Durante años, la imagen de la Procuraduría General de la Nación estuvo asociada sobre todo a las sanciones y a los fallos disciplinarios. Hoy la entidad quiere que se la conozca por algo distinto, por llegar a tiempo, por poner en el centro a los ciudadanos y trabajar por la legalidad. Bajo el lema “La Procu evoluciona por los derechos”, la institución impulsa un proceso de transformación con el que busca ser más preventiva, más ágil en sus decisiones y más cercana a las personas, sin renunciar a su papel como vigilante de la legalidad y del buen uso de lo público.
Ese cambio de enfoque se apoya en siete pilares que describen qué hace la entidad y para qué lo hace. Van desde el acompañamiento a las entidades para evitar errores hasta la defensa de los derechos humanos, pasando por la vigilancia del ordenamiento jurídico y el combate a la corrupción.
Prevención: llegar antes
La entidad parte de una idea sencilla: cuidar lo público es más efectivo cuando se evita el daño que cuando se castiga después. Por eso hace seguimiento a políticas y programas, detecta riesgos y advierte a las entidades para que corrijan el rumbo a tiempo. El diálogo y el acompañamiento son herramientas centrales de esta labor que prioriza el identificar riesgos y evitar afectaciones a los derechos de las personas y al patrimonio público.
Como lo aseguró el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, a través de la prevención y el diálogo se anticipa a los problemas y se contribuye a una gestión pública más íntegra y efectiva. “La prevención es la clave del éxito. Esa es la tarea primigenia que debe encabezar la Procuraduría, no es andar buscando a quién sanciona. Es evitar que los funcionarios públicos cometan faltas disciplinables”.
Intervención: presencia donde se decide
Muchas decisiones que marcan la vida de los ciudadanos se toman en despachos judiciales y administrativos. Allí actúa la Procuraduría, para que lo resuelto se ajuste a la Constitución y la ley y para que el interés general tenga voz. Lo hace interviniendo ante autoridades judiciales y administrativas para defender el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos de las personas.
“El Ministerio Público actúa dentro de la ley y su participación se limita a garantizar el debido proceso y los derechos de todas las partes”, enfatiza el procurador.
Función disciplinaria: procesos más ágiles
La meta es que los procesos disciplinarios sean más rápidos y oportunos, sin sacrificar las garantías legales. Su propósito es fortalecer la responsabilidad de quienes sirven al Estado y de recuperar la confianza de la ciudadanía. Una respuesta tardía, sostiene la entidad, también deja de ser justicia.
“Modernizar no es tecnificar, es devolverle la confianza al ciudadano. Y decidir pronto también hace parte de la justicia, pero la prevención es mi prioridad como Procurador”.
Defensa de los derechos: las personas primero
Los derechos humanos se miden en la vida cotidiana y la Procuraduría trabaja para que se respeten, se protejan y se hagan efectivos, poniendo a los ciudadanos en el centro. Para evitar que los derechos se vulneren, la Procuraduría vigila que el Estado cumpla su obligación de garantizarlos, con especial atención a quienes están en situación de riesgo o enfrentan desigualdades.
“La Procuraduría debe ser garante, estar presente en lo social, en derechos humanos y frente a desigualdades. La misión es velar por los derechos de todos los colombianos […] el mayor capital de la Procuraduría es su gente y la misión de velar por los derechos de todos los colombianos”.
Vigencia del ordenamiento jurídico: la ley rige para todos
Una sociedad funciona cuando las reglas se cumplen. La entidad contribuye a que las autoridades actúen dentro de sus competencias y a que las decisiones del Estado respeten el marco legal, de modo que el poder público esté al servicio del interés general. Esa tarea, además, se apoya en la prevención como complemento permanente.
“La Procuraduría no juega para el Gobierno ni para la oposición, sino para la Constitución y los ciudadanos. Levantemos la mano por una democracia que se cuida todos los días, por la independencia de los poderes, por la autonomía de los órganos de control, por el respeto a los jueces, por una justicia oportuna y por una prevención que llegue antes que el problema”.
Representación de la sociedad: la voz de los ciudadanos
Lo que decide el Estado afecta a todos, y por eso la Procuraduría actúa como representante de los intereses colectivos, protege los derechos de las personas y acompaña la gestión de las entidades e interviene cuando es necesario.
“La sociedad civil exige vigilancia y control en cada rincón del país, no solo como una simple formalidad, sino con un ejercicio real y efectivo de protección de los recursos públicos”.
Lucha contra la corrupción: cuidar lo que es de todos
Para la entidad, desviar recursos públicos no es solo un perjuicio económico, sino una violación de derechos que golpea con más fuerza a los más vulnerables. La Procuraduría combina vigilancia preventiva y control disciplinario para prevenir, detectar y actuar frente a posibles hechos de corrupción, lo que promueve la integridad en el servicio público.
"La mejor manera de evitar la corrupción es educando al ser humano desde la escuela con valores: es al ser humano que hay que apuntar desde pequeño. Que prevalezca la prevención, por encima de la sanción: ahí me mantengo porque estoy convencido", concluyó el procurador.
Estos pilares son la hoja de ruta de una institución que busca redefinir su relación con la ciudadanía a través de acciones que cuidan lo público antes de castigar, acompañan antes de sancionar y deciden pronto para hacer justicia.
El desafío ahora es que se traduzcan para la ciudadanía en la vida cotidiana y en todos los rincones del país, con decisiones oportunas y una defensa efectiva de los derechos. Así, la Procuraduría busca que la vigilancia no se limite a señalar lo que salió mal, sino que contribuya a evitarlo.