En un momento histórico marcado por la polarización y la proliferación de desinformación, la Registraduría Nacional del Estado Civil intensifica su relato institucional: la transparencia electoral no es un adjetivo, sino una práctica cotidiana que se sostiene en la participación de los ciudadanos y en la vigilancia de múltiples actores que, juntos, respaldan cada elección.
La narrativa oficial parte de una premisa simple, pero robusta: el voto de confianza no se reduce al derecho de elegir un candidato, sino que abarca la certeza de que todo el ciclo electoral —desde la inscripción hasta la declaración de resultados— está sujeto a reglas claras, participación ciudadana y mecanismos públicos de verificación.
Un componente central de esa transparencia es el sistema de jurados de votación. No son funcionarios de carrera ni militantes de partidos: son ciudadanos comunes, entre los 18 y 60 años, seleccionados por sorteo electrónico aleatorio, alimentado con listados aportados por entidades públicas y privadas, instituciones educativas y organizaciones políticas, con el fin de garantizar pluralidad y heterogeneidad en las mesas de votación.
El sorteo de jurados es un acto público supervisado por delegados del Ministerio Público y representantes de partidos y movimientos, lo que refuerza la licitud e imparcialidad del proceso desde su inicio.
Según la Registraduría, el jurado de votación cumple funciones claves:
- Verificar la identidad de los electores.
- Registrar votantes y entregar tarjetas electorales.
- Contar los votos depositados en urna y diligenciar las actas electorales (formularios E-14). Al finalizar la jornada, su labor no termina con el cierre de urnas: también son los responsables de iniciar el escrutinio que sirve de base para la declaración de resultados.
Más que jurados: una red de vigilancia y veeduría
La transparencia no es patrimonio exclusivo de la Registraduría. La institución destaca que la multiplicidad de actores electorales es una de las principales garantías del sistema democrático colombiano.
Entre esos actores se encuentran:
- Testigos electorales, designados por partidos, movimientos o grupos significativos para vigilar que la votación y los escrutinios se desarrollen conforme a la ley, formular reclamaciones e incluso pedir recuentos, sin interferir en la gestión de los jurados.
- Comisiones escrutadoras, integradas por jueces, notarios y funcionarios de la Rama Judicial, encargadas de verificar las actas de los jurados y consolidar resultados municipales.
- Observadores electorales nacionales e internacionales, que actúan con imparcialidad para corroborar que el proceso respete los estándares democráticos.
- Delegados de puesto, funcionarios que coordinan logística y apoyan la organización del proceso en cada centro de votación.
- Además, la presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares garantiza la seguridad en los puestos de votación, permitiendo que la jornada transcurra con orden y sin interferencias externas.
Transparencia desde la tecnología y la participación ciudadana
Más allá de las personas, la Registraduría también comparte que ha impulsado mecanismos técnicos y de acceso público que buscan reforzar la confianza ciudadana en cada elección. Entre ellos:
- Publicación de actas electorales (E-14) para consulta abierta.
- Auditorías y acompañamiento de misiones de observación internacional.
- Sistemas biométricos para validar identidad y evitar suplantaciones.
Es así como, en un país donde la desinformación puede erosionar la fe en las instituciones, el relato de la Registraduría insiste en un punto: la confianza no se deposita en una sola entidad, sino en todo un sistema construido sobre la participación y vigilancia ciudadana. Cada jurado de votación que cumple con su deber, cada testigo que observa sin intervenir, cada observador que valida un proceso son pilares de esa confianza colectiva.
Preguntas como ¿quién cuida el voto de los colombianos? dejan de ser retóricas cuando se escucha la multiplicidad de voces que, sin protagonismo mediático, trabajan para que el resultado de cada elección refleje fielmente la voluntad popular. En esa trama de ciudadanos y mecanismos —a veces callados, otras invisibles— se sustenta el voto de confianza que mantiene viva la democracia colombiana.