En algunas semanas tendrá que cumplirse el trámite de postulaciones y elección de su reemplazo y el 1º de agosto deberá asumir el nuevo jefe del ente investigador. En las actuales circunstancias políticas, es un proceso crucial para el Estado colombiano, no sólo por la importancia del cargo en el contexto de la independencia de los poderes públicos, sino por los desafíos que se avecinan en materia judicial, que deberán resolverse desde la perspectiva de un Fiscal autónomo en la aplicación de la ley.
Mientras se adelanta el procedimiento legal del relevo en la Fiscalía, es decir, al tiempo que la Presidencia de la República presenta sus candidatos y la Corte Suprema de Justicia escoge a quien deberá regentar los destinos del organismo entre 2009 y 2013, este sería un buen momento para empezar a hacer el balance de lo que hizo o dejó de hacer el abogado Mario Iguarán. Concluye un cuatrienio judicial que estuvo enmarcado por los escándalos de la parapolítica, la yidispolítica o la farcpolítica y, en buena medida, estos asuntos aún no están saldados procesalmente.
Es en este contexto en el que se plantea un dilema mayor. Hoy podría decirse que durante la administración Iguarán cobró fuerza y dinámica el proceso de investigación por los desaparecidos del Palacio de Justicia; o que, a pesar de los críticos en la materia, sus avances en el polémico capítulo de la Ley de Justicia y Paz le permitieron al ente investigador aclarar múltiples crímenes de las autodefensas o incluso abrir nuevos expedientes para evitar el cerrojo de la impunidad. La reapertura de pesquisas contra el general (r) Rito Alejo del Río constituye un ejemplo.
No obstante, a escasos tres meses y medio del relevo en la Fiscalía, prevalece la sensación de que los principales casos en manos de la actual administración siguen en veremos. Podría repetirse un escenario judicial ya conocido: que las decisiones mayores o al menos las más complicadas por sus connotaciones políticas, judiciales o incluso internacionales, queden sin adoptarse, de tal manera que sea la nueva administración en la Fiscalía, sin el desgaste del poder y el beneficio del debutante, la que se encargue de acusar o precluir en los casos de mayor impacto social.
Para la muestra hay varios expedientes. La yidispolítica, con ministros y altos funcionarios a bordo; la secuencia de los falsos positivos que le costó el cargo a varios oficiales del Ejército; las interceptaciones ilegales en el DAS incluyendo seguimientos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; el caso Mario Uribe, columna vertebral de las investigaciones de la parapolítica; las cuentas del referendo; la farcpolítica o el caso de la comercializadora DMG. Un inventario de grandes escándalos, de los cuales la sociedad sólo espera grandes respuestas del ente investigador.
En el propósito de una recta y oportuna justicia, el ideal sería que la mayoría, si no todos estos casos, quedaran cerrados antes de agosto, para no revivir el síndrome de las providencias proyectadas sin firma y que sea el fallador de turno quien absuelva o sindique. Es un tema de responsabilidad institucional, aunque en el mundo del derecho predominan el debido proceso y los términos. Quizás por eso, puede ser prematuro evaluar la gestión de Mario Iguarán. Le queda tiempo suficiente para que la historia recuerde que hasta el último día de su mandato cumplió sus deberes como Fiscal.