Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Al momento de escribir este artículo, de la ministra designada solo se conocen algunas generalidades expresadas en entrevistas y declaraciones a algunos medios de comunicación, de lo que podría considerarse como una primera “hoja de ruta”. Esas pocas definiciones conocidas hasta ahora permiten identificar tres ejes centrales: la priorización de la calidad académica sobre la cobertura, el mejoramiento de los resultados en las pruebas estandarizadas y la enseñanza de valores éticos. En cuanto a la financiación, Morales ha manifestado que entrará a “reglamentar un nuevo método para determinar la financiación de las universidades públicas”.
La trayectoria profesional de la nueva ministra no ha estado vinculada principalmente al sector educativo: no ha sido secretaria o viceministra de educación, ni decana o rectora de alguna institución, y no cuenta con estudios especializados en política educativa. Si bien como congresista participó en proyectos de ley sobre justicia, familia y religión, la educación no fue el eje central de su actividad parlamentaria. Ello podría explicar la inexistencia de escritos y publicaciones que permitan conocer sus criterios en temas de estrategia y gestión educativa.
En ese contexto, cualquier análisis preliminar sobre la política educativa del próximo cuatrienio no puede sustentarse a partir de declaraciones aisladas sino en la orientación general del gobierno que la designó. El nombramiento de la ministra constituye una señal política, pero es la concepción del Estado y la destinación del gasto público lo que determinará el verdadero rumbo de la educación colombiana.
Desde luego que la principal preocupación no radica en el eventual incremento de la participación del sector privado que históricamente ha coexistido con la educación pública colombiana, sino en la posibilidad de que el Estado modifique gradualmente su responsabilidad financiera frente a las instituciones oficiales. La experiencia de distintos países de América Latina demuestra que cuando la financiación se desplaza desde la oferta hacia la demanda, mediante subsidios, bonos o incentivos para que el estudiante elija la institución, las universidades públicas terminan compitiendo por recursos en condiciones de creciente restricción presupuestal. En sistemas que ya presentan un déficit financiero estructural, este fenómeno puede profundizar las dificultades para sostener la investigación, mantener la cobertura y garantizar estándares de calidad.
Un aspecto adicional que merece especial atención es el énfasis anunciado en la “formación en valores éticos”. Proviniendo de una persona con fuertes posturas conservadoras y cuya carrera política ha estado ligada a movimientos religiosos que han manifestado posiciones críticas frente a políticas relacionadas con el enfoque de género y los derechos sexuales y reproductivos, el debate consistirá en establecer hasta dónde esos principios éticos se traducirán en políticas públicas compatibles con el carácter pluralista y laico que consagra la Constitución colombiana.
Pero la discusión no se puede centrar en quién dirige el Ministerio, sino en qué papel está dispuesto a asumir el Estado colombiano en la financiación y fortalecimiento de la educación como bien público y como instrumento de movilidad social.
*MBA DBA. Consultor Internacional. Máster en Gestión de Empresas de la Universidad Ramón Llull de Barcelona y estudios doctorales en administración. rogup@outlook.com