nacional
El caso de UNIESPINAL se suma a otras actuaciones adelantadas por el Ministerio de Educación sobre instituciones de educación superior del país.
Durante el Gobierno del Cambio se han impuesto siete medidas adicionales a tres instituciones que ya contaban con vigilancia vigente: la Fundación Universidad Autónoma de Colombia (FUAC), la Universidad del Pacífico y la Universidad Tecnológica del Chocó. De acuerdo con la cartera educativa, en estos casos se identificaron nuevas irregularidades que hicieron necesaria la ampliación del alcance de las medidas previamente adoptadas.
Asimismo, se impusieron 13 medidas en cuatro nuevas instituciones: la Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico, la Fundación de Educación Superior San José y la Institución Universitaria de El Espinal (UNIESPINAL), que ingresó por primera vez al protocolo de medidas preventivas y vigilancia especial.
El Ministerio insistió en que estas actuaciones hacen parte de los mecanismos ordinarios de inspección y vigilancia para proteger el derecho a la educación, garantizar la continuidad y calidad del servicio y velar por el correcto uso de los recursos públicos destinados a la educación superior.